STC081-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC081-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2020-00232-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Gustavo Jaimes Castillo contra el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de esa misma urbe, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Caja de Sueldos de Retiros de la Polic\u00eda Nacional, as\u00ed como la parte demandante y dem\u00e1s intervinientes en el juicio coercitivo de alimentos a que alude el escrito inaugural. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor del amparo solicita la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, a la vida y a la integridad, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada, al ordenar en el mes de julio del a\u00f1o pasado un \u00abdoble embargo\u00bb respecto de su asignaci\u00f3n mensual de retiro, en el marco de la contienda ejecutiva de alimentos que en su contra adelant\u00f3 la se\u00f1ora Elisa Yaneth Ram\u00edrez Sayago, con radicado 2016-00516-00. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de C\u00facuta, que proceda a \u00abla cancelaci\u00f3n del segundo embargo y la devoluci\u00f3n de los dineros descontados, correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, que a la fecha [de presentaci\u00f3n del amparo] suma[ban] $1\u2019816.176\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Alega que no obstante lo anterior, y de manera desatinada, desde el mes de julio de 2020, dicha autoridad orden\u00f3 el embargo de otra cuota por igual valor a la que ya ven\u00eda siendo descontada de su salario, bajo el argumento de que, supuestamente, se encontraban impagos los alimentos causados entre mayo a septiembre de 2019, situaci\u00f3n que carece de veracidad, pues tal y como se demostr\u00f3 al interior de dicho juicio, esas cuotas fueron consignadas directamente por \u00e9l a orden del despacho en la citada entidad bancaria; que pese a que ha puesto en conocimiento de esta situaci\u00f3n al convocado, \u00e9ste no ha resuelto nada acerca de la solicitud de levantamiento de tal cautela y la devoluci\u00f3n de las respectivas sumas de dinero, hecho que lo habilita para acudir a la senda constitucional, pues lo cierto es que los derechos de sus dos menores hijos Gissel Paola y Sebasti\u00e1n Alberto Jaimes R\u00faa, tambi\u00e9n se est\u00e1n viendo seriamente afectados, pues carece de los recursos necesarios para su sostenimiento y el de su familia. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a). La titular del Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de C\u00facuta se opuso a la prosperidad de la salvaguarda inquirida, luego de referir al efecto que si no hab\u00eda resuelto las peticiones del actor, es porque las mismas son resueltas en el turno en el que van llegando al correo institucional del despacho, y en la actualidad cuenta con una alta carga laboral; que pese a lo anterior, mediante auto del 30 de octubre de los corrientes, resolvi\u00f3 las peticiones del aqu\u00ed interesado, y orden\u00f3 el levantamiento de la cautela objeto de queja. <\/p>\n
b.) Por su parte, el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional puso de presente que los descuentos que se han efectuado al se\u00f1or Jaimes Castillo, responden \u00fanica y exclusivamente a las \u00f3rdenes dictadas por el Despacho convocado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de C\u00facuta \u2013Sala Civil Familia, neg\u00f3 la salvaguarda, tras advertir que \u00abel JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE [dicha ciudad] no ha ejecutado ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n, que pudiera haber vulnerado o amenazado los derechos fundamentales alegados, toda vez que al dar respuesta al libelo tuitivo, anex\u00f3 copia del auto de fecha 30 de octubre del presente a\u00f1o, es decir, el mismo d\u00eda que se avoc\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional, (\u2026) proferido en el proceso de alimentos radicado bajo el n\u00famero 54001-3110-002-2006-00516-00 seguido por la se\u00f1ora Elisa Yaneth Ram\u00edrez Sayago contra el se\u00f1or Gustavo Jaimes Castillo, dando respuesta a la solicitud del mencionado demandado en el sentido de ordenar el desembargo de un presunto doble descuento del valor de la cuota de alimentos del pago de su sueldo por asignaci\u00f3n de retiro\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante, luego de esgrimir similares argumentos a los planteados en la demanda de amparo, a m\u00e1s de agregar, que \u00abCASUR, (\u2026) no [lo] ha notificado del cese del descuento del segundo embargo del segundo embargo, y mucho menos de las devoluciones de los descuentos por n\u00f3mina\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la queja del titular de la demanda de amparo, esto es, la falta de resoluci\u00f3n de las peticiones que elev\u00f3 con el fin del levantamiento del segundo embargo de salario decretado en su contra, en contraposici\u00f3n con la respuesta brindada por la Jueza Segunda de Familia de C\u00facuta, debe decirse que esa circunstancia qued\u00f3 superada, si en cuenta se tiene que tal como diligentemente lo report\u00f3 tal autoridad judicial en tr\u00e1mite de la primera instancia, el d\u00eda 30 de octubre de la anualidad que avanza, se dict\u00f3 providencia en la que se dispuso, entre otros asuntos, i) requerir al Director de CASUR para que atienda la orden perentoria dispuesta en el auto del 30 de abril de 2020, esta es, que haga las respectivas consignaciones a la cuenta del Banco Agrario y \u00f3rdenes del juzgado, de los montos que mensualmente descuenta de la n\u00f3mina del se\u00f1or Jaimes Castillo; ii) \u00aben atenci\u00f3n al requerimiento contenido en los correos electr\u00f3nicos recibidos de GUSTAVO JAIMES CASTILLLO, en el que se asevera novedad de doble descuento por el pagador de CASUR como consecuencia de la emisi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, observa el Juzgado que dicho acaecimiento no obedece ninguna de las medidas adoptadas en el proceso de marras, pues debe rese\u00f1arse t\u00e1citamente lo descrito por el profesional el Profesional de Defensa \u2013 CASUR, en el oficio No. 570188, fechado 16 de junio de 2020, visible a folio 182 del encuadernamiento (\u2026). Lo anterior evidencia que al Juzgado no le compele acompasar las actuaciones adelantadas en el plenario, pues ciertamente, pese a que se dispuso orden de descuento nominal por la entidad policial involucrada, en nada se ajusta al modo de descuento operado desde julio 2020 por la Caja de Sueldos de Retirados de la Polic\u00eda Nacional, en el que se han efectuado deducciones superiores a las estipuladas en la diligencia de conciliaci\u00f3n que fij\u00f3 cuota alimentaria, en favor de la menor de edad demandante – acta de audiencia de conciliaci\u00f3n del 8 de junio de 2007, sin el direccionamiento de esta C\u00e9lula Judicial, lo cual que decir, que el petente debe gestionar los tr\u00e1mites administrativos pertinentes ante el pagador y\/o Grupo de N\u00f3minas y embargos, de la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional -CASUR- para lo que corresponda\u00bb. Y que con el fin de que tal situaci\u00f3n cese, orden\u00f3 a la Secretaria del Despacho, que iii) \u00abpagar \u00fanicamente la cuota mensual de alimentos en favor de O.A.J.R., de cara al acuerdo [memorado] (\u2026), previa solicitud de la interesada\u00bb, adem\u00e1s de iv) efectuar la \u00abdevoluci\u00f3n de dineros adicionales que se hubiesen consignado mes a mes a GUSTAVO JAIMES CASTILLO\u00bb. <\/p>\n
Puestas de ese modo las cosas, habr\u00e1 de mantenerse la determinaci\u00f3n confutada, comoquiera que para la fecha en que se adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado, tal y como en tiempo lo inform\u00f3 la autoridad accionada al Tribunal de C\u00facuta, ya se encontraba subsanada la omisi\u00f3n denunciada por el promotor, y por ende, cesado la posible o eventual vulneraci\u00f3n o amenaza al derecho invocado; es claro, entonces, que emerge un hecho superado, \u00aben la medida que existe plena certeza de que el fin \u00faltimo perseguido con \u00e9ste fue cumplido, no siendo dable impartir una orden en la forma solicitada, cuando la irregularidad referida es a la fecha inexistente\u00bb (CSJ STC1332-2020 y STC1363-2020). <\/p>\n
Al punto, la Corte Constitucional ha precisado que, \u00absi bien se tiene que el prop\u00f3sito de la tutela, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las \u00f3rdenes que considere pertinentes a la autoridad p\u00fablica o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar as\u00ed la defensa actual y cierta de los mismos, cuando la situaci\u00f3n de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acci\u00f3n de tutela pierde toda raz\u00f3n de ser como mecanismo m\u00e1s apropiado y expedito de protecci\u00f3n judicial, por cuanto la decisi\u00f3n que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultar\u00eda a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acci\u00f3n\u00bb (C.C. T-308\/03, citada en CSJ STC027-2020 y STC1341-2020). <\/p>\n
3. Ahora, acerca del descontento que el se\u00f1or Luis Gustavo adujo en el escrito de impugnaci\u00f3n, frente a la falta de notificaci\u00f3n por parte de CASUR del cese de los descuentos en exceso, y la devoluci\u00f3n de las sumas descontadas de m\u00e1s desde el mes de julio de la anualidad que avanza, debe decirse que se soporta en hechos nuevos alegados en esta instancia con ocasi\u00f3n de la determinaci\u00f3n que el juzgado de familia criticado profiri\u00f3 el pasado 30 de octubre, los cuales no pueden ser ahora analizados, en raz\u00f3n a que la entidad vinculada no pudo defenderse en su debida oportunidad, en tanto que no fueron puestos en consideraci\u00f3n de \u00e9sta en el presente debate, para que ejerciera su derecho de contradicci\u00f3n, motivo por el cual ahora no puede ser sorprendida con una decisi\u00f3n al respecto, pues, de ser as\u00ed, se le desconocer\u00eda tambi\u00e9n su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso\uff0e <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la transgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos de superiores (\u2026) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ STC3681-2020). <\/p>\n
4. Por lo expuesto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se mantendr\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMAR la sentencia de primer grado. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentran involucrados menores de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar sus nombres, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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