STC061-2021<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00010-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de enero de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Tri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, las partes y dem\u00e1s intervinientes del tr\u00e1mite accesorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclama a por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios tramitado dentro del proceso ejecutivo que promovi\u00f3 contra Av\u00edcola Pollo Estrella S.A.S. y Humberto Polan\u00eda Campas, con radicado No. 2014-00160-04 <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abdejar sin efecto la sentencia de 3 de diciembre de 2020 proferida dentro del incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios del proceso [previamente identificado] (\u2026) como consecuencia de lo anterior, disponer que se pronuncie un nuevo fallo teniendo en cuenta en el mismo todas las pruebas practicadas en el proceso, no solo las del incidente de perjuicios, sino todas las que obren en el expediente; no hacer una valoraci\u00f3n de la prueba pericial de acuerdo con los par\u00e1metros establecidos en el C.G. del P. y respetando lo establecido en los fallos proferidos por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en la audiencia de 29 de septiembre de 2016 y de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia de 13 de noviembre de 2019 ponente el doctor Luis Alfonso Rico Puerta, SC-4902-2019\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que el proceso coercitivo en comento termin\u00f3 con sentencia del 25 de abril de 2017 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien modific\u00f3 la decisi\u00f3n del 25 de agosto de 2015 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, para condenarla por los perjuicios causados a los demandados con las medidas cautelares y el tr\u00e1mite del proceso, motivo por el cual el precitado extremo promovi\u00f3 en su contra incidente para la liquidaci\u00f3n de ese detrimento patrimonial, negado el 2 de julio de 2019 por el juzgador de primer grado, decisi\u00f3n que tras ser apelada por los incidentantes, fue revocada el 3 de diciembre del a\u00f1o pasado por el Tribunal, para as\u00ed, condenarla al pago reclamado y las costas, teniendo en cuenta solo las pruebas del cuaderno del incidente y no las de todo el proceso fuente del mismo; adem\u00e1s, dice, no se analizaron las decisiones de fondo emitidas dentro de otro proceso seguido entre las mismas partes ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, donde en segunda instancia la misma Colegiatura neg\u00f3 los perjuicios derivados de la terminaci\u00f3n del contrato de suministro que tuvieron los extremos, decisi\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia no cas\u00f3 en sentencia del 13 de noviembre de 2019, SC4902-2019, omisi\u00f3n que llev\u00f3 a que en el incidente se \u00abdispu[siera] una condena de perjuicios por un contrato de suministro, cuando en dichos fallos se hab\u00eda indicado que no era procedente esa condena, violando el principio de la cosa juzgada\u00bb; se presumi\u00f3 su mala fe, pese a que en el proceso ejecutivo se hab\u00eda declarado no probada esa excepci\u00f3n en su contra, tal declaraci\u00f3n no fue reclamada por los promotores del incidente al momento de apelar lo resuelto en primera instancia, y, no fue manifiesto que actuara de esa forma, porque para el \u00e9xito de las excepciones tuvieron que valorarse \u00abvarios dict\u00e1menes periciales y una abultada prueba documental\u00bb. <\/p>\n
Finalmente asegura, que en la decisi\u00f3n de condenarla en perjuicios se indic\u00f3 que el t\u00edtulo base del cobro fue diligenciado desconoci\u00e9ndose las instrucciones impartidas y que aun existiendo un cr\u00e9dito rotativo no era posible cobrar obligaciones generadas por el mismo, pero no se habl\u00f3 de \u00abfalta de mora\u00bb como causa del indebido diligenciamiento, como se consider\u00f3 en la determinaci\u00f3n cuestionada; lo fallado en el incidente se sustent\u00f3 en testigos de o\u00eddas y en un testimonio sospechoso; el dictamen pericial que el Tribunal utiliz\u00f3 para determinar que con el proceso ejecutivo se hab\u00eda causado un da\u00f1o, fue aportado por su contraparte con el \u00fanico prop\u00f3sito de cuantificar ese detrimento patrimonial, adem\u00e1s, en ese trabajo no se indic\u00f3 cu\u00e1les fueron las medidas cautelares o los hechos del proceso que causaron el perjuicio, sino que se determin\u00f3 que las p\u00e9rdidas econ\u00f3micas alegadas resultaron de \u00abla suspensi\u00f3n del contrato de suministro y el no poder utilizar los cuartos fr\u00edos en toda su capacidad\u00bb; y, se concluy\u00f3 sin prueba que la sociedad incidentante no pudo acceder a pr\u00e9stamos o conseguir nuevos proveedores debido al proceso ejecutivo en su contra, todo lo cual, dice, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 13 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a). La titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 puso de presente, que la censura de la gestora no se dirige contra su actuaci\u00f3n dentro del proceso cuestionado. <\/p>\n
b.) Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente caso, la sociedad Tri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A. cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, la decisi\u00f3n emitida el 3 de diciembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que revoc\u00f3 \u00edntegramente la sentencia del 26 de julio de 2019 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones, en el marco del incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios tramitado en su contra por Av\u00edcola Pollo Estrella y Humberto Polan\u00eda Campas, dentro del proceso ejecutivo que promovi\u00f3 contra \u00e9stos, pues en su criterio, lo resuelto obedeci\u00f3 a la omisi\u00f3n de valoraci\u00f3n de unas pruebas, el indebido an\u00e1lisis de otras, y, la inadecuada aplicaci\u00f3n de las normas que rigen el asunto. <\/p>\n
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3. Sin embargo, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n de segundo grado criticada, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de la sociedad promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 consider\u00f3 en su decisi\u00f3n, que \u00abconforme al art\u00edculo 79 del C\u00f3digo General del Proceso, numeral 1\u00ba, se presume que ha existido temeridad o mala fe, cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci\u00f3n, recurso, oposici\u00f3n o incidente, o a sabiendas, se aleguen hechos contrarios a la realidad; y que la sentencia que dio origen a este incidente declar\u00f3 probadas las excepciones denominadas \u201cexcepci\u00f3n cambiaria fundada en la omisi\u00f3n de los requisitos que el t\u00edtulo deba contener art. 784 No. 4 por haber sido diligenciado sin instrucciones los espacios en blanco\u201d y \u201c excepci\u00f3n cambiaria fundada en la alteraci\u00f3n del t\u00edtulo art. 784 No. 5\u201d, en s\u00edntesis, porque el acreedor diligenci\u00f3 el pagar\u00e9 en una data en que el deudor no se encontraba en mora, conforme a la prueba del proceso, de donde emana la configuraci\u00f3n de la presunci\u00f3n que consagra la norma\u00bb. <\/p>\n
En seguida estableci\u00f3 \u00aben primer lugar, si las medidas cautelares generaron perjuicios para los demandados, y para ello se acude a la actuaci\u00f3n que al respecto se surti\u00f3 dentro del proceso ejecutivo, donde se advierte que el ejecutante solicit\u00f3 y el juzgado decret\u00f3 el embargo y secuestro de nueve (9) inmuebles de propiedad del se\u00f1or Humberto Polan\u00eda Campas (\u2026) como se evidencia en la misma actuaci\u00f3n, respecto de los inmuebles s\u00f3lo se verific\u00f3 el embargo, es decir, al demandado no se le priv\u00f3 de la administraci\u00f3n y menos del usufructo, raz\u00f3n \u00e9sta que impide deducir un da\u00f1o por tal medida, m\u00e1s a\u00fan cuando no se demostr\u00f3 que con ella se le impidi\u00f3 a su due\u00f1o disponer de alguno de esos bienes, o se frustr\u00f3 alguna negociaci\u00f3n. En relaci\u00f3n con el embargo de dineros, pese a que se libraron sendos oficios no hay en el expediente prueba de que alguno de los bancos la efectiviz\u00f3 con el embargo y retenci\u00f3n de dineros de los demandados; luego, contrario a lo que se afirma en los reparos, donde se insiste que la sola materializaci\u00f3n a trav\u00e9s del oficio circular era suficiente para tener demostrado el da\u00f1o, as\u00ed como la relaci\u00f3n de causalidad, si as\u00ed se admitiera, lo cierto es que al respecto no se acredit\u00f3 un perjuicio concreto, y si bien la Sala pudiera convenir que este tipo de medidas puede generar un bloqueo bancario, no solo en las cuentas sino en el uso de los dem\u00e1s servicios financieros, ello no basta para tener por comprobado el da\u00f1o que este tipo de actuaciones requiere (\u2026). Lo anotado en precedencia, impide derivar un da\u00f1o por la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares, quedando limitado el mismo al adelantamiento del proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Concluido lo anterior, el Tribunal razon\u00f3 que de cara a la prueba del perjuicio derivado por el proceso ejecutivo, el testigo Demetrio Guacaneme Garz\u00f3n hab\u00eda dado cuenta \u00abque tuvo v\u00ednculos comerciales con las sociedades involucradas en este asunto; que m\u00e1s o menos hasta el a\u00f1o 2012 la sociedad Pollo Estrella andaba muy bien, ten\u00eda solvencia econ\u00f3mica y comercial; que ya en 2013 las cosas comenzaron a verse mal, y en las plantas donde se distribuye pollo empezaron a decir que tuvieran cuidado con Pollo Estrella que estaba muy mal, los hab\u00eda embargado Pollo Rico, los hab\u00eda terminado; y que en el mismo contexto se hablaba en todas las plantas; que eso lo sabe porque es del negocio, compra pollo a nivel Bogot\u00e1\u00bb, testimonio que \u00abcoincide con el de los dem\u00e1s que ac\u00e1 expusieron su versi\u00f3n. As\u00ed por ejemplo, el se\u00f1or Oscar Guti\u00e9rrez D\u00edaz, quien adujo que compra y vende pollo, expuso que como a mediados de 2014 se enter\u00f3 en los mataderos y bodegas de pollo que estaban embargados, refiri\u00e9ndose a los incidentantes; que solamente escuch\u00f3 eso, pero no supo qui\u00e9n los ten\u00eda embargados; que esa situaci\u00f3n los afect\u00f3 much\u00edsimo porque en el comercio el buen nombre es lo que vale; que ya nadie quer\u00eda tener negocios con ellos, lo que condujo a la reducci\u00f3n de las compas de pollo que hac\u00edan, ya que en ese negocio todo mundo se conoce. Coincide con los anteriores testimonios el de Campo El\u00edas Quintero Le\u00f3n, quien resalt\u00f3 que le suministr\u00f3 pollo de 2010 a 2014 a la Sociedad Pollo Estrella, aproximadamente tres mil pollos a la semana; que esa relaci\u00f3n comercial se termin\u00f3 debido a las dificultades que se presentaron en el pago y al enterarse en el gremio de la situaci\u00f3n por la que estaba pasando, al punto que le advirtieron que no le vendiera pollo porque estaban embargados\u00bb. <\/p>\n
De esos medios de convicci\u00f3n la Colegiatura accionada concluy\u00f3, que \u00abevidencia con claridad que el tr\u00e1mite del proceso s\u00ed gener\u00f3 para la sociedad Pollo Estrella un perjuicio, y que \u00e9ste es directo, porque con ocasi\u00f3n del mismo Av\u00edcola Pollo Estrella fue bloqueada comercialmente, los proveedores al obtener conocimiento de los embargos dejaron de suministrar cr\u00e9dito para la compra del principal producto con que desarrollaba su objeto social, al punto que como lo sostuvo uno de los testigos, Guti\u00e9rrez D\u00edaz, despu\u00e9s de comprar cinco mil o seis mil pollos diarios, si acaso obten\u00eda un viaje de dos mil aves y a veces solo compraba una menor cantidad, porque no hab\u00eda cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
A lo anterior agreg\u00f3, que \u00abla situaci\u00f3n descrita por los testigos, aunada a que el principal proveedor de pollo que hasta mediados de 2014 lo fue la sociedad Pollo Rico, quien en virtud del proceso ejecutivo por ella iniciado tambi\u00e9n dej\u00f3 de hacerlo, conllevaron a las p\u00e9rdidas operativas de la sociedad incidentante Pollo Estrella, que se ven reflejadas en el dictamen pericial realizado con base en su contabilidad, que fuera aportado como prueba de los da\u00f1os; dictamen que la parte incidentada no logr\u00f3 desvirtuar, pese a que en su favor se decret\u00f3 otro que realiz\u00f3 la contadora se\u00f1ora Blanca Lilia Useche P\u00e9rez (fol.853); quien concurri\u00f3 a la audiencia a sustentarlo\u00bb. <\/p>\n
Sobre la experticia aportada por los promotores del incidente consider\u00f3 el Tribunal, que \u00abpese a que no fue desvirtuada, conforme a los art\u00edculos 226 a 235 del CGP, es al Juez quien le corresponde verificar sus fundamentos, conclusiones y soportes probatorios, pues de no ser as\u00ed ser\u00eda el auxiliar de la justicia quien terminar\u00eda se\u00f1alando la cuant\u00eda del da\u00f1o (\u2026). En la tarea de apreciar con libertad que el dictamen est\u00e9 debidamente fundamentado, encuentra la Sala que el perito sostuvo, tanto en su trabajo escrito como en la sustentaci\u00f3n oral, despu\u00e9s de comparar los ingresos de 2011 a 2016 de la sociedad Av\u00edcola Pollo Estrella que \u201cel componente de los ingresos es el que lleva a las p\u00e9rdidas, p\u00e9rdidas \u00e9stas que t\u00e9cnicamente se constituyen en un da\u00f1o deducible por la inoperatividad con que la parte demandante actu\u00f3 ya que no le suministr\u00f3 su materia esencial, no le permite hacer alguna actividad de gesti\u00f3n con los activos que tiene (\u2026)\u201d conclusi\u00f3n que comparte el Tribunal, pues a m\u00e1s de que se encuentra debidamente soportada en los estados financieros, se une que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica tambi\u00e9n est\u00e1 demostrada con la prueba testimonial que da cuenta que en el mercado, con ocasi\u00f3n de los rumores que se dieron por la situaci\u00f3n del proceso ejecutivo y los embargos, se le cerr\u00f3 gran parte del cr\u00e9dito para adquirir el producto\u00bb. <\/p>\n
Con todo, se\u00f1al\u00f3 el Tribunal que no coincid\u00eda \u00abcon la totalidad de perjuicio que se reclama como da\u00f1o emergente para la Sociedad Av\u00edcola Pollo Estrella\u00bb, pues, analiz\u00f3 que \u00abpara la Sala no hay duda que las p\u00e9rdidas operacionales a partir de la instauraci\u00f3n del proceso ejecutivo y hasta su culminaci\u00f3n, tuvo la sociedad Av\u00edcola Pollo Estrella, esto es, durante los a\u00f1os de 2014 a 2016, son una consecuencia del proceso ejecutivo que en contra de los ahora incidentantes se inici\u00f3 sin que estuvieran en mora, es decir, fue manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, que conlleva a una presunci\u00f3n de haber existido temeridad o mala fe, no desvirtuada. Al respecto, es necesario tener en cuenta que unido al proceso ejecutivo iniciado en las condiciones rese\u00f1adas, para los meses de junio \u2013 julio de 2014 la entonces sociedad demandante cerr\u00f3 el cr\u00e9dito que ven\u00eda otorg\u00e1ndoseles, que como qued\u00f3 dilucidado era el proveedor que suministraba el 85% del producto, pollo; ello aunado al embargo de las cuentas de propiedad de la convocada y los oficios librados a otras entidades bancarias, que si bien por si solas no arrojaron un perjuicio, si constituyeron un bloqueo al desarrollo de su objeto social; pues como se sabe, una comunicaci\u00f3n de embargo a una entidad financiera es un obst\u00e1culo para el otorgamiento de cr\u00e9ditos. A lo anterior se uni\u00f3 que el proveedor de importancia, Campo El\u00edas Quintero Le\u00f3n, tambi\u00e9n dej\u00f3 de suministrarle materia prima, como as\u00ed lo certific\u00f3 de manera escrita (fol. 264) y lo ratific\u00f3 en su testimonio, al enterarse de la situaci\u00f3n del embargo del proceso ejecutivo y, adem\u00e1s, porque entraron en mora con el pago de sus acreencias, era obvio; como tambi\u00e9n lo hicieron otros peque\u00f1os proveedores, seg\u00fan se extracta de la prueba testimonial. Con la situaci\u00f3n descrita como lo puso de presente en dictamen pericial, la sociedad av\u00edcola Pollo Estrella, debi\u00f3 seguir sosteniendo una planta de personal, era el gasto que menos p\u00e9rdidas arrojaba en raz\u00f3n a que despedir empleados para reducir la n\u00f3mina le hubiera implicado altos costos de indemnizaci\u00f3n por retiro sin justa causa; tambi\u00e9n debi\u00f3 asumir los elevados precios de servicios p\u00fablicos que, con o sin producci\u00f3n generaba el cuarto fr\u00edo; gastos \u00e9stos que son generadores de las mayores p\u00e9rdidas, como as\u00ed aparecen reflejados en el ejercicio contable de los a\u00f1os 2014 a 2016, cuyos estados financieros sirvieron de fundamento para que el perito estableciera la p\u00e9rdida global durante los mencionados a\u00f1os. As\u00ed lo explic\u00f3 el perito, luego de analizar los gastos operacionales de la sociedad Av\u00edcola Pollo Estrella durante los a\u00f1os 2011 a 2016, donde los tres primeros a\u00f1os fueron de crecimiento, se rese\u00f1aron ventas netas de $9.244\u00b4654.581 en el a\u00f1o 2011, que fueron decreciendo para terminar con $218\u00b4313,61 en 2016. <\/p>\n
Con soporte en lo anterior, la Colegiatura accionada coligi\u00f3, que las p\u00e9rdidas probadas fueron \u00abde 23\u00b4119.080 para el a\u00f1o 2014; $162\u00b4274.416, para el 2015; y $166.126.115 para el 2016 y que si bien se encuentran soportadas en los estados financieros, considera la Sala que no se puede condenar a la sociedad Tri\u00e1ngulo Pollo Rico en el 100% de ese da\u00f1o, pues si bien el rompimiento de las relaciones comerciales fue abrupto y sin raz\u00f3n aparente como lo estableci\u00f3 en su momento el Tribunal, toda vez que para la data en que se llen\u00f3 el pagar\u00e9 los demandados no estaban en mora, y ello los oblig\u00f3 a salir en una b\u00fasqueda de un mercado en unas dif\u00edciles condiciones en raz\u00f3n a que en el sector se conoci\u00f3 de su situaci\u00f3n y ello impidi\u00f3 el otorgamiento de nuevos cr\u00e9ditos, lo cierto es que, como lo expuso el auxiliar de la justicia en la audiencia, conforme a la documentaci\u00f3n, la sociedad incidentada s\u00f3lo suministraba el 85% de ese pollo, a trav\u00e9s de un cr\u00e9dito rotativo del que abruptamente se les priv\u00f3, luego ser\u00e1 en esa proporci\u00f3n que deba contribuir a la reparaci\u00f3n del perjuicio\u00bb, sumas que fueron indexadas, y a las que se a\u00f1adi\u00f3 el lucro cesante correspondiente al inter\u00e9s legal sobre el capital nominal, y, los gastos de seguimiento jur\u00eddico y dict\u00e1menes periciales, solo si no eran cubiertos con las costas procesales que estaban pendientes de liquidar, neg\u00e1ndose los dem\u00e1s perjuicios reclamados, para una condena total por $415\u00b4969.779. <\/p>\n
4. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por la sociedad accionante, la decisi\u00f3n emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas allegadas al tr\u00e1mite incidental, a la luz de un razonable entendimiento de las normas sustanciales y procesales aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
Y es que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, el ad quem accionado hizo un an\u00e1lisis pormenorizado de los medios de convicci\u00f3n recaudados durante el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios, al tamiz de la normativa aplicable, para encontrar que la prueba testimonial cuya valoraci\u00f3n es reprochada por la accionante en este escenario, daba cuenta que la existencia del proceso ejecutivo y las medidas cautelares decretadas contra la sociedad incidentante, fueron situaciones conocidas en su momento por otros agentes del sector econ\u00f3mico en que se desempe\u00f1aba \u00e9sta, y, repercutieron directamente en su actividad empresarial, porque conllevaron la p\u00e9rdida de su mayor proveedor de materia prima y evitaron que obtuviera cr\u00e9dito para seguir desarrollando su objeto social, por el deterioro generado en la confianza y buen nombre que ten\u00eda, vi\u00e9ndose as\u00ed afectados sus ingresos, conforme reflej\u00f3 el an\u00e1lisis del dictamen pericial aportado con el incidente, situaci\u00f3n que, en criterio del Tribunal accionado, fue directamente propiciada por la aqu\u00ed accionante, que actu\u00f3 presuntamente con mala fe o temeridad, al haber iniciado la ejecuci\u00f3n en contra de la incidentante, sin que \u00e9sta estuviera en mora del cumplimiento de sus obligaciones, como finalmente qued\u00f3 probado dentro del cobro, conclusi\u00f3n \u00e9sta que, precisa la Sala, no pugna con lo concluido en el proceso que entre las mismas partes se tramit\u00f3 para la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios causados por la terminaci\u00f3n del contrato de suministro que ten\u00edan, que concluy\u00f3 con la negativa a las pretensiones de la demanda, ya que, es claro, se trata de asuntos con prop\u00f3sito diferentes, pues, el precitado buscaba resarcimiento econ\u00f3mico por el incumplimiento de un contrato, en tanto el aqu\u00ed cuestionado cimentaba la indemnizaci\u00f3n en la existencia de medidas cautelares y el tr\u00e1mite de un proceso en su contra. <\/p>\n
5. En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por la sociedad actora no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC1148-2020). <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de negarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC061-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00010-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de enero de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Tri\u00e1ngulo Pollo Rico S.A. contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53016","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53016","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53016"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53016\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53016"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53016"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53016"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}