STC082-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC082-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2020-00287-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Bibian Andrea Feria Praga contra el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama a trav\u00e9s de gestora judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la providencia proferida el 13 de octubre de los corrientes, dentro del proceso declarativo de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, y, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial que promovi\u00f3 frente a los menores XX y YY, representados por su progenitora Dayana Caterine Moreno P\u00e9rez, y, los herederos indeterminados de Juan Carlos Pedrozo Castellano, con radicado No. 2019-00131-00. <\/p>\n
Del escrito de tutela se colige, que lo que pretende la actora para la protecci\u00f3n de tales prerrogativas, es que se deje sin efecto y valor la citada decisi\u00f3n, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, emitir una nueva providencia en la que se abstenga de declarar el desistimiento t\u00e1cito de la demanda, y por ende, prosiga con el tr\u00e1mite del aludido litigio1. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n de la instancia, aduce en lo esencial la apoderada, que mediante la determinaci\u00f3n demarcada con antelaci\u00f3n, el titular del estrado judicial accionado decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la demanda y, por consiguiente, la terminaci\u00f3n del juicio referido en l\u00edneas precedentes, por no haber atendido la parte demandante la carga de notificar por aviso a la parte demandada del auto admisorio de aquella, dentro del t\u00e9rmino conferido, decisi\u00f3n que, dice, desconoci\u00f3 la labor que despleg\u00f3 en representaci\u00f3n de su mandante, as\u00ed como las restricciones existentes para el env\u00edo de comunicaciones a trav\u00e9s de las empresas de correo certificado, en la medida que el 28 de agosto hoga\u00f1o envi\u00f3 por segunda vez la correspondiente comunicaci\u00f3n para surtir la notificaci\u00f3n por aviso, la cual se hizo efectiva el d\u00eda 25 de septiembre siguiente. <\/p>\n
Asevera que dicho funcionario tampoco tuvo en consideraci\u00f3n que, de acuerdo con el Decreto 806 de 2020, existe preferencia sobre los medios electr\u00f3nicos para realizar notificaciones; que la representante legal de los menores demandados ha rehusado ser notificada; y, que ante la presencia de \u00e9stos, por virtud del literal h) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, no operaba la mentada figura procesal, am\u00e9n que no se enter\u00f3 de la existencia del proceso al Defensor de Familia, tal y como lo exige el art\u00edculo 82 de la Ley 1098 de 2006, raz\u00f3n por la que estima que la citada autoridad incurri\u00f3 en causal del procedencia del amparo por los defectos f\u00e1ctico y sustantivo, los cuales deben ser corregidos a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Procuradora 25 Judicial II de Familia de Santa Marta se limit\u00f3 a se\u00f1alar, que se debe verificar en el expediente del juicio declarativo cuestionado si existe o no la vulneraci\u00f3n alegada por la accionante3. <\/p>\n
b. La vinculada Dayana Caterine Moreno P\u00e9rez, quien funge como representante legal de los menores XX y YYY, se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, tras manifestar que no ha sido notificada en debida forma del proceso a que alude la accionante, pues conoci\u00f3 de su existencia por la b\u00fasqueda que hizo el 28 de agosto hoga\u00f1o en el sistema Justicia Siglo XXI, por lo que solicit\u00f3 al juzgado acusado el pasado 1\u00b0 de septiembre, v\u00eda correo electr\u00f3nico, que la notificaran a fin de ejercer la defensa de los intereses de sus hijos4. <\/p>\n
c. El Juez Primero de Familia de la citada capital, luego de memorar las actuaciones que se han desplegado con ocasi\u00f3n del asunto objeto de controversia constitucional, solicit\u00f3 denegar el amparo rogado, con fundamento en que no atiende el requisito de la subsidiariedad, ya que la accionante no debati\u00f3 la providencia censurada, sumado a que no ha vulnerado derecho fundamental alguno a los menores involucrados en dicho litigio, toda vez que \u00e9stos no han sido debidamente enterados de \u00e9ste5. <\/p>\n
d. Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada por incumplir el requisito de procedibilidad general de la subsidiariedad, tras considerar que \u00absi bien la accionante asevera que el proceso [cuestionado] es de \u00fanica instancia, no debe pasarse por alto que desde la consagraci\u00f3n en la ley 54 de 1990 \u2013Art. 2-, lo que se mantuvo con la modificaci\u00f3n que introdujo la ley 979 de 2005 \u2013Art. 4-, el asunto declarativo de existencia de uni\u00f3n marital y sociedad de hecho es conocido en primera instancia por los jueces de familia, lo que implica una doble instancia\u00bb, por lo que, \u00abaun si se tratase de \u00fanica instancia, era viable el recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo dictado el pasado 13 de octubre de 2020 por el juzgado accionado; y en este evento espec\u00edfico, se memora de doble instancia, adem\u00e1s, el de apelaci\u00f3n, por consagrarlo as\u00ed el Num. 7 del Art. 321 del C. G. del P.\u00bb, los que no fueron presentados por la tutelante, lo que deja al descubierto que \u00abactu\u00f3 de manera descuidada, pues los argumentos que aqu\u00ed trajo para soportar el amparo pedido, bien pudo esbozarlos en aqu\u00e9l, sede natural para tal menester, confiri\u00e9ndole con ello al juez de instancia la posibilidad de enmendar, si fuere el caso, la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3\u00bb6. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante, a trav\u00e9s de su apoderada judicial, se mostr\u00f3 descontenta frente a lo resuelto, tras insistir en los argumentos que esgrimi\u00f3 como sustento de la queja constitucional7. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto de la mera arbitrariedad o capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por la se\u00f1ora Bibian Andrea Feria Parga, de entrada se advierte que la sentencia confutada habr\u00e1 de revocarse, pues del examen a las normas aplicables al asunto y de las pruebas adosadas al expediente se observa claramente que, con la decisi\u00f3n proferida el pasado 13 de octubre de los corrientes, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta resolvi\u00f3 decretar la terminaci\u00f3n del proceso declarativo de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial que la aqu\u00ed interesada promovi\u00f3 frente a los menores XX y YY, representados por su progenitora Dayana Caterine Moreno P\u00e9rez, y, los herederos indeterminados de Juan Carlos Pedrozo Castellano, con radicado No. 2019-00131-00, ciertamente se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por los defectos procedimental y f\u00e1ctico, al no estar dicha decisi\u00f3n en consonancia con la disposici\u00f3n aplicable al caso concreto y al acontecer procesal del aludido litigio, como pasa a verse. <\/p>\n
2.1. En efecto, es claro en prescribir el art\u00edculo 2\u00b0 del Decreto Legislativo No. 564 del 15 de abril del a\u00f1o en curso8 que, \u00ab[s]e suspenden los t\u00e9rminos procesales de inactividad para el desistimiento t\u00e1cito previstos en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y en el art\u00edculo 178 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n del proceso del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso desde el 16 de marzo de 2020, y se reanudar\u00e1n un mes despu\u00e9s, contado a partir del d\u00eda siguiente al del levantamiento de la suspensi\u00f3n que disponga el Consejo Superior de la Judicatura\u00bb (resalto intencional), mientras que el canon 1\u00b0 del Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio siguiente9, que \u00ab[l]a suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales y administrativos en todo el pa\u00eds se levantar\u00e1 a partir del 1 de julio de 2020 de conformidad con las reglas establecidas en el presente Acuerdo\u00bb (destaco de la Sala). <\/p>\n
2.2. En el sub examine, el juez accionado sostuvo, como fundamento de la determinaci\u00f3n censurada, lo siguiente: <\/p>\n
\u00abCon auto calendado 5 de marzo del hoga\u00f1o, notificado en estado No. 31 del 6 de las mismas calendas se requiri\u00f3 a la demandante a que culminara el acto procesal de la notificaci\u00f3n a los demandados, aportando el respectivo aviso, so pena de decretarse el desistimiento t\u00e1cito en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 317 del C.G.P. (f. 61). <\/p>\n
Revisadas las piezas digitales, encuentra el despacho que el aviso fue entregado en la empresa INTERRAPID\u00cdSIMO el d\u00eda 28 de agosto y lleg\u00f3 a la residencia de los demandados el 25 de septiembre, es decir fuera del plazo otorgado, am\u00e9n que el t\u00e9rmino venc\u00eda el 4 de agosto de la presente anualidad, de modo que ante lo extempor\u00e1neo del acto procesal la consecuencia ser\u00e1 la terminaci\u00f3n la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito\u00bb10. <\/p>\n
2.3. Contrastado todo lo anterior, surge palmario el primer desatino del funcionario acusado, en tanto que, conforme con lo se\u00f1alado en la parte final del primero de los mencionados preceptos, los t\u00e9rminos procesales de inactividad para el desistimiento t\u00e1cito se reanudar\u00e1n un mes despu\u00e9s, contado a partir del d\u00eda siguiente al del levantamiento de la suspensi\u00f3n que disponga el Consejo Superior de la Judicatura, lo cual ocurri\u00f3, de acuerdo con el segundo de los citados c\u00e1nones, desde el 1\u00b0 de julio hoga\u00f1o, por lo que, contrario a lo afirmado por \u00e9ste, los susodichos t\u00e9rminos se reanudaron a partir del 4 de agosto siguiente, m\u00e1s no desde esa data; de ah\u00ed que, el plazo otorgado para atender la carga procesal requerida en la providencia del 5 de marzo anterior, fenec\u00eda el 9 de septiembre, seg\u00fan los lineamientos establecidos en el inciso final del art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso11. <\/p>\n
2.4. Ahora, aunque finalmente el aviso solo vino a ser entregado por la empresa de correo certificado a la representante legal de los menores demandados el 15 de septiembre siguiente, es decir, por fuera de aquel plazo, lo cierto es que el despacho accionado, inexcusablemente, omiti\u00f3 notificar por conducta concluyente a dicho sujeto procesal del auto admisorio de la demanda, en la medida que \u00e9sta le solicit\u00f3 el 1\u00b0 y 24 de septiembre de esta anualidad, v\u00eda correo electr\u00f3nico, que la notificara en debida forma a fin de ejercer la defensa de los intereses de sus hijos12, esto es, antes que culminara el rese\u00f1ado t\u00e9rmino y se emitiera la providencia criticada, actuaci\u00f3n que luego pod\u00eda comunicar conforme con lo establecido en el art\u00edculo 11 del Decreto 806 de 202013, en concordancia con el canon 111 del mentado Estatuto Procesal14, pues, por obvias razones, ya ten\u00eda conocimiento de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica a la cual dirigir el respectivo mensaje de datos. <\/p>\n
2.5.As\u00ed las cosas, para la Sala es evidente que al juzgado cuestionado no le era posible decretar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, toda vez que la actuaci\u00f3n procesal requerida a la parte demandante, aqu\u00ed accionante, ya no era necesaria, ante la comparecencia de la parte que se requer\u00eda notificar, quien, como antes se explic\u00f3, pidi\u00f3 ser enterada en debida forma del juicio, a lo cual debi\u00f3 proceder sin demora dicho estrado judicial. <\/p>\n
2.6. Por \u00faltimo, cabe acotar, que no escapa a la atenci\u00f3n de la Corte el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad en que incurri\u00f3 la peticionaria, por guardar silencio respecto de la decisi\u00f3n que reprocha, al dejar de lado los mecanismos procesales establecidos por el legislador para controvertir la misma, esto es, los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31715 y 318 de la rese\u00f1ada Codificaci\u00f3n Procesal, pero como se ha dicho en casos similares donde la vulneraci\u00f3n es muy evidente, la incuria en que incurri\u00f3 la actora \u00abno constituye un obst\u00e1culo infranqueable para que [el amparo] proceda, si se tiene en cuenta que, se itera, la decisi\u00f3n comentada est\u00e1 amparada en un actuar contrario a derecho, lo que hace evidente y grave la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del accionante, y por ende necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional para conjurar la afectaci\u00f3n que gener\u00f3 tal proceder\u00bb (CSJ STC2508-2020). <\/p>\n
3. En conclusi\u00f3n, es claro que ante el desafuero cometido por parte del Juez Primero de Familia de Santa Marta respecto del decreto del desistimiento t\u00e1cito de la demanda incoada en el litigio tantas veces referido, se justifica la intervenci\u00f3n del Juez de tutela en aras de restablecer la garant\u00eda superior al debido proceso que le fue conculcada a la tutelante, por lo que se dejar\u00e1 sin valor ni efecto la providencia cuestionada, as\u00ed como las decisiones que dependan de ella, para que la autoridad censurada proceda a notificar por conducta concluyente a la se\u00f1ora Dayana Caterine Moreno P\u00e9rez, madre de los menores demandados, el auto admisorio de la demanda que dio origen a la aludida actuaci\u00f3n, teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en su lugar, CONCEDE el amparo incoado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. En consecuencia, se dispone: <\/p>\n
PRIMERO: DEJAR sin efecto la providencia proferida el 13 de octubre de los corrientes por el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, dentro del proceso declarativo de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial que la accionante promovi\u00f3 frente a los menores XX y YY, representados por su progenitora Dayana Caterine Moreno P\u00e9rez, y, los herederos indeterminados de Juan Carlos Pedrozo Castellano, con radicado No. 2019-00131-00, as\u00ed como las decisiones que dependan de ella. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR a la prenotada autoridad jurisdiccional, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a notificar por conducta concluyente a la se\u00f1ora Dayana Caterine Moreno P\u00e9rez, en la calidad que le asiste, el auto admisorio de la demanda emitido en la aludida actuaci\u00f3n, atendiendo la parte motiva de la presente providencia. <\/p>\n
TERCERO: COMUN\u00cdQUESE telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 Conforme con la demanda de tutela que hace parte del archivo digital contentivo del expediente de primera instancia remitido a esta Corte. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe que hace parte del archivo digital citado con antelaci\u00f3n. <\/p>\n
4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5 Cit. <\/p>\n
6 Decisi\u00f3n anexa al archivo digital enviado a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
7 Ib\u00eddem. <\/p>\n
8 \u201cPor el cual se adoptan medidas para la garant\u00eda de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica.\u201d <\/p>\n
9 \u201cPor medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los t\u00e9rminos judiciales y se dictan otras disposiciones por motivos de salubridad p\u00fablica y fuerza mayor\u201d. <\/p>\n
10 Decisi\u00f3n que hace parte del archivo digital tantas veces mencionado. <\/p>\n
11 Que reza: \u201cEn los t\u00e9rminos de d\u00edas no se tomar\u00e1n en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado.\u201d <\/p>\n
12 De acuerdo con el informe rendido por la vinculada Dayana Caterine Moreno P\u00e9rez, progenitora de los menores demandados, as\u00ed como de la inspecci\u00f3n realizada por el a quo constitucional al expediente del juicio objeto de debate constitucional. <\/p>\n
13 Que reza: \u201cTodas las comunicaciones, oficios y despachos con cualquier destinatario, se surtir\u00e1n por el medio t\u00e9cnico disponible, como lo autoriza el art\u00edculo 111 del C\u00f3digo General del Proceso. Los secretarios o los funcionarios que hagan sus veces remitir\u00e1n las comunicaciones necesarias para dar cumplimiento a las \u00f3rdenes judiciales mediante mensaje de datos, dirigidas a cualquier entidad p\u00fablica, privada o particulares, las cuales se presumen aut\u00e9nticas y no podr\u00e1n desconocerse siempre que provengan del correo electr\u00f3nico oficial de la autoridad judicial.\u201d (Resalto intencional). <\/p>\n
14 El cual se\u00f1ala, que: \u201cLos tribunales y jueces deber\u00e1n entenderse entre s\u00ed, con las autoridades y con los particulares, por medio de despachos y oficios que se enviar\u00e1n por el medio m\u00e1s r\u00e1pido y con las debidas seguridades. Los oficios y despachos ser\u00e1n firmados \u00fanicamente por el secretario. Las comunicaciones de que trata este art\u00edculo podr\u00e1n remitirse a trav\u00e9s de mensajes de datos. <\/p>\n
El juez tambi\u00e9n podr\u00e1 comunicarse con las autoridades o con los particulares por cualquier medio t\u00e9cnico de comunicaci\u00f3n que tenga a su disposici\u00f3n, de lo cual deber\u00e1 dejar constancia.\u201d <\/p>\n
15 Numeral 2, literal e). <\/p>\n
<\/p>\n
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