STC058-2021 <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC058-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2020-00095-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2020, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Saludvida EPS en Liquidaci\u00f3n contra los Juzgados Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 y Promiscuo Municipal de Pailitas, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato seguido a continuaci\u00f3n del amparo incoado por Emma Lobo contra la entidad tutelante, con radicado n\u00b0 2017-014. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Dar\u00edo Laguado Monsalve, en nombre propio y en calidad de representante legal de SALUDVIDA EPS en liquidaci\u00f3n, implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas a la \u201cautonom\u00eda\u201d, igualdad, debido proceso, buen nombre y \u201cpatrimonio individual\u201d, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
En fallo de 1 de febrero de 2017 el Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas \u2013 Cesar, concedi\u00f3 el amparo deprecado por Emma Lobos contra la aqu\u00ed tutelante y, en consecuencia, orden\u00f3 la prestaci\u00f3n de servicios de salud reclamados por la all\u00ed accionante. <\/p>\n
El 12 de noviembre de 2019, la beneficiaria denunci\u00f3 el desobedecimiento de dicho mandato <\/p>\n
El 2 de diciembre de 2019, el fallador cognoscente impuso al ahora impulsor, en su condici\u00f3n de representante legal de la entidad antes tutelada, veinticuatro (24) horas de arresto y dos (2) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por hallar probado el desacato a la sentencia; determinaci\u00f3n ratificada, en sede de consulta, el 14 de enero de 2020, por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, el d\u00eda 13 de enero de 2020, inform\u00f3 al estrado municipal accionado que mediante Resoluci\u00f3n 8896 del 1 de octubre de 2019, corregida en n\u00famero y fecha mediante resoluci\u00f3n 9200 de 2019 del 17 de octubre de 2019, la Superintendencia Nacional de Salud orden\u00f3 la toma de posesi\u00f3n inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervenci\u00f3n forzosa administrativa para liquidar a la entidad tutelante. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que el 13 de mayo de 2020 comunic\u00f3 al juzgado de conocimiento, <\/p>\n
\u201c(\u2026) que para dar cumplimiento al fallo de tutela No. 389 del Juzgado Primero (1\u00b0) Administrativo del Circuito de Manizales, mediante Circular Externa 0000045 de 2019 el Ministerio de Salud y de la Protecci\u00f3n Social NOTIFIC\u00d3 LA ASIGNACI\u00d3N DE AFILIADOS DE SALUDVIDA EPS EN LIQUIDACI\u00d3N A OTRAS EPS, todo ello, en el marco de la competencias que le fueron encomendadas al ente Ministerial en el Decreto Ley 4107 de 2011 y los procedimientos de traslado y afiliaci\u00f3n consagrados en el Decreto 1424 de 2019 que modific\u00f3 el Decreto 780 de 2016, Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Salud y Protecci\u00f3n Social (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que a partir de las 00:00 horas del 1\u00b0 de enero del 2020 los afiliados de SALUDVIDA EPS quedaron asignados a otras EPS, raz\u00f3n por la cual, en su criterio, deber\u00e1n ser dichas instituciones receptoras quienes garanticen la efectiva prestaci\u00f3n de servicios de salud a dichos usuarios. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, mediante memoriales de 9 de julio de 2020 y 16 de septiembre de 2020, reiter\u00f3 al despacho municipal accionado la imposibilidad material y jur\u00eddica de SALUDVIDA EPS en liquidaci\u00f3n, para garantizar la prestaci\u00f3n de servicios ordenada, <\/p>\n
\u201c(\u2026) si se consideran los graves hallazgos administrativos, t\u00e9cnicos y financieros en los que se encontraba desde el a\u00f1o 2015 fecha de intervenci\u00f3n, y que conllev\u00f3 al inicio del proceso de liquidaci\u00f3n y traslado de todos los afiliados, adem\u00e1s, debe tenerse en cuenta que surgieron barreras para agilizar el proceso de liquidaci\u00f3n de la EPS, derivadas de un fallo judicial que suspendi\u00f3 el proceso de liquidaci\u00f3n y que se logr\u00f3 librar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Finalmente, relieva que las autoridades judiciales accionadas desatendieron: <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) las gestiones para concretar el proceso de liquidaci\u00f3n de la eps, ii) los antecedentes jurisprudenciales, el acervo probatorio aportado, y iii) que el accionante como agente liquidador de la eps no puede ser sujeto de sanciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin efecto las decisiones censuradas y, en su lugar, levantar la sanci\u00f3n a \u00e9l impuesta. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder manifestando que decidi\u00f3 confirmar la sanci\u00f3n impuesta, al no haber en el expediente del incidente de desacato objeto de queja constitucional, ninguna prueba demostrativa del cumplimiento del fallo de primera instancia, y por cuanto el incidentado guard\u00f3 silencio a los requerimientos del estrado municipal convocado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas \u2013Cesar-, se opuso a la prosperidad del ruego, manifestando que durante el aludido tr\u00e1mite incidental garantiz\u00f3 el debido proceso y dem\u00e1s garant\u00edas fundamentales del aqu\u00ed tutelante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo por inobservancia del requisito de inmediatez, <\/p>\n
\u201c(\u2026) como quiera que desde el acto generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de derechos hasta la fecha de la presentaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela, han transcurrido m\u00e1s de 9 meses, plazo este que no resulta razonable y como quiera que el accionante no expuso raz\u00f3n alguna para su tardanza en la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovieron los accionantes, insistiendo en la arbitrariedad de las autoridades convocadas. Con relaci\u00f3n a la intempestividad de su queja, anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) es arbitrariamente caprichoso y conveniente contabilizar el t\u00e9rmino para el cumplimiento del requisito de inmediatez, desde la fecha de confirmaci\u00f3n de la sanci\u00f3n 14 de enero de 2020, sin tener en cuenta que los Juzgado Promiscuo Municipal De Pailitas \u2013 Cesar y el Juzgado Civil Del Circuito De Chiriguan\u00e1 se ABSTUVIERON DE PRONUNICARSE FRENTE A LAS MULTIPLES SOLICITUDES DE INAPLICACI\u00d3N DE SANCI\u00d3NES, tan as\u00ed que desconocieron la respuesta que se emiti\u00f3 desde el 13 de enero de 2020, es decir, un d\u00eda antes de que se confirmara sanci\u00f3n, en el que se les informaba la imposibilidad material y jur\u00eddica en la que se encontraba el suscrito para garantizar la prestaci\u00f3n de servicios de salud (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
La Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n incidental est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y son etapas de un procedimiento con la misma finalidad. <\/p>\n
En reiteradas ocasiones esta Corporaci\u00f3n, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de dicho incidente, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, es pertinente recordar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Excepcionalmente, se abrir\u00eda paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este instrumento extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
El alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la viabilidad de este mecanismo de forma particular y respecto de actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. Esta Corte ha dejado sentado que para fijar correctivos en incidentes como el comentado, el funcionario judicial debe verificar lo relacionado con el destinatario de lo dispuesto en la sentencia de tutela, su contenido y el plazo de cumplimiento otorgado. <\/p>\n
Luego de esa constataci\u00f3n primigenia, al juzgador le incumbe ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del desobedecimiento del fallo, sino tambi\u00e9n del factor subjetivo, dado que la supuesta desatenci\u00f3n motivo de reproche es aqu\u00e9lla proveniente de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien estaba obligado a satisfacer la orden de protecci\u00f3n, as\u00ed como su intenci\u00f3n de insubordinarse y las posibles circunstancias de justificaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el tema, la jurisprudencia de esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a imposici\u00f3n de sanciones exige al juez de tutela, en aplicaci\u00f3n del principio superior del debido proceso y los dem\u00e1s propios de los asuntos sancionatorios, ser sumamente meticuloso en los tr\u00e1mites e indagaciones tendientes a esclarecer la verdad de los hechos del desacato, as\u00ed como la \u2018individualizaci\u00f3n\u2019 y responsabilidad de la persona a quien concretamente se le achaca la conducta antijur\u00eddica de la desobediencia de la orden por \u00e9l dada (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
4. El actor cuestiona el prove\u00eddo de 14 de enero de 2020, mediante el cual el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, confirm\u00f3, en sede de grado jurisdiccional de consulta, el auto del 2 de diciembre de 2019, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas \u2013 Cesar, por el cual fue sancionado en calidad de representante legal de la EPS SALUD VIDA en liquidaci\u00f3n, por desacatar la orden de tutela del 1 de febrero de 2017. <\/p>\n
5. Revisada la actuaci\u00f3n censurada, se advierte la improsperidad el amparo en relaci\u00f3n con la citada queja, por la inobservancia de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
El primero, por cuanto, desde la emisi\u00f3n del prove\u00eddo de 14 de enero de 2020, mediante el cual el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, confirm\u00f3, en sede de grado jurisdiccional de consulta, el auto del 2 de diciembre de 2019, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas \u2013 Cesar, por el cual sancion\u00f3 al aqu\u00ed tutelante en calidad De representante legal de la EPS SALUD VIDA, por desacatar la orden de tutela del 1 de febrero de 2017; a la fecha de interposici\u00f3n de este amparo -6 de octubre de 2020- transcurrieron m\u00e1s de 9 meses, sin evidenciarse circunstancias que justifiquen la inactividad de la interesada; lapso que supera el plazo de seis (6) meses adoptado por esta Sala como razonable para reclamar el resguardo de sus derechos. <\/p>\n
Sobre este aspecto la Corte, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
El segundo, por cuanto, conforme a la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, durante el tr\u00e1mite censurado la aqu\u00ed promotora no despleg\u00f3 ninguna gesti\u00f3n en aras de ejercer su derecho de defensa, aduciendo las alegaciones aqu\u00ed expuestas, situaci\u00f3n que descarta la arbitrariedad de los funcionarios judiciales convocados. <\/p>\n
N\u00f3tese, aun cuando, el 12 de noviembre de 2019, el juzgado cognoscente, requiri\u00f3 al gerente de SALUDVIDA EPS, para que informara las razones por las cuales no dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo del 1 de febrero de 2017, siendo notificado a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico el d\u00eda 14 de noviembre siguiente, aqu\u00e9l guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Asimismo, el auto de 19 de noviembre de 2019 por el cual se apertur\u00f3 formalmente el incidente de desacato se comunic\u00f3 electr\u00f3nicamente a la incidentada, el d\u00eda 21 de noviembre de 2019, sin que \u00e9sta manifestara nada al respecto. <\/p>\n
No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa previstos por el legislador al interior del proceso. Cuando se verifican desidias como la comentada, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [ante la negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d6. <\/p>\n
6. Al margen de lo expuesto, el reparo de la promotora, relativo a la falta de pronunciamiento, por parte del fallador municipal, en torno a las manifestaciones allegadas el 9 de julio de 2020 y 16 de septiembre de 2020, explicando la imposibilidad, actual, de atender el mandato tutelar, dada la toma de posesi\u00f3n de sus bienes, haberes y negocios, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, dentro de la intervenci\u00f3n forzosa administrativa seguida para su liquidaci\u00f3n, s\u00ed se abre paso. <\/p>\n
Lo aducido porque esa autoridad nada ha manifestado sobre lo discurrido, siendo de su resorte tal actividad, pues como lo ha indicado esta Corte, incluso, luego de surtirse el grado jurisdiccional de consulta, es dable verificar el cumplimiento de la orden constitucional. <\/p>\n
Lo anterior para proceder, eventualmente, al levantamiento de los correctivos impuestos; ello, de hallarse acatado el mandato o, ante la imposibilidad de hacerlo, pues, mem\u00f3rese, los decursos incidentales no est\u00e1n previstos, exclusivamente, para castigar a las personas acusadas de desconocer las \u00f3rdenes tutelares <\/p>\n
Ante cumplimientos posteriores a las sanciones decretadas en asuntos como el reprochado, esta Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]omo el accionante (sic) aun cuando extempor\u00e1neamente, acat\u00f3 el referido fallo, la Corte dejar\u00e1 sin efectos las sanciones que le fueron impuestas por el juzgado, pues el fin perseguido con el tr\u00e1mite del desacato ya se cumpli\u00f3. <\/p>\n
\u201cCabe acotar, que la Corte Constitucional sobre el tema ha precisado que se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser as\u00ed, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que \u00e9ste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreci\u00f3. <\/p>\n
\u201cLa imposici\u00f3n o no de una sanci\u00f3n dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanci\u00f3n, deber\u00e1 acatar la sentencia. <\/p>\n
\u201cEn caso de que se haya adelantado todo el tr\u00e1mite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanci\u00f3n no se haga efectiva, el renuente a cumplir podr\u00e1 evitar ser sancionado acatando (subrayado fuera del texto, sentencia T-421 de 23 de mayo de 2003) (\u2026)\u201d7 (subl\u00ednea original). <\/p>\n
Y, en torno a la imposibilidad de obedecer mandatos tutelares, se ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En algunos casos excepcionales, la conducta de incumplir no obedece a la voluntad de la persona llamada a cumplir con la providencia judicial, sino que responde a una situaci\u00f3n de imposibilidad f\u00edsica y jur\u00eddica. No se trata de una imposibilidad formal o enunciada, sino de una imposibilidad real y probada, de manera eficiente, clara y definitiva, de tal suerte que, en estos eventos, para la satisfacci\u00f3n material del derecho involucrado \u201ces procedente acudir a otros medios que permitan equiparar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia o que mitiguen los da\u00f1os causados a la persona afectada\u201d, valga decir, se puede prever formas alternas de cumplimiento del fallo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si incumplir una providencia judicial es, como se vio, una conducta grave que puede comprometer la responsabilidad de la persona involucrada en diversos \u00e1mbitos, incumplir la orden dada por el juez constitucional en un fallo de tutela es una conducta de suma gravedad, porque (i) prolonga la vulneraci\u00f3n o amenaza de un derecho fundamental tutelado y (ii) constituye un nuevo agravio frente a los derechos fundamentales a un debido proceso y de acceso a la justicia (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) A pesar de ser una sanci\u00f3n, el objeto del desacato no es la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino propiciar que se cumpla el fallo de tutela. Cumplir con la orden servir\u00eda para evitar la sanci\u00f3n, valga decir, evitar que se imponga el arresto y la multa previstos en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. En la medida en que el desacato puede hacer que se cumpla con el fallo en comento, es un instrumento procesal que puede garantizar de manera adecuada el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
Por tanto, como, en el caso censurado, no se ha evaluado la imposibilidad jur\u00eddica y material del ac\u00e1 suplicante para cumplir objetivamente el fallo de tutela materia de disenso; resulta procedente la salvaguarda exigida. <\/p>\n
Lo anterior cobra mayor importancia si, en cuenta se tiene que, esta Corporaci\u00f3n, en un asunto con perfiles an\u00e1logos, estableci\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Del marco conceptual expuesto y del examen de las pruebas adosadas, advierte esta colegiatura que la solicitud de amparo constitucional debe prosperar y, por tanto, el fallo impugnado ha de confirmarse, habida cuenta que, las autoridades judiciales enjuiciadas incurrieron en un proceder que ameritaba la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, al denegar las peticiones de \u00abinaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u00bb elevadas por Dar\u00edo Laguado Monsalve, como representante legal de Saludvida E.P.S.-en liquidaci\u00f3n- (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En efecto, el petente deprec\u00f3 en varias oportunidades la \u00abinaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u00bb, exponiendo la imposibilidad jur\u00eddica y material para dar cumplimiento al fallo de tutela por las siguientes razones: (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)El pasado 1\u00ba de octubre de 2019, la entidad entro en proceso de liquidaci\u00f3n forzosa dada la imposibilidad que se evidenci\u00f3 por parte de la Superintendencia de Salud en el cumplimiento de las obligaciones para con sus afiliados (Resoluci\u00f3n 8896 del 1\u00ba de octubre de 2019) (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) Con ocasi\u00f3n a dicha liquidaci\u00f3n, la usuaria fue trasladada de Saludvida E.P.S. a Sanitas E.P.S. S.A.S. el 1\u00ba de enero de 2020. Es decir, la entidad receptora es la encargada de continuar con la prestaci\u00f3n de los servicios a la poblaci\u00f3n asignada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Sin embargo, por auto del 5 de marzo de 2020 el citado despacho civil municipal se neg\u00f3 a inaplicarlos (\u2026). En lo pertinente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De lo expuesto, (\u2026) las autoridades recriminadas no realizaron una debida valoraci\u00f3n probatoria de los elementos arrimados y, as\u00ed mismo desconocieron el precedente aplicable a la materia, con lo cual incurrieron en defecto f\u00e1ctico y sustantivo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)Esto en raz\u00f3n a que se le dio un car\u00e1cter, eminentemente, punitivo al desacato y se decidi\u00f3 sancionar (autos del 5 y 12 de febrero de 2020), muy a pesar de la realidad jur\u00eddica-econ\u00f3mica de la EPS Saludvida en liquidaci\u00f3n -proceso que se encontraba vigente en la data en que se profiri\u00f3 la sanci\u00f3n- y cuando la interesada ya hab\u00eda sido trasladada a la EPS Sanitas S.A.S.-, entidad ante la cual, mediante un procedimiento especial -designaci\u00f3n de pasivos- puede solicitar el respectivo recobro de lo adeudado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por tanto, le correspond\u00eda a los juzgados querellados examinar las pruebas aportadas y las circunstancias f\u00e1cticas puestas de presente, a efecto de establecer certeramente -la imposibilidad jur\u00eddica y material de cumplimiento- no solo si la situaci\u00f3n vulneradora de las garant\u00edas esenciales se hab\u00eda efectuado, sino analizar si el ac\u00e1 actor se encontraba en posibilidad o no de acatar para ese momento la orden constitucional (\u2026)\u201d9 (se destaca). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que ante la toma de posesi\u00f3n de bienes por parte de la Superintendencia Nacional de Salud respecto de Saludvida E.P.S., acaecida el 1\u00b0 de octubre de 2019, el liquidador, aqu\u00ed tutelante, ahora, no puede dar estricto cumplimiento al aludido fallo de tutela, cuesti\u00f3n que debe ser analizada por el fallador municipal a quien le ha sido expuesta tal problem\u00e1tica. <\/p>\n
Agr\u00e9guese, el objeto de las sanciones en el rese\u00f1ado procedimiento, se enfocan a lograr el cumplimiento efectivo de la sentencia de tutela, pero no es un fin, en s\u00ed mismo, porque los correctivos son accesorios y, en \u00faltimas, no garantizan la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, aspecto que tampoco implica que las mismas jam\u00e1s se impongan; empero cuando haya lugar a hacerlo, los falladores deben analizar la suficiente diligencia para no afectar otras prerrogativas superlativas. <\/p>\n
7. Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
8. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d,11 impone su observancia irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
8.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
8.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, les permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
9. Por los anteriores argumentos, se impone la revocatoria del fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada y, en su lugar, CONCEDER el amparo incoado por Saludvida EPS en Liquidaci\u00f3n contra los Juzgados Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 y Promiscuo Municipal de Pailitas. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas que, dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, se pronuncie sobre los escritos presentados por la accionante el 9 de julio de 2020 y 16 de septiembre de 2020, conforme a las consideraciones expuestas. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb16, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb17; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ. Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2003, exp. 00382. <\/p>\n
2 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010. <\/p>\n
3 \u00cddem. <\/p>\n
4 CSJ STC 5 de junio de 2009, exp. 2009-00883-00. <\/p>\n
5 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00 <\/p>\n
6 CSJ. STC de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp.: 00616-00. <\/p>\n
7 CSJ. STC de 21 de septiembre de 2011 exp. 2011-01940-00; 5 de julio de 2012, exp. 2012-01313-00; y 3 de octubre de 2013, 2013-00068-02. <\/p>\n
8 Corte Constitucional C-367 de 2014. <\/p>\n
9 CSJ. STC7223-2020 de 24 de septiembre de 2020, exp. 70001-22-14-000-2020-00091-01. <\/p>\n
11 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
12 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
16 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
17 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC058-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC058-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2020-00095-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 20 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53013","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53013","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53013"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53013\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53013"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53013"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53013"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}