STC060-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC060-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2020-00267-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2020, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la salvaguarda promovida por Fortox S.A. al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular al Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias con sede en la citada urbe, con ocasi\u00f3n del amparo impetrado por Vanessa Fernanda Mart\u00ednez C\u00e1rdenas a la aqu\u00ed tutelante, radicado con el n\u00ba 2020-00080. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Vanessa Fernanda Mart\u00ednez C\u00e1rdenas promovi\u00f3 amparo similar contra la ahora impulsora, por considerar transgredidos sus derechos a la igualdad, m\u00ednimo vital y estabilidad laboral reforzada, con la decisi\u00f3n de dar por terminado su contrato de trabajo, pese a padecer una limitaci\u00f3n f\u00edsica derivada de un accidente laboral y haber interpuesto queja por acoso en el lugar de la prestaci\u00f3n del servicio. <\/p>\n
El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, dirimi\u00f3 adversamente el auxilio, en fallo de 11 de junio de 2020. <\/p>\n
Al desatar la impugnaci\u00f3n formulada por la all\u00e1 inicialista, el 10 de julio de 2020, el estrado confutado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de su inferior funcional, al hallar probada la condici\u00f3n de madre cabeza de familia, desplazada por la violencia de la entonces precursora. En consecuencia, otorg\u00f3 la protecci\u00f3n incoada, ordenando su reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales, desde el despido hasta la fecha efectiva de la vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, conden\u00f3 a la empresa all\u00e1 convocada, aqu\u00ed gestora, a cancelar la indemnizaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 19971 y la conmin\u00f3 a investigar las denuncias realizadas por la trabajadora acerca del trato discriminatorio recibido por sus superiores. <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda acusada pidi\u00f3 aclarar \u201cel alcance de la transitoriedad del fallo\u201d y el 21 de agosto de 2020, el ad quem deneg\u00f3 el pedimento, por no hallar conceptos o frases oscuros ni ambiguos que ameritaran precisi\u00f3n. <\/p>\n
La firma comercial querellante acude a este mecanismo excepcional, por cuanto, estima, se vulneraron sus garant\u00edas con la determinaci\u00f3n antes rese\u00f1ada, al constituir \u201ccosa juzgada fraudulenta\u201d, por lo tanto, pasible de esta herramienta supralegal como \u00fanica v\u00eda para conjurarla. <\/p>\n
Con el fin de acreditar la procedencia excepcional\u00edsima de la salvaguarda, alega, en primer t\u00e9rmino, el desconocimiento del requisito de la subsidiariedad, seg\u00fan el cual la acci\u00f3n de tutela es improcedente \u201c(\u2026) para obtener el reintegro (\u2026), salvo que se trate de resguardar el derecho a la protecci\u00f3n laboral reforzada, cuyos supuestos no fueron acreditados en el tr\u00e1mite de [la] tutela (\u2026)\u201d, violent\u00e1ndose, igualmente, dice, \u201c(\u2026) el principio del juez natural y (\u2026) el debido proceso [de esa compa\u00f1\u00eda] al impedirse el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, asevera, el fallo atacado quebrant\u00f3 la garant\u00eda a la legalidad al reconocer \u201c(\u2026) una indemnizaci\u00f3n sin sujeci\u00f3n a los presupuestos normativos de la Ley 361 de 1997 (\u2026)\u201d, obviando, adicionalmente, dice, el car\u00e1cter transitorio del resguardo. <\/p>\n
Adujo, adem\u00e1s, la incursi\u00f3n del sentenciador de segunda instancia en un defecto f\u00e1ctico por ausencia de valoraci\u00f3n a la comunicaci\u00f3n enviada el 10 de febrero de 2020, a Mart\u00ednez C\u00e1rdenas donde se le puso de presente la fecha de finalizaci\u00f3n, por vencimiento del t\u00e9rmino pactado, del contrato suscrito entre las partes, lo cual, a su modo de ver, imped\u00eda mantener una relaci\u00f3n patronal m\u00e1s all\u00e1 del lapso fijado. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, ordenar a la sede judicial reprochada, dejar sin efecto el pronunciamiento cuestionado y, en su lugar, emitir uno concordante \u201c(\u2026) con las leyes vigentes, las pruebas allegadas legal y oportunamente al expediente de tutela (\u2026)\u201d y abstenerse de volver a incurrir en \u201c(\u2026) comportamientos similares a los descritos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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1. Respuesta de los convocados <\/p>\n
2. El Ministerio del Trabajo y Axa Colpatria S.A. manifestaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por no ser las encargadas de absolver los pedimentos de la organizaci\u00f3n accionante. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por improcedente, en tanto las diligencias cuestionadas no son susceptibles de reparos por esta misma v\u00eda. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La inco\u00f3 la sociedad querellante, en cuyo criterio, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la providencia recurrida no satisface, (\u2026) un an\u00e1lisis acucioso del debate constitucional formulado, restringiendo un estudio de fondo sobre lo pretendido a una mera citaci\u00f3n de un precedente constitucional que desarrolla[,] \u00fanicamente[,] la regla general de no procedencia de [la] acci\u00f3n de tutela en contra de una providencia proferida en un tr\u00e1mite de la misma naturaleza, desconociendo la complejidad del asunto planteado, en especial, la excepci\u00f3n bajo la cual inequ\u00edvocamente se pretende adelantar el recurso de amparo presentado; excepcionalidad que tambi\u00e9n cuenta con un respaldo jurisprudencial constitucional, pero que, contrario sensu, qued\u00f3 en el olvido privilegi\u00e1ndose, al parecer, la ligereza en su decisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a tramitaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al veredicto de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En lo atinente a este espec\u00edfico tema, esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
2. Con todo, se resalta, la jurisprudencia ha aceptado la viabilidad de auxilios como el presente, cuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en el pronunciamiento SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u201d (Negrillas para resaltar). <\/p>\n
3. Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia del alto Tribunal Constitucional, <\/p>\n
\u201c(\u2026) Un comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando la actuaci\u00f3n, que en apariencia se ajusta a la prescripci\u00f3n normativa, en la realidad conlleva una situaci\u00f3n manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior. De este modo, el fraude se presenta como un supuesto de infracci\u00f3n indirecta de la ley, por dos razones. Por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no impiden la debida aplicaci\u00f3n de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situaci\u00f3n que atenta contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento de un derecho previsto por una disposici\u00f3n particular, la cual es empleada para obtener el resultado no deseado por el legislador. <\/p>\n
\u201cLa esencia de la instituci\u00f3n del fraude a la ley es, precisamente, contribuir a la coherencia del derecho, al ajuste entre las reglas y principios que las fundamentan y limitan, a evitar que se produzcan ciertas consecuencias contrarias a principios jur\u00eddicos, con independencia de la intenci\u00f3n o motivo que condujeron al actor a la aplicaci\u00f3n irregular que se censura. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEn esa medida, el elemento objetivo de la conducta es lo que determina la existencia del fraude y, el presupuesto determinante y suficiente para su configuraci\u00f3n es que se produzca un da\u00f1o antijur\u00eddico. Es por eso que, para estar en presencia de fraude no se requiere de un elemento subjetivo, ya que este puede producirse sin que exista intenci\u00f3n por parte del agente. Basta con que la consecuencia aparezca como injustificada o indebida de acuerdo con los principios superiores, en tanto el acto fraudulento quebranta la coherencia del ordenamiento (necesaria adecuaci\u00f3n entre la norma y el principio). <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEs as\u00ed como, de acuerdo con la l\u00ednea jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, la cosa juzgada fraudulenta no se configura \u00fanicamente en el evento en que se adopte una decisi\u00f3n con fines ilegales ligados a una intenci\u00f3n dolosa, sino que tambi\u00e9n se materializa en aquellos eventos en los que el juez adopta una decisi\u00f3n fundada en el fraude a la ley, derivada de una interpretaci\u00f3n normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEn el mismo pronunciamiento, la Corte Constitucional indic\u00f3 que, para la configuraci\u00f3n de la cosa juzgada fraudulenta, se requiere estar en presencia de un proceso que formalmente ha cumplido con todos los requisitos procesales, pero que materializa, en esencia, un negocio jur\u00eddico fraudulento a trav\u00e9s de medios procesales, e implica un perjuicio il\u00edcito a terceros y a la comunidad. Es as\u00ed como, a partir de ese momento, la Corte fij\u00f3 su criterio de aplicaci\u00f3n del precepto del \u201cfraude lo corrompe todo\u201d, a fin de preservar el erario o patrimonio p\u00fablico de un evidente fraude. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEn sentencia T-951 de 2013, la Corte precis\u00f3 que el examen efectuado en sede de revisi\u00f3n constituye un \u201c(\u2026) control eficaz e id\u00f3neo de los fallos de instancia que violan de forma grosera la Constituci\u00f3n\u201d. En ese sentido, la existencia de la cosa juzgada no puede consolidar \u201cuna situaci\u00f3n injusta contraria al derecho\u201d, pues ella subyace sobre \u201cun concepto \u00e9tico de validez\u201d. As\u00ed, explic\u00f3 que el principio fraus omnia corrumpit \u201cno es un t\u00e9rmino ret\u00f3rico sino una certeza sobre las consecuencias que acarrea validar una situaci\u00f3n injusta. El fraude lo corrompe todo y atenta contra la recta impartici\u00f3n de justicia, la igualdad, el debido proceso y la solidaridad, entre otros principios\u201d (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. La hoy inicialista aduce la existencia de fraude en la decisi\u00f3n judicial proferida el 10 de julio de 2020 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, basada en el desconocimiento de los principios de \u201cjuez natural\u201d, \u201clegalidad\u201d y \u201ctransitoriedad de la acci\u00f3n de tutela\u201d, reflejados, en su sentir, en las \u00f3rdenes impartidas en su contra. <\/p>\n
Lo primero, porque, arrog\u00e1ndose facultades de los jueces del trabajo y omitiendo el requisito de la subsidiariedad, el juzgador censurado, dirimi\u00f3 una controversia laboral cuya resoluci\u00f3n est\u00e1 legalmente reservada a dicha especialidad; lo segundo, por cuanto la conden\u00f3 al pago de una sanci\u00f3n pecuniaria sin estar acreditados los presupuestos legales para su procedencia; y, lo \u00faltimo, por no haber limitado la vigencia del amparo otorgado como si se tratara de una disposici\u00f3n definitiva. <\/p>\n
4.1. El fallador constitucional encartado, tras verificar la calidad de madre cabeza de familia de Vanessa Fernanda Mart\u00ednez C\u00e1rdenas, quien se encuentra a cargo de sus dos hijos de 11 y 9 a\u00f1os de edad, as\u00ed como su inscripci\u00f3n en el registro \u00fanico de v\u00edctimas de desplazamiento forzado, estim\u00f3 necesario acceder a la protecci\u00f3n especial de sus prerrogativas fundamentales en aras de evitar la afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital del hogar, cuyo \u00fanico sustento era el salario percibido por la all\u00e1 tutelante como vigilante de la empresa Fortox S.A. <\/p>\n
Dichas circunstancias, permitieron al funcionario predicar satisfechas las exigencias jurisprudenciales para habilitar la intervenci\u00f3n del juez del amparo en aras de evitar un perjuicio irremediable, tal como lo ha avalado la Corte Constitucional en innumerables asuntos, donde, como en \u00e9ste, se encuentran comprometidas las garant\u00edas superlativas de sujetos de especial protecci\u00f3n estatal. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, tiene dicho la memorada Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el caso espec\u00edfico de la solicitud de reintegro al cargo a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, se ha manifestado su improcedencia como regla general, toda vez que, existen otros mecanismos de defensa judicial a los cuales se puede acudir; tales como la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral y la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. Sin embargo, la Corte ha establecido una excepci\u00f3n: Que se trate de un trabajador que se encuentre en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta o en una circunstancia que le otorgue el derecho a la estabilidad laboral reforzada como es el caso de las madres cabeza de hogar. <\/p>\n
<\/p>\n
Por tanto, la acci\u00f3n de tutela se torna viable si quien solicita el reintegro laboral es una persona que aduce ser madre cabeza de familia, siempre y cuando cumpla con las condiciones requeridas para ser sujeto de especial protecci\u00f3n. Ello, por la estrecha relaci\u00f3n con el principio de no discriminaci\u00f3n y los mandatos superiores que consagran un beneficio a sujetos vulnerables (arts. 13, 43 y 44 Const.) y porque ante la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo de trabajo, este mecanismo ofrece la celeridad y la eficacia necesarias para asegurar el derecho a la estabilidad laboral, al m\u00ednimo vital, a la seguridad social, y de aquellos sujetos vulnerables que se encuentran a su cargo. <\/p>\n
<\/p>\n
Esta Corte ha sido enf\u00e1tica en sostener que en materia laboral, para este tipo de personas de especial protecci\u00f3n constitucional, \u201cla indemnizaci\u00f3n constituye la \u00faltima o m\u00e1s lejana de las alternativas y, por lo tanto, se debe velar hasta cuando sea posible por su permanencia en la entidad, debido a que su condici\u00f3n disminuye las posibilidades materiales de conseguir un nuevo empleo y \u00fanicamente su salario constituye el presupuesto b\u00e1sico del sostenimiento familiar\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Por tanto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que, a pesar de la existencia de otros medios ordinarios de protecci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente para reclamar el cumplimiento de las medidas de estabilidad reforzada de las madres cabeza de familia, \u201cno s\u00f3lo porque se trata de un sujeto especial de protecci\u00f3n constitucional, sino porque la posible amenaza de los derechos, se extiende a su n\u00facleo familiar dependiente. Esto significa que eventualmente existe la posibilidad de que se configure un perjuicio de car\u00e1cter irremediable por el hecho del despido, pues las personas a su cargo quedan totalmente desprotegidas y en un estado de indefensi\u00f3n inminente; lo cual hace procedente solicitar una protecci\u00f3n a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela (\u2026)4\u201d (El subrayado es del texto original). <\/p>\n
Luego, no puede tildarse de fraudulenta la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial por parte del juzgado acusado, quien dedujo la concurrencia de los supuestos de hecho requeridos para tal fin, en tanto Vanessa Fernanda afirm\u00f3 tener a su cargo el sostenimiento de sus dos hijos menores de edad y el de su progenitora y todo el grupo se encuentra reconocido como v\u00edctima de desplazamiento forzado. <\/p>\n
Lo anterior, revela la inexistencia de una decisi\u00f3n que pueda calificarse como ilegal o alejada de la realidad procesal ni desconocedora del criterio elaborado por la justicia constitucional respecto de la protecci\u00f3n especial y diferenciada a cargo del Estado y la sociedad colombiana en favor de personas en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta como la trabajadora en cita. <\/p>\n
4.2. Lo propio ocurre en lo tocante con la orden de pago de la indemnizaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 19975, emitida en el numeral cuarto del ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia recriminada, en tanto no existe ning\u00fan elemento demostrativo del cual se desprenda la existencia de un \u201cfraude\u201d ni el obrar contrario a la \u201cbuena fe\u201d de la administraci\u00f3n de justicia, en la actuaci\u00f3n del sentenciador acusado. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional, al resolver un asunto de similar linaje, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien, por regla general esta Corporaci\u00f3n ha reiterado[46] que la acci\u00f3n de tutela contra un proceso de la misma naturaleza no es procedente, excepcionalmente ha aceptado su viabilidad[47], siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada; (ii) debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, los argumentos expuestos por la Sociedad de Vigilancia y Seguridad VISE LTDA, giran en torno a su inconformidad con (i) la interpretaci\u00f3n que el Juez Promiscuo del Circuito de Familia de Orocu\u00e9 Casanare, hizo sobre la jurisprudencia desarrollada en torno al derecho a la estabilidad laboral reforzada que le asiste a aquellas personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta, y en su efecto con (ii) la decisi\u00f3n de conceder el amparo, pues a su parecer, la acci\u00f3n de tutela debi\u00f3 ser declarada improcedente como en un principio la declar\u00f3 el juez de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, para la Sala resulta claro que dichos cuestionamientos versan sobre una interpretaci\u00f3n de derecho que la Sociedad VISE LTDA no comparte, y sobre el juicio de procedencia de la acci\u00f3n como elemento constitutivo e inescindible del fallo[48], situaci\u00f3n que a todas luces no denota por parte del juez que decidi\u00f3 el proceso, una conducta motivada con un prop\u00f3sito ilegal, doloso, o fraudulento, que atente contra el ideal de justicia presente en el derecho, y sobre el cual, adem\u00e1s, no aporta prueba suficiente para que se acredite el principio de fraus omnia corrumpit, pues la entidad accionante no present\u00f3 siquiera sumariamente, el resultado de alguna investigaci\u00f3n (disciplinaria, penal, fiscal, etc.) adelantada contra el funcionario judicial, las partes o la decisi\u00f3n que se profiri\u00f3 en ese fallo. Por el contrario, lo que s\u00ed se hace evidente es el prop\u00f3sito con el que VISE LTDA, pretende revivir una situaci\u00f3n jur\u00eddica ya consolidada. <\/p>\n
<\/p>\n
Bajo este panorama, tal como se expuso en las consideraciones de esta sentencia, \u201cresulta inaceptable que las partes que integran un proceso de acci\u00f3n de tutela, como en este caso controviertan los argumentos, razones, reglas, pruebas o dem\u00e1s elementos que fundamentaron una decisi\u00f3n por medio de la interposici\u00f3n de una nueva solicitud de amparo\u201d[49], \u201cla Corte Constitucional tiene la misi\u00f3n institucional de impedir que ello ocurra porque lo que est\u00e1 en juego no es nada menos que la efectividad de todos los derechos constitucionales, la cual quedar\u00eda indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posici\u00f3n coincida con la opini\u00f3n de alg\u00fan juez.\u201d[50] (\u2026)6\u201d. <\/p>\n
Por ello, cualquier debate frente a esa tem\u00e1tica, por v\u00eda de un nuevo amparo, resulta, a todas luces, inaceptable, pues, para ello, la sociedad gestora tuvo a su alcance la posibilidad de solicitar la aclaraci\u00f3n de ese t\u00f3pico al juzgador cuestionado o la revisi\u00f3n del fallo ante la Corte Constitucional y hacer uso del mecanismo de insistencia frente a la exclusi\u00f3n declarada el pasado 15 de diciembre de 2020, por la citada Corporaci\u00f3n7. <\/p>\n
5. En esa medida, no hay lugar a predicar la existencia de la figura de la \u201ccosa juzgada fraudulenta\u201d invocada por la libelista, empero, ello no es \u00f3bice para evidenciar el inadecuado an\u00e1lisis frente a la precisi\u00f3n deprecada por la organizaci\u00f3n inconforme, con el \u00e1nimo de lograr la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito temporal de las \u00f3rdenes proferidas en su contra, pues el fallador confutado se limit\u00f3 a dirimir ese pedimento, se\u00f1alando, de manera gen\u00e9rica, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) de una lectura sencilla a la parte considerativa del fallo referencia[do] se logra extraer el motivo y las razones que dominaron para la declaratoria de defensa de derechos fundamentales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Tal decisi\u00f3n, no solo omiti\u00f3 el alcance de la rectificaci\u00f3n incoada, sino el deber del juez constitucional de definir si el resguardo procede como mecanismo definitivo o transitorio, cuando existen instrumentos ordinarios para solventar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superlativas involucradas, como es el caso de aquellas derivadas de las relaciones laborales. <\/p>\n
Esa indeterminaci\u00f3n, conlleva el desconocimiento de uno de los aspectos medulares de la decisi\u00f3n criticada, cuyos efectos debieron quedar suficientemente delimitados en aras de evitar incertidumbre en los involucrados, as\u00ed como para posibilitar el efectivo cumplimiento de la protecci\u00f3n concedida, lo cual ameritaba la enmienda del yerro por parte del funcionario competente. <\/p>\n
5.1. Sobre el deber de motivar adecuadamente las decisiones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]ufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de [providencias] en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. As\u00ed, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente No. 2003-0526, se increp\u00f3 al Tribunal por no \u2018fundar sus decisiones en razones y argumentaciones jur\u00eddicas que con rotundidad y precisi\u00f3n (\u2026)\u2019\u201d [resolvieran el caso bajo su conocimiento], \u201c(\u2026) lo propio ocurri\u00f3 en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recrimin\u00f3 al ad quem por no expresar las \u2018razones puntuales\u2019 equivalentes a una falta de motivaci\u00f3n; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-00137, se describe como desatenci\u00f3n de \u2018la exigencia de motivar con precisi\u00f3n la providencia\u2019 (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
Frente a la tem\u00e1tica planteada, memor\u00f3 esta Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Es] menester dejar sentado que la motivaci\u00f3n de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir \u201cla funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
\u201c(\u2026) La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
5.2. En consecuencia, para salvaguardar la prerrogativa consagrada en el canon 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se revocar\u00e1, parcialmente, la sentencia impugnada y, en su lugar, se ordenar\u00e1 al estrado encartado dejar sin valor ni efecto el auto emitido el 21 de agosto de 2020, a fin de volver a proveer sobre la solicitud de aclaraci\u00f3n elevada por la tutelante, precisando, motivadamente, si el resguardo otorgado es definitivo o transitorio. <\/p>\n
6. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196910, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se revocar\u00e1 la providencia examinada y se otorgar\u00e1, parcialmente, el amparo incoado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR, la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, para, en su lugar CONCEDER PARCIALMENTE, la salvaguarda implorada por Fortox S.A. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al citado estrado judicial, dejar sin valor ni efecto el auto emitido el 21 de agosto de 2020, a fin de volver a proveer sobre la solicitud de aclaraci\u00f3n elevada por la tutelante, precisando, motivadamente, si el resguardo otorgado es definitivo o transitorio. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb16, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb17; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) En ning\u00fan caso la discapacidad de una persona, podr\u00e1 ser motivo para obstaculizar una vinculaci\u00f3n laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempe\u00f1ar. As\u00ed mismo, ninguna persona en situaci\u00f3n de discapacidad podr\u00e1 ser despedida o su contrato terminado por raz\u00f3n de su discapacidad, salvo que medie autorizaci\u00f3n de la oficina de Trabajo. (\u2026) [Q]uienes fueren despedidos o su contrato terminado por raz\u00f3n de su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendr\u00e1n derecho a una indemnizaci\u00f3n equivalente a ciento ochenta d\u00edas del salario, sin perjuicio de las dem\u00e1s prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y dem\u00e1s normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00. <\/p>\n
3 Sentencia T-073 de 25 de febrero de 2019. <\/p>\n
4 Corte Constitucional, sentencia T-345 de 2015. <\/p>\n
5 \u201c(\u2026) En ning\u00fan caso la [discapacidad] de una persona, podr\u00e1 ser motivo para obstaculizar una vinculaci\u00f3n laboral, a menos que dicha [condici\u00f3n] sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempe\u00f1ar. As\u00ed mismo, ninguna persona [en dicha situaci\u00f3n] podr\u00e1 ser despedida o su contrato terminado por raz\u00f3n de [ella], salvo que medie autorizaci\u00f3n de la oficina de Trabajo. <\/p>\n
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por raz\u00f3n de su [discapacidad], sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendr\u00e1n derecho a una indemnizaci\u00f3n equivalente a ciento ochenta d\u00edas del salario, sin perjuicio de las dem\u00e1s prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y dem\u00e1s normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6 Sentencia T-470 de 2018. <\/p>\n
7https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consultat\/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2019-01-01&date4=2020-12-18&radi=Radicados&palabra=mart%C3%ADnez+c%C3%A1rdenas+vanessa&radi=radicados&todos=%25. <\/p>\n
8 CSJ. STC 28 de marzo de 2008, exp. 2008-00384-00; v\u00e9anse igualmente el fallo de de 16 de febrero de 2011, exp. 2010-00445-01, entre otros. <\/p>\n
9 CSJ. Civil. 22 de mayo de 2003, Rad. 00526-01, invocada el 10 de agosto de 2011, Rad. 00168-02. <\/p>\n
10 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
11 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
12 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
16 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
17 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC060-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC060-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2020-00267-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53015","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53015","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53015"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53015\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53015"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53015"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53015"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}