STC064-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC064-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00009-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Marco Antonio Gallo Rodr\u00edguez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al m\u00ednimo vital y de petici\u00f3n, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la falta de respuesta a la petici\u00f3n que formul\u00f3 dentro de la salvaguarda que instaur\u00f3 contra los Juzgados Cincuenta y Tres Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, Veintitr\u00e9s Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de la misma ciudad, y, el Banco Scotiabank Colpatria S.A. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal esta Corporaci\u00f3n, \u00abrespond[er] cada una de las cuestiones planteadas en [su] derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aduce, en s\u00edntesis, que mediante fallo de tutela del 12 de marzo de 2019, el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de esta capital concedi\u00f3 el amparo de su derecho fundamental de petici\u00f3n, por lo que le orden\u00f3 al representante legal del Banco Scotiabank Colpatria S.A., brindarle informaci\u00f3n sobre \u00abtodos los productos\u00bb que lo vinculaban comercialmente con esa entidad. <\/p>\n
Asegura que ante el incumplimiento de la citada orden constitucional, formul\u00f3 incidente de desacato frente a la entidad financiera en menci\u00f3n; no obstante, en prove\u00eddo del 23 de mayo siguiente, el Juzgado Cincuenta y Tres Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma urbe dispuso el archivo del tr\u00e1mite, tras considerar que la entidad s\u00ed hab\u00eda acatado el mandato impartido, al haberle brindado una respuesta clara, concreta y de fondo a sus pedimentos. <\/p>\n
Asevera que inconforme con lo anterior, promovi\u00f3 otra demanda de amparo para que se dejara sin valor ni efecto la decisi\u00f3n aludida, y en su lugar, se sancionara por desacato al representante legal del Banco memorado; sin embargo, en sentencia del 26 de noviembre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de este distrito capital deneg\u00f3 la protecci\u00f3n por improcedente, decisi\u00f3n que impugnada, fue ratificada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura en fallo del 28 de enero de 2020. <\/p>\n
Manifiesta que el 24 de noviembre pasado, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante la Colegiatura accionada, para que le informaran los motivos por los que se realiz\u00f3 un \u00abcambio de Magistrado Ponente\u00bb dentro la acci\u00f3n de tutela se\u00f1alada, y la incidencia de esa novedad en el tr\u00e1mite referido; empero, esos ruegos a\u00fan no han sido atendidos, raz\u00f3n por la que estima se vulneraron las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte solicit\u00f3 denegar el amparo reclamado, habida cuenta que mediante \u00abauto proferido el 07 de diciembre de 2020, dio respuesta a cada uno de los puntos relacionados en el memorial del se\u00f1or Marco Antonio Gallo Rodr\u00edguez\u00bb; no obstante, debido a la vacancia judicial, solamente hasta el pasado 14 de enero se remiti\u00f3 la respectiva respuesta al correo electr\u00f3nico y la direcci\u00f3n de residencia del gestor, mediante oficio No. 333. <\/p>\n
b). La Superintendencia Financiera de Colombia aleg\u00f3, que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, habida cuenta que, \u00abno ha tenido participaci\u00f3n ni inter\u00e9s alguno en el tr\u00e1mite del derecho de petici\u00f3n que dice el accionante haber presentado ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y que presuntamente no ha sido objeto de respuesta\u00bb. <\/p>\n
c.) La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que tramit\u00f3 en segunda instancia una acci\u00f3n de tutela promovida por el gestor contra los Juzgados Cincuenta y Tres Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, y, Veintitr\u00e9s Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de la misma ciudad, asunto que culmin\u00f3 con sentencia del 26 de noviembre de 2019 por improcedente. <\/p>\n
d.) Por su parte, el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esta capital expres\u00f3, que conoci\u00f3 una acci\u00f3n de tutela promovida por el actor en contra del el Banco Scotiabank Colpatria S.A., tr\u00e1mite en el que se concedi\u00f3 el amparo de la garant\u00eda del derecho de petici\u00f3n del interesado, orden\u00e1ndole a dicha entidad brindar la informaci\u00f3n solicitada a favor de este \u00faltimo. A\u00f1adi\u00f3 que, posteriormente, adelant\u00f3 incidente por el supuesto desacato a dicha orden, empero, resolvi\u00f3 archivarlo ante el cumplimiento de la entidad financiera referida, decisi\u00f3n que fue objeto de otra salvaguarda, la cual fue desfavorable a los intereses del accionante. Finalmente, refiri\u00f3 que \u00abha cumplido cabalmente la labor de impartir justicia y garantizar los derechos fundamentales y constitucionales, surtidos bajo las actuaciones constitucionales interpuestas por el se\u00f1or Marco Antonio Gallo Rodr\u00edguez\u00bb. <\/p>\n
e.) A su turno, el Banco Scotiabank Colpatria S.A. pidi\u00f3 ser apartado de las presentes diligencias, comoquiera que \u00ablas presuntas omisiones con que se habr\u00eda configurado la vulneraci\u00f3n a su derecho fundamental de petici\u00f3n, se endilgan a un entidad que es diferente a Banco Colpatria\u00bb. <\/p>\n
f.) Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
2. Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC1622-2020). <\/p>\n
En igual sentido se ha precisado, que \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
3. En el presente asunto, el accionante se queja de la supuesta falta de respuesta a la petici\u00f3n que elev\u00f3 el 24 de noviembre de 2020 ante la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela que adelant\u00f3 frente a los Juzgados Cincuenta y Tres Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, Veintitr\u00e9s Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de la misma ciudad, y el Banco Scotiabank Colpatria S.A. <\/p>\n
4. Sin embargo, se observa la improcedencia de la salvaguarda aqu\u00ed reclamada, si en cuenta se tiene lo siguiente: <\/p>\n
4.1. El pasado 24 de noviembre , el aqu\u00ed interesado remiti\u00f3 al correo electr\u00f3nico secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co las siguientes inquietudes: <\/p>\n
\u00ab1. \u00bfSi 41 d\u00edas antes se hab\u00eda proferido fallo en el proceso y el expediente se encontraba en poder de la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, por qu\u00e9 y para qu\u00e9 se orden\u00f3 un cambio de Magistrado Ponente?
<\/p>\n
2. \u00bfQu\u00e9 acciones tom\u00f3 el Magistrado Hugo Quintero Bernate durante el desarrollo del proceso y cu\u00e1l fue su rol en la redacci\u00f3n del fallo? <\/p>\n
3. \u00bfPor qu\u00e9 no aparecen el nombre del Exmagistrado Fernando Alberto Castro Caballero ni el suyo en el Reporte del Proceso que brinda la p\u00e1gina web de la Rama Judicial a trav\u00e9s del enlace \u201cConsulta de Procesos Nacional Unificada\u201d? <\/p>\n
4. \u00bfSe modificaron las entradas que aparecen en el reporte mencionado en el numeral anterior en alg\u00fan momento, despu\u00e9s de que su nombramiento como presidenta de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema dej\u00f3 de ser una probabilidad para convertirse en un hecho? <\/p>\n
5. \u00bfTuvo algo que ver dicha probabilidad o certeza de nombramiento con el cambio de Magistrado Ponente en el proceso?\u00bb <\/p>\n
4.2. Mediante auto del 7 de diciembre de 2020, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n contest\u00f3 los anteriores interrogantes, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab Al punto 1 y 3 y dando cumplimiento al auto se le informa que: <\/p>\n
1. Cuando se posesiona el nuevo magistrado que entra al despacho vacante, la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal env\u00eda una comunicaci\u00f3n a la Oficina de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia, para que realice los ajustes pertinentes, y es esta oficina qui\u00e9n actualiza el sistema interno de gesti\u00f3n SIGLO XXI, respecto al nuevo Magistrado posesionado. <\/p>\n
2. El segundo evento de cambio de ponente, es en cumplimiento de un auto que expide el despacho, que puede ser por motivos de manifestaci\u00f3n de impedimento, por compensaci\u00f3n, o por una eventualidad surgida dentro de las diligencias que impidan a ese despacho seguir conociendo el asunto. <\/p>\n
Ahora en punto a si hubo en el aludido sistema de gesti\u00f3n, alguna modificaci\u00f3n o registro dentro del proceso de tutela por el promovido y los motivos para hacerlo, al respecto se informa: <\/p>\n
Se produjo cambio de ponente el 12 de marzo de 2020, como se evidencia en el documento adjunto, tomado en forma de foto a la actuaci\u00f3n, lo anterior por cuanto de esas actuaciones no hay funci\u00f3n que permita imprimirlas (\u2026). <\/p>\n
El motivo estricto del cambio dentro de la actuaci\u00f3n fue la posesi\u00f3n del doctor HUGO QUINTERO BERNATE, como magistrado titular en el despacho que anteriormente ostentaba como titular el doctor FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
La excepcional circunstancia derivada de la inminente desintegraci\u00f3n transitoria del quorum deliberatorio para las Salas de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1 y 2, llev\u00f3 a que la Sala de Casaci\u00f3n Penal en su pleno reconfigurara la integraci\u00f3n de las tres Salas de Decisi\u00f3n de Tutelas. <\/p>\n
A la suscrita Magistrada se le llam\u00f3 a integrar la Sala de Decisi\u00f3n No. 2, junto con el doctor Luis Antonio Hern\u00e1ndez Barbosa, y en virtud de dicha asignaci\u00f3n -vigente mientras se designaron los titulares de los despachos vacantes-, fue que se conoci\u00f3 y decidi\u00f3, en Sala Dual, de las tutelas repartidas al, entonces vacante, despacho del ex magistrado Fernando Alberto Castro Caballero. Dentro de ellas, la impugnaci\u00f3n de tutela asignada con radicaci\u00f3n 108441, cuyo fallo fue proferido el 29 de enero de 2020 bajo las competencias que constitucional y legalmente le asisten a los Magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Penal\u00bb. <\/p>\n
4.3. La anterior determinaci\u00f3n se remiti\u00f3 al correo del actor magallo132@gmail.com y a la residencia de \u00e9ste, a trav\u00e9s de Oficio No. 333 del 14 de enero de 2021. <\/p>\n
5. Bajo esa perspectiva, se aprecia sin lugar a dudas, que lo pretendido por el se\u00f1or Marco Antonio se refiere a temas propios de la acci\u00f3n de tutela en comento, es decir, de un asunto netamente judicial que debe ser expuesto en el marco de dicho tr\u00e1mite, por medio de los distintos mecanismos previstos por el legislador en nuestro ordenamiento y no en ejercicio del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional. Y es que, m\u00e1s all\u00e1 de que el actor haya solicitado informaci\u00f3n sobre el tr\u00e1mite constitucional memorado por v\u00eda de derecho de petici\u00f3n, es totalmente il\u00f3gico, como se indic\u00f3 en p\u00e1rrafos anteriores, pretender que a ese requerimiento deba d\u00e1rsele respuesta bajo la perspectiva de tal garant\u00eda, y por ende, que su inobservancia constituya un quebrantamiento de la misma. <\/p>\n
6. Pero a\u00fan con prescindencia de lo dicho, observa la Sala que lo puntualmente solicitado por el gestor a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n qued\u00f3 superado con la decisi\u00f3n antes relacionada, en la medida que la autoridad judicial accionada ya respondi\u00f3 de manera completa y congruente los cuestionamientos elevados por el gestor a trav\u00e9s de la petici\u00f3n radicada el 24 de noviembre de 2020; de este modo, como la decisi\u00f3n que super\u00f3 la inconformidad tra\u00edda a este escenario fue notificada al actor en el curso del presente tr\u00e1mite el d\u00eda 14 del presente mes y a\u00f1o, no cabe duda que se presenta un hecho superado, pues, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales. <\/p>\n
Sobre ese particular, la Sala ha dicho que \u00abEl hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC852-2020). <\/p>\n
7. En esas condiciones, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n instada por improcedente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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