STC071-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC071-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-00777-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la sentencia del 25 de junio de 2020, proferida por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Alexander Carre\u00f1o Gamboa contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes dentro del proceso radicado No. 110013105-032-2011-00159-01. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2.1. El accionante present\u00f3 demanda laboral en contra de la sociedad Drummond Ltda., con el fin de que se declarara que su despido fue injusto y, en consecuencia, se dispusiera su reintegro1. <\/p>\n
2.2. A trav\u00e9s de providencia del 26 de julio de 2013, el Juzgado 15 Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Bogot\u00e1 absolvi\u00f3 a la demandada. <\/p>\n
2.3. El apoderado del aqu\u00ed gestor interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la anterior decisi\u00f3n2. La alzada fue resuelta por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, la cual, mediante sentencia del 22 de febrero de 2014, revoc\u00f3 el prove\u00eddo del a quo y declar\u00f3 la ineficacia del despedido, disponiendo de tal forma su reintegro y el pago de los salarios dejados de recibir. <\/p>\n
2.4. Las partes interpusieron recursos extraordinarios de Casaci\u00f3n, que fueron resueltos el 18 de febrero de 2020 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En esta providencia, la Corte accedi\u00f3 a los planteamientos de la empresa Drummond y cas\u00f3 la decisi\u00f3n. En tal sentido, confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia3. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 \u00abPRIMERO. CONC\u00c9DASE LA TUTELA de los Derechos Fundamentales Al Debido Proceso y al Acceso Efectivo a la Administraci\u00f3n de Justicia, al Accionante ALEXANDER CARRE\u00d1O GAMBOA vulnerados por LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA integrada por los Magistrados ANA MAR\u00cdA MU\u00d1OZ SEGURA, OMAR DE JES\u00daS RESTREPO OCHOA y GIOVANNY FRANCISCO RODR\u00cdGUEZ JIM\u00c9NEZ con la expedici\u00f3n del Fallo del Recurso de Casaci\u00f3n a que nos venimos refiriendo de fecha. SEGUNDO. – En consecuencia, para efectos de hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos vulnerados, DECLARASE la Nulidad del Fallo del Recurso de Casaci\u00f3n de fecha 18 de febrero de 2020 proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados mencionados en el numeral anterior en el proceso Ordinario Laboral de ALEXANDER CARRE\u00d1O GAMBOA contra DRUMMOND LTD con Rad. No. 68.670 y restabl\u00e9zcase el proceso al estado en que se encontraba antes de esa fecha, es decir, dejando en firme la sentencia del Ad Quem (Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1) de fecha 22 de febrero de 2014, con todos sus efectos. TERCERO. Conforme a los efectos judiciales y administrativos que genera esta decisi\u00f3n con el restablecimiento del proceso al estado anterior al Fallo de fecha 18 de febrero de 2020, ORDENASE a la SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA integrada por los Magistrados ANA MAR\u00cdA MU\u00d1OZ SEGURA, OMAR DE JES\u00daS RESTREPO OCHOA y GIOVANNY FRANCISCO RODR\u00cdGUEZ JIM\u00c9NEZ, para efectos de ejecuci\u00f3n de esta Tutela, que en el t\u00e9rmino de 48 horas subsiguientes al fallo tutelar se oficie a todas las entidades judiciales y administrativas pertinentes con respecto a la Revocatoria de la decisi\u00f3n adoptada en el fallo del recurso de casaci\u00f3n y dejar en firme la Sentencia de Segunda Instancia que hab\u00eda sido casada. Todo ello, para lo de sus cargos\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El representante legal de la empresa Drummond Ltda. se opuso a las peticiones elevadas por Alexander Carre\u00f1o Gamboa y solicit\u00f3 que se negara el amparo, por cuanto la tutelada, al proferir su decisi\u00f3n, no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que \u00abResulta completamente improcedente solicitar el desconocimiento del fallo, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que no se present\u00f3 vicio (\u2026) relacionado con un defecto org\u00e1nico procedimental o f\u00e1ctico, pero sobre todo, porque la Corte Suprema de Justicia, cas\u00f3 la sentencia condenatoria expedida por la Sala de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, motivando su decisi\u00f3n en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que demostraba el absoluto cumplimiento por parte de mi representada, no s\u00f3lo de la convenci\u00f3n colectiva vigente al momento del despido, sino con todas las ritualidades exigidas legal y jurisprudencialmente para despedir a una persona que ha participado de forma activa en un paro declarado ilegal; adem\u00e1s de encontrarse fundada en copiosa jurisprudencia de esa misma corporaci\u00f3n, respecto de la necesidad de acudir o no al Ministerio del Trabajo para que \u00e9ste califique los participantes activos de un paro declarado ilegal\u00bb4. <\/p>\n
2. No se observa en el expediente respuesta de los dem\u00e1s intervinientes. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, debido a que consider\u00f3 que la providencia cuestionada resulta razonable y ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en el fallo que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n, la Sala Laboral \u00abevidenci\u00f3 que el ad quem (sic) en un defecto in judicando al no valorar los elementos de juicio que pon\u00edan de presente la participaci\u00f3n activa del demandante en el cese de actividades que fue declarado ilegal, aspecto determinante para resolver su despido\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, advirti\u00f3 que la autoridad judicial accionada \u00abhizo un estudio de las pruebas testimoniales y documentales obrantes en la actuaci\u00f3n, para determinar que el demandante s\u00ed particip\u00f3 de forma activa en el paro auspiciado por el sindicato de la entidad demandada, por tanto, la terminaci\u00f3n del contrato, una vez declarada la ilegalidad del cese era procedente, conforme a lo dispuesto por el art\u00edculo 450 numeral 2 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien, prima facie, reiter\u00f3 todos los argumentos que sostuvo en el escrito inicial de la tutela. Posteriormente, manifest\u00f3 que \u00abel fallador constitucional A-quo incurri\u00f3 en yerros palmarios, notorios ostensibles y evidentes de hecho y de derecho como consecuencia de la indebida apreciaci\u00f3n de unas pruebas y de la no apreciaci\u00f3n de otras. Lo anterior aparej\u00f3 como consecuencia la expedici\u00f3n de una sentencia ostensiblemente inconstitucional y por dem\u00e1s ilegal que no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad en el mundo del Derecho objetivo y deber\u00e1 ser revocada\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abIgualmente se equivoca el fallador constitucional cuando expresa que la Sala Hom\u00f3loga evidenci\u00f3 que el Ad-quem incurri\u00f3 en un defecto in judicando al no valorar las pruebas que pon\u00edan de presente la participaci\u00f3n activa del suscrito en el cese declarado ilegal. Igualmente yerra cuando afirma que la Sala Hom\u00f3loga realiz\u00f3 un estudio de las pruebas documentales y testimoniales con lo que se determin\u00f3 que hab\u00eda participado de manera activa en el paro y que por tanto la terminaci\u00f3n de mi contrato de trabajo era procedente una vez declarada la ilegalidad del cese de actividades\u00bb. Para sustentar lo afirmado, dijo que los jueces basaron su decisi\u00f3n en testimonios de personas que no estuvieron presentes, sino que fueron de \u201co\u00eddas\u201d; adem\u00e1s, cuestion\u00f3 el hecho de que no existiera ninguna otra prueba que evidenciara que, en efecto, particip\u00f3 de forma activa en el cese de actividades. <\/p>\n
Sostuvo que su fin no era cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de los falladores, sino evidenciar que algunas pruebas no fueron valoradas, en particular las incapacidades m\u00e9dicas y la convenci\u00f3n colectiva, las cuales, en su opini\u00f3n, demostraban que fue despedido estando incapacitado y con violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 6 de la convenci\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, expres\u00f3 que los magistrados que resolvieron el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la primera instancia constitucional no se pronunciaron frente a la petici\u00f3n que el accionante hizo al enjuiciado en cuanto a cambiar el sitio de la diligencia de descargos, por el peligro que representaba para el se\u00f1or Carre\u00f1o Gamboa desplazarse al departamento del C\u00e9sar, donde hab\u00eda sido amenazado de muerte. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que, con posterioridad a la interposici\u00f3n del amparo, ocurrieron dos hechos relevantes; el primero, que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral resolvi\u00f3 a favor de un compa\u00f1ero suyo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, quien demand\u00f3 a la empresa Drummond Ltda. con base en argumentos y hechos casi id\u00e9nticos a los suyos y, el segundo, que present\u00f3 una demanda ante los entes internacionales, por considerar que en Colombia no se le dieron las garant\u00edas, para la salvaguarda de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Por otro lado, a trav\u00e9s del documento titulado \u201cAlegatos Impugnaci\u00f3n Carre\u00f1o\u201d5, en el que adem\u00e1s de reiterar los argumentos presentados inicialmente con la impugnaci\u00f3n, el accionante incorpor\u00f3 una providencia expedida por el Tribunal Administrativo del C\u00e9sar, que dej\u00f3 en firme la Resoluci\u00f3n No. 0003231 del 19 de septiembre de 2011, a trav\u00e9s de la cual se le orden\u00f3 a la Drummond que \u00abse abstenga de despedir a trabajadores que considere hayan participado de mansera activa en la suspensi\u00f3n de labores durante los d\u00edas comprendidos entre el 23 al 27 de marzo del 2009 declarada ilegal, hasta tanto se haya surtido el procedimiento previsto en el art 6 de la Convenci\u00f3n Colectiva\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el actor pretende que se declare la nulidad del fallo del 18 de febrero de 2020, proferido por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso ordinario laboral contra la empresa Drummond Ltda., a fin de que se deje en firme la sentencia del 22 de febrero de 2014, expedida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n cuestionada habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3. En efecto, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, al resolver el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia expres\u00f3 los motivos por los cuales arribaba a tal determinaci\u00f3n. Para ello, realiz\u00f3 una revisi\u00f3n del acervo probatorio en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el cese de actividades y el posterior despido del trabajador, en sinton\u00eda con la jurisprudencia y las normas aplicables al caso. <\/p>\n
4. En primer lugar, en relaci\u00f3n con la calificaci\u00f3n de la participaci\u00f3n del actor en el cese de actividades como \u201cactiva\u201d, la accionado tuvo en cuenta las siguientes pruebas: i) el informe que rindi\u00f3 el se\u00f1or Ren\u00e9 Alejandro Ram\u00edrez, funcionario de la Mina Pribbenow, ii) el informe del se\u00f1or Gustavo Orozco Fern\u00e1ndez, empleado de la Drummond y el iii) acta suscrita por la Inspecci\u00f3n del Trabajo de Chiriguan\u00e1, las cuales estim\u00f3 fueron claras y consecuentes en evidenciar que el se\u00f1or Carrero Gamboa fungi\u00f3 como uno de los l\u00edderes en esta actividad. <\/p>\n
Asimismo, la autoridad judicial demandada observ\u00f3 que, en la Resoluci\u00f3n 052 del 9 de febrero de 2011 del otrora Ministerio de Protecci\u00f3n Social, el ac\u00e1 accionante no fue enlistado dentro de los empleados cuya participaci\u00f3n fue considerada como pasiva en el cese de actividades. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, el empleador del se\u00f1or Carre\u00f1o Gamboa dio curso a lo dispuesto por el art\u00edculo 450 (numeral segundo) del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo, determinaci\u00f3n que el \u00f3rgano de cierre consider\u00f3 adecuada, por encontrarse en consonancia con la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como, por ejemplo, las sentencias CSJ SL9090-2015, SL7207-2015, SL10503-2014, 38272-2013, seg\u00fan las cuales se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(i) una vez declarada judicialmente la ilegalidad del cese de actividades, el empleador tiene la libertad de despedir a los trabajadores que participaron activamente en el paro. Ello supone, al menos, un convencimiento sumario acerca de los hechos constitutivos de esta \u2018participaci\u00f3n activa\u2019, mas no la obligaci\u00f3n de realizar un procedimiento administrativo previo ante la autoridad del trabajo; y (ii) la intervenci\u00f3n del Ministerio de Trabajo, otrora de protecci\u00f3n Social, tiene como objeto evitar que el empleador despida a aquellos trabajadores que hicieron \u2018cesaci\u00f3n pac\u00edfica del trabajo\u2019 [\u2026], pero sin que ello haga inane la facultad que el art\u00edculo 450 numeral 2 del CST le confiere al empleador. <\/p>\n
Desde la \u00f3ptica anterior, es claro que el tribunal incurri\u00f3 en el yerro hermen\u00e9utico endilgado por la recurrente, habida consideraci\u00f3n de que la interpretaci\u00f3n que le imprimi\u00f3 al art\u00edculo 450 numeral 2 del CST no se ajust\u00f3 a la l\u00ednea jurisprudencial trazada por la corte como \u00f3rgano de cierre; espec\u00edficamente, porque dedujo que era obligatorio para la Drummond Ltd., surtir un procedimiento previo ante el Ministerio de Protecci\u00f3n Social para determinar el grado de participaci\u00f3n del demandante en el cese de actividades, y como no lo verific\u00f3 concluy\u00f3, erradamente, que el despido era ineficaz. <\/p>\n
Ahora, desde la \u00f3rbita f\u00e1ctica, el tribunal incurri\u00f3 en un defecto in iudicando consistente en que omiti\u00f3 hacer una valoraci\u00f3n de los elementos de juicio que destac\u00f3, alusiva a la presunta \u2018participaci\u00f3n activa\u2019 del demandante en el cese de actividades. En efecto, el juez colegiado indic\u00f3 lo que expresaron los testigos presentados por ambas partes, que por obvias razones contrastaron en la versi\u00f3n de los hechos, as\u00ed como lo plasmado en el interrogatorio vertido por el representante legal de la demandada, y las providencias que declararon la ilegalidad del paro; pero la colegiatura no realiz\u00f3 ning\u00fan juicio al respecto, no hizo inferencia alguna en torno a concluir, en el marco de los principios de libre formaci\u00f3n de convencimiento (art. 61 CPTSS) y de la sana cr\u00edtica, si el demandante fue uno de los protagonistas de la huelga; o sea que dej\u00f3 inconcluso el deber medular de la judicatura en la valoraci\u00f3n probatoria porque centr\u00f3 su atenci\u00f3n en otra problem\u00e1tica formal dirigida a examinar si la Drummond hab\u00eda acudido al procedimiento previo ante el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, se concluye que la determinaci\u00f3n a la que se lleg\u00f3 en sede del recurso extraordinario de casaci\u00f3n estuvo debidamente razonada, pues cont\u00f3 con sustento jur\u00eddico y respaldo probatorio, que le permitieron, con fundamento en la sana cr\u00edtica, revocar la decisi\u00f3n del juez ad quem ordinario. <\/p>\n
5. En relaci\u00f3n con el argumento del accionante seg\u00fan el cual la demandada, al momento de estudiar el despido del se\u00f1or Carre\u00f1o Gamboa, no tuvo en cuenta la violaci\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva por parte de la Drummond, debe traerse a colaci\u00f3n el siguiente aparte del fallo proferido por el juzgador atacado: <\/p>\n
\u00abTras examinar la documentaci\u00f3n relacionada con el procedimiento convencional, la sala llega a la convicci\u00f3n de que la empresa Drummond no lo pretermiti\u00f3, ya que intent\u00f3 en seis (6) oportunidades entre el 28 de febrero y el 12 de abril de 2010 obtener la comparecencia del trabajador a rendir descargos por su participaci\u00f3n activa en el cese de actividades que hab\u00eda sido declarado ilegal, en compa\u00f1\u00eda de dos representantes del sindicato, y todas fueron fallidas porque los notificadores de la compa\u00f1\u00eda y las empresas de correo dejaban constancia de que en el domicilio registrado por el actor no respond\u00edan o sal\u00eda alguien y dec\u00eda que all\u00ed no resid\u00eda. Incluso, para brindarle las garant\u00edas debidas se reprogram\u00f3 la diligencia y se notific\u00f3 personalmente al sindicato con miras de que, por su intermedio, fuera notificado, pero tampoco se hizo presente (f. 21, 57, 63, 66, 70, 75, 86, 115, 124, 126, 164, 253, 331, 356); sin embargo, el 18 de febrero de 2010 el actor remiti\u00f3 correo electr\u00f3nico a la empresa (f. 451) informando que estaba a la espera de que el Ministerio de Interior le brindara protecci\u00f3n, oportunidad que aprovech\u00f3 la compa\u00f1\u00eda para citarlo nuevamente a descargos y le puso de presente que de no acudir tendr\u00eda las consecuencias previstas en el numeral 2 del art\u00edculo 6 de la CCT: si el trabajador no se presenta a rendir los descargos sin excusa en la fecha en la cual fue citado, se entender\u00e1 que da por aceptada su responsabilidad, y en consecuencia la empresa podr\u00e1 proceder a tomar la decisi\u00f3n que sea del caso\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior se evidencia que el accionado trat\u00f3 bajo todos los medios de garantizar el debido proceso y el derecho de contradicci\u00f3n del actor, toda vez que, en diversas oportunidades, lo cit\u00f3 a rendir descargos, pero no corri\u00f3 con suerte, dado que no logr\u00f3 notificarlo, debido a las situaciones descritas. Adicionalmente, cuando entabl\u00f3 comunicaci\u00f3n con \u00e9l le inform\u00f3 que, seg\u00fan lo dispuesto en la convenci\u00f3n colectiva, si no asist\u00eda a la diligencia o no presentaba excusa por su inasistencia, proceder\u00eda a tomar las decisiones del caso, como en efecto ocurri\u00f3, pues dio aplicaci\u00f3n a lo previsto por el art\u00edculo 450 (numeral 2) del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
6. Por otro lado, frente a la copia de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar, allegada por el impugnante, en la que, a t\u00edtulo de restablecimiento del derecho, se reconoci\u00f3 en un proceso la firmeza de la Resoluci\u00f3n No. 0003231 del 19 de septiembre de 2011, que ordenaba a la Drummond abstenerse \u00abde despedir a trabajadores que considere hayan participado de manera activa en la suspensi\u00f3n de labores durante los d\u00edas comprendidos entre el 23 al 27 de marzo del 2009 declarada ilegal, hasta tanto se haya surtido el procedimiento previsto en el art 6 de la Convenci\u00f3n Colectiva\u00bb6, es imperioso manifestar que la misma tiene efectos inter partes y que la tutela, como se indic\u00f3, no es un mecanismo para reabrir el debate jur\u00eddico agotado en las sedes de instancia, por tanto, el juez constitucional no debe emitir un nuevo pronunciamiento de fondo sobre un asunto clausurado. <\/p>\n
En todo caso, en el sub examine se analiz\u00f3 el asunto y se concluy\u00f3 que al se\u00f1or Alexander Carre\u00f1o Gamboa se le garantiz\u00f3 el procedimiento respectivo. <\/p>\n
En opini\u00f3n de la Sala, las razones con las que el accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento subjetivo frente a los argumentos que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En este aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
De otra parte, se resalta que la tutela no es una instancia para reabrir el debate probatorio. Cabe destacar que, en punto de la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, la Sala ha acotado, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, CSJ STC6666-2019, May. 28 de 2019, rad. 2019-00592-01, que: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u00bb. <\/p>\n
8. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-29, archivo \u201cDemandaJuezLaboral.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-12, archivo \u201cSentencia1eraInstancia.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-44 archivo \u201cSentenciaCasacion1.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-12, archivo \u201cOposiciontutelaAlexanderCarre\u00f1oVsCSJ.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folio 1-13, archivo \u201cResoluci\u00f3n 3231.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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STC071-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC071-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-00777-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la sentencia del 25 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53024","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53024","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53024"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53024\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53024"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53024"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53024"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}