STC080-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC080-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03382-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Silvio Jos\u00e9 Cort\u00e9s al Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de esta capital y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Juli\u00e1n Sosa Romero, Luis Roberto Su\u00e1rez Gonz\u00e1lez, Juan Pablo Su\u00e1rez Orozco y Nancy Esther Angulo Quiroz, con ocasi\u00f3n del juicio de rendici\u00f3n provocada de cuentas con radicado n\u00b02006-00401-04, incoado por el gestor contra Flota la Macarena S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El promotor aduce que, el 16 de noviembre de 1992, adquiri\u00f3 el 50% de un bus de servicio p\u00fablico intermunicipal, siendo due\u00f1o, de la otra mitad, Jos\u00e9 Octaviano Ria\u00f1o Chac\u00f3n. <\/p>\n
Afirma el impulsor que ambos celebraron un contrato con Flota la Macarena S.A., en donde, conforme alega, dicha empresa administrar\u00eda el automotor a partir de la enunciada calenda durante tres (3) a\u00f1os prorrogables, mientras nada se dijera al respecto. <\/p>\n
El suplicante sostiene que, sin su consentimiento el 10 de septiembre de 1994, el rodante fue inmovilizado por la rese\u00f1ada sociedad y dejado a la intemperie. <\/p>\n
Por tal motivo, el actor demand\u00f3 a Flota la Macarena S.A. ante el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, para exigirle cuentas de su administraci\u00f3n, teniendo en cuenta que el veh\u00edculo produc\u00eda mensualmente $1.500.000. <\/p>\n
Enterada del libelo, la referida firma se opuso a las pretensiones se\u00f1alado que no estaba obligada a dar explicaciones sobre gesti\u00f3n alguna, defensa acogida en pronunciamiento de 25 de julio de 2011. <\/p>\n
Inconforme con lo prove\u00eddo, el accionante impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 a la Sala Civil de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial esta capital, quien, en el 23 de julio de 2012, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n protestada y orden\u00f3 a Flota la Macarena S.A. rendir las cuentas exigidas en la forma invocada en el escrito introductor. <\/p>\n
Atendiendo a lo anterior, la empresa demandada las present\u00f3 y, contra ellas, el precursor formul\u00f3 objeciones. <\/p>\n
Por disposici\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura, el expediente pas\u00f3 a manos del Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de esta urbe, en donde, mediante fallo de 5 de marzo de 2019, se aceptaron los reparos enarbolados por el tutelante a las cuentas dadas por la pasiva y, adem\u00e1s, se conden\u00f3 a Flota la Macarena S.A. pagarle a aqu\u00e9l $89.250.000. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, ambas partes elevaron el recurso vertical, alzada asignada al colegiando confutado. <\/p>\n
En auto de 11 de marzo de 2020, la corporaci\u00f3n atacada se\u00f1al\u00f3 que, una vez se resolviera la recusaci\u00f3n planteada por la compa\u00f1\u00eda enjuiciada, respecto al magistrado Luis Roberto Su\u00e1rez Gonz\u00e1lez, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes, dictar\u00eda sentencia por escrito. <\/p>\n
El 29 de mayo postrero, el ad quem querellado zanj\u00f3 la apelaci\u00f3n en cuesti\u00f3n, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y aprob\u00f3 las cuentas rendidas por la pasiva. <\/p>\n
La precitada providencia fue notificada en el estado electr\u00f3nico de 1\u00b0 de junio ulterior. <\/p>\n
El censor destaca que, para ese momento, debido a la emergencia sanitaria generada por la \u201cCOVID19\u201d, su apoderado, quien cuenta con 80 a\u00f1os, no se enter\u00f3 de esa providencia, porque la sede de la colegiatura reprochada estaba cerrada, carec\u00eda de internet y equipos de c\u00f3mputo y tampoco pod\u00eda salir ante el aislamiento preventivo obligatorio. <\/p>\n
El 8 de octubre de siguiente, la corporaci\u00f3n accionada desestim\u00f3 los pedimentos el quejoso, por cuanto, para dicha \u00e9poca, estaban habilitados los mecanismos virtuales para el enteramiento de las providencias, seg\u00fan las directrices enunciadas en el acuerdo PCSJA20-1156 de 22 de mayo de 2020, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
Contra ese pronunciamiento, el impulsor entabl\u00f3 s\u00faplica, defensa desatada el 21 de octubre siguiente, ratific\u00e1ndose el auto protestado. <\/p>\n
Para el petente, la corporaci\u00f3n encausada lesion\u00f3 sus garant\u00edas y las de su mandatario porque la notificaci\u00f3n de la sentencia de 29 de mayo de 2020 fue irregular, en tanto su abogado de confianza no pudo enterarse de ella, adem\u00e1s, no se tuvieron en cuenta sus particulares condiciones, cuesti\u00f3n que, a su vez, le impidi\u00f3 impetrar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues los perjuicios ocasionados, por ese fallo, superan los $2.500.000.000. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, darle publicidad al rese\u00f1ado veredicto. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
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1. El estrado del circuito enjuiciado se\u00f1al\u00f3 que, al no contar con el expediente, se encontraba imposibilitado de efectuar pronunciamiento alguno. <\/p>\n
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2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La controversia estriba en determinar si el tribunal atacado, al mantener su negativa a dejar sin efecto la notificaci\u00f3n por estado electr\u00f3nico de 1\u00b0 de junio de 2020, de la sentencia de 29 de mayo anterior, ante la aducida imposibilidad del apoderado del actor para enterarse de ella, lesion\u00f3 las prerrogativas superlativas del tutelante. <\/p>\n
2. En el auto de 8 de octubre de la referida anualidad, ratificado el d\u00eda 21 siguiente, en sede de s\u00faplica, el ad quem confutado se\u00f1al\u00f3 la improcedencia de invalidar el rese\u00f1ado acto de publicidad del fallo de segundo grado, pues, en su decir, si bien para ese momento no se hab\u00eda expedido el Decreto legislativo 806 de 4 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura, a trav\u00e9s del acuerdo PCSJA20-1156 de 22 de mayo pasado, habilit\u00f3 los t\u00e9rminos para resolver apelaciones en materia civil y facult\u00f3 a los estrados judiciales en orden a realizar notificaciones por conducto de las tecnolog\u00edas disponibles. <\/p>\n
Asimismo, enfatiz\u00f3 en el conocimiento previo que ten\u00eda el precursor, en cuanto a la forma escrita como se emitir\u00eda la sentencia, pues ello se advirti\u00f3, con antelaci\u00f3n, el 11 de marzo de 2020, esto es, antes de declararse la emergencia sanitaria generada por la \u201cCOVID19\u201d. <\/p>\n
Al punto, as\u00ed discurri\u00f3 la colegiatura convocada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s claro que se cumplieron con las normas adjetivas vigentes para la notificaci\u00f3n del fallo [objeto e disenso, porque se] dict[\u00f3] fuera de audiencia, dado que en la diligencia de 11 de marzo de 2020, se indic\u00f3 que ser\u00eda [dictada] por escrito [y,] el acto de enteramiento [de la sentencia,] se efectu\u00f3 por estado, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 295 del C\u00f3digo general del Proceso, el cual se p\u00fabico por los medios electr\u00f3nicos, conforme a lo establecido en el acuerdo PCSJA20-1156 de 22 de mayo de 2020 (\u2026), puesto que el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo del a quo, no estaba suspendido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para la Corte, no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada porque, de un lado, el actor sab\u00eda de manera anticipada que la definici\u00f3n de la alzada se har\u00eda por escrito y, de otro, el tribunal fustigado, atendiendo a los par\u00e1metros fijados por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PCSJA20-1156 de 22 de mayo de 20201, realiz\u00f3, en su portal web, la notificaci\u00f3n por estado de la sentencia materia de inconformidad, el 1\u00b0 de junio postrero. <\/p>\n
Ahora, el rese\u00f1ado acto administrativo tambi\u00e9n dispuso en el inciso 5\u00b0, art\u00edculo 14 el \u201cdeber\u201d de las partes, as\u00ed como de sus apoderados \u201c(\u2026) suministrar la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico para recibir comunicaciones y notificaciones (\u2026)\u201d. En el caso, no se acredit\u00f3 que el tutelante o su mandatario hubiesen cumplido con esa carga y, en esa medida, no pod\u00eda predicarse del tribunal, la obligaci\u00f3n de enterarles del fallo v\u00eda e-mail. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, la publicidad que se le dio al veredicto motivo de debate, en manera alguna, puede calificarse de irregular y, por tanto, ning\u00fan derecho fundamental result\u00f3 conculcado. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el criterio examinado no se observa arbitrario al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, pues, el colegiado cuestionado defini\u00f3 la controversia teniendo en cuenta la normatividad aplicable en la materia y, por tal motivo, no pod\u00eda resolverla de la manera rogada por el accionante. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
3. Ahora, la queja, seg\u00fan la cual, el apoderado del actor carec\u00eda de elementos tecnol\u00f3gicos para acceder a la plataforma en donde se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n por estado de la sentencia de segundo grado, carece de sustento probatorio. <\/p>\n
Con todo, admitiendo solo en gracia de discusi\u00f3n que ello aconteci\u00f3, tal circunstancia no relevaba al gestor de vigilar el proceso directamente; por tanto, si no obr\u00f3 de esa forma, incurri\u00f3 en incuria, lo cual refuerza el fracaso del amparo. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Sala ha adoctrinado que, a las partes, en los tr\u00e1mites jurisdiccionales <\/p>\n
\u201c(\u2026) le[s] correspond[e] estar atent[as], (\u2026) puesto (\u2026) que no se puede dejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos (CSJ STC 8 jun. 2011, rad. 00083 01) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
En esa medida, si el precursor no emple\u00f3 la debida diligencia en el cuidado de sus negocios, pudiendo hacerlo, resulta evidente que el recurso el extraordinario de casaci\u00f3n a su alcance, para la defensa de sus intereses4, no fue empleado por su misma falta de prudencia. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha enfatizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]ecu\u00e9rdese que, seg\u00fan el precedente jurisprudencial, \u00abel recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un requisito de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al mecanismo excepcional previsto en el art\u00edculo 86 Superior. De lo contrario la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de las controversias y se desvanecer\u00eda con ello su car\u00e1cter subsidiario y residual (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]uando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)7\u201d. <\/p>\n
4. Finalmente, atinente a la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales que el censor, aduce, sufri\u00f3 su apoderado en el decurso criticado, se advierte su falta de legitimaci\u00f3n para invocar este amparo en nombre de su mandatario, pues el accionante no es el titular de los derechos de aqu\u00e9l y tampoco aleg\u00f3 o demostr\u00f3 que \u00e9ste se encuentre impedido, como para requerir la intervenci\u00f3n de un tercero en calidad agente oficioso en defensa de sus intereses. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corte manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada el 26 nov. 2015, exp. STC16407-2015) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En casos similares, la Corte Constitucional estableci\u00f3 los elementos necesarios para que opere la figura. Se destacan (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (\u2026)\u201d8 (subraya fuera del texto). <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Silvio Jos\u00e9 Cort\u00e9s al Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de esta capital y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Juli\u00e1n Sosa Romero, Luis Roberto Su\u00e1rez Gonz\u00e1lez, Juan Pablo Su\u00e1rez Orozco y Nancy Esther Angulo Quiroz, con ocasi\u00f3n del juicio de rendici\u00f3n provocada de cuentas con radicado n\u00b02006-00401-04, incoado por el gestor contra Flota la Macarena S.A. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb16, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb17; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 14. Uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasi\u00f3n de la emergencia causada por el COVID-19, en los casos que no se encuentren suspendidos los t\u00e9rminos judiciales se atender\u00e1n las siguientes disposiciones: (\u2026). En la recepci\u00f3n, gesti\u00f3n, tr\u00e1mite, decisi\u00f3n y de las actuaciones judiciales y administrativas, si corresponde, se privilegiar\u00e1 el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones, de preferencia institucionales, en concordancia con lo previsto en el art\u00edculo 3 del Decreto 491 de 2020 (\u2026). Los jueces utilizar\u00e1n preferencialmente los medios tecnol\u00f3gicos para todas las actuaciones, comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias, y permitir\u00e1n a las partes, abogados, terceros e intervinientes actuar en los procesos mediante los medios tecnol\u00f3gicos disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades f\u00edsicas innecesarias (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 29 de abril de 2015, exp. 11001-02-04-000-2015-00280-01. <\/p>\n
4 \u201c(\u2026) Ley 1564 de 2012 (\u2026). Art\u00edculo 334. Procedencia del recurso de casaci\u00f3n. El recurso extraordinario de casaci\u00f3n procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: (\u2026). 1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos (\u2026). 2. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria (\u2026). 3. Las dictadas para liquidar una condena en concreto (\u2026). Par\u00e1grafo. Trat\u00e1ndose de asuntos relativos al estado civil s\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles de casaci\u00f3n las sentencias sobre impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
7 CSJ. STC11177-2018 de 29 de agosto de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
8CSJ. STC de 25 de febrero de 2016, exp. 11001-02-04-000-2015-02437-01 <\/p>\n
9 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
10 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
11 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
12 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
16 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
17 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC080-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC080-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03382-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Silvio Jos\u00e9 Cort\u00e9s al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53032","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53032","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53032"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53032\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53032"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53032"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53032"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}