STC088-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC088-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03489-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Laurel Ltda. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, extensiva a la Superintendencia de Sociedades y a las partes e intervinientes en el proceso de impugnaci\u00f3n de actas 2019-800-199. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de defensa y debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y de los medios de convicci\u00f3n allegados al tr\u00e1mite, se puede extractar lo siguiente: <\/p>\n
Carmen Iriarte Uribe formul\u00f3, ante la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, demanda de impugnaci\u00f3n de actas contra la sociedad Frigor\u00edfico San Mart\u00edn de Porres Ltda., respecto de las decisiones contenidas en el acta 44 adoptada en sesi\u00f3n de 1\u00ba de abril de 2019. <\/p>\n
La Fiduprevisora S. A., en su condici\u00f3n de vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de la persona jur\u00eddica demandada, solicit\u00f3 a la autoridad jurisdiccional el reconocimiento como su \u00absucesora procesal\u00bb, pretensi\u00f3n denegada el 23 de enero de 2020. <\/p>\n
Contra dicha determinaci\u00f3n la fiduciaria interpuso recurso de apelaci\u00f3n, resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 20 de mayo siguiente revocando de la decisi\u00f3n impugnada y reconociendo, en consecuencia, la sucesi\u00f3n procesal. <\/p>\n
3. Para la convocante, la decisi\u00f3n de segundo grado adolece de \u00abdefecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb por cuanto el tribunal \u00absiempre ignor\u00f3 la evidencia probatoria que fue aportada y estuvo presente durante el traslado del recurso de apelaci\u00f3n por pate de la demandante\u2026 en particular, el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad FSMP\u00bb, del que se extracta que \u00abla sociedad no est\u00e1 liquidada porque existen condiciones sobre la cuenta final de liquidaci\u00f3n y que su representante legal es la liquidadora designada por la Superintendencia de Sociedades\u00bb <\/p>\n
Por ello solicita dejar \u00absin valor ni efecto el auto del 20 de mayo de 2020\u2026 [sic]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA <\/p>\n
Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que actu\u00f3 como ponente, dijo que \u00aben las providencias en menci\u00f3n se indicaron las razones de hecho y de derecho que sirvieron de soporte para adoptar las mentadas determinaciones\u00bb <\/p>\n
2. Por conducto de apoderado judicial, la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 \u00abno fallar en [su] contra\u2026 y desvincularla de la presente acci\u00f3n de tutela por cuanto las pretensiones\u2026 no tienen relaci\u00f3n alguna con [sus] funciones legales y no est\u00e1 afectando derecho fundamental alguno alegado por el accionante\u00bb <\/p>\n
3. El representante legal de la Fiduprevisora S. A., entidad que dice actuar como \u00abvocera y administradora del PAR Frigor\u00edfico San Mart\u00edn de Porres -en liquidaci\u00f3n-\u00bb afirm\u00f3 que la colegiatura convocada \u00abrealiz\u00f3 un an\u00e1lisis ponderado y soportado\u00bb y que la accionante pretende rebatirlo simplemente \u00abpor el hecho de no haber sido favorable a [sus] intereses\u2026 situaci\u00f3n similar a lo ocurrido en el Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 quien, al aceptar tambi\u00e9n a Fiduprevisora S. A. como sucesora procesal y emitir sentencia, el pronunciamiento judicial fue objeto de una acci\u00f3n de tutela\u00bb <\/p>\n
Solicit\u00f3, en consecuencia, declarar improcedente el resguardo toda vez que \u00abla mera divergencia interpretativa o el hecho de que la decisi\u00f3n no corresponda con lo pretendido por el accionante no implica la estructuraci\u00f3n del defecto f\u00e1ctico\u00bb <\/p>\n
4. Martha Cecilia Salazar Jim\u00e9nez, quien adujo ser la \u00abliquidadora y representante legal de la sociedad Frigor\u00edfico San Mart\u00edn de Porres Ltda.\u00bb coadyuv\u00f3 las s\u00faplicas de la accionante sin referirse al supuesto yerro atribuido a la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, aunque se\u00f1al\u00f3 que \u00abel estado actual de la sociedad [Frigor\u00edfico San Mart\u00edn de Porres Ltda.]\u2026 se encuentra en liquidaci\u00f3n [y no liquidada] y que la suscrita es la liquidadora\u00bb. <\/p>\n
5. La superintendente ad-hoc, delegada de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, dijo que esa entidad \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb e impetr\u00f3 declarar \u00abla falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, en atenci\u00f3n a que la Superintendencia\u2026 no profiri\u00f3 la providencia controvertida\u00bb. <\/p>\n
6. La apoderada de la Seccional de Impuestos de Bogot\u00e1, de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, se extendi\u00f3 en manifestaciones que en nada tocan con los hechos que motivaron la interposici\u00f3n del presente resguardo y solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese organismo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 de forma oportuna y, de superarse lo anterior, si el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por la persona jur\u00eddica accionante con la emisi\u00f3n del auto del 20 de mayo de 2020, en el que, supuestamente, incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb al omitir la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas al tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n de actas 2019-800-199 <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la providencia objeto de reproche data del 20 de mayo de 2020, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 9 de diciembre del mismo a\u00f1o; es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como prudente para proponer el resguardo. <\/p>\n
Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la presunta afectada con las decisiones que se considera vulneradoras de su derecho fundamental debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s exigente en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una decisi\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y, de contera, la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Y aunque el presupuesto aludido no es absoluto, sino que debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo razonable fijado por la jurisprudencia es viable o no sortearlo, en este caso no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de la persona jur\u00eddica promotora que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado, pues tal lapso debe contabilizarse desde el momento de la emisi\u00f3n de la providencia sobre la que recae la queja y no desde su ejecutoria, como se pretende en la presente ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, m\u00e1s all\u00e1 de lo anterior, con miras a establecer si es posible flexibilizar o no el aludido requisito de la tempestividad, tampoco puede ignorar la Corte que la accionante ha contado con representaci\u00f3n judicial a lo largo del proceso y por ello nada imped\u00eda acudir con prontitud a este instrumento constitucional. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, motivo por el cual no es indispensable efectuar an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas que, sin duda, est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone la negativa del amparo porque la sociedad gestora tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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