STC090-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC090-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03377-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luzdaris Leonor Acosta El\u00edas contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital y \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se \u00abrevo[que] o dej[e] sin efectos jur\u00eddicos, la decisi\u00f3n proferida el 25 de noviembre de 2019, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta, en el grado de consulta del incidente de desacato\u2026\u00bb; que se disponga \u00abel cumplimiento del fallo de tutela de fecha 31 de octubre de 2018, modulado el 29 de julio de 2019\u00bb; que se ordene a la Gobernaci\u00f3n del Magdalena que \u00ab(i) renueve el contrato de prestaci\u00f3n de servicios\u2026; (ii) cancele las remuneraciones que dej\u00f3 de recibir entre el momento de su desvinculaci\u00f3n (1 de Enero de 2019) hasta que se realice el pago; (iii) y le pague, adicionalmente, una indemnizaci\u00f3n equivalente a 180 d\u00edas de honorarios, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado conforme a la Constituci\u00f3n\u00bb; que se \u00abrevo[que] o dej[e] sin efectos Jur\u00eddicos, la decisi\u00f3n proferida el 29 de julio de 2019, por el Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Santa Marta, mediante la cual modul\u00f3 el fallo de tutela del 31 de octubre de 2018\u00bb y que el \u00abTribunal Administrativo De Santa Marta, inici[e] el tr\u00e1mite de incidente de desacato conforme se solicit\u00f3 previamente\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luzdaris Leonor Acosta El\u00edas formul\u00f3 una tutela contra la Gobernaci\u00f3n del Magdalena, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Santa Marta, el que en sentencia de 31 de octubre de 2018 concedi\u00f3 el amparo deprecado orden\u00e1ndole a la entidad acusada que le renovara a la actora el contrato de prestaci\u00f3n de servicios y le cancelara las remuneraciones que dej\u00f3 de percibir, decisi\u00f3n que tras ser impugnada, fue confirmada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad el 19 de diciembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
2.2. Con prove\u00eddo de 29 de julio de 2019 el a-quo modul\u00f3 la orden proferida, en el sentido de disponer la renovaci\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios de la all\u00ed peticionaria, en tanto no var\u00eden las circunstancias por las cuales se dispuso la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada. <\/p>\n
2.3. Luzdaris Leonor Acosta El\u00edas promovi\u00f3 incidente de desacato contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta y Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Santa Marta, en relaci\u00f3n con el fallo de tutela proferido el 12 de marzo de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema deJusticia. El asunto le correspondi\u00f3 a la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, el que en prove\u00eddo de 11 de noviembre de 2020 se abstuvo de imponer sanci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que cuenta con 56 a\u00f1os de edad, que fue diagnosticada con c\u00e1ncer invasor de c\u00e9rvix; que cuando se detect\u00f3 su enfermedad se encontraba vinculada a la Gobernaci\u00f3n del Magdalena, la que termin\u00f3 su contrato pese a conocer su situaci\u00f3n; que tras ser concedida la tutela que interpuso, tuvo que formular distintos incidentes de desacato, en virtud de los que la entidad all\u00ed acusada le cancel\u00f3 los meses dejados de percibir y la vincul\u00f3 por el mes de diciembre de 2018, empero, en 2019 no le renov\u00f3 el contrato, quedando desempleada y sin la garant\u00eda de estabilidad laboral reforzada. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que posteriormente fue modulado el fallo, por lo que interpuso distintos incidentes de desacato, en donde el estrado municipal le impuso sanci\u00f3n a la Gobernadora, pero el despacho del circuito revoc\u00f3 dicha determinaci\u00f3n con fundamento en que no se acredit\u00f3 el incumplimiento ni se aportaron nuevas pruebas. <\/p>\n
2.6. Adujo que formul\u00f3 una tutela, la que le fue denegada en primera instancia y concedida por la Corte Suprema; que el estrado del circuito revoc\u00f3 la sanci\u00f3n y le orden\u00f3 a la Gobernaci\u00f3n el cumplimiento del contrato de prestaci\u00f3n de servicios, teniendo en cuenta la modulaci\u00f3n del fallo; que interpuso nuevos incidentes en los que se sancion\u00f3 a dicha entidad territorial, pero en dos oportunidades se declar\u00f3 la nulidad por el estrado del circuito acusado. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que por lo acontecido interpuso un nuevo incidente ante el Tribunal Superior por el incumplimiento del fallo emitido por la Corte, sin embargo, dicha autoridad se abstuvo de imponer sanci\u00f3n; que el estrado de peque\u00f1as causas decret\u00f3 como pruebas que se le remitiera la historia cl\u00ednica y sancion\u00f3 en desacato al Gobernador, decisi\u00f3n que fue revocada por el estrado del circuito porque las condiciones en que fue concedido el resguardo hab\u00edan variado. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que reiterativamente ha deprecado el cumplimiento del fallo, desgast\u00e1ndose f\u00edsica y emocionalmente; que sigue padeciendo la enfermedad y no goza de la estabilidad laboral reforzada; que su salud no ha desmejorado por el apoyo de su familia, amigos y cr\u00e9ditos adquiridos para costear el tratamiento y traslados; que no ha contado con EPS y se enfrenta a una disputa legal para la continuidad de su proceso m\u00e9dico, en tanto que no cuenta con vinculaci\u00f3n laboral; que la negativa en renovar su contrato atenta contra su salud y vida, pues su EPS no cubre los gastos, por lo que los realiza de forma particular; que el c\u00e1ncer que padece es una enfermedad catastr\u00f3fica. <\/p>\n
2.9. Asever\u00f3 que no se cumpli\u00f3 con el fallo modulado; que el Tribunal pudo fallar ultra y extra petita; que los accionados no verificaron los documentos anexos al expediente; que no se dio alcance a la tutela concedida; que se contraria la jurisprudencia constitucional respecto de la protecci\u00f3n reforzada que gozan las personas con c\u00e1ncer; que se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al disponer modular la tutela; que existen imprecisiones por parte de los juzgadores que impiden la renovaci\u00f3n de su contrato; que la decisi\u00f3n estuvo motivada en diferencias personales; y que no se valoraron las circunstancias que rodean el asunto. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Santa Marta indic\u00f3 que en providencia de 11 noviembre de 2020 se abstuvo de imponer sanci\u00f3n a la Juez Cuarta Civil del Circuito de esa ciudad; que la inconformidad consist\u00eda en el presunto incumplimiento de la sentencia de 12 de marzo de 2020 de la Corte Suprema de Justicia; que tal como se consign\u00f3 en la providencia cuestionada, las cinco \u00f3rdenes all\u00ed impartidas fueron cumplidas por el estrado del circuito; que como lo que se estudiaba era si se hab\u00eda observado o no el fallo de dicha Corporaci\u00f3n, no era de su resorte estudiar si el estrado del circuito, en el otro incidente, impon\u00eda o no sanci\u00f3n por la falta de pago de las remuneraciones que dej\u00f3 de recibir la actora entre el momento de su desvinculaci\u00f3n, hasta el 4 de mayo de 2020, mas cuando las disposiciones de la Corte no abordaron esas circunstancias; y que cuando emiti\u00f3 la providencia de 11 de noviembre criticada no hab\u00eda sido revocada la sanci\u00f3n por el juzgado civil. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad se\u00f1al\u00f3 que seg\u00fan el informe brindado por la Gobernaci\u00f3n del Magdalena donde se aport\u00f3 la historia cl\u00ednica de fecha 21 de octubre de 2020 se demostr\u00f3 que el tratamiento de la actora termin\u00f3 el 10 de noviembre de 2018 y que actualmente se encuentra en controles posteriores; que el amparo otorgado fue transitorio y ce\u00f1ido a que se mantuvieran las condiciones de salud de la accionante; que se deja de lado que el estrado municipal orden\u00f3 se le remitiera la historia cl\u00ednica completa; que ha garantizado los derechos fundamentales de la promotora; que con las pruebas presentadas por la parte incidentada y teniendo en cuenta la concesi\u00f3n del resguardo, mal podr\u00eda someter a arresto a alguien que no se encuentra en desacato; que se le indic\u00f3 a la gestora que pod\u00eda hacer uso de las herramientas judiciales pertinentes a fin de reclamar los dineros debidos y adeudados; que la parte sancionada ha mostrado voluntad de cumplimiento al celebrara contratos hasta diciembre de 2020; y que se aten\u00eda a la decisi\u00f3n que se emitiera. <\/p>\n
3. La Gobernaci\u00f3n del Magdalena se pronunci\u00f3 frente a los hechos del escrito inicial y refiri\u00f3 que en distintos incidentes de desacato alleg\u00f3 tres historias cl\u00ednicas que dan cuenta que la accionante ya no padece la patolog\u00eda que en su momento sustent\u00f3 el amparo, sino que asiste a los controles; que se le impuso una carga excesiva al renovar el contrato; que la gestora cuenta con un contrato de prestaci\u00f3n de servicios, por lo que no hay afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital; que no se pod\u00eda desnaturalizar la tutela ni el desacato; que el contrato inicial termin\u00f3 por expiraci\u00f3n del plazo ni estaba obligada a pedirle autorizaci\u00f3n al Ministerio de Trabajo; que no exist\u00eda una v\u00eda de hecho; que el tr\u00e1mite de desacato fue ajustado a la jurisprudencia; que se han garantizado los derechos de las partes; que si existe alguna desatenci\u00f3n es del estrado municipal por las interpretaciones carpichosas que ha realizado; que el objetivo de la peticionaria es \u00abseguir contratada mostr\u00e1ndose ante los estamentos judiciales como una persona desamparada o desvalida, hecho absolutamente falso, porque cuenta con todas sus capacidades, con un n\u00facleo familiar que la respalda y una posici\u00f3n social que da cuenta de eso\u00bb. <\/p>\n
4. Colpensiones solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que la tutela se refiere a una prestaci\u00f3n que no es de su competencia. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tramites incidentales, \u00abparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00, reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12) (citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
3. Vistos esos precedentes y atendidas las normas que gobiernan esta herramienta constitucional, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal criticado consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026antes de entrar a cotejar el comportamiento que asumi\u00f3 la juez encargada de dar cumplimiento al referido fallo de tutela, es del caso tener presente los t\u00e9rminos en que fue dictada la orden, ya que ello resulta necesario para determinar si se est\u00e1 ante una decisi\u00f3n perentoria, o si por el contrario se encuentra sujeta a alguna condici\u00f3n. <\/p>\n
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia emiti\u00f3 dos \u00f3rdenes en su sentencia. La una para el juzgado de circuito, y la otra dirigida al municipal\u2026 <\/p>\n
De antemano se hace necesario resolver la situaci\u00f3n del juzgado municipal. En este expediente se observa el oficio 0517 del diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veinte (2020) emitido por el despacho al su superior. Se esgrimi\u00f3 que \u201cPor medio del presente, y en obedecimiento a lo resuelto por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, le estamos remitiendo a ustedes expediente del Incidente de Desacato con RadicadoN\u00b0.2018- 01163 promovido por Luzdar\u00eds [sic] Leonor Acosta El\u00edas contra Gobernaci\u00f3n del Magdalena, para lo de su competencia y de acuerdo con lo proferido por esa Sala.\u201d\u2026 <\/p>\n
Como a bien se tuvo, existen adem\u00e1s en este expediente las providencias emitidas por el juzgado de circuito. Valoradas ambas documentales, se observa que la orden impartida por la Corte hacia el estrado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Santa Marta fue cumplida sin contratiempos. En virtud de lo anterior, se abstendr\u00e1 esta Corporaci\u00f3n de imponer sanci\u00f3n alguna contra dicha entidad judicial. <\/p>\n
Decantado lo anterior, basta cotejar la actuaci\u00f3n del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad con los mandatos dados. Discriminadas por la Sala, cinco fueron las \u00f3rdenes impuestas al estrado judicial: (i) dejar sin efecto el prove\u00eddo de 10 de octubre de 2019 y la actuaci\u00f3n que dependa de aquella decisi\u00f3n dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al recibo del correspondiente expediente, (ii) emitir una nueva providencia en la que resuelva la consulta del incidente de desacato, (iii) teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo y (iv) previo decreto oficioso de pruebas de considerarlo necesario. Lo oblig\u00f3 adem\u00e1s a(v) informar sobre las resueltas del proceso. <\/p>\n
En el expediente se observan distintas actuaciones realizadas por el incidentado en virtud del fallo de la Corte. Lo primero, una vez fue remitido el expediente el diecis\u00e9is (16) de marzo, el obligado principal se pronunci\u00f3 el diecinueve (19) del mismo mes, y resolvi\u00f3 obedecer y cumplir la orden para \u201cDejar sin efecto el auto de fecha 10 de octubre de 2019 dentro de la consulta del incidente de desacato que inici\u00f3 Luzdary Leonor Acosta Elias contra el Juzgado Cuarto Civil Circuito De Santa Marta\u201d. Tambi\u00e9n dispuso \u201cUna vez notificada la decisi\u00f3n, regrese el expediente al despacho, para proceder dentro de la oportunidad con la segunda orden impartida en el fallo de tutela. 4. Rem\u00edtase copia de la actuaci\u00f3n a la Corte en el inicio del cumplimiento, de acuerdo a lo ordenado en decisi\u00f3n de fecha 12 de marzo de 2019, conocida por esta funcionaria el 16 de marzo de 2020.\u201d\u2026 <\/p>\n
Pues bien, se observa que el Juzgado reprochado, hasta este instante, cumpli\u00f3 las ordenes primera, y quinta. Efectivamente dej\u00f3 sin efectos la providencia del 10 de octubre, y adem\u00e1s, enter\u00f3 a la Corte de tal determinaci\u00f3n. En ambos casos, dentro de los tres d\u00edas otorgados por \u00e9sta. <\/p>\n
Sobre ello, la incidentante no tuvo mayor reproche. Su queja radica en el contenido del auto emitido, y si estuvo apegado a las consideraciones de la Corte. En la parte motiva de la sentencia del doce (12) de marzo se estableci\u00f3 lo siguiente\u2026 <\/p>\n
N\u00f3tese que la Corte aclar\u00f3 posteriormente que la decisi\u00f3n radicaba en cabeza del tutelado, de tal forma que no se suplant\u00f3 la independencia judicial: (\u2026) dicte una nueva que atienda los razonamientos aqu\u00ed condensados, espec\u00edficamente en cuanto a efectuar una valoraci\u00f3n de los medios suasorios, en los t\u00e9rminos del canon 176 del C\u00f3digo General del Proceso, previo decreto oficioso de pruebas de considerarlo necesario, sin que ello implique que la decisi\u00f3n de remplazo deba efectuarse en determinado sentido, comoquiera que \u00e9ste pender\u00e1, exclusivamente, del adecuado an\u00e1lisis del acervo probatorio que le compete realizar al accionado\u2026 <\/p>\n
De lo anterior, entiende la Sala que se cumple la sentencia solo si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito en la nueva providencia emitida valor\u00f3 los medios suasorios de tal forma, que se percatara si se cur\u00f3 la enfermedad de la actora, o si por el contrario sigue afectada. Lo anterior, como requisito para continuar con su vinculaci\u00f3n contractual con la Gobernaci\u00f3n del Magdalena, ante la modulaci\u00f3n hecha por el despacho municipal. <\/p>\n
El dos (2) de abril de dos mil veinte (2020) se dict\u00f3 el respectivo auto. Previamente, se vincul\u00f3 al nuevo gobernador del Magdalena para ese entonces, otorg\u00e1ndole la posibilidad de defenderse\u2026 Luego, se adujo\u2026 <\/p>\n
Precisando que: <\/p>\n
De lo anterior, se colige que el despacho encartado reconoci\u00f3 su error al momento de valorar las pruebas, seg\u00fan las indicaciones de la Corte. Ahora, expuso que las documentales otrora aportadas no descartaban la existencia del c\u00e1ncer en la accionante, otorg\u00e1ndole un grado de certeza a los controles m\u00e9dicos aportados como medios de convicci\u00f3n. En otras palabras, al analizar las evidencias en conjunto, se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que la actora no est\u00e1 curada, o que si lo est\u00e1, no se demostr\u00f3 tal circunstancia. <\/p>\n
Lo dicho, conllev\u00f3 la aplicaci\u00f3n del supuesto jur\u00eddico presente en la sentencia de tutela, esto es, que si la actora continuaba con su enfermedad se deb\u00eda mantener la estabilidad laboral reforzada. Ahora, en la parte resolutiva se abstuvo de condenar al gobernador. Explic\u00f3 que existi\u00f3 voluntad de cumplimiento de su parte, y que \u201cel actual responsable de aquello, se le debe otorgar oportunidad de cumplimiento, pues corresponde a actuaciones administrativas ya sucedidas, por lo que siendo consecuente se le conceder\u00e1 el t\u00e9rmino de dos meses al actual gobernador para que cumpla totalmente el fallo de estabilidad laboral reforzada\u201d\u2026 <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de esta Sala estar de acuerdo o no con la resoluci\u00f3n tomada, lo cierto es que la orden de la Corte fue emitir una nueva resoluci\u00f3n valorando en conjunto las pruebas aportadas. Lo anterior, con el objetivo de determinar si subsist\u00edan las razones que llevaron al juez constitucional a otorgar el derecho a la estabilidad laboral reforzada. El m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional en ning\u00fan momento impuso al despacho reprochado condenar o absolver a la incidentada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el juzgado concluy\u00f3 que s\u00ed persist\u00edan los achaques m\u00e9dicos de la petente, ante la ausencia de una prueba en contrario. De contera, orden\u00f3 que se vinculara a la actora nuevamente a laborar, eso s\u00ed, dando un comp\u00e1s de espera de dos meses al nuevo gobernador para cumplir. <\/p>\n
Luego entonces, la segunda, tercera, y cuarta orden fueron cumplidas. \u00c9sta \u00faltima, comoquiera que fue potestativa, no acarrea mayor incumplimiento, porque el decreto oficioso de pruebas se le impuso \u201cde considerarlo necesario\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, los reproches acontecidos con posterioridad al fallo de tutela emitido por la Corte, y los incidentes de desacato venideros, son circunstancias distintas. Empero, el precedente judicial le indica al juzgado que debe seguir valorando las pruebas con sana cr\u00edtica y de manera conjunta. No es dable valorarlas sanamente una \u00fanica vez, pues a pesar de que el fallo constitucional no cobije todas las actuaciones posteriores, el incurrir nuevamente en actos atentatorios contra el debido proceso no es admisible. <\/p>\n
Como se observa, todas las \u00f3rdenes impuestas por la sentencia de la honorable Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia fueron cumplidas por los obligados. No se impondr\u00e1 sanci\u00f3n alguna. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que se plantea la tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia con la que el Tribunal acusado se abstuvo de imponer sanci\u00f3n por desacato, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. De otro lado, en lo atinente a las quejas y pretensiones enfiladas frente al incidente de desacato tramitado ante los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de Santa Marta, es de observarse que el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., en su numeral 5\u00ba, del decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1983 de 2017, en lo pertinente, establece que \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
Luego, como dichas aspiraciones involucran a los estrados mencionados, la competencia para conocerla corresponde a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, por lo que se remitira copia del expediente a dicha Corporaci\u00f3n, con miras a que le imprima el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida, con la precisi\u00f3n efectuada a espacio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Se ordena remitir de inmediato copia del expediente a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional de la accionante contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de Santa Marta. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC090-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC090-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03377-00 Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luzdaris Leonor Acosta El\u00edas contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53042","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53042","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53042"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53042\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53042"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53042"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53042"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}