STC087-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC087-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03486-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, integrada, de manera unitaria, por la magistrada Claudia Mar\u00eda Arcila R\u00edos, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular con radicado 2015-00247-01, incoada por el gestor contra el Banco de Bogot\u00e1. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El impulsor formul\u00f3 acci\u00f3n popular al Banco de Bogot\u00e1 ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, para exigir la protecci\u00f3n de derechos colectivos. <\/p>\n
La definici\u00f3n de la alzada correspondi\u00f3 al tribunal confutado, quien, el 14 de julio de 2020, al abrigo de lo reglado en el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de ese a\u00f1o, le corri\u00f3 traslado, por cinco (5) d\u00edas, al censor para fundamentar el recurso. <\/p>\n
En dicho t\u00e9rmino, el quejoso solicit\u00f3 al colegiado fustigado dar aplicaci\u00f3n al canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El 1\u00b0 de septiembre ulterior, el ad quem recriminado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n por falta de argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a ello, el actor entabl\u00f3 otro amparo aduciendo que la sede judicial demandada no hab\u00eda cumplido con lo preceptuado en el art\u00edculo 121 de la Ley 1564 de 2012 y, adem\u00e1s, deprecando la digitalizaci\u00f3n de \u201cla acci\u00f3n popular n\u00b02015-00247-01\u201d. <\/p>\n
En fallo STC8180-2020 de 6 de octubre siguiente, esta Sala concedi\u00f3 la protecci\u00f3n, por cuanto estim\u00f3 desconocidos los preceptos relativos al tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n en materia de recursos entre el C\u00f3digo General del Proceso y el Decreto Legislativo 806 de 2020; en consecuencia, orden\u00f3 al estrado fustigado, rituar adecuadamente la alzada incoada por el tutelante; no obstante, deneg\u00f3 lo relativo a la \u201cdigitalizaci\u00f3n del expediente\u201d. <\/p>\n
Inconforme con lo decido, el actor y la colegiatura all\u00ed demandada, aqu\u00ed convocada, impetraron impugnaci\u00f3n, defensa acogida por la hom\u00f3loga Laboral el 25 de noviembre postrero, quien, en sentencia STL10728-2020, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n protestada. <\/p>\n
Lo anterior, al advertir que, por v\u00eda de tutela, esta Sala en el prove\u00eddo STC7456-2020 de 16 de septiembre de 2020, ya hab\u00eda emitido pronunciamiento declarando improcedente la reclamaci\u00f3n, sobre id\u00e9nticos aspectos f\u00e1cticos y legales alegados por el quejoso. <\/p>\n
De forma paralela a la contienda zanjada, en segunda instancia, por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el precursor inco\u00f3 otro amparo ante esta Colegiatura, con igual prop\u00f3sito al ruego tuitivo antes enunciado y, por ello, el 22 de octubre de 2020, se declar\u00f3 inviable el auxilio por \u201ctemeridad\u201d. <\/p>\n
El 11 de diciembre siguiente, el gestor solicit\u00f3 al ad quem refutado la digitalizaci\u00f3n de \u201ctodo lo actuado en la acci\u00f3n popular n\u00b02015-00247-01\u201d, petici\u00f3n atendida afirmativamente por esa autoridad, el 14 de diciembre postrero. <\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n, el impulsor alega que en la tramitaci\u00f3n con el mencionado radicado, la corporaci\u00f3n reprochada, ha incurrido en mora para desatar el remedio vertical que enarbol\u00f3 frente a la sentencia de primer grado. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, (i) resolver tempestivamente la apelaci\u00f3n objeto de controversia disponiendo la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998; y (iii) \u201cdigitalizar toda la acci\u00f3n popular hoy tutelada\u201d. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Manifiesto no haber presentado acci\u00f3n igual, o por lo menos no recuerdo y por ello pido aplique mi buena fe, de haber ya presentado acci\u00f3n igual y rech\u00e1cela simplemente (\u2026)\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y de los vinculados <\/p>\n
Guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el presento asunto, el accionante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas, por cuanto, conforme aduce, al interior de la acci\u00f3n popular n\u00b02015-00247-01, el tribunal querellado ha omitido su deber de fallar oportunamente la apelaci\u00f3n que impetr\u00f3 frente a la sentencia del a quo <\/p>\n
<\/p>\n
Advi\u00e9rtase, en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n el actor acudi\u00f3 al ruego tuitivo para denunciar que, el ad quem fustigado, incurri\u00f3 en mora injustificada en la definici\u00f3n del remedio vertical objeto de controversia. <\/p>\n
En efecto, aunque en el fallo STC8180-2020 de 6 de octubre de 2020, esta Corporaci\u00f3n concedi\u00f3 el auxilio deprecado, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el 25 de noviembre de siguiente, revoc\u00f3 ese pronunciamiento y deneg\u00f3 el amparo por improcedente. <\/p>\n
Como motivo para adoptar esa \u00faltima decisi\u00f3n, la hom\u00f3loga laboral enfatiz\u00f3 en que no hab\u00eda raz\u00f3n para otorgar la salvaguarda, por cuanto, sobre los mismos hechos y derechos, ya exist\u00eda pronunciamiento de fondo. Al punto, as\u00ed discurri\u00f3 esa colegiatura: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a Sala destaca que el asunto estudiado por el juez de primer grado fue debatido en oportunidad anterior; luego, tal aspecto hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]os reparos relacionados con la providencia que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n fueron analizados, en sede de tutela, por la hom\u00f3loga Civil y por esta Sala de la Corte, en sentencias CSJ STC7456-2020 y CSJ STL9096-2020, respectivamente, a trav\u00e9s de las cuales se declar\u00f3 improcedente el amparo invocado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De ah\u00ed que, ante la configuraci\u00f3n de la denominada cosa juzgada constitucional no era procedente someter las actuaciones del [t]ribunal a un nuevo escrutinio judicial (\u2026)\u201d1 <\/p>\n
Ahora, de manera coet\u00e1nea al rese\u00f1ado ritual constitucional, el actor formul\u00f3 otro amparo ante esa Sala enarbolando la misma tem\u00e1tica factual y legal a la ya estudiada y, por ello, el 22 de octubre de 2020, desestim\u00f3 las pretensiones del censor al haber incurrido en temeridad. <\/p>\n
Sobre lo discurrido, all\u00ed se esboz\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [La Corte] estudi\u00f3 una queja similar del censor, en torno al impulso de las actuaciones en segunda instancia en la acci\u00f3n popular motivo de disenso, con la pretensi\u00f3n adicional de \u201cdigitalizaci\u00f3n\u201d del expediente, pedimentos similares a los actuales (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Queda claro, los supuestos f\u00e1cticos ahora cuestionados ya fueron dilucidados. La Sala ha negado la protecci\u00f3n impetrada en eventos como el presente, si <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, se insiste, la protecci\u00f3n rogada se torna inviable porque, de manera previa, el suplicante, concurri\u00f3 en tres (3) oportunidades solicitando la protecci\u00f3n a sus prerrogativas fundamentales, por id\u00e9nticos motivos, esto es, la tardanza del ad quem recriminado en desatar el recurso de apelaci\u00f3n contra de la sentencia del a quo, al interior de la acci\u00f3n popular n\u00b02015-00247-01, incluso, deprecando como ahora, la digitalizaci\u00f3n ese expediente. <\/p>\n
De igual modo, el suplicante conoce sobre la inexistencia de la mora endilgada, pues la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n cobr\u00f3 firmeza cuando el tribunal demandado as\u00ed lo estableci\u00f3, esto es, el 1\u00b0 de septiembre 2020. <\/p>\n
Asimismo, en sede constitucional, la controversia qued\u00f3 zanjada en las decisiones STC7456-2020 y STL9096-2020, siendo inanes los intentos del suplicante en reabrir la discusi\u00f3n, tal como se determin\u00f3 en la sentencia STL1078-2020 de 25 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Agr\u00e9guese, previo a la definici\u00f3n del precitado asunto, el actor, nuevamente, enarbol\u00f3 la tardanza en la alzada al interior de la acci\u00f3n popular n\u00b02015-00247-01, cuesti\u00f3n que fue abordada en el fallo STC80903-2020 de 22 de octubre de pasado. <\/p>\n
Ahora, si bien el accionante mencion\u00f3 en el libelo: \u201c(\u2026) no [he] presentado acci\u00f3n igual, o por lo menos no recuerdo y por ello pido aplique mi buena fe, de haber ya presentado acci\u00f3n igual y rech\u00e1cela simplemente (\u2026)\u201d, tal afirmaci\u00f3n no lo exonera de su deber de cuidado y vigilancia en sus actuaciones. <\/p>\n
Lo anterior, porque es el petente quien conoce, de un lado, los hechos por los cuales reclama protecci\u00f3n y, de otro, las decisiones emitidas en las controversias. <\/p>\n
Asimismo, es el gestor, el primer llamado a verificar si por similares cuestiones, ya ha acudido a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede condicionar el rechazo de la demanda al ulterior escrutinio de la Corte, porque tal circunstancia no es causal para proceder de esa manera y, adem\u00e1s, ello tampoco equivale a un desistimiento de la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Si el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, exige a quien \u201c(\u2026) interponga la acci\u00f3n de tutela deber\u00e1 manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos (\u2026)\u201d, el interesado para evadir esa responsabilidad, tiene vedado, modificar, a su arbitrio, el ordenamiento, y menos a\u00fan, supeditar el estudio del caso a su propia incuria, pues ello equivaldr\u00eda a obtener un beneficio de tal conducta. <\/p>\n
Sobre el principio seg\u00fan el cual, nadie puede invocar su propia torpeza para sacar ventaja respecto a sus prerrogativas, la Corte Constitucional desde la sentencia C-083 de 1995, adoctrin\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Todo lo anterior puede ilustrarse con un ejemplo, referido a nuestro ordenamiento. Se pregunta: \u00bfHace parte del derecho colombiano la regla nemo auditur propriam turpitudinem allegans? Es claro que su formulaci\u00f3n expl\u00edcita no se halla en ning\u00fan art\u00edculo del ordenamiento colombiano. Pero \u00bfsignifica eso que no hace parte de \u00e9l y, por tanto, que si un juez la invoca como fundamento de su fallo est\u00e1 recurriendo a un argumento extrasistem\u00e1tico? No, a juicio de la Corte, por las consideraciones que siguen (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Pues bien: de esas y otras disposiciones del ordenamiento colombiano, es posible inducir la regla \u00abnemo auditur …\u00bb que, como tal, hace parte de nuestro derecho positivo y, espec\u00edficamente, de nuestro derecho legislado. Por tanto, el juez que la aplica no hace otra cosa que actuar, al caso singular, un producto de la primera y principal fuente del derecho en Colombia: la legislaci\u00f3n (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
En la sentencia C-207 de 2019, dicha colegiatura reafirm\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Una de las manifestaciones del principio constitucional de buena fe es la prohibici\u00f3n del abuso de los derechos propios y en particular la regla por la cual, no se puede sacar provecho de la propia falta (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Al respecto, en la sentencia T-122 de 2017, la Corte resumi\u00f3 su jurisprudencia en la materia y manifest\u00f3 que ha mantenido una l\u00ednea jurisprudencial pac\u00edfica y constante respecto del aforismo \u201cNemo auditur propriam turpitudinem allegans\u201d, por el cual el juez no puede amparar situaciones donde la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del actor se deriva de una actuaci\u00f3n negligente, dolosa o de mala fe (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En conclusi\u00f3n, este principio exige impedir el acceso a ventajas indebidas o inmerecidas dentro del ordenamiento jur\u00eddico. Por lo que, en protecci\u00f3n del principio de buena fe y la confianza leg\u00edtima, la persona est\u00e1, prima facie, en la imposibilidad jur\u00eddica de obtener beneficios originados de su actuar culposo. Para la Corte Constitucional: \u201cnadie puede presentarse a la justicia para pedir la protecci\u00f3n de los derechos bajo la conciencia de que su comportamiento no est\u00e1 conforme al derecho y los fines que persigue la misma norma\u201d (\u2026)\u201d4 . <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, es evidente la conducta del querellante, en hacer un uso incorrecto de este excepcional instrumento, pues, invocar supuestos f\u00e1cticos como sustento de un reclamo ya decidido, no s\u00f3lo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces encargados de resolver el caso en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por el cual el Constituyente implement\u00f35 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n de hechos inexistentes e infundados como causa de infracci\u00f3n constitucional, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4. Se le advierte, asimismo que, de continuar, en lo sucesivo, con la presentaci\u00f3n de amparos temerarios y carentes de fundamento legal, se le impondr\u00e1n las sanciones del caso. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, se memora, el inciso 1\u00b0, art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, consagra: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Actuaci\u00f3n Temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, por su parte, el inciso final del canon del mismo estatuto, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Temeridad o mala fe. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci\u00f3n, recurso, oposici\u00f3n o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Como lo ha indicado esta Corte, quien acude a la administraci\u00f3n de justicia, est\u00e1 compelido a <\/p>\n
\u201c(\u2026) acatar los principios que orientan la actuaci\u00f3n procesal, entre los que se encuentra la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia y obrar con absoluta lealtad y buena fe, pues no se compadece con esas directrices promover peticiones infundadas seg\u00fan aconteci\u00f3, entre otros, con las acciones constitucionales impetradas, so pena de incurrir en conductas que den lugar a acudir a facultades correccionales cuyo empleo debe abocarse por los funcionarios encargados del tr\u00e1mite, de perseverar en comportamientos ajenos a la rectitud inherente al ejercicio del derecho (Cfr. CSJ AP 2215-2014) (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
Atendiendo a lo esbozado, esta Corporaci\u00f3n, en un caso equiparable, determin\u00f3 que, como el proceder del interesado tocaba <\/p>\n
\u201c(\u2026) los l\u00edmites de la temeridad, previstos en el art\u00edculo 79, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, al hacer peticiones con absoluta carencia de fundamento legal, como previene la norma (\u2026), en evidente perjuicio, no solo de la parte sino tambi\u00e9n de la administraci\u00f3n de justicia, (\u2026) [orden\u00f3] que, por Secretar\u00eda, se compulsen copias de las actuaciones realizadas por aqu\u00e9l en estas diligencias [para las investigaciones del caso] (\u2026)7\u201d. <\/p>\n
Se advierte c\u00f3mo la disposici\u00f3n del C. G. del P. es en un todo coherente con las normas especiales que regulan la acci\u00f3n de tutela, especialmente con el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 y el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, como instrumentos para la racionalidad y el buen uso de los medios de protecci\u00f3n dise\u00f1ados por el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
5. Finalmente, es del caso ordenar la remisi\u00f3n de copias del presente expediente a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que adelante la respectiva investigaci\u00f3n y adopte las medidas que estime pertinentes en relaci\u00f3n a las conductas en la cuales pudo incurrir el accionante, al haber manifestado en esta ocasi\u00f3n y, en los asuntos CSJ STC80903-2020, STL10728-2020, que no hab\u00eda presentado otro amparo \u201crespecto de los mismo hechos y derechos\u201d, pues se advierte la presentaci\u00f3n reiterada de la misma causa y petitum constitucional, edificada en con los mismos hechos y fundamentos, contrariando los prop\u00f3sitos del instrumento constitucional y en un patente abuso del mismo. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19699, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, integrada, de manera unitaria, por la magistrada Claudia Mar\u00eda Arcila R\u00edos, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular con radicado 2015-00247-01, incoada por el gestor contra el Banco de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Por secretar\u00eda, rem\u00edtanse copias pertinentes del expediente y de esta sentencia a la entidad se\u00f1alada en el numeral \u201cquinto\u201d del ac\u00e1pite motivo de este prove\u00eddo, para los fines all\u00ed indicados. Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb15, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb16; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STL1078-2020, de 25 de noviembre de 2020, exp. 91099 <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC80903-2020 de 22 de octubre de 2020, exp. 11001-02-03-000-2020-02703-00 <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01. <\/p>\n
4\u0002 Corte Constitucional, sentencia T-213 de 2008 (MP Jaime Araujo Renter\u00eda). <\/p>\n
5\u0002 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica \u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. AHP1375-2015 de 18 de marzo de 2015. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. AL5367-2018 de 10 de diciembre de 2018. <\/p>\n
8\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
9\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
10\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278. <\/p>\n
15\u0002 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
16\u0002 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
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STC087-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC087-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03486-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53039","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53039","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53039"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53039\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}