STC074-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC074-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2020-03467-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Samuel Dar\u00edo Rodr\u00edguez Duarte contra los Juzgados Octavo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas y Tercero Penal del Circuito, ambos de C\u00facuta, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y las partes e intervinientes en el juicio penal radicado n\u00ba 2017-282. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad, dignidad humana, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y \u00abplazo razonable\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
Contextualiz\u00f3 que, previo al inicio del juicio penal que hoy cuestiona (radicado n\u00ba 2017-00282), en otro asunto (radicado n\u00ba 2012-01986 \u2013 52829 interno de la Corte) la Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante sentencia de 9 de octubre de 2019 lo absolvi\u00f3 en segunda instancia del delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb ordenando su libertad; sin embargo, esta no fue materializada por encontrarse vigente la \u00abboleta de encarcelaci\u00f3n n\u00ba 432 de 24 de abril de 2018\u00bb por cuenta del proceso radicado 2017-00282. <\/p>\n
Rese\u00f1\u00f3 lo acontecido en esta \u00faltima causa penal, con \u00e9nfasis en cada uno de los contratiempos y situaciones que impidieron el normal desarrollo de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, entre ellos, las suspensiones y aplazamientos acaecidos, as\u00ed como todo lo que implic\u00f3 el tr\u00e1mite de la solicitud de nulidad que la defensa deprec\u00f3. Sobre este punto en particular, cont\u00f3 que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta se declar\u00f3 impedida para continuar conociendo el juicio, debi\u00e9ndose designar conjueces. La nulidad fue denegada, decisi\u00f3n que apel\u00f3. <\/p>\n
El recurso vertical fue asignado al despacho del magistrado Fernando Alberto Castro Caballero quien \u00ab(\u2026) se hab\u00eda retirado de la Corporaci\u00f3n desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o, sin que su reemplazo se hubiese dado hasta el 28 de febrero de 2020 [y] el proceso qued\u00f3 en dicho Despacho sin poder continuar el tr\u00e1mite\u00bb; adicionalmente, la totalidad de la Sala de Casaci\u00f3n Penal present\u00f3 \u00abimpedimento conjunto\u00bb, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la apelaci\u00f3n al despacho del Magistrado Gerson Chaverra Castro y a una sala de conjueces. <\/p>\n
El 19 de mayo de 2020, \u00abel magistrado ponente y su sala de conjueces despach[\u00f3] de manera desfavorable el recurso impetrado\u00bb; luego, solo hasta el 7 de septiembre de este a\u00f1o se pudo culminar la audiencia de acusaci\u00f3n y se fij\u00f3 la preparatoria para el 29 de octubre. <\/p>\n
Por lo anterior, destaca, su defensor formul\u00f3 solicitud de \u00ablibertad por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb con fundamento en el numeral 5\u00ba par\u00e1grafos 1 y 3 del canon 317 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, es decir, por haber transcurrido en este caso, \u00ab386 d\u00edas\u00bb sin que se hubiese iniciado el juicio oral (el art\u00edculo fija un t\u00e9rmino de 120 d\u00edas). <\/p>\n
Esa petici\u00f3n la avoc\u00f3 el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de C\u00facuta, que el 25 de septiembre de este a\u00f1o la deneg\u00f3, decisi\u00f3n ratificada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esa ciudad el 16 de octubre. <\/p>\n
Acusa dichas determinaciones de constituir v\u00edas de hecho por desconocer precedentes constitucionales como las sentencias C-1198 de 2008 y la C-390 de 2014 que dieron alcance al concepto de causa razonable contenido en el precepto normativo aplicado, as\u00ed como al de plazo razonable en la duraci\u00f3n de los procesos; de igual forma, pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que fijaron la interpretaci\u00f3n del par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 317 ejusdem en cuanto a que la \u00abapelaci\u00f3n y el ejercicio de recursos por parte de la defensa no pueden entenderse como maniobras dilatorias\u00bb. Agreg\u00f3 tambi\u00e9n que, circunstancias como las presentadas con el tr\u00e1mite de la nulidad, es decir, el nombramiento de conjueces en el tribunal y la vacancia de los cargos de los magistrados en la Sala de Casaci\u00f3n Penal no pueden ser \u00abasumidos por el ciudadano privado de la libertad\u00bb. <\/p>\n
Alega que los jueces de control de garant\u00edas accionados no efectuaron un \u00abestudio riguroso, como lo exige la Corte Constitucional, para entender si los eventos que han impedido el normal de este proceso realmente son, uno, externos a la administraci\u00f3n de justicia, dos, son irresistibles y, tres, insuperables\u00bb; adem\u00e1s, que no ofrecieron explicaci\u00f3n del por qu\u00e9 los impedimentos de los magistrados o la selecci\u00f3n de los magistrados de la Corte Suprema, son \u00abhechos externos a la administraci\u00f3n de justicia o insuperable para esta\u00bb, es decir, \u00ab(\u2026) no se puede afirmar que dichos eventos encajen en la definici\u00f3n de causa razonable [\u2026] para poder as\u00ed predicar la prolongaci\u00f3n de la privaci\u00f3n de la libertad de una persona que, si somos puristas, ha estado por cuenta de este proceso m\u00e1s de 730 d\u00edas desde cuando se present\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n y no haya podido instalarse la audiencia de juicio oral\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide se tutelen los derechos vulnerados por las decisiones adoptadas en sede de control de garant\u00edas por los despachos judiciales accionados \u00ab(\u2026) al neg\u00e1rsele en ambas instancias la solicitud de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos que se hab\u00eda presentado a su favor [\u2026] con fundamento en el art\u00edculo 317-5 par\u00e1grafos 1\u00ba y 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (\u2026)\u00bb y que se ordene \u00ab(\u2026) [su] inmediata libertad actualmente recluido en el patio 17 del Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de C\u00facuta\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. El Juez Octavo Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de C\u00facuta, indic\u00f3 que, respecto de las determinaciones adoptadas en esa sede que negaron la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, \u00abel accionante est\u00e1 proponiendo un punto de vista particular sobre la situaci\u00f3n, y pretende a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela confrontar su propia tesis con las tesis del Juez [\u2026] ahora, bien puede el actor, solicitar en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 317 la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos cuantas veces lo considere conveniente. Por lo tanto, la acci\u00f3n de tutela no es el medio para reemplazar los procedimientos ordinarios y al juez natural\u00bb. <\/p>\n
3. El Magistrado Gerson Chaverra Castro de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, se\u00f1al\u00f3 que en el proceso que se sigue al actor, conoci\u00f3 de un recurso de apelaci\u00f3n que resolvi\u00f3 el 19 de mayo de 2020 \u00absiendo esta toda la intervenci\u00f3n que la Corte ha tenido en este asunto, luego claro est\u00e1 que con fundamento en ello, no se derive de all\u00ed ning\u00fan nexo con la queja constitucional que eleva en esta oportunidad\u00bb. <\/p>\n
4. EL Juez Tercero Penal del Circuito de C\u00facuta, inform\u00f3 que le correspondi\u00f3 resolver el recurso de \u00abalzada\u00bb contra el auto del Juzgado Octavo Penal Municipal que deneg\u00f3 la petici\u00f3n de libertad por vencimiento de t\u00e9rmino formulada por la defensa del gestor del amparo, debate que el defensor del proceso \u00abpretende traer a discusi\u00f3n nuevamente a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional [\u2026] la intenci\u00f3n del profesional del derecho que funge como accionante [\u2026] no es otra que convertirlo en una instancia adicional, a modo de que una vez se discuta su tesis [\u2026] y finalmente se le conceda la raz\u00f3n, desnaturalizando por completo [la] naturaleza residual y subsidiaria de esta acci\u00f3n p\u00fablica\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si los despachos judiciales convocados vulneraron las prerrogativas denunciadas por el quejoso al negarle la libertad por \u00abvencimiento de t\u00e9rminos\u00bb deprecada, incurriendo con ello en v\u00eda de hecho por, supuestamente, desconocer precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n que precisaron conceptos y fijaron alcances a las causales de libertad contenidas en el art\u00edculo 317 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
2. La Subsidiariedad. <\/p>\n
La inobservancia de este requisito se presenta, no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela reclama. <\/p>\n
En virtud de ese segundo presupuesto, se ha dicho en precedencia que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En el presente evento, el demandante centra su cuestionamiento en las decisiones que en sede de control de garant\u00edas le negaron la solicitud de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos deprecada con fundamento en el cumplimiento de la causal 5\u00aa del art\u00edculo 317 del estatuto adjetivo penal. <\/p>\n
En tal virtud, comoquiera que de forma concreta la salvaguarda enfoca su pretensi\u00f3n en la obtenci\u00f3n de la libertad personal de quien la promueve, emerge di\u00e1fana la improcedencia de la acci\u00f3n en virtud de lo precisado por los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del decreto 2591 de 1991, dado que, para dicho prop\u00f3sito existe una v\u00eda jur\u00eddica id\u00f3nea y especialmente instituida para el resguardo de la prerrogativa reclamada, el h\u00e1beas corpus, acci\u00f3n que el actor no acredit\u00f3 haber dirigido contra las determinaciones aqu\u00ed reprochadas. <\/p>\n
Dicho instrumento constitucional se encuentra consagrado en el art\u00edculo 30 de la Carta Pol\u00edtica, desarrollado normativamente por la Ley 1095 de 2006, constituy\u00e9ndolo el legislador en un derecho y en una acci\u00f3n espec\u00edfica de protecci\u00f3n de la libertad: \u00abArt\u00edculo 1\u00b0. Definici\u00f3n. El H\u00e1beas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acci\u00f3n constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acci\u00f3n \u00fanicamente podr\u00e1 invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisi\u00f3n se aplicar\u00e1 el principio pro homine\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, al existir esa senda especial de rango equiparable a la acci\u00f3n que aqu\u00ed se examina, incluso a\u00fan m\u00e1s expedita, debe ser a trav\u00e9s de aquella que se atiendan y resuelvan las solicitudes direccionadas al auxilio del derecho a la libertad, y no a trav\u00e9s del amparo general que ofrece la tutela. <\/p>\n
Sobre la prevalencia de dicho tr\u00e1mite en estos eventos, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-527-2009, refiri\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Tercera. La acci\u00f3n de tutela no procede cuando para proteger el derecho puede invocarse el h\u00e1beas corpus. <\/p>\n
3.1. El inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n dota la acci\u00f3n de tutela del presupuesto de subsidiariedad, como requisito para su procedencia, esto es, que el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los eventos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En desarrollo de la norma superior, en el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 taxativamente se consagraron las causales de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, entre otras, cuando para proteger el derecho pueda invocarse \u201cel recurso\u201d de h\u00e1beas corpus (num. 2\u00b0). <\/p>\n
3.2. Varios instrumentos internacionales2 y en el ordenamiento interno la Carta Pol\u00edtica (art. 30) y la Ley 1095 de 2006 (art. 1\u00b0) consagran el derecho fundamental al h\u00e1beas corpus3, por tratarse de una garant\u00eda intangible4 y de aplicaci\u00f3n inmediata, que resulta ser la m\u00e1s importante forma de protecci\u00f3n de la libertad personal. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia (rad. 27.417, mayo 2 de 2007, M. P. Yesid Ram\u00edrez Bastidas), acogiendo precedentes de la Corte Constitucional y los instrumentos internacionales referidos, efectu\u00f3 una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de esa acci\u00f3n sui generis, sintetizando como caracter\u00edsticas principales las de ser cautelar, preferente, c\u00e9lere, impugnable, controvertible, jurisdiccional, informal, breve y sumaria, sencilla, especifica y eficaz. Igualmente, se precis\u00f3 que la procedencia para la protecci\u00f3n acontece ante la privaci\u00f3n o la prolongaci\u00f3n il\u00edcitas de la libertad. <\/p>\n
Cabe recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-187 de marzo 15 de 2006, M. P. Clara In\u00e9s Vargas Hern\u00e1ndez5, puntualiz\u00f3 que el h\u00e1beas corpus no s\u00f3lo garantiza el derecho a la libertad personal \u201csino que permite controlar adem\u00e1s, el respeto a la vida e integridad de las personas, as\u00ed como impedir su desaparici\u00f3n forzada, su tortura y otros tratos o penas crueles, con lo cual, ha de considerarse que \u00e9l cumple una finalidad de protecci\u00f3n integral de la persona privada de la libertad\u201d. <\/p>\n
Bajo esos supuestos el amparo incoado no supera el presupuesto de subsidiariedad, como quiera que ese principio se encamina a \u201cevitar que la acci\u00f3n de tutela llegue a desarticular el sistema jur\u00eddico, pues no debe olvidarse que el primer llamado a proteger los derechos fundamentales es el juez ordinario\u201d. (subrayas y negrillas fuera de texto original). <\/p>\n
Tal posici\u00f3n fue reiterada en providencia CC T-707 de 2013, cuando indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] As\u00ed mismo y respecto al deber de agotar los mecanismos ordinarios de defensa judicial, el Decreto 2591 de 1991 establece en su art\u00edculo 6\u00ba numeral 2\u00ba lo siguiente: \u201cLa acci\u00f3n de tutela no proceder\u00e1, cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus\u201d. Al respecto vale la pena enfatizar que conforme a la sentencia T-527 de 2009: \u201cla causal de improcedencia de la tutela ante la existencia de otra acci\u00f3n constitucional como el h\u00e1beas corpus aplica en aquellos eventos en los que el interesado privado de la libertad, creyendo estarlo ilegalmente, acude al amparo al considerar que esa garant\u00eda fundamental puede estar siendo vulnerada. Acorde con la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n en esos supuestos el amparo resulta improcedente, a\u00fan como mecanismo transitorio, pues el h\u00e1beas corpus es un medio id\u00f3neo y efectivo, a\u00fan m\u00e1s expedito que la tutela, para proteger la libertad, por ser el t\u00e9rmino de treinta y seis horas (arts. 30 Const. y 3.1. L. 1095 de 2006) m\u00e1s corto para resolver sobre lo pretendido\u201d. <\/p>\n
En esta misma l\u00ednea de pensamiento se destaca que si bien el habeas corpus es un mecanismo id\u00f3neo para restablecer los derechos fundamentales vulnerados por una autoridad judicial, esta acci\u00f3n debe ser analizada y estudiada por el juez constitucional conforme a su esp\u00edritu teleol\u00f3gico. Lo anterior con el fin de evitar que el ejercicio de esta prerrogativa se convierta en un nuevo escenario de debate procesal, en el cual se pretenda discutir la legalidad de las medidas previamente adoptadas por las autoridades de conocimiento\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, la Hom\u00f3loga Especializada Penal de esta Corporaci\u00f3n, trayendo a colaci\u00f3n proferimientos del Alto Tribunal Constitucional, sostuvo que dicha acci\u00f3n p\u00fablica incluso es la propicia cuando lo que se discute es una providencia que niega la solicitud de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, como es el caso. Al respecto indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar que, aunque se presenten los recursos pertinentes contra la decisi\u00f3n que niega la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos dentro de proceso penal, \u201cexiste un recurso m\u00e1s eficaz que la acci\u00f3n de tutela para resolver la presunta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales de quien se encuentra privado de la libertad\u201d (T-735 de 2014). <\/p>\n
Esta es, precisamente, la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, la cual es una \u201cgarant\u00eda constitucional [que] se activa como una forma de proteger no s\u00f3lo el derecho a la libertad personal, sino cualquier derecho fundamental de la persona privada de la libertad de manera arbitraria o ilegal\u201d (C-602 de 2001 y C-187 de 2006). <\/p>\n
Adicionalmente, en Sentencia T-518 de 2014, estableci\u00f3, de manera puntual, que: <\/p>\n
\u201c[L]a acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo adecuado para solicitar la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos dentro de proceso penal, toda vez que para ello fue instituida la acci\u00f3n de Habeas Corpus como la herramienta jur\u00eddica m\u00e1s eficiente para estos efectos. Sin embargo, una vez ejercida la acci\u00f3n de Habeas Corpus y agotadas las respectivas instancias decisorias, cabe la posibilidad de entrar a revisar excepcionalmente estas decisiones mediante la acci\u00f3n de tutela cuando logre evidenciarse que se configur\u00f3 alguna de las causales indicadas\u201d\u00bb (CSJ STP10802-2020, 24 nov. 2020, exp. 113578) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
As\u00ed pues, conforme lo expuesto, es decir, por el car\u00e1cter esencialmente subsidiario y residual de la tutela, es necesario concluir que para que tenga cabida esta acci\u00f3n contra una actuaci\u00f3n judicial es imperativo que el interesado haya acudido y agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; de suerte que, se reitera, conforme la norma y los pronunciamientos jurisprudenciales preanotados, queda claro que el instrumento apto para plantear una presunta prolongaci\u00f3n ilegal de la privaci\u00f3n de la libertad es el H\u00e1beas Corpus, como ocurre en el caso analizado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la gobierna, pues el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial id\u00f3neo y concretamente destinado por el legislador para hacer valer la prerrogativa de la libertad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 En su calidad de Juez Tercero Laboral del Circuito de C\u00facuta. <\/p>\n
2 La Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos de 1948 (arts. 8\u00b0 y 9\u00b0); la Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (art. XXV); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos de 1966 (art. 9\u00b0); la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (art. 7\u00b0); y el Conjunto de Principios para la protecci\u00f3n de todas las personas sometidas a cualquier forma de detenci\u00f3n o prisi\u00f3n de 1988 (principio 32). <\/p>\n
3 La Ley 1095 de 2006, por la cual se reglament\u00f3 el art\u00edculo 30 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, define esta figura como un derecho fundamental y, a la vez, como una acci\u00f3n constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de aqu\u00e9lla con violaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales o legales, o \u00e9sta se prolonga ilegalmente. <\/p>\n
4 El art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 137 de 1994, por la cual se reglamentan los Estados de Excepci\u00f3n en Colombia, consagra el h\u00e1beas corpus como un derecho intangible. <\/p>\n
5 En esa oportunidad la Corte Constitucional, entre otras determinaciones, declar\u00f3 exequible, por carecer de vicios de procedimiento, el Proyecto de Ley Estatutaria No. 284 de 2005 Senado y No. 229 de 2004 C\u00e1mara, \u201cpor medio de la cual se reglamenta el art\u00edculo 30 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d, que se convertir\u00eda en la Ley 1095 de 2006. <\/p>\n
6 Ver, entre otras, T-839 de octubre 10 de 2002 y T-054 de enero 30 de 2003, ambas con ponencia de \u00c1lvaro Tafur Galvis. <\/p>\n
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STC074-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC074-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2020-03467-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Samuel Dar\u00edo Rodr\u00edguez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53027","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53027","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53027"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53027\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53027"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}