STC070-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC070-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-001-2020-00309-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de octubre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Mireya Garavito Ria\u00f1o quien act\u00faa en causa propia y en representaci\u00f3n de su menor hijo XXX, contra los Juzgados Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda y Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes tanto del asunto constitucional como del juicio coercitivo, a que alude la demanda de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La gestora de la salvaguarda en la condici\u00f3n antes anotada, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales y los de su descendiente, al debido proceso, a la administraci\u00f3n de justicia y a \u00abrecibir alimentos\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, i) con las decisiones dictadas dentro del incidente de desacato que instaur\u00f3 en contra del Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda; y, ii) con el auto pronunciado por esa autoridad el 21 de julio de 2020, en el marco del juicio ejecutivo de alimentos que ella promovi\u00f3 frente a Henry Giovanni Bar\u00f3n Hern\u00e1ndez, respectivamente. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se deje sin efecto la providencia citada en l\u00edneas anteriores, \u00abpor medio del cual, se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito elaborada de manera oficiosa y se dio por terminado el proceso\u00bb, y que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n a lo que fue dispuesto al interior de la salvaguarda que result\u00f3 favorable a sus intereses. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expuso, en s\u00edntesis, que el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, en sede de tutela, mediante fallo adiado 13 de diciembre de 2019, dispens\u00f3 la salvaguarda por ella formulada frente al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda, por lo que \u00abDECLAR[\u00d3] la nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo de alimentos No. 2010-00349, (\u2026) a partir del auto proferido el 28 de agosto de 2019, inclusive, mediante el cual se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb, adem\u00e1s de ordenarle a dicha autoridad que, previo el requerimiento previo a las partes para que presentaran la respectiva liquidaci\u00f3n adicional del cr\u00e9dito, \u00abproced[iera] conforme lo dispone el art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Comenta que a paso seguido, el Despacho convocado la requiri\u00f3 en calidad de ejecutante, as\u00ed como a su contraparte, con el fin de que allegaran la respectiva liquidaci\u00f3n adicional, carga con la que \u00fanicamente ella cumpli\u00f3; no obstante, mediante auto del 24 de febrero siguiente, se dispuso que dicha cuenta no cumpl\u00eda con las previsiones del canon 446 ejusdem, determinaci\u00f3n que fue mantenida horizontalmente por auto del 21 de julio de ese mismo a\u00f1o, aun cuando se modific\u00f3 de oficio el c\u00e1lculo de capital e intereses, resultando un \u00absaldo negativo\u00bb en su contra por valor total de $2\u2019535.439,oo, decisi\u00f3n \u00e9sta que aunque tambi\u00e9n atac\u00f3 v\u00eda reposici\u00f3n, fue confirmada. <\/p>\n
Explica que en vista de las anteriores circunstancias, inici\u00f3 en contra del titular del Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda, tr\u00e1mite incidental de desacato, con fundamento en que, a pesar de haber sido clara la orden de amparo, \u00e9ste no la hab\u00eda acatado de manera congruente; empero, el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, en auto del 18 de septiembre de 2020, refiri\u00f3 que \u00aben cuanto a la solicitud de dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo mediante el cual se aprob\u00f3 la modificaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n presentada, no es \u00f3bice del fallo de tutela proferido el 13 de diciembre de 2019, por cuanto la nulidad decretada se produjo por no dar cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 446 del C.G.P. y por ende no se puede imponer una sanci\u00f3n cuando se ha dado cumplimiento a lo ordenado, configurando un hecho superado por carencia actual del objeto\u00bb, circunstancias \u00e9stas por las cuales acude a la presente acci\u00f3n residual, pues no cuenta, dice, con otra v\u00eda judicial. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) El titular del Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda deprecada, luego de aducir que, \u00abmodific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la actora con base en lo reglado en el art\u00edculo 446 del C.G.P., argumentos que fueron atendidos dentro del incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
b.) Por su parte, la Jueza Primera de Familia de Zipaquir\u00e1 expres\u00f3, que \u00abmediante prove\u00eddo del 18 de septiembre del presente a\u00f1o, resolvi\u00f3 negativamente el incidente de desacato, por cuanto del estudio del proceso ejecutivo de alimentos No. 2010-349 promovido por Luz Mireya Garavito Ria\u00f1o contra Henry Giovanni Bar\u00f3n, se determin\u00f3 el cumplimiento del fallo de tutela\u00bb; y que lo cierto es que las circunstancias de las que se queja la aqu\u00ed interesada son \u00abhechos nuevos\u00bb que no pueden ser atendidos por la senda incidental de desacato. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que luego de revisar las actuaciones censuradas, no existe raz\u00f3n alguna que permita aseverar que \u00abse configur\u00f3 un defecto que de paso a la tutela, pues en primer lugar, en lo que refiere al cumplimiento de la decisi\u00f3n [constitucional], es claro que la misma se contrajo, en lo que resulta motivo de inconformidad de la quejosa, en anular la decisi\u00f3n de dar por terminado el proceso y disponer que se requiriera a las partes para que presentaran la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues se advirti\u00f3 necesario para poder aprobar la misma y, de ser el caso, dar por terminado el proceso. <\/p>\n
3.1. En efecto, tal como lo relata el Juzgado 1\u00b0 de Familia en la decisi\u00f3n atacada, fue ello lo que aconteci\u00f3 en el caso, profiri\u00f3 el juez municipal el auto requiriendo a las partes para que presentaran la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y como s\u00f3lo la ejecutante la present\u00f3, pero con m\u00faltiples falencias que le fueron advertidas en decisi\u00f3n que aquella no recurri\u00f3 oportunamente, procedi\u00f3 entonces, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el numeral 3 del art\u00edculo 446 a modificar la liquidaci\u00f3n presentada para adecuarla a lo que el caso demandaba, incluyendo los aspectos dejados de considerar en la liquidaci\u00f3n presentada por la ejecutada, tomando como punto de partida la \u00faltima liquidaci\u00f3n aprobada y aplicando los abonos, a intereses y capital seg\u00fan el mandato legal. <\/p>\n
Como la operaci\u00f3n realizada le condujo a concluir que los descuentos que por a\u00f1os se hicieron al obligado mensualmente y que se pagaron a la madre de la menor, cubrieron con suficiencia no s\u00f3lo las cuotas en dinero y especie debidas al iniciar la ejecuci\u00f3n, sino tambi\u00e9n las que en el curso del proceso se causaron hasta julio del 2020; que hab\u00eda un cobro excesivo y resultaba una suma en favor del obligado, aun despu\u00e9s de disponer que se pagaran los t\u00edtulos a\u00fan pendientes de cobro en el juzgado, viable se advert\u00eda el terminar el proceso y levantar las medidas cautelares y dem\u00e1s medidas consecuenciales. <\/p>\n
Por lo que, as\u00ed las cosas, no encuentra el Tribunal desatino en la decisi\u00f3n censurada del Juez Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, pues su orden se contra\u00eda a realizar un requerimiento a las partes para que presentaran la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en ejecuci\u00f3n y ello se cumpli\u00f3, las inconformidades de la ac\u00e1 accionante con los resultados del tr\u00e1mite que se deriv\u00f3 de ese requerimiento a las partes, se sale de la \u00f3rbita de competencia del Juez de Tutela y no puede dar paso al desacato. 3.2. <\/p>\n
Tambi\u00e9n puso de presente, en lo que respecta con la actuaci\u00f3n del juez municipal atacado, que \u00abde modificar la liquidaci\u00f3n que present\u00f3 la ejecutante con la elaboraci\u00f3n oficiosa de una liquidaci\u00f3n que cubri\u00f3 los distintos rubros de la obligaci\u00f3n alimentaria que se cobraba y que se caus\u00f3 en curso de los a\u00f1os en que perdur\u00f3 la ejecuci\u00f3n. Aspecto en el que, si se advierte un error del proceder del Juzgado Municipal, pues en lugar de s\u00f3lo pagar la cuota alimentaria que se fuese causando mes a mes a la madre del menor y conservar el dinero restante del puesto a disposici\u00f3n mensualmente por el pagador del ejecutado, para con \u00e9l cubrir las cuotas adeudadas al demandarse la ejecuci\u00f3n, decidi\u00f3 pagar los t\u00edtulos judiciales como ven\u00edan llegando, como si se tratase del cubrimiento de la cuota mensual alimentaria de un proceso de conocimiento y no de un proceso de ejecuci\u00f3n, lo que termin\u00f3 confundiendo y desfavoreciendo a la madre, pues al parecer ahora no entiende porque cuando se hace el balance final de los dineros descontados y pagados se llega a la conclusi\u00f3n de que el cubrimiento super\u00f3 lo debido y causado en los casi 9 a\u00f1os que lleva la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo acot\u00f3, que \u00abla liquidaci\u00f3n que hace el juzgado no se advierte arbitraria ni desconocedora de la orden de pago y su adici\u00f3n, no es cierto o que afirma la accionante de que aquella no toma en cuenta las cuotas alimentarias causadas en curso del proceso, pues en la labor del juzgado se aprecia con claridad, que se toma mes a mes las cuotas alimentarias causadas, tanto en dinero como el equivalente monetario a los pactos en especie que hac\u00edan parte de la regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Pero, no obstante, y dado \u00abel temor fundado de la madre por el futuro de la regulaci\u00f3n alimentaria, pues cesar\u00e1 el pago mensual de la cuota al levantarse la cautela, es una consecuencia de la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo alimentario, que se repite, por su mal manejo en el tiempo y el pago de la cuota de alimentos mensual genera la incertidumbre en que queda la accionante, que ve que la cautela que por a\u00f1os hizo efectivo el pago de la obligaci\u00f3n y proteg\u00eda los intereses del menor, dejar\u00e1 de tener vigencia, lo que no es sino consecuencia de la regulaci\u00f3n legal. Por ello el Tribunal, en garant\u00eda del inter\u00e9s superior del menor, XXX, no obstante, no acceder al amparo, ordenar\u00e1 al Juez Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda que, de forma oficiosa, como lo faculta el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, cite a los padres del menor alimentario, dentro de los 10 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n para que provoque una conciliaci\u00f3n que revise la obligaci\u00f3n alimentaria actualmente vigente y tome las garant\u00edas necesarias para su cumplimiento futuro\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante replic\u00f3 el anterior fallo, con argumentos similares a los planteados en el escrito tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente asunto se observa que la censura de la se\u00f1ora Luz Mireya est\u00e1 encaminada, en \u00faltimas, contra el prove\u00eddo proferido el 18 de septiembre de 2020 por el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, situaci\u00f3n por la que, dicho sea de paso, esta Corte es competente para resolver de la presente impugnaci\u00f3n, mediante el cual se dispuso no sancionar por desacato al Juez Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda, luego de concluirse al efecto, que \u00aben cuanto a la solicitud de dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo mediante el cual se aprob\u00f3 la modificaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n presentada, no es \u00f3bice del fallo de tutela proferido el 13 de diciembre de 2019, por cuanto la nulidad decretada se produjo por no dar cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 446 del C.G.P. y por ende no se puede imponer una sanci\u00f3n cuando se ha dado cumplimiento a lo ordenado, configurando un hecho superado por carencia actual del objeto\u00bb, dentro del incidente que aqu\u00e9lla promovi\u00f3 dentro de la acci\u00f3n de tutela que la favoreci\u00f3 frente a dicha autoridad municipal, por la terminaci\u00f3n que se orden\u00f3 en el marco del juicio ejecutivo de alimentos que aqu\u00e9lla adelant\u00f3 frente a Henry Giovanni Bar\u00f3n. <\/p>\n
4. De este modo, se advierte sin asomo de duda que la protecci\u00f3n aqu\u00ed reclamada debe desestimarse, por cuanto como precedentemente se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar una decisi\u00f3n emitida dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, para en su lugar, acoger la postura que considera pertinente la gestora del amparo, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, entonces, desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues, por dem\u00e1s, no se evidencia la ocurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el punto 4.6.3.2. \u00absi se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
La Sala al examinar el tema, en punto a las diligencias que se surten a prop\u00f3sito del incidente que se origina por el incumplimiento del fallo de tutela, ha considerado improcedente una nueva revisi\u00f3n de la misma naturaleza constitucional, merced a que en torno al desacato, conforme se anot\u00f3, s\u00f3lo se previ\u00f3, respecto del auto que lo encuentra procedente y, por tanto, impone o fija sanciones, el grado de consulta. <\/p>\n
Sobre el particular, corresponde recordar que \u00abel incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo. <\/p>\n
\u00abPor consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvese que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)\u00bb (CSJ STC3677-2020). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC070-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC070-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-001-2020-00309-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53023","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53023","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53023"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53023\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53023"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53023"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53023"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}