STC083-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03449-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Iader Wilhelm Barrios Hern\u00e1ndez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Procuradur\u00eda Segunda Delegada para dicha Corporaci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la causa criminal adelantada al aqu\u00ed quejoso por los delitos de \u201cfraude procesal y falsedad material en documento p\u00fablico\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El petente requiere la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
El Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 7 de septiembre de 2018, impuso pena privativa de la libertad de 84 meses de prisi\u00f3n a Iader Wilhelm Barrios Hern\u00e1ndez por los punibles de \u201cfraude procesal y falsedad material en documento p\u00fablico\u201d, decisi\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad el 24 de mayo de 2019. <\/p>\n
Acota el actor que impetr\u00f3 demanda de casaci\u00f3n, inadmitida por la Sala especializada de esta Corte el 9 de septiembre de 2020, por tanto, elev\u00f3 \u201crecurso de insistencia\u201d ante la Procuradur\u00eda Segunda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, petici\u00f3n desestimada el 19 de noviembre pasado. <\/p>\n
Esgrime que los convocados conculcaron sus garant\u00edas fundamentales, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) si consideraban que el libelo adolec\u00eda de falencias de t\u00e9cnica casacional, de todos modos, han debido superar estos supuestos defectos y proceder a pronunciarse de fondo en punto de las censuras all\u00ed planteadas, como se establece en el mandato contenido en el art\u00edculo 184, inciso 3\u00b0 del [C.P.P.] (\u2026), pues es evidente que el conjunto de elementos materiales de prueba obrantes en la actuaci\u00f3n, en modo alguno permiten establecer el convencimiento de la responsabilidad penal [endilgada en su] contra, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, que normativamente (\u2026) se exige para proferir [una] sentencia condenatoria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Afirma que la referida demanda de casaci\u00f3n debi\u00f3 ser admitida, pues \u201ctanto en lo formal, como en lo material\u201d, se \u201cdemostr\u00f3\u201d la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, \u201cpor parte del fallador de segundo grado, corolario de su incursi\u00f3n en sendos errores de hecho y de derecho\u201d. <\/p>\n
3. Exige, en concreto se ordene la admisi\u00f3n del comentado libelo. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se opuso al ruego resaltando la legalidad de su proceder. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3 atenerse a los argumentos expuestos en la providencia emitida por esa corporaci\u00f3n dentro del asunto bajo estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Iader Wilhelm Barrios Hern\u00e1ndez censura puntalmente: i) el prove\u00eddo de 9 de septiembre de 2020, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 el libelo de casaci\u00f3n formulado contra el fallo de segunda instancia emitido en la causa criminal adelantada en su contra por los delitos de \u201cfraude procesal y falsedad material en documento p\u00fablico\u201d; y ii) la decisi\u00f3n de la Procuradur\u00eda Segunda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal de abstenerse de formular recurso de insistencia frente a la citada inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Es pertinente indicar que el referido remedio extraordinario impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo formal o lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de prerrogativas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
3. Auscultadas las decisiones atacadas, no emerge arbitrariedad con entidad suficiente como para permitir el paso a esta excepcional justicia. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, la Sala de Casaci\u00f3n Penal frente al cargo por \u201cviolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial derivada del error de derecho por falso juicio de convicci\u00f3n\u201d, elevado por el recurrente, tras afirmar que fue condenado \u201ccon base exclusiva en prueba de referencia\u201d, expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l censor confunde los conceptos de prueba de referencia y prueba directa o indirecta, por la otra, pese a que se trata de figuras jur\u00eddicas dis\u00edmiles, no susceptibles de equipararse\u201d. <\/p>\n
\u201cEl primero corresponde a declaraciones recaudadas fuera del debate oral, y la segunda se refiere a la conexi\u00f3n o v\u00ednculo del medio probatorio con el hecho que integra el tema de prueba (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l demandante parti\u00f3 de la idea equivocada, de acuerdo con la cual el mandato del inciso final del art\u00edculo 381 de la Ley 906 de 2004 \u2013 La sentencia condenatoria no podr\u00e1 fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia-, exige para poder condenar, la pr\u00e1ctica dentro del juicio oral de prueba directa, afirmaci\u00f3n que no s\u00f3lo desconoce la postura de la Sala, seg\u00fan la cual la responsabilidad penal puede estar basada en prueba indirecta (CSJ SP2709-2018, Rad. 50637; CSJ SP 30 Mar. 2006, Rad. 24468; CSJ SP3332-2016, Rad. 43866); sino que termina siendo un absurdo de imposible obtenci\u00f3n en la mayor parte de los casos\u201d. <\/p>\n
\u201cSumado a lo anterior, el demandante se equivoca al relacionar los testimonios rendidos por Jos\u00e9 Omar D\u00edaz Fl\u00f3rez, Amanda Ruth Salinas Celis, Nubia Reyes Zipa, Karina Camargo Robles, Noelsy Zuluaga Arias, Diana Maritza Daza Jim\u00e9nez y Jos\u00e9 Guillermo Amaya, como pruebas de referencia, pues, las declaraciones relacionadas, a m\u00e1s de referirse a lo que los atestantes percibieron de forma directa, fueron practicadas en el desarrollo del juicio oral, en donde se garantiz\u00f3 el derecho a la contradicci\u00f3n, por lo que se concluye, dichas probanzas no ostentan tal categor\u00eda\u201d. <\/p>\n
\u201cNo cabe duda, entonces, que el impugnante se equivoc\u00f3 al elegir la v\u00eda casacional, pues, se insiste, el falso juicio de convicci\u00f3n es un error de derecho que se comete cuando no se otorga a la prueba el m\u00e9rito preestablecido en la ley o se asigna uno diverso al que aquella le atribuye, yerro que ninguna relaci\u00f3n tiene con la falta de valoraci\u00f3n de una prueba, o con la deformaci\u00f3n de la misma por el juzgador, o con la ruptura de las reglas de la sana cr\u00edtica por parte del fallador al momento de otorgarle m\u00e9rito suasorio a determinada evidencia\u201d. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al ataque por \u201cviolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso raciocinio\u201d, la corporaci\u00f3n fustigada, sostuvo: <\/p>\n
\u201cDice el censor que el Tribunal conden\u00f3 a IADER WILHELM BARRIOS HERN\u00c1NDEZ con prueba indiciaria, la cual fue mal construida porque en la creaci\u00f3n de la inferencia l\u00f3gica el Tribunal aplic\u00f3 unos enunciados que no se constituyen en m\u00e1ximas de la experiencia. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) A partir de [los] hechos indicadores debidamente acreditados, el Ad-quem cre\u00f3 el indicio del m\u00f3vil para delinquir apoyado en la m\u00e1xima de la experiencia seg\u00fan la cual Quien act\u00faa en forma delictuosa, busca en general y como contrapartida una ventaja, un bien o la evitaci\u00f3n de un mal, y concluy\u00f3 que la \u00fanica persona que pod\u00eda resultar beneficiada con el levantamiento de la medida de embargo del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 070-147047, creando un oficio espurio e inscribi\u00e9ndolo en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria respectivo, era el propietario del inmueble, IADER WILHELM BARRIOS HERN\u00c1NDEZ, en tanto que, para cuando se celebr\u00f3 el contrato de compraventa \u2013 13 de septiembre de 2012-, ya se hab\u00eda elaborado el documento falso \u2013 22 de agosto de 2012\u201d. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, el Tribunal cre\u00f3 el indicio de las manifestaciones posteriores al delito, que consiste en los hechos o circunstancias de los cuales se infiere que el sindicado desarrolla esa conducta en virtud de su participaci\u00f3n en el delito\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, 22 d\u00edas despu\u00e9s de la elaboraci\u00f3n del oficio espurio, IADER WILHELM BARRIOS HERN\u00c1NDEZ suscribi\u00f3 un contrato de promesa de compraventa, mediante el cual prometi\u00f3 en venta el inmueble que estaba afectado con la medida cautelar decretada por el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito, la cual fue levantada con la introducci\u00f3n del documento falso en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Tunja\u201d. <\/p>\n
\u201cEntonces, si IADER WILHELM BARRIOS HERN\u00c1NDEZ no particip\u00f3 en la elaboraci\u00f3n del oficio espurio y en la incorporaci\u00f3n del mismo ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Tunja para su correspondiente inscripci\u00f3n, no se entiende c\u00f3mo se comprometi\u00f3 a vender el inmueble sobre el que \u00e9l conoc\u00eda reposaba una medida cautelar de embargo, lo que indefectiblemente lo sacaba del comercio\u201d. <\/p>\n
Ahora, frente al cargo por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, elevado por el casacionista, explic\u00f3: <\/p>\n
\u201cAsevera el recurrente que el Tribunal incurri\u00f3 en el error referido, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal, pues, luego de dosificar la pena por el delito base \u2013 fraude procesal- en 72 meses, la increment\u00f3 en 22 meses por el delito concursal \u2013 falsedad material en documento p\u00fablico- en forma desproporcionada, en tanto que, en su sentir, la pena que resultar\u00eda proporcionada y adecuada en este caso ser\u00eda 80 meses de prisi\u00f3n, por lo que solicita a la Corte que imponga esta pena (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEl defensor no defini\u00f3 de qu\u00e9 manera los argumentos plasmados en el fallo impugnado representan alg\u00fan tipo de violaci\u00f3n en sede de casaci\u00f3n, cuando menos, la objetiva planteada por la v\u00eda directa de la ley sustancial; simplemente insiste en sus argumentos ante la Corte, con la pretensi\u00f3n de imponer su particular dosificaci\u00f3n punitiva porque le parece es las m\u00e1s adecuada y proporcional, por encima de la labor adelantada por los falladores y sin desarrollar ninguna cr\u00edtica, raz\u00f3n suficiente para inadmitir el cargo\u201d. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, el an\u00e1lisis del proceso de dosificaci\u00f3n punitiva adelantado por el A-quo y refrendado por el Tribunal, se muestra acorde con los mandatos fijados en el art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal, a la hora de fijar la pena en raz\u00f3n de un concurso de delitos, en tanto que, luego de partir de la pena m\u00e1s grave, la increment\u00f3 en una proporci\u00f3n \u2013 22 meses- que nunca supero ninguno de los l\u00edmites all\u00ed dispuestos\u201d. <\/p>\n
3.2. Por su parte, el Ministerio P\u00fablico en el memorial de 19 de noviembre de 2020, expuso las razones por las cuales no formul\u00f3 la insistencia reclamada por el condenado, precisando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l recurrente present\u00f3 alegatos de instancia, con base en las razones o motivos de disenso frente a las decisiones de primera y segunda instancia, sin que mediara otra argumentaci\u00f3n que ponga de relieve eventuales errores de la Corte; no refut\u00f3 las explicaciones que sirvieron de sustento a la Sala Penal para no seleccionar la demanda y por lo tanto no ofreci\u00f3 a la Delegada elementos con base en los cuales entrar a verificar si se inadmiti\u00f3 una demanda que estuviese adecuadamente presentada. No obstante, del estudio realizado a las actuaciones, concluye esta Delegada que no existe m\u00e9rito para acudir al mecanismo de insistencia ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia para que su demanda sea admitida, pues, de un lado la misma no cuenta con los presupuestos t\u00e9cnicos para ello; y, adicionalmente, no se observa que la sentencia de segunda instancia haya menoscabado derechos y garant\u00edas fundamentales que ameriten que el Tribunal de Casaci\u00f3n supere los defectos de la demanda para decidir de fondo\u201d. <\/p>\n
\u201c[E]l recurso extraordinario de casaci\u00f3n no se puede constituir como una tercera instancia habilitada para rebatir valoraciones probatorias o asuntos propios del transcurso procesal de primera y segunda instancia, el censor no concret\u00f3, como le correspond\u00eda, el medio de prueba objeto de censura. Le asiste la raz\u00f3n a la Corte en inadmitir la demanda por cuanto los cargos propuestos deben superar las exigencias de claridad, precisi\u00f3n y fundamentaci\u00f3n que exige la casaci\u00f3n; t\u00e9cnica que no se observa en la demanda presentada\u201d. <\/p>\n
4. Independientemente de prohijar o no las decisiones rese\u00f1adas en precedencia, lo cierto es, las mismas no se denotan descabelladas sino objetivas y acorde con el libelo analizado, del cual, por un lado, la corporaci\u00f3n tutelada coligi\u00f3 la existencia de desatinos en la sustentaci\u00f3n de los cargos atribuidos al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, desaciertos que condujeron a adoptar la determinaci\u00f3n ahora reprochada. <\/p>\n
Y por el otro, la falta de precisi\u00f3n del recurrente en indicarle al Ministerio P\u00fablico los yerros en los cuales incurri\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal al inadmitir el memorado remedio extraordinario, pues su argumento iba dirigido a censurar aspectos de la sentencia de primera y segunda instancia. <\/p>\n
Es preciso recordar que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d1. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Iader Wilhelm Barrios Hern\u00e1ndez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la causa criminal adelantada al aqu\u00ed quejoso por los delitos de \u201cfraude procesal y falsedad material en documento p\u00fablico\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb9, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb10; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ SC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012. <\/p>\n
2 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
6 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
9 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
10 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
15 <\/p>\n
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STC083-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03449-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Iader Wilhelm Barrios Hern\u00e1ndez contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53035","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53035","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53035"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53035\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53035"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53035"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53035"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}