STC072-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC072-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2020-00222-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de julio de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan de Dios Sandoval Ortega contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, y, Cuarto de Peque\u00f1as Causas y de Competencia M\u00faltiple de Floridablanca -Santander, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la parte activa y dem\u00e1s intervinientes del juicio compulsivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la informaci\u00f3n, al debido proceso, a la defensa, a la vivienda digna, a la \u00abpropiedad privada\u00bb y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las providencias proferidas el 1\u00b0 de abril y 28 de mayo de 2019, y, 3 de abril de 2020, en el marco del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que en su contra promovi\u00f3 el Banco AV Villas S.A., con radicado No. 2003-00614-00, donde funge como actual cesionario el se\u00f1or Alexander Saavedra N\u00fa\u00f1ez. <\/p>\n
Del escrito de tutela se colige, que lo que pretende el actor para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales, es que se deje sin valor ni efecto las citadas decisiones, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Cuarto de Peque\u00f1as Causas y de Competencia M\u00faltiple de Floridablanca, reliquidar la obligaci\u00f3n perseguida en la aludida actuaci\u00f3n, de acuerdo con la Ley 546 de 1999, sus decretos reglamentarios, la jurisprudencia constitucional, y, las circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia1. <\/p>\n
Finalmente refiere, que el primero de los citados recursos fue despachado negativamente el 28 de mayo siguiente, ya que la juez del conocimiento mantuvo indemne su postura, mientras que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, al desatar la alzada el 3 de abril del a\u00f1o pasado, confirm\u00f3 lo resuelto, raz\u00f3n por la que estima que dichas instancias judiciales incurrieron en causal de procedencia del amparo por los defectos sustantivo, f\u00e1ctico y desconocimiento del precedente, los cuales deben ser corregidos a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El representante legal para asuntos judiciales y extrajudiciales del Banco AV Villas S.A., solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de dicha entidad del presente tr\u00e1mite, toda vez que desde hace aproximadamente trece (13) a\u00f1os cedi\u00f3 los derechos litigiosos a la sociedad Reestructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia Ltda., por lo que no le asiste inter\u00e9s alguno en la suerte del proceso criticado3. <\/p>\n
b. La Juez Cuarta de Peque\u00f1as Causas y de Competencia M\u00faltiple de Floridablanca, luego de hacer un recuento de las \u00faltimas actuaciones que se han surtido en la ejecuci\u00f3n cuestionada, pidi\u00f3 denegar el resguardo implorado, con sustento en que lo pretendido por el accionante es \u00abnuevamente traer a colaci\u00f3n el tema de la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, esta vez buscando que se efectu\u00e9 en la etapa de liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, pretensi\u00f3n que si bien fue alegada en la contestaci\u00f3n de la demanda y recurso de reposici\u00f3n frente al mandamiento, no fue tenida en cuenta por haber sido presentada extempor\u00e1neamente, tal como lo dispuso el auto del 29 de mayo de 2007\u00bb, sumado a que \u00abla providencia que ordeno seguir adelante con la ejecuci\u00f3n el 4 de marzo de 2009 no fue recurrida y por ende se encuentra debidamente ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el tutelante, adem\u00e1s de interponer m\u00faltiples solicitudes, incidentes de nulidad y recursos tendientes a que se acceda a su petici\u00f3n, ya ha interpuesto dos acciones de tutela con el mismo objeto, las cuales han sido declaradas improcedentes, por lo que resulta evidente que \u00e9ste pretende revivir t\u00e9rminos y oportunidades procesales fenecidas4. <\/p>\n
c. El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga inst\u00f3 declarar improcedente el amparo rogado, tras se\u00f1alar que \u00abestudi\u00f3 en debida forma el recurso de apelaci\u00f3n en conocimiento, aplicando el respectivo precedente jurisprudencial y adem\u00e1s, adelant\u00f3 de conformidad el tr\u00e1mite procesal correspondiente, sin que se observe que haya vulnerado los derechos fundamentales del accionante\u00bb5. <\/p>\n
d. El interviniente vinculado, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia, luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas con ocasi\u00f3n del juicio compulsivo criticado, desestim\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras considerar que \u00abno refulge evidente la vulneraci\u00f3n alegada, pues contrario a lo manifestado por el actor, los argumentos expuestos por los estrados querellados se encuentran debidamente sustentados en que la deprecativa del tutelante, tendiente a que se le apliquen las normas consagradas en la Ley 546 de 1999 ya han sido despachadas anteriormente\u00bb, pues, \u00absi bien el se\u00f1or JUAN DE DIOS aleg\u00f3 la necesidad de la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y, consecuencialmente lo dispuesto en la precitada Ley, lo hizo de manera extempor\u00e1nea y, adem\u00e1s, ning\u00fan recurso interpuso en contra del auto que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, por lo que es claro que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito debe estar en consonancia con la orden contenida en esta providencia, como en efecto se hizo\u00bb6. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, tras insistir en los argumentos que esgrimi\u00f3 como sustento de la queja constitucional, a m\u00e1s de manifestar que \u00ab[en] ning\u00fan momento\u00bb aleg\u00f3 contra la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito la falta de reestructuraci\u00f3n, por lo que ello tampoco es tema de discusi\u00f3n en este escenario constitucional7. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar, que en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el caso que es objeto de estudio, el se\u00f1or Juan de Dios Sandoval Ortega se duele concretamente de los prove\u00eddos proferidos el 1\u00b0 de abril y 28 de mayo de 2019, y, 3 de abril de 2020, por medio de los cuales los Juzgados Cuarto de Peque\u00f1as Causas y de Competencia M\u00faltiple de Floridablanca, y Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga resolvieron, en su orden, declarar infundada la objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la parte demandada, y en consecuencia, acoger como definitiva la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito elaborada por el despacho; no reponer la anterior decisi\u00f3n; y, ratificar lo resuelto, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo con garant\u00eda real que en su contra promovi\u00f3 el Banco AV Villas S.A., pues en su sentir, la obligaci\u00f3n perseguida debe ser liquidada con la tasa de inter\u00e9s que rige para cr\u00e9ditos de vivienda de inter\u00e9s social, esto es, la establecida en la Ley 546 de 1999, en armon\u00eda con sus decretos reglamentarios, la jurisprudencia constitucional y las circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia, m\u00e1s no con la que se utiliza para los prestamos convencionales. <\/p>\n
3. Sin embargo, se advierte con vista en los medios de convicci\u00f3n obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por el accionante no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues lo decidido por las citadas instancias judiciales no se observa arbitrario ni caprichoso, dado que la liquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n adeudada se hizo conforme con lo previsto en el mandamiento pago proferido el 26 de agosto de 2003, modificado por el auto que ordeno seguir adelante el cobro, de fecha 4 de marzo de 2009, mediante el cual se dispuso que al momento de la respectiva cuantificaci\u00f3n deb\u00eda tenerse en cuenta la tasa del 16.5% anual para liquidar intereses moratorios, de ah\u00ed que, no pueda cuestionarse su legalidad y validez, m\u00e1xime cuando tales decisiones no fueron debatidas por el actor a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios dispuestos con ese fin por la ley adjetiva civil. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no cabe duda acerca de la improcedencia de lo reclamado, toda vez que \u00abno existe duda, que no fue por flagrante desconocimiento de la ley sustancial ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el encausado tom\u00f3 su determinaci\u00f3n, pues los motivos que adujo en su providencia constituye una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias y, por tanto, se itera, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del tutelante. Por ello, [\u00e9ste] no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad querellada y atacar, por esta v\u00eda, la resoluci\u00f3n que considera la desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios\u00bb (CSJ STC082-2020). <\/p>\n
4. Ahora, aunque el actor se\u00f1al\u00f3 con el escrito contentivo del recurso de impugnaci\u00f3n que en ning\u00fan momento aleg\u00f3 la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, lo cierto es que indirectamente lo insin\u00faa, al decir que tal operaci\u00f3n aritm\u00e9tica debe ser realizada en los t\u00e9rminos de la citada disposici\u00f3n, a la luz de la jurisprudencia constitucional, entre otros, lo que, sin duda alguna, lleva igualmente a la Sala a declarar improcedente el resguardo suplicado, comoquiera que esa puntual tem\u00e1tica ya fue objeto de revisi\u00f3n constitucional en la providencia de fecha 1\u00b0 de abril de 2019 (STC4078-2019), proferida por esta Corte, en la que se confirm\u00f3 la negativa de amparo tras considerarse que, \u00abdel escrutinio del dossier no emerge ning\u00fan desatino constitutivo de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb ni, por tanto, transgresor de los atributos b\u00e1sicos del promotor; pues el estrado de Circuito descart\u00f3 la \u00abinvalidez\u00bb con apego en las directrices legales y \u00abjurisprudenciales\u00bb pertinentes para dilucidar el punto, es decir, provey\u00f3 de esa manera teniendo como foco las pautas que gobernaban el sub examine, lo que hace que su pronunciamiento est\u00e9 desprovisto de arbitrariedad o subjetividad\u00bb, dado que \u00abuna de las razones que condujo a la Agencia recriminada a obrar de la manera advertida es que aparece acreditada la \u00abexistencia de un embargo de remanentes en contra del ejecutado en otro proceso\u00bb de la misma naturaleza\u00bb, por lo que \u00abla \u00abrestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb deven\u00eda superflua y, en consecuencia, resultaba improcedente retrotraer el diligenciamiento siendo que el sustento de la \u00abinvalidez\u00bb carec\u00eda de trascendencia en el sub-lite\u00bb. <\/p>\n
Ahora, al ser remitido el expediente al Alto Tribunal Constitucional, \u00e9ste fue excluido de revisi\u00f3n mediante prove\u00eddo del 30 de septiembre de 20198, por lo que dicha determinaci\u00f3n de tutela hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional (Art. 243, Num. 1\u00ba C.P.), y por ende, es oponible a quienes intervinieron en aquel asunto constitucional, por lo que cerrada qued\u00f3 toda posibilidad de reabrir nuevamente el debate sobre las actuaciones aqu\u00ed demandadas, en lo que a la tem\u00e1tica puntual refiere, criterio igualmente sostenido por esta Colegiatura, citando a la Corte Constitucional, al precisar que, \u00ab[u]na vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u201cno hay lugar para reabrir el debate\u201d y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u201c(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u00bb (C.C. SU1219\/01, CSJ STC3070-2020). <\/p>\n
5. Por los argumentos anotados, se impone mantener indemne la providencia examinada <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 De acuerdo con el escrito de amparo acopiado al archivo digital contentivo de la actuaci\u00f3n surtida en primera instancia, remitido a esta Corte. <\/p>\n
2 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3 Informe que hace parte del archivo digital mencionado. <\/p>\n
4 Ejusdem. <\/p>\n
5 Ejusdem. <\/p>\n
6 Decisi\u00f3n anexa al archivo digital enviado a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
7 Cit. <\/p>\n
<\/p>\n
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