STC089-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC089-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03513-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la salvaguarda promovida por Claudia del Carmen Garc\u00eda Fula contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, integrada por el magistrado Orlando Tello Hern\u00e1ndez, y el Juzgado de Familia de Funza, con ocasi\u00f3n del juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, radicado bajo el n\u00b0 2019-00059 e iniciado por la quejosa a Fabio Nel Cardozo Chaparro. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcadas por los despachos convocados. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos base de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Ante el Juzgado de Familia de Funza, Claudia del Carmen Garc\u00eda Fula solicit\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial constituida entre Fabio Nel Cardozo Chaparro y ella. <\/p>\n
Durante la audiencia de \u201cinventarios y aval\u00faos\u201d celebrada el 28 de agosto de 2019, la actora, hoy inconforme, relacion\u00f3, como pasivos, un cr\u00e9dito \u201cpara mejoras\u201d contra\u00eddo con el fondo de empleados de la compa\u00f1\u00eda Mountain Rosas S.A., con un saldo insoluto de $10.554.893, un pr\u00e9stamo de libre inversi\u00f3n otorgado por el Banco Caja Social, respecto del cual se adeudan $8.537.264,69, y un mutuo a favor de Luis Lizarazo por $18.292.745,83, garantizado con una letra de cambio. <\/p>\n
Como prueba de la inversi\u00f3n de tales dineros en el mejoramiento del inmueble con matr\u00edcula 50C-1744732, adquirido en vigencia de la uni\u00f3n marital e incluido como activo de la masa social, la hoy tutelante aport\u00f3 el aval\u00fao comercial elaborado por la firma Servicios Inmobiliarios e Integrales J.J. y copia de varias facturas, cuentas de cobro y recibos de pago emitidos por Baldocer\u00e1micas Madrid, Taller de Ornamentaci\u00f3n JEC, Ferrel\u00e9ctricos J & Y, Ferreter\u00eda San Jos\u00e9 JM y el maestro de obra Lu\u00eds Hern\u00e1n Gonz\u00e1lez, los cuales dan cuenta de la adquisici\u00f3n de muebles e insumos de construcci\u00f3n y la contrataci\u00f3n de mano de obra para \u201carreglos locativos generales en vivienda ubicada en la Agrupaci\u00f3n 2, bloque 5, casa 32 barrio Parques de Santa Mar\u00eda de Madrid-Cundinamarca\u201d. <\/p>\n
El demandado objet\u00f3 aquellas obligaciones, argumentando que la primera corresponde al cr\u00e9dito hipotecario cancelado, en su totalidad, antes de la culminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n; la segunda fue contra\u00edda a t\u00edtulo personal por su contendiente, quien debe responder por ella con su propio peculio y la \u00faltima, es inexistente, pues el supuesto acreedor laboraba en el sector floricultor y, por tanto, no contaba con la solvencia necesaria para hacer ese tipo de favores. <\/p>\n
Para resolver la controversia, se fij\u00f3 el 6 de diciembre de 2019. <\/p>\n
En desarrollo de la respectiva diligencia, la juez de circuito censurada resolvi\u00f3 excluir los \u00edtems relacionados en precedencia, tras acoger, integralmente, la tesis defensiva del convocado. Inconforme, la impulsora impetr\u00f3 reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n; desestimado el primero, fue concedida la impugnaci\u00f3n subsidiaria. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n recriminada, en pronunciamiento de 28 de mayo de 2020. <\/p>\n
La peticionaria critica las determinaciones descritas, por cuanto, ninguno de los jueces de instancia valor\u00f3 <\/p>\n
\u201c(\u2026) la certificaci\u00f3n expedida por la gerente del fondo de empleados del sector Floricultor Sabana de Occidente y Empresas Anexas -FEM-, de fecha 10 de diciembre de 2019, donde certifica que el cr\u00e9dito de mejoras de vivienda No. 14483, ten\u00eda saldo[,] a[l] 30 de abril de 2018 (\u2026) de (\u2026) $11.007.551. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [As\u00ed como tampoco el a]val\u00fao aportado con la demanda donde se describe la construcci\u00f3n probando[,] as\u00ed, las mejoras realizadas al inmueble de propiedad de las partes, cuando en la misma audiencia se explic\u00f3 que estos dineros se invirtieron [en] el pago de terminados, carpinter\u00eda, como cocina integral, puertas[,] closets, etc., como se prob\u00f3 con los documentales obrantes: cotizaci\u00f3n de fecha 4 de septiembre de 2012, factura No. 0158 de 19 de septiembre de 2012, expedida por Baldocer\u00e1micas Madrid, por valor de (\u2026) $485.700, factura No. 0152 del 19 de septiembre de 2012 por la suma de (\u2026) $942.700, expedida por Baldocer\u00e1micas Madrid, recibo de compra expedido por Javier E. Cajamarca, el 25 de septiembre de 2014 por valor de (\u2026) $1.500.000, orden de pedido del 30 de agosto de 2016 por la suma de $2.300.000, expedida por Mansi\u00f3n Cocinas Integrales S.A.S. recibo expedido por el se\u00f1or Luis Hern\u00e1n Gonz\u00e1lez, maestro de obra, el d\u00eda 24 de febrero de 2014, por la suma de $2.000.000, para mano de obra de enchapes y machimbre, cuenta de cobro por la suma de (\u2026) $500.000, expedido por [el citado] el 24 de febrero de 2014 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En el mismo sentido, cuestiona el valor suasorio otorgado a las manifestaciones de su contendiente, para desechar la tercera partida del pasivo por ella relacionado, al dar por cierta la incapacidad econ\u00f3mica del prestamista Luis Lizarazo, cuando ning\u00fan elemento de convicci\u00f3n las respalda. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin valor ni efecto las decisiones reprochadas y, en su lugar, ordenar a los falladores accionados, volver a decidir sobre el punto, previa apreciaci\u00f3n de los medios demostrativos aportados tempestivamente. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. La magistratura atacada se reafirm\u00f3 en las reflexiones que la llevaron a adoptar la tesis ahora confutada y solicit\u00f3 rechazar el amparo por la insatisfacci\u00f3n de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, pues la quejosa acudi\u00f3 fuera \u201c(\u2026) del tiempo razonable contemplado por la jurisprudencia, vali\u00e9ndose de argumentos que no atienden a la realidad (\u2026)\u201d y \u201c(\u2026) no present\u00f3 ninguna inquietud -aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n o adici\u00f3n-, mostrando conformidad sobre lo resuelto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. El Juzgado de Familia de Funza defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y remiti\u00f3 copia digital del expediente recriminado. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se advierte, el examen de la presente salvaguarda se circunscribir\u00e1 a la postura prohijada en la \u00faltima determinaci\u00f3n emitida en el decurso materia de reproche, esto es, aquella a trav\u00e9s de la cual se desat\u00f3 la apelaci\u00f3n impetrada por la libelista, pues con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea infirmado. <\/p>\n
2. Aunque tal prove\u00eddo data del 28 de mayo de 2020 y la salvaguarda se present\u00f3 el 15 de diciembre ulterior, esto es, 6 meses y 15 d\u00edas despu\u00e9s, la Sala tendr\u00e1 por satisfecho el requisito de inmediatez, por tratarse de una tardanza m\u00ednima, en un asunto donde, como se expondr\u00e1 m\u00e1s adelante, se encuentra lesionado el derecho al debido proceso de la tutelante. <\/p>\n
3. En lo concerniente a la incuria alegada por el colegiado censurado, quien resalt\u00f3 la \u201cinactividad\u201d de la interesada frente a su determinaci\u00f3n de segundo grado, en tanto no solicit\u00f3 la adici\u00f3n, correcci\u00f3n o aclaraci\u00f3n del respectivo prove\u00eddo, se evidencia que ninguno de esos instrumentos era id\u00f3neo para exponer los reproches aqu\u00ed debatidos, pues, como es bien sabido, los mismos no est\u00e1n dise\u00f1ados para reclamar la valoraci\u00f3n de los medios de prueba aportados a la litis, en especial, cuando tal deficiencia se predica de una decisi\u00f3n emitida en sede de segunda instancia. <\/p>\n
4. La gestora alega la configuraci\u00f3n de un defecto f\u00e1ctico en la determinaci\u00f3n emitida por el ad quem censurado, por cuanto no efectu\u00f3 an\u00e1lisis alguno frente a los elementos demostrativos aportados al juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, a trav\u00e9s de los cuales pretend\u00eda acreditar que invirti\u00f3 en el inmueble, adquirido con su expareja, los recursos econ\u00f3micos obtenidos mediante los cr\u00e9ditos relacionados en el pasivo social y, por tanto, lograr la inclusi\u00f3n de tales acreencias en los inventarios. <\/p>\n
Al respecto, asever\u00f3 haber presentado un dictamen pericial sobre el aval\u00fao del predio, donde constan los arreglos realizados, por su cuenta, a la vivienda, cuyo costo se document\u00f3 en las facturas, cuentas de cobro y recibos adosados al paginario, frente a los cuales no hubo ning\u00fan tipo de examen por parte de los sentenciadores de instancia, quienes desestimaron dichas deudas, sin una adecuada motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo propio ocurri\u00f3, dijo, con el mutuo contra\u00eddo con Luis Lizarazo, por valor de $18.292.745,83, destinados a la amortizaci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario con el cual se adquiri\u00f3 el bien ra\u00edz mencionado, pues, sin existir respaldo probatorio alguno, se tuvo por cierta la falta de capacidad del citado ciudadano para dar en mutuo la cantidad referida, desechando la existencia de esa deuda social. <\/p>\n
4.1. Revisada cuidadosamente la providencia fustigada, se extrae que, despu\u00e9s de aludir a las generalidades del decurso adelantado y su finalidad, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca procedi\u00f3 a analizar las objeciones planteadas por el demandado frente a las tres obligaciones ya descritas, inventariadas por su oponente, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el caso de estudio se tiene que la demandante solicit\u00f3 tener en cuenta como pasivos la deuda en el cr\u00e9dito para mejoras de vivienda en el fondo de empleados de la empresa Mountain Rosas S.A. por $10.554.893 y el cr\u00e9dito con el se\u00f1or Luis Lizarazo por la suma de $18.292.745,83, con el cual se pag\u00f3 una fracci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario del inmueble relacionado como activo, siendo objetados por no haberse acreditado su utilizaci\u00f3n a favor de la sociedad patrimonial, argumento acogido por la juez para excluirlos como pasivo. <\/p>\n
\u201cTeniendo en cuenta el presente panorama, no puede ser pr\u00f3spero el pedimento del extremo apelante por cuanto, adem\u00e1s de no haberse aceptado la deuda como social por la parte demandad, no prob\u00f3 que[,] en efecto, las obligaciones presentadas se hayan contra\u00eddo a favor de la sociedad o que los valores exhibidos en los t\u00edtulos se hubiesen usado para mejorar la vivienda o para pagar el cr\u00e9dito hipotecario del inmueble adquirido en vigencia de la sociedad patrimonial, pues[,] la certificaci\u00f3n del Fondo de Empleados del Sector Floricultor de 27 de marzo de 2019, remitida al se\u00f1or Pedro Nel Cardozo Chaparro, aunque indica el otorgamiento de cr\u00e9ditos destinados al mejoramiento de vivienda de fecha 5 de septiembre de 2012 y 25 de febrero de 2014, por valores de $6.000.000 y $2.000.000, respectivamente, no exponen en qu\u00e9 consisti\u00f3 dicho mejoramiento de la casa de habitaci\u00f3n y la demandante tampoco aport\u00f3 prueba de tales mejoras; misma situaci\u00f3n se presenta con el cr\u00e9dito a favor del se\u00f1or Luis Lizarazo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Acto seguido, concluy\u00f3, los hechos alegados por la impugnante no se enmarcan en las disposiciones del art\u00edculo 1796 del C\u00f3digo Civil1 y record\u00f3 el deber de las partes de \u201cprobar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u201d, de acuerdo con el canon 167 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4.2. Visto lo anterior, surge palmaria la ausencia de evaluaci\u00f3n a todos los elementos de convicci\u00f3n aportados por la tutelante para demostrar el destino dado a los cr\u00e9ditos adquiridos durante la vigencia de la uni\u00f3n marital con Pedro Nel Cardozo Chaparro, pues la colegiatura encartada no hizo referencia a la experticia visible a folios 145 a 159 del expediente ni a los diversos documentos comerciales adjuntos al inventario presentado por la hoy quejosa en la audiencia celebrada el 28 de agosto de 2019 ante el Juzgado de Familia de Funza2. <\/p>\n
5. Esta Corporaci\u00f3n ha insistido3, con fundamento en la ley y en reiterada doctrina, que los jueces tienen la obligaci\u00f3n de hacer la evaluaci\u00f3n tanto individual como conjunta de los diversos y heterog\u00e9neos elementos probatorios obrantes en los autos, no de uno solo; <\/p>\n
\u201cDe no ser as\u00ed \u2013ha dicho la Sala-, a los falladores se les imposibilitar\u00eda para formar la premisa menor del silogismo judicial que constituye la sentencia, o sea la determinaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que debe subsumirse en la hip\u00f3tesis contemplada por la norma legal\u201d4. <\/p>\n
La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente, sus defensas; o que no lo son5. <\/p>\n
Ha afirmado la Corte6, que, por virtud del principio de comunidad de las pruebas, una vez practicadas, pertenecen al proceso y no a quien las solicit\u00f3; por ende, si les sirven a todas las partes que en \u00e9l intervienen, aparece como l\u00f3gico y natural se\u00f1alar que su apreciaci\u00f3n no se pueda cumplir de manera aislada, sino realizarse a partir de la comparaci\u00f3n rec\u00edproca de los distintos medios, <\/p>\n
\u201c(\u2026) con el prop\u00f3sito fundamental de averiguar por sus puntos de convergencia o de divergencia respecto de las varias hip\u00f3tesis que en torno a lo que es materia del debate puedan suscitarse. Establecidos los aspectos en los cuales las pruebas concuerdan, o se contradicen, el juzgador se podr\u00e1 dirigir a concretar aquellos hechos que, en su sentir, hubieren quedado demostrados, con fruto de la combinaci\u00f3n o agrupaci\u00f3n de los medios, si es que en esta nota la suficiente fuerza de convicci\u00f3n para ese prop\u00f3sito\u201d7. <\/p>\n
En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final. <\/p>\n
Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, la persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, \u201cexaminadas todas como un compuesto integrado por elementos disimiles\u201d8. <\/p>\n
Esa evaluaci\u00f3n ser\u00e1 correcta si, como lo manda el inciso 2\u00ba del citado art\u00edculo 176, ib\u00eddem, en el estudio conjunto del fallador \u00e9ste expone \u201crazonadamente el m\u00e9rito que le asigna a cada prueba\u201d. Al no actuar as\u00ed su an\u00e1lisis no s\u00f3lo resulta ilegal sino tambi\u00e9n peligroso, \u201cporque arbitrariamente saca una deducci\u00f3n, o por lo menos oculta los fundamentos o razones que le sirvieron para establecer como v\u00e1lida esa conclusi\u00f3n\u201d9. <\/p>\n
Se trata de un ejercicio que va desde el an\u00e1lisis a la s\u00edntesis, de lo particular a lo general, de lo individual a lo global, como reflexi\u00f3n dial\u00e9ctica que halle eslabonamientos, concatenaciones y conclusiones, con ayuda de la sana critica, atribuyendo el valor legal que le merece cada prueba para apoyar la decisi\u00f3n, no en forma desintegrada y arbitraria sino en un proceso racional. Prolija y abundante jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n ha decantado lo se\u00f1alado10. <\/p>\n
Contrastadas las anteriores premisas con lo discurrido por el estrado accionado, se advierte que las conclusiones a las cuales arrib\u00f3 se encuentran insuficientemente sustentadas, especialmente, desde el punto de vista probatorio y, por ello, el auxilio rogado debe ser concedido, como, en efecto, se dispondr\u00e1. <\/p>\n
6. Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
7. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196911, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d12, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio13. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. Por las razones mencionadas, se impone acceder al auxilio invocado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo promovido por Claudia del Carmen Garc\u00eda Fula contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, integrada por el magistrado Orlando Tello Hern\u00e1ndez, con ocasi\u00f3n del juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, radicado bajo el n\u00b0 2019-00059 e iniciado por la quejosa a Fabio Nel Cardozo Chaparro. <\/p>\n
SEGUNDO: Por consiguiente, se ordena al tribunal convocado que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del momento en que sea notificado de la presente decisi\u00f3n, deje sin efecto el prove\u00eddo de fecha 28 de mayo de 2020 y las decisiones que de \u00e9ste se desprendan y, en su lugar, desate, nuevamente, la alzada propuesta por la libelista, pronunci\u00e1ndose sobre el valor asignado a todos y cada uno de los medios de convicci\u00f3n aportados por la quejosa al expediente. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos a todos los interesados. <\/p>\n
CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb17, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb18; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) La sociedad es obligada al pago: <\/p>\n
1o.) De todas las pensiones e intereses que corra, sea contra la sociedad, sea contra cualquiera de los c\u00f3nyuges y que se devenguen durante la sociedad. <\/p>\n
2o.) De las deudas y obligaciones contra\u00eddas durante su existencia por el marido o la mujer, y que no fueren personales de aqu\u00e9l o \u00e9sta, como lo ser\u00edan las que se contra[j]eren por el establecimiento de los hijos de un matrimonio anterior. <\/p>\n
La sociedad, por consiguiente, es obligada con la misma limitaci\u00f3n, al gasto de toda fianza, hipoteca o prenda* constituida por cualquiera de los c\u00f3nyuges\u00bb. <\/p>\n
3o.) De todas las deudas personales de cada uno de los c\u00f3nyuges, quedando el deudor obligado a compensar a la sociedad lo que \u00e9sta invierta en ello. <\/p>\n
4o.) De todas las cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales de cada c\u00f3nyuge. <\/p>\n
5o.) Del mantenimiento de los c\u00f3nyuges; del mantenimiento, educaci\u00f3n y establecimiento de los descendientes comunes, y de toda otra carga de familia. <\/p>\n
Se mirar\u00e1n como carga de familia los alimentos que uno de los c\u00f3nyuges est\u00e9 por ley obligado a dar a sus descendientes o ascendientes, aunque no lo sean de ambos c\u00f3nyuges; pero podr\u00e1 el juez o prefecto moderar este gasto, si le pareciere excesivo, imputando el exceso al haber del c\u00f3nyuge. <\/p>\n
Si la mujer se reserva en las capitulaciones matrimoniales el derecho de que se le entregue por una vez o peri\u00f3dicamente una cantidad de dinero de que pueda disponer a su arbitrio, ser\u00e1 de cargo de la sociedad este pago, siempre que en las capitulaciones matrimoniales no se haya impuesto expresamente al marido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 Folios183 a 190 del cuaderno principal. <\/p>\n
3 Cfr. CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
4 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
5 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
6 Cfr. CSJ. SC. Sentencia de 4 de marzo de 1991; del 6 de junio de 1994; del 25 de mayo de 2010; y del 14 de diciembre de 2010. <\/p>\n
7 CSJ. SC. Sentencia de 4 de marzo de 1991; reiterada el 6 de junio de 1994, el 25 de mayo y el 14 de diciembre de 2010. <\/p>\n
8 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
9 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
10 Cfr. CSJ. SC. Sentencias del 4 de marzo de 1991; del 6 de junio de 1994; del 12 de septiembre de 2000; del 26 de abril de 2004; del 25 de mayo y del 14 de diciembre de 2010. Entre otras. <\/p>\n
11 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
12 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
13 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
16 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
17 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
18 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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