STC068-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC068-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01578-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de octubre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Jos\u00e9 Armando Montenegro Aguirre contra los Juzgados Treinta y Siete Civil del Circuito y Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de la citada ciudad, y, la se\u00f1ora Carolina Mej\u00eda Mu\u00f1oz, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la \u00abvivienda digna\u00bb y al \u00abprincipio de buena fe\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las decisiones proferidas en el marco del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que Carolina Mej\u00eda Mu\u00f1oz promovi\u00f3 en su contra con Rad. 2011-00652-00. <\/p>\n
Solicita entonces, \u00abdeclar[ar] la NULIDAD DE TODO LO ACTUADO en el proceso (\u2026) a partir del auto de fecha veinticuatro (24) de abril de 2012\u00bb, y como consecuencia de ello, no solo \u00ab[s]uspen[der] (\u2026) la [e]ntrega del bien inmueble rematado\u00bb, sino \u00abrehacer el tr\u00e1mite\u00bb del referido litigio. <\/p>\n
2. En apoyo de tales reparos aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que el t\u00edtulo b\u00e1culo de la obligaci\u00f3n y la garant\u00eda real fueron objeto de dos procesos ejecutivos anteriores que terminaron por \u00abPAGO DE LA OBLIGACI\u00d3N\u00bb y \u00abPERENCI\u00d3N\u00bb, respectivamente1, y, que de manera alguna se le notific\u00f3 sobre la \u00abcesi\u00f3n de derechos litigiosos\u00bb en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 60 y 1960 de los C\u00f3digos Civil y de Procedimiento Civil, pues en principio el pagar\u00e9 y el instrumento p\u00fablico fueron suscritos a favor del Banco Granahorrar S.A. el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, no solo se libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra, sino que se dispuso seguir adelante con el cobro judicial. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque la falta de enteramiento de la aludida cesi\u00f3n constituye una nulidad procesal, y por esto, dice, \u00abse le impidi\u00f3 hacer uso de los mecanismos de excepci\u00f3n, como lo son los distintos modos de extinguir las obligaciones\u00bb, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital orden\u00f3 el secuestro de los bienes y los remat\u00f3, circunstancias todas \u00e9stas que, asegura, lesionan sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, memor\u00f3 las actuaciones que conoci\u00f3 dentro de la causa coercitiva criticada. <\/p>\n
b. La Juez Tercera Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital puntualiz\u00f3, que el 12 de julio de 2016 llev\u00f3 a cabo el remate del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula No. 50c-1364719, el que el 5 de septiembre de 2019 se entreg\u00f3 \u00abde manera voluntaria a la adjudicataria\u00bb; as\u00ed mismo el 12 de diciembre del citado a\u00f1o compareci\u00f3 el actor al proceso, y el 6 de marzo de 2020 se aprob\u00f3 la subaste del otro bien dado en garant\u00eda, sin que el tutelante manifestara inconformidad alguna. <\/p>\n
c. El Juzgado Treinta Civil del Circuito de esta urbe se\u00f1al\u00f3, que conoci\u00f3 de la ejecuci\u00f3n que el Banco Granahorrar SA promovi\u00f3 en contra del actor; empero, el 26 de julio de 2005 decret\u00f3 su terminaci\u00f3n, y el 4 de diciembre de 2006 \u00abhizo entrega de desglose\u00bb. <\/p>\n
d. El Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de esta ciudad indic\u00f3, que conoci\u00f3 del juicio coercitivo con Rad No. 2007-00178-00, el que fue terminado por \u00abperenci\u00f3n\u00bb el 30 de octubre de 2009. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 el amparo deprecado, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues el actor, \u00aba pesar que fue debidamente notificado en el proceso g\u00e9nesis de la tutela, acudi\u00f3 al mismo s\u00f3lo hasta el mes de diciembre de 2019, y no hay evidencia de que el mismo hubiese pedido la nulidad de la actuaci\u00f3n y menos la suspensi\u00f3n de entrega del bien subastado, escenario propicio para ello\u00bb. <\/p>\n
La promovi\u00f3 el accionante, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; a m\u00e1s de agregar, que no solo se desconoci\u00f3 sobre la existencia del \u00abcartel de los remates\u00bb, sino que la tan mentada cesi\u00f3n de derechos, adoleci\u00f3 de instrumento p\u00fablico. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente caso observa la Corte, que lo pretendido concretamente por Jos\u00e9 Armando Montenegro Aguirre, es que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencia de Bogot\u00e1, declarar la \u00abNULIDAD\u00bb de todo lo actuado en el marco del proceso ejecutivo con garant\u00eda real que Carolina Mej\u00eda Mu\u00f1oz promovi\u00f3 en su contra, pues en su criterio, de manera alguna se le \u00abnotific\u00f3\u00bb la \u00abcesi\u00f3n de \u00abderechos litigiosos\u00bb que se realiz\u00f3 a favor de la ejecutante, la que tampoco se elev\u00f3 a instrumento p\u00fablico. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite y el informe de las autoridades convocadas, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta que las cuestiones planteadas por el gestor del amparo resultan ajenas al escenario de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial \u00e9ste no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues el demandante, aqu\u00ed interesado, tal y como lo precis\u00f3 el a quo constitucional, en un acto constitutivo de incuria, dej\u00f3 de formular en la oportunidad procesal correspondiente, el mecanismo id\u00f3neo para exponer la particular tem\u00e1tica, esto es, las excepciones de m\u00e9rito respecto del mandamiento de pago librado en su contra, de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, medio de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos ahora expuestos, sin que sea del caso adelantarse al pronunciamiento o partir de supuestos improbables para, ahora acudir a esta acci\u00f3n constitucional, it\u00e9rese, sin haber agotado previamente los medios procesales contemplados en la ley para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Al punto, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC1664-2020). <\/p>\n
4. Y para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido se resalta, que en el presente asunto tampoco se satisface el requisito de la prontitud, puesto que si bien el actor fue notificado mediante aviso de conformidad con el art\u00edculo 320 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, guard\u00f3 silencio; y entre el auto que dispuso seguir adelante con el cobro compulsivo, del 22 de enero de 2014, y la formulaci\u00f3n de presente demanda de tutela el 20 de octubre de 2020, transcurri\u00f3 con bastante largueza el t\u00e9rmino de seis (6) meses, el cual es estimado como razonable por esta Corporaci\u00f3n para intentar la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Sobre este aspecto, reiteradamente se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2632-2020). <\/p>\n
5. Ahora, si lo que aqu\u00ed pretende el actor es que se analice la conducta de la se\u00f1ora Carolina Mej\u00eda Mu\u00f1oz Pallares en el marco del proceso judicial en comento, debe se\u00f1alarse que, frente a aqu\u00e9lla no se dan las especiales circunstancias previstas por el art\u00edculo 42 del Decreto 2591 de 1991 para que proceda la acci\u00f3n de tutela contra particulares, raz\u00f3n por la cual ning\u00fan pronunciamiento puede proferirse al respecto2. <\/p>\n
6. Finalmente, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela atacar una diligencia de entrega, so pretexto del acaecimiento de un da\u00f1o irreparable: \u00abtampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u00bb (CSJ STC838-2020). <\/p>\n
7. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2 ART. 42. La acci\u00f3n de tutela proceder\u00e1 contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 1. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de educaci\u00f3n para proteger los derechos consagrados en los art\u00edculos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonom\u00eda. <\/p>\n
3. Cuando aqu\u00e9l contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos (domiciliarios). <\/p>\n
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organizaci\u00f3n privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situaci\u00f3n que motivo la acci\u00f3n, siempre y cuando el solicitante tenga una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n con tal organizaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace el art\u00edculo 17 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas corpus, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
7. Cuando se solicite rectificaci\u00f3n de informaciones inexactas o err\u00f3neas. En este caso se deber\u00e1 anexar la transcripci\u00f3n de la informaci\u00f3n o la copia de la publicaci\u00f3n y de la rectificaci\u00f3n solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. <\/p>\n
8. Cuando el particular act\u00fae o deba actuar en ejercicio de funciones p\u00fablicas, en cuyo caso se aplicar\u00e1 el mismo r\u00e9gimen que a las autoridades p\u00fablicas. <\/p>\n
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n respecto del particular contra el cual se interpuso la acci\u00f3n. Se presume la indefensi\u00f3n del menor que solicite la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
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