STC063-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC063-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2020-00164-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 4 de noviembre de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida Anna Karina Pantoja Herrera (Defensora de Familia Adscrita a la Unidad Especializada del Centro Zonal de Palmira), en representaci\u00f3n de la ni\u00f1a ABC1, contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de esa misma localidad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00aba no ser revictimizada\u00bb de la ni\u00f1a representada en el tr\u00e1mite, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 \u00abse ordene corregir la actuaci\u00f3n remitiendo la carpeta administrativa a la Comisaria de Familia; pero no declarando la nulidad\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.2. Agotadas las etapas correspondientes, mediante resoluci\u00f3n 00852 del 11 de agosto de 2020, se resolvi\u00f3 el prenotado tr\u00e1mite, adoptando las medidas de restablecimiento que se consideraron pertinentes, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n el padre de la ni\u00f1a, que fue acogido con prove\u00eddo del 19 de agosto siguiente, en el que, adem\u00e1s, se dispuso remitir el asunto al Juez de Familia para surtir homologaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. A trav\u00e9s de determinaci\u00f3n del 18 de septiembre de 2020, la sede judicial enjuiciada decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado y orden\u00f3 remitir la actuaci\u00f3n a la Comisar\u00eda de Familia de Palmira, decisi\u00f3n cuya aclaraci\u00f3n solicit\u00f3 la defensor\u00eda de familia, que fue negada con providencia 28 de septiembre de los corrientes. <\/p>\n
2.4. Expres\u00f3 la gestora del resguardo que la sede judicial acusada desconoci\u00f3 que en el caso de marras, se trataba de \u00abuna violencia sexual y este es un tipo de violencia intrafamiliar por fuera del contexto familiar\u2026, puesto que las conductas del presunto acto abusivo se efectuaban cuando la ni\u00f1a iba a la casa del padre, es decir, no hab\u00eda una unidad familiar y por tanto la competencia s\u00ed est\u00e1 radicada en [ese] Despacho\u00bb; y que el juez de familia, en sede de homologaci\u00f3n, \u00absolo le est\u00e1 permitido homologar o no homologar la decisi\u00f3n\u00bb, lo que desconoci\u00f3 el estrado criticado. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que en la providencia fustigada \u00abno se deja a salvo las pruebas\u00bb, lo que compromete las garant\u00edas de la ni\u00f1a ABC, \u00abpues eso significar\u00eda retrotraer todo el proceso y se [le] someter\u00eda\u2026 a la pr\u00e1ctica de pruebas que fueron legamente practicadas en este Despacho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda de Familia Turno 2 de esa municipalidad solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, \u00abpor cuanto \u2026 no le ha vulnerado ning\u00fan derecho a la menor\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador Noveno Judicial II de Buga defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n adelantada por la sede judicial acusada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal concedi\u00f3 la salvaguarda, por cuanto \u00abresulta protuberante el yerro de la Juez de la causa al decidir declarar una nulidad por falta de competencia, cuando dicha causal espec\u00edfica no existe en la vigente legislaci\u00f3n procesal civil a la que remite el par. 6 del art. 100 del CIA\u00bb, por lo que: <\/p>\n
\u2026 descamin\u00f3 la Juez accionada cuando, en sede de homologaci\u00f3n, consider\u00f3 que todo lo actuado por la defensora de familia accionante a partir del mismo auto en que dio apertura al proceso administrativo de restablecimiento de derechos de la menor\u2026 era nulo porque carec\u00eda de competencia, la que -en virtud de la violencia intrafamiliar en que sucedieron los hechos objeto de investigaci\u00f3n- correspond\u00eda supuestamente al comisario de familia, pues, por el contrario, todas y cada una de sus actuaciones conservan plena validez. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 ni siquiera resulta atendible la regla general del inc. 1 del art. 138 del CGP, seg\u00fan el cual solo la \u00absentencia\u00bb proferida por el juez que carece de jurisdicci\u00f3n o competencia funcional es nula, aunque se haya proferido antes de decretarse la respectiva falta de competencia de jurisdicci\u00f3n o competencia funcional, porque el CIA tiene una regla especial en el inc. final del par. 3 del art. 99; l\u00e9ase: \u00ab[e]n caso de declararse falta de competencia respecto de quien ven\u00eda conociendo a prevenci\u00f3n, lo actuado conservar\u00e1 plena validez, incluso la resoluci\u00f3n que decida de fondo el proceso\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que \u00aba voces del inc. 7 del art. 100 del CIA el Juez de Familia solo adquiere competencia en sede de homologaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de restablecimiento de derechos del menor, cuando dentro de los 15 d\u00edas siguientes a su ejecutoria \u00abalguna de las partes o el Ministerio P\u00fablico manifiestan su inconformidad con la decisi\u00f3n\u00bb\u00bb; y que en el tr\u00e1mite atacado: <\/p>\n
\u2026 decidido el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos de la menor LMA, su padre formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n que le fue resuelto a su favor, luego de lo cual no hay evidencia de que dentro de los 15 d\u00edas siguientes a esa ejecutoria alguien haya manifestado inconformidad alguna, de all\u00ed que fue apresurada la decisi\u00f3n de la defensora de familia al disponer, en el mismo auto que decidi\u00f3 la reposici\u00f3n favorable al impugnante, la remisi\u00f3n para homologaci\u00f3n por parte de la Juez convocada\u2026 <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se dejaron sin efecto \u00ablos autos interlocutorios n.\u00ba 752 y 780 proferidos por la Juez 2\u00aa Promiscuo de Familia de Palmira los d\u00edas 18 y 28 de septiembre de 2020, respectivamente\u00bb y, adem\u00e1s, se orden\u00f3 a la sede judicial acusada \u00abque, previo informe de la referida Defensora de Familia de Palmira\u2026, verifique que se hayan presentado oportunamente las inconformidades que trata el inc. 7 del art. 100 del CIA, para poder continuar con el tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira resalt\u00f3 que \u00absi bien\u2026 no hab\u00eda certeza de que alguna de las partes o el Ministerio p\u00fablico, hubiere solicitado la homologaci\u00f3n, lo que si estaba claro, es que existe una inconformidad por parte de uno de los intervinientes en dichas actuaciones, frente a la decisi\u00f3n adoptada por la Defensor\u00eda de Familia, hasta el punto de que se manifest\u00f3 a trav\u00e9s de un recurso de reposici\u00f3n\u2026\u00bb; y que la Defensor\u00eda de Familia omiti\u00f3 informar a los intervinientes que contra su decisi\u00f3n proced\u00eda homologaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, espec\u00edficamente, insisti\u00f3 que la defensor\u00eda de familia carec\u00eda de competencia para adelantar el proceso de restablecimiento de derechos de la ni\u00f1a ABC, pues al tratarse de un tema de violencia intrafamiliar, el tr\u00e1mite debi\u00f3 adelantarlo la Comisar\u00eda de Familia. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3 que <\/p>\n
\u2026 en el PARD, no puede imponerse que las \u00fanicas nulidades son las descritas en el CGP, aceptar eso, ser\u00eda desconocer los preceptos constitucionales, cada asunto debe tener la relevancia que corresponda, y en el caso en concreto, lo que se busca es la decisi\u00f3n m\u00e1s acertada para definir la situaci\u00f3n de la ni\u00f1a, lo que impone que deba proferirse por el funcionario administrativo competente, una interpretaci\u00f3n diferente, seria caprichosa, al momento de atribuirse competencias que ya est\u00e1n definidas a diferente autoridad, actuaci\u00f3n administrativa que no s\u00f3lo se somete a lo dispuesto en el CGP, sino tambi\u00e9n a la C.P. y dem\u00e1s normas que le sean aplicables\u2026 <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que la sede judicial enjuiciada cometi\u00f3 un desafuero que ameritaba la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto conoci\u00f3, en sede de homologaci\u00f3n, el asunto objeto de censura constitucional, sin que se reunieran los presupuestos necesarios para ello. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 100 (inciso 7\u00b0) del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, \u00ab[r]esuelto el recurso de reposici\u00f3n o vencido el t\u00e9rmino para interponerlo, el expediente deber\u00e1 ser remitido al juez de familia para homologar el fallo, si dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a su ejecutoria, alguna de las partes o el Ministerio P\u00fablico manifiestan su inconformidad con la decisi\u00f3n\u00bb (negrillas ajenas al texo). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, evidente es que la homologaci\u00f3n s\u00f3lo tiene lugar cuando las partes o el Ministerio P\u00fablico, dentro de la oportunidad legal que establece el canon en rese\u00f1ado, expresan su inconformidad frente a la determinaci\u00f3n que resuelve, de manera definitiva, el proceso de restablecimiento de derechos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, revisados los elementos de juicio recaudados y descendiendo al caso bajo an\u00e1lisis, verifica la Sala que, una vez proferida la resoluci\u00f3n 00852 del 11 de agosto de 2020, mediante la cual se resolvi\u00f3 el proceso de restablecimiento de derechos criticado, el progenitor de la ni\u00f1a ABC interpuso reposici\u00f3n censurando, exclusivamente, la decisi\u00f3n contenida en el numeral quinto de la parte resolutiva de dicho acto, recurso que acogi\u00f3, \u00edntegramente, la defensor\u00eda de familia, lo que conllev\u00f3 la modificaci\u00f3n de la citada resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, el estrado accionado carec\u00eda de competencia para pronunciarse sobre el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos atacado, habida cuenta que no se reun\u00edan los presupuestos necesarios para surtir la homologaci\u00f3n, comoquiera que ni las partes, ni el Ministerio P\u00fablico, manifestaron inconformidad alguna respecto de la resoluci\u00f3n que resolvi\u00f3, de forma definitiva, dicho asunto, pues el \u00fanico reparo que exterioriz\u00f3 el padre de la menor fue acogido, v\u00eda reposici\u00f3n, por parte de la autoridad administrativa, sin que quedara ninguna inconformidad pendiente de resoluci\u00f3n, que habilitara el citado medio de impugnaci\u00f3n, como parece entenderlo la impugnante. <\/p>\n
Lo expuesto, lleva a predicar que el juzgado cuestionado incurri\u00f3 en un defecto procedimental, que comprometi\u00f3 las garant\u00edas constitucionales de los intervinientes en el juicio fustigado, al asumir competencia de un asunto que no le correspond\u00eda. <\/p>\n
En lo tocante con el error procedimental como supuesto suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
4. Pese a que lo anteriormente expuesto, resulta suficiente para confirmar el amparo concedido por el fallador de primera instancia, ha de precisar la Sala que tambi\u00e9n err\u00f3 la falladora criticada al declarar la nulidad de lo actuado en el litigio reprochado, toda vez que no converg\u00edan los elementos necesarios para proceder de esa manera. <\/p>\n
Y es que, como lo expres\u00f3 el fallador de primera instancia, la falta de competencia, en materia de restablecimiento de derechos, es una irregularidad de naturaleza subsanable, tal y como se infiere de lo dispuesto en el inciso final del par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 99 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, el cual dispone que \u00ab[e]n caso de declararse falta de competencia respecto de quien ven\u00eda conociendo a prevenci\u00f3n, lo actuado conservar\u00e1 plena validez, incluso la resoluci\u00f3n que decida de fondo el proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, evidente es que el legislador no contempl\u00f3 la ausencia de competencia como un vicio de tal entidad que conllevara la invalidez insubsanable de la actuaci\u00f3n administrativa, al punto que, una vez resuelta con decisi\u00f3n de fondo, ninguna injerencia irradia que se declare la prenotada falta de competencia. <\/p>\n
Luego, a\u00fan de entenderse que hab\u00eda alguna duda sobre la competencia de la defensor\u00eda de familia para conocer del proceso de restablecimiento de derechos de la menor ABC, lo cierto es que cualquier anomal\u00eda que pudo surgir sobre el particular se vio saneada al no haber sido alegada por ninguno de los intervinientes, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 1352 (numeral 1\u00b0) del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, aplicable en materia de restablecimiento de derechos, en virtud de la remisi\u00f3n normativa consagrada en el art\u00edculo 1003 (par\u00e1grafo 6\u00b0) del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n
De acuerdo a lo dilucidado, evidente es que el estrado acusado, al margen de no tener competencia para conocer, en sede de homologaci\u00f3n, el asunto criticado, tambi\u00e9n incurri\u00f3 en un yerro al declarar la nulidad del mismo. <\/p>\n
5. Basta lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Con miras a proteger el derecho a la intimidad de la menor involucrada, su nombre ha sido reemplazado con letras aleatorias. <\/p>\n
2\u0002 \u00abLa nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: (\u2026) 1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00abEn todo caso, ante cualquier vac\u00edo jur\u00eddico deber\u00e1 remitirse a lo reglamentado en la legislaci\u00f3n procesal civil vigente\u00bb. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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