STC086-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC086-2021 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Codensa S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual se vincularon a los intervinientes en el declarativo n\u00b0 2009-00115. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estim\u00f3 trasgredido con los autos \u2013de primera y segunda instancia- de 12 de abril y 1\u00ba de octubre de 2019, mediante los cuales los accionados terminaron, por desistimiento t\u00e1cito, el proceso de pertenencia por ella promovido, desconociendo sus ingentes esfuerzos para integrar el contradictorio. <\/p>\n
2. Pide, en consecuencia, que se deje sin efecto la fustigada providencia de segunda instancia y que, en su lugar, se ordene al tribunal revocar la terminaci\u00f3n del juicio. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dijo carecer de legitimaci\u00f3n, por cuanto dej\u00f3 de tener a su cargo el tr\u00e1mite que aqu\u00ed interesa desde el a\u00f1o 2015, en virtud de una medida de descongesti\u00f3n adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
2. El Juez Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad se opuso a la prosperidad del resguardo, arguyendo que el mismo no satisface el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
3. Jaime Alberto Rueda Espinosa dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa, por cuanto ya no ostenta la representaci\u00f3n legal de Codensa S.A. <\/p>\n
4. El Centro Urbano Antonio Nari\u00f1o (demandado en el declarativo que incumbe a este litigio) hizo un relato de los hechos relacionados con ese litigio y pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda tras considerar que la providencia materia de censura no involucra una v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se reclam\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si el tribunal convocado lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada en el libelo introductor, al confirmar la terminaci\u00f3n que, por desistimiento t\u00e1cito, dispuso el fallador de primera instancia respecto al proceso de pertenencia promovido por quien aqu\u00ed acciona. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que el auto objeto de censura fue dictado el 1\u00ba de octubre de 2019, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 15 de diciembre de 2020, es decir, m\u00e1s de 14 meses despu\u00e9s. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el eventual afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada. Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00). <\/p>\n
3.2. De otra parte, tampoco se adujo en esta sede una justificaci\u00f3n que conformara alguna de las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, tema sobre el cual en repetidas oportunidades la Corte Constitucional se ha pronunciado, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese contexto, no evidencia la Sala la concurrencia de alguno de los eximentes del presupuesto de inmediatez, por lo que este ser\u00e1 el criterio que se impondr\u00e1 para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, lo cual releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas, pues ello est\u00e1 condicionado a la superaci\u00f3n del referido requisito temporal. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque la convocante no ejerci\u00f3 oportunamente este mecanismo para cuestionar el pronunciamiento que no comparte y tampoco demostr\u00f3 alguna circunstancia que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito. En caso de no ser impugnado, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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