STC067-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC067-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01400-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de septiembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Blanca Morales de Arenales contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas al Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de esa ciudad, Colpensiones, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P., as\u00ed como los intervinientes dentro del proceso laboral objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa, seguridad social, dignidad humana, as\u00ed como los principios de favorabilidad y confianza leg\u00edtima, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abse revoque o anule la providencia del 17 de octubre de 2018\u00bb y \u00aben su lugar se reconozcan las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Blanca Morales de Arenales promovi\u00f3 un juicio ordinario laboral contra el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P., con el fin de que, entre otras cosas, se reconociera la compatibilidad entre la pensi\u00f3n de sobrevivientes reconocida por el demandado y la del ISS. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el que en sentencia de 30 de octubre de 2013 deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que apelada, fue confirmada en fallo de 7 de febrero de 2014 por la Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad. Esta determinaci\u00f3n fue recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en providencia de 17 de octubre de 2018 resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida por el ad-quem. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que su esposo Guillermo Arenales Fl\u00f3rez (q.e.p.d.) le solicit\u00f3 a la empresa de Acueducto de Bucaramanga el pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, si\u00e9ndole reconocida una pensi\u00f3n voluntaria; que posteriormente radic\u00f3 ante el ISS petici\u00f3n de pensi\u00f3n de vejez, la que le fue denegada por incumplimiento de requisitos; y que falleci\u00f3 el 27 de julio de 1990. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que en 1990 le solicit\u00f3 al Acueducto la sustituci\u00f3n pensional y en el 2008 deprec\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, \u00faltima que le fue reconocida en 2009; que se le reconoci\u00f3 un retroactivo por valor de $27.561.000, empero, por un error dicha suma fue girada a favor del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.; que formul\u00f3 los respectivos recursos, pues la pensi\u00f3n fue reconocida antes de la entrada en vigencia del Decreto 2878 de 1985, esto es, cuando exist\u00eda la compatibilidad de las pensiones, sin embargo, la decisi\u00f3n se mantuvo; y que elev\u00f3 distintas peticiones en ese mismo sentido, a lo que accedi\u00f3 el ISS, condicionando la devoluci\u00f3n del dinero por parte de la empresa demandada. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que se ignor\u00f3 que lo perseguido constitu\u00eda un derecho adquirido; que se disminuy\u00f3 el monto de la pensi\u00f3n a la que tiene derecho; que la sentencia de casaci\u00f3n omiti\u00f3 el an\u00e1lisis sustancial de su caso, limit\u00e1ndose a efectuar reparos formales; y que la hermen\u00e9utica jur\u00eddica no le puede quitar el car\u00e1cter de fundamental y constitucional a los derechos adquiridos, mas en materia pensional. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga indic\u00f3 que no vulner\u00f3 o amenaz\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental; que la decisi\u00f3n adoptada no devino de un proceder caprichoso o arbitrario; y que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues acudi\u00f3 a la tutela dos a\u00f1os despu\u00e9s del hecho que se\u00f1ala como vulneratorio. <\/p>\n
2. Colpensiones refiri\u00f3 que la tutela no cumpl\u00eda con las causales de procedibilidad del resguardo; y que no se materializ\u00f3 vicio, defecto o violaci\u00f3n de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. se pronunci\u00f3 frente a los hechos de la tutela y se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda conculcado ninguna garant\u00eda fundamental; que no exist\u00eda perjuicio irremediable; que no se observaba el presupuesto de la inmediatez; que exist\u00eda abuso del derecho por parte de la promotora; que se configuraba la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa; y que siempre hab\u00eda cumplido con sus obligaciones legales y reglamentarias. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n indic\u00f3 que no fue parte ni fue vinculado al proceso ahora criticado, pues al ser debatido un retroactivo pensional que se deriva del r\u00e9gimen de prima media en virtud de los decretos 2011 y 2013 de 2012, era de competencia de Colpensiones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues la censura fue elevada un a\u00f1o y once meses despu\u00e9s de emitida la decisi\u00f3n criticada; que la Sala acusada encontr\u00f3 varios desaciertos formales, que no pod\u00edan corregirse por virtud del car\u00e1cter dispositivo que rige al recurso extraordinario y, por tanto, desestim\u00f3 el \u00fanico cargo formulado; y que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n o amenaza de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no se realiz\u00f3 un estudio de fondo del asunto, pues prevaleci\u00f3 la forma y lo alegado no se ha o\u00eddo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la Sala accionada, en la providencia criticada, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Al revisar el escrito con el cual se pretende sustentar la demanda de casaci\u00f3n, se halla que adolece de varios defectos t\u00e9cnicos que comprometen su estudio de fondo, como se detalla a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
En el alcance de la impugnaci\u00f3n la recurrente incurre en la impropiedad de perseguir que una vez casada la sentencia del tribunal se revoque, con lo cual olvida que casada la providencia impugnada \u00e9sta desaparece del mundo jur\u00eddico, no siendo objeto de disposici\u00f3n adicional alguna; como tambi\u00e9n que, quedando pendiente de resolver la alzada por el efecto antedicho, lo que le correspond\u00eda hacer era indicar el paso a seguir por la Corte al dictar la sentencia de reemplazo, esto es, la que debi\u00f3 proferir en derecho el juez de la apelaci\u00f3n o la consulta, en el sentido de confirmar o revocar total o parcialmente la del juez de primer grado, y en el segundo caso sobre cu\u00e1les de las espec\u00edficas decisiones adoptadas por \u00e9ste. <\/p>\n
Por otra parte, en el cargo no se indica la v\u00eda de ataque, esto es, si se trata de la v\u00eda directa o de puro derecho, en cuyo evento deb\u00eda allanarse a las conclusiones f\u00e1cticas contenidas en la decisi\u00f3n, as\u00ed como al an\u00e1lisis probatorio realizado por el fallador para dar por establecidos los hechos del proceso, o si se enfoca por el sendero indirecto, discrepando de todos o algunos de los soportes f\u00e1cticos de la sentencia. <\/p>\n
Ahora bien, aunque la sustentaci\u00f3n es en su mayor\u00eda jur\u00eddica, se alude a algunos aspectos f\u00e1cticos ajenos a la v\u00eda directa, verbigracia, cuando se indica que \u00abel se\u00f1or Guillermo Arenales Fl\u00f3rez no llevaba a\u00fan diez (10) a\u00f1os de servicios con la empresa AMB, como se comprueba en el contrato de trabajo y en la inscripci\u00f3n por el AMB del trabajador al ISS\u00bb y que la \u00abresoluci\u00f3n (035) para quien fue el afiliado (G.A.F. q.e.p.d.) no la conoci\u00f3 porque no fue notificado de ese acto, para la beneficiaria Blanca Morales De Arenales tampoco la conoci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
De tiempo atr\u00e1s ha explicado la jurisprudencia, que cuando el censor acusa por la v\u00eda directa la sentencia, significa que est\u00e1 conforme con las conclusiones f\u00e1cticas y la actividad de valoraci\u00f3n probatoria realizada por el ad quem, ya que si tiene alg\u00fan disentimiento al respecto, el camino de impugnaci\u00f3n del que debe echar mano es el indirecto, que s\u00ed permite ese tipo de discusi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, en sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148, precis\u00f3 la Sala que\u2026 <\/p>\n
Del mismo modo, deviene en defecto t\u00e9cnico notable que la censura acusa la sentencia del tribunal simult\u00e1neamente de infracci\u00f3n directa e interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del mismo elenco normativo, olvidando que dichas modalidades, formuladas a la vez en el cargo y ante id\u00e9nticas disposiciones, son excluyentes, pues las normas bien pudieron ser desconocidas o fueron interpretadas con error, pero no violadas concomitantemente desde esas dos \u00f3pticas, ya que la primera implica que el juzgador las soslay\u00f3, en tanto que la restante lleva impl\u00edcita la utilizaci\u00f3n de \u00e9stas, pero bajo una hermen\u00e9utica que no corresponde a su genuino sentir. <\/p>\n
Al respecto, es suficiente traer a colaci\u00f3n las sentencias CSJ SL, 13 mar. 2007, rad. 30538, cuya regla se reitera en las sentencias CSJ SL, 7 may. 2008, rad. 30017 y CSJ SL, 5 ag. 2008, rad. 31183, en las que se expuso\u2026 <\/p>\n
En los t\u00e9rminos analizados, debido a la imprecisa sustentaci\u00f3n del \u00fanico cargo, se asemeja m\u00e1s a un alegato propio de las instancias respectivas, que a una argumentaci\u00f3n adecuada y concisa, en la que la impugnante cumpla con la obligaci\u00f3n de demostrar de forma clara y coherente los eventuales yerros en que, a su juicio, incurri\u00f3 el tribunal al adoptar la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que se plantea la tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que no se cas\u00f3 la sentencia denegatoria de sus pretensiones, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, encuentra la Sala que el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que al alcance de la promotora estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela alega, medio de defensa que no aprovech\u00f3 adecuadamente, siendo ese el escenario id\u00f3neo para rebatir la valoraci\u00f3n efectuada. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo <\/p>\n
(\u2026) desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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