STC065-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC065-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2020-00270-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veinte (2020). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de noviembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Andr\u00e9s Ram\u00edrez contra los Juzgados Dieciocho Civil del Circuito y Veintitr\u00e9s Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la parte activa y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias dictadas en ambas instancias, en el marco de la acci\u00f3n de tutela que Carlos Alberto Libreros Acosta, Juan Sebasti\u00e1n Libreros Cardona y Luz Marina Cardona Valladales, promovieron en su contra como Juez Especial de Paz de la Comuna 2 de Cali, con radicado No. 2020-00107-00, actuaci\u00f3n a la cual fueron vinculados Elsy Janeth Mazuera Casta\u00f1o, Duv\u00e1n Fernando Giraldo Mondrag\u00f3n y Edier Ocampo Henao. <\/p>\n
Solicita entonces de manera concreta, para salvaguardar su debido proceso, que \u00abse DECLARE la Nulidad de todo lo dictado, hasta el momento\u00bb dentro del citado tr\u00e1mite, y que como consecuencia de lo anterior, \u00ab[s]e DECLARE la improcedencia\u00bb del reclamo elevado1. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de lo pretendido, aduce en lo esencial el actor, que mediante prove\u00eddo del 2 de marzo de 2020, la Juez Veintitr\u00e9s Civil Municipal de la mentada capital accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n deprecada en la acci\u00f3n constitucional referida en l\u00edneas precedentes, y en consecuencia, le orden\u00f3 que procediera a decretar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de \u00abcertificaci\u00f3n propiedad predio – servidumbre\u00bb radicado bajo el No. 042-2019, donde los accionantes fungen como convocados, as\u00ed como declarar la falta de competencia para tramitar dicho asunto, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 sin suerte, ya que la titular del Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de esa misma urbe en providencia del 28 de mayo siguiente, confirm\u00f3 lo resuelto. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que en las citadas determinaciones las se\u00f1aladas instancias judiciales incurrieron en graves errores, ya que, en compendio, i) realizaron una indebida interpretaci\u00f3n de la Ley 497 de 1999, toda vez que la problem\u00e1tica sometida a su jurisdicci\u00f3n tuvo su g\u00e9nesis en la solicitud voluntaria y consensuada de las partes, por lo que dicha disposici\u00f3n s\u00ed le da competencia para dirimir la controversia por la naturaleza del asunto, dado que \u00abel conflicto se trat\u00f3 sobre convivencia, el cual es un asunto desistible, conciliable y\/o transable\u00bb, m\u00e1s no un proceso de divisi\u00f3n material, como mal se entendi\u00f3, cuya cuant\u00eda deb\u00eda determinarse por \u00abla deuda causada\u00bb y no por \u00abel aval\u00fao catastral del inmueble\u00bb, am\u00e9n que ten\u00eda fuero territorial para resolver el litigio, con base en dicho acuerdo; ii) no declararon improcedente el amparo pese a que este no superaba el requisito de subsidiariedad, pues los actores no presentaron el recurso de reconsideraci\u00f3n contra la decisi\u00f3n criticada; iii) no advirtieron que \u00e9l no es el funcionario llamado a declarar la nulidad del tr\u00e1mite cuestionado, pues esa funci\u00f3n es del juez de la reconsideraci\u00f3n; y, iv) con lo decidido se puede causar perjuicios irremediables a los intervinientes en dicho asunto, circunstancias que tornan procedente el reclamo que eleva a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Veintitr\u00e9s Civil Municipal de Cali, luego de memorar las actuaciones que se surtieron con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela cuestionada, pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo implorado, con sustento en que este no procede para debatir decisiones adoptadas en un tr\u00e1mite del mismo linaje, sumado a que tampoco puede emplearse para enervar el consecuente tr\u00e1mite incidental, teniendo en cuenta que el actor ha sido renuente en dar cumplimiento a la orden que le fue impartida en la susodicha actuaci\u00f3n3. <\/p>\n
b. La Juez Dieciocho Civil del Circuito de la misma ciudad se opuso al \u00e9xito del aparo rogado, tras exponer id\u00e9nticos argumentos a los esgrimidos por la autoridad anterior4. <\/p>\n
c. Los vinculados Elsy Janeth Mazuera Casta\u00f1o y Edier Ocampo Henao, en escritos separados, coadyuvaron la salvaguarda instada, con fundamento en que lo decidido por el accionante, en su condici\u00f3n de juez de paz, est\u00e1 acorde con la normatividad que regula su funci\u00f3n5. <\/p>\n
d. Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras argumentar que, \u00abconsiderando que en esta sede no se critica una presunta transgresi\u00f3n al debido proceso en el tr\u00e1mite constitucional sino que las pretensiones del impulsor se encaminan directamente a controvertir el alcance de la sentencia de tutela, la acci\u00f3n impetrada resulta infructuosa habida cuenta que por esta senda excepcional no se pueden debatir pronunciamientos de esta naturaleza, pues como qued\u00f3 expuesto en l\u00edneas precedentes, la \u00fanica posibilidad que el ordenamiento jur\u00eddico contempla para revertir los efectos de estas decisiones es la eventual revisi\u00f3n que efect\u00faa la H. Corte Constitucional de conformidad con los art\u00edculos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991\u00bb6. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte accionante replic\u00f3 el fallo anterior, insistiendo en los argumentos que expuso como sustento de la queja constitucional7. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizar el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional instaurada por Germ\u00e1n Andr\u00e9s Ram\u00edrez, en su condici\u00f3n de Juez Especial de Paz de la Comuna 2 de Cali, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar las sentencias proferidas el 2 de marzo y 28 de mayo de 2020 por los Juzgados Veintitr\u00e9s Civil Municipal y Dieciocho Civil del Circuito, ambos de la citada ciudad, respectivamente, por medio de las cuales se accedi\u00f3 al amparo suplicado por Carlos Alberto Libreros Acosta y otros, y en consecuencia, se orden\u00f3 invalidar la actuaci\u00f3n all\u00ed criticada dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente que aqu\u00e9llos promovieron en contra del accionante, con radicado No. 2020-00107-008, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, am\u00e9n que no se evidencia la ocurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s, esto es, el \u201cfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u201d, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
4. Por otro lado, t\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia constitucional ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, escenario donde la parte interesada podr\u00e1, seg\u00fan el caso, acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del citado decreto9, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, \u00fanicos mecanismos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera \u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ STC6711-2020). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo controvertido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela acopiada al archivo digital contentivo de la actuaci\u00f3n surtida en primera instancia, remitida v\u00eda correo institucional a la Corte. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe anexo al mentado archivo digital. <\/p>\n
4 Cit. <\/p>\n
5 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6 Ib\u00eddem. <\/p>\n
7 Ob. <\/p>\n
8 Providencia que hace parte del expediente en copia digital mencionado. <\/p>\n
9 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
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