STC091-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC091-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03529-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Camilo Alberto Escobar G\u00f3mez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Procuradur\u00eda Tercera Delegada para dicha Corporaci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la causa criminal adelantada al aqu\u00ed quejoso por los delitos de \u201cfraude procesal y uso de documento p\u00fablico falso\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El quejoso requiere la salvaguarda de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, mediante sentencia de 24 de septiembre de 2018, impuso pena privativa de la libertad de ocho (8) a\u00f1os de prisi\u00f3n a Camilo Alberto Escobar G\u00f3mez por los punibles de \u201cfraude procesal y uso de documento p\u00fablico falso\u201d, decisi\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, el 10 de mayo de 2018. <\/p>\n
Acota el quejoso que impetr\u00f3 demanda de casaci\u00f3n, inadmitida por la Sala especializada de esta Corte el 20 de septiembre de 2020, por tanto, elev\u00f3 \u201crecurso de insistencia\u201d ante la Procuradur\u00eda Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, petici\u00f3n desestimada el 10 de noviembre pasado. <\/p>\n
Esgrime que la corporaci\u00f3n querellada incurri\u00f3 en \u201cdefecto sustantivo\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) por insuficiencia de motivaci\u00f3n o motivaci\u00f3n ambigua (\u2026), [por cuanto] el pronunciamiento [criticado] considera y toma como base aspectos de fondo, propios de un estadio procesal posterior dentro del tr\u00e1mite de casaci\u00f3n, que no pod\u00edan ser tenidos en cuenta como argumentos v\u00e1lidos para apalancar la ausencia de formalidades, pues nada ten\u00edan que ver con \u00e9stas y por lo tanto, no eran id\u00f3neos para configurar una causal de inadmisi\u00f3n de la demanda, qued\u00e1ndose sin resolver el problema planteado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Afirma que el colegiado fustigado no pod\u00eda hacer apreciaciones de fondo sobre los cargos propuestos, sino \u00fanicamente debi\u00f3 pronunciarse sobre los requisitos de forma no cumplidos por la demanda de casaci\u00f3n, pues as\u00ed lo sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia SU-635 de 2015. <\/p>\n
3. Exige, en concreto se ordene la admisi\u00f3n del comentado libelo y habilitar, en el caso bajo estudio, los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3 atenerse a los argumentos expuestos en la providencia emitida por esa corporaci\u00f3n dentro del asunto bajo estudio <\/p>\n
2. El Ministerio P\u00fablico guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Camilo Alberto Escobar G\u00f3mez censura puntalmente: i) el prove\u00eddo de 20 de septiembre de 2020, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n formulada contra el fallo de segunda instancia emitido en la causa criminal adelantada en su contra por los delitos de \u201cfraude procesal y uso de documento p\u00fablico falso\u201d; y ii) la decisi\u00f3n de la Procuradur\u00eda Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal de abstenerse de formular recurso de insistencia frente a la citada inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Es pertinente indicar que el referido remedio extraordinario impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo formal o lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de prerrogativas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
3. Auscultadas las decisiones atacadas, no emerge arbitrariedad con entidad suficiente como para permitir el paso a esta excepcional justicia. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, la Sala de Casaci\u00f3n Penal frente al \u00fanico cargo por \u201cviolaci\u00f3n directa de la ley sustancial\u201d, elevado por el recurrente, expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [H]a sido prolija la jurisprudencia al precisar que el yerro de juicio en el que incurre el juzgador respecto del precepto que regula el supuesto f\u00e1ctico, puede configurarse por: i) la selecci\u00f3n de una norma que no es la llamada a gobernar el asunto (aplicaci\u00f3n indebida), ii) la omisi\u00f3n de otra que s\u00ed resuelve los extremos de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal (falta de aplicaci\u00f3n o exclusi\u00f3n evidente) iii) la selecci\u00f3n correcta, pero aplicada al caso con un sentido jur\u00eddico que no tiene o con consecuencias contrarias a su naturaleza jur\u00eddica (interpretaci\u00f3n err\u00f3nea)\u201d . <\/p>\n
\u201cDe cara a lo anterior, los senderos escogidos por el recurrente son la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n indebida de la norma comercial y de los estatutos sindicales, que inciden, en su sentir, en los presupuestos de la adecuaci\u00f3n t\u00edpica\u201d. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la causal invocada se centra en las normas que rigen el caso en concreto, y, en consecuencia, la interposici\u00f3n del recurso implica, para el demandante, la aceptaci\u00f3n plena de los hechos presentados en el fallo, pues la discusi\u00f3n, no busca corregir ni modificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica declarada en la sentencia, sino que se aplique en debida forma el derecho. <\/p>\n
Al respecto, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]esde ya dir\u00e1 la Sala que dicha exigencia no la cumple el censor, dado que, a los postulados f\u00e1cticos expuestos en la sentencia de segundo grado opone nuevos hechos y, a partir de su visi\u00f3n personal, trae a colaci\u00f3n la aplicaci\u00f3n de normas extrapenales\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, al leer la sentencia se establece que en la construcci\u00f3n argumentativa, utiliz\u00f3 el m\u00e9todo de extraer de las pruebas la secuencia cronol\u00f3gica de los acontecimientos, y por contera al condenar, dio por acreditada la situaci\u00f3n f\u00e1ctica presentada por la Fiscal\u00eda respecto a los delitos por los que fue acusado el procesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l censor opone b\u00e1sicamente que: i) la fusi\u00f3n de los sindicatos dej\u00f3 de materializarse porque no se llevaron a efecto los actos de protocolizaci\u00f3n que demandaba, especialmente, el traspaso de los bienes de la agremiaci\u00f3n seccional a la nacional; ii) la Subdirectiva de Risaralda no desapareci\u00f3 por la fusi\u00f3n, debido a que no pod\u00edan coexistir dos sociedades de hecho y, por lo tanto, la Seccional en menci\u00f3n, segu\u00eda operando de manera aut\u00f3noma, respecto de los bienes de su jurisdicci\u00f3n; iii) el Funcionario de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, que inscribi\u00f3 la venta, no fue inducido en error, toda vez que, la misma, la realiz\u00f3 el propietario del bien, independientemente de si hubo provecho para s\u00ed o para un tercero, adicionalmente, iv) el Registrador conoc\u00eda lo anterior porque desestim\u00f3, mediante unos actos administrativos que no fueron demandados por la v\u00eda administrativa, la actividad del sindicato absorbente de bloquear la venta, inscribiendo un usufructo; v) el acusado estaba autorizado para hacer la negociaci\u00f3n del inmueble denominado HAWAY, puesto que le pertenec\u00eda al Sindicato Seccional de Pereira por ser su representante legal; v) la certificaci\u00f3n que acredit\u00f3 al defendido, como representante legal pod\u00eda ser extendida por el Ministerio de Trabajo y Protecci\u00f3n Social, sin que tuviera relevancia alguna el contenido en ese sentido porque en realidad representaba a la subdirecci\u00f3n seccional propietaria del predio\u201d. <\/p>\n
\u201cMediante esa \u00e9gida, se infiere claramente que el abogado pretende variar todos los hechos jur\u00eddicamente relevantes declarados en el fallo confutado, y a partir de ello, tambi\u00e9n exigir que se apliquen e interpreten algunas normas consagradas en el C\u00f3digo de Comercio y los estatutos sindicales, con lo cual falta al principio de autonom\u00eda, que exige una espec\u00edfica manera de formulaci\u00f3n y demostraci\u00f3n de los cargos que la sustenten, de conformidad con la causal aducida y el motivo que le sirva de sustento para la admisi\u00f3n de la demanda\u201d. <\/p>\n
Sostuvo que el recurrente no abord\u00f3 los acontecimientos declarados probados por el juzgador, sino por el contrario realiz\u00f3 una visi\u00f3n \u201cpersonal y unilateral\u201d de los hechos, y si bien <\/p>\n
\u201c(\u2026) da a conocer desde su visi\u00f3n jur\u00eddica, c\u00f3mo deben aplicarse e interpretarse los art\u00edculos 171, 172, 173 y 175 del C\u00f3digo de Comercio, tambi\u00e9n lo es que, edifica el cargo a partir de la oposici\u00f3n a la valoraci\u00f3n probatoria del Tribunal, y, bajo su nuevo esquema de apreciaci\u00f3n pretende unificar el articulado aludido con reconstrucci\u00f3n sesgada de unas circunstancias temporo- modales, no reconocidas por el ad-quem, lo que hace inviable el an\u00e1lisis del error adjudicado a la instancia\u201d. <\/p>\n
\u201cIgual ocurre con el tenor del art\u00edculo 64 de los estatutos sindicales, se\u00f1alado por la defensa, porque vuelve a incurrir en el mismo error, partir de una realidad f\u00e1ctica diferente a la que se dio por probada en la sentencia, a la que quiere oponer un inexistente conflicto de interpretaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De esa medida, el dislate en la invocaci\u00f3n de la casual encuentra trasfondo en el evidente objetivo del actor de generar una situaci\u00f3n f\u00e1ctica distinta y de mezclar asuntos que son del resorte de otras especialidades que, aunque, como lo dijo la instancia pueden generar investigaciones penales, en este caso, no fueron incluidos como derrotero f\u00e1ctico por la Fiscal\u00eda desde la audiencia preliminar, por no ser necesarias ni oponerse a los tipos penales estudiados\u201d. <\/p>\n
3.2. Por su parte, el Ministerio P\u00fablico en el memorial de 10 de noviembre de 2020, expuso las razones por las cuales no formul\u00f3 la insistencia reclamada por el condenado, precisando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]el escrito del recurrente en insistencia, se denota que no esgrime ning\u00fan argumento, tendiente a exponer que los cargos formulados en la demanda de casaci\u00f3n fueron correctamente expuestos y que err\u00f3 la Corte Suprema de Justicia en la decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n. Solamente, se limita a trascribir in extenso nuevamente las consideraciones del auto de la Sala y los cargos formulados en el recurso extraordinario, pero se abstiene de indicar y precisar los yerros en que pudo haber incurrido la Corte en el auto respectivo\u201d. <\/p>\n
\u201cEs decir, el accionante no ofreci\u00f3 ning\u00fan argumento tendiente a demostrar la equivocaci\u00f3n de la Sala al inadmitir la demanda, pues para ello debi\u00f3 se\u00f1alar e indicar los yerros cometidos por la Corte en el auto inadmisorio, sino que se centra en se\u00f1alar los supuestos errores del fallo del Tribunal de Pereira, relativos a lo que denomina \u201ccriterio equivocado\u201d sobre la fusi\u00f3n de los dos sindicatos. Por lo cual, se carece de elementos de juicio para proceder a efectuar un an\u00e1lisis de fondo de su deshilvanada exposici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cEn ese mismo sentido, la demanda falta al principio de sustentaci\u00f3n suficiente y correcci\u00f3n material, como quiera que la decisi\u00f3n se relaciona con regulaciones de orden general que, sin especificar los ordenamiento civiles o comerciales, indica tangencialmente los efectos y la correlaci\u00f3n entre su vulneraci\u00f3n y los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales estudiados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y por el otro, la falta de precisi\u00f3n del recurrente en indicarle al Ministerio P\u00fablico los yerros en los cuales incurri\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal al inadmitir el memorado remedio extraordinario, pues su argumento iba dirigido a censurar aspectos de la sentencia de instancia. <\/p>\n
Por otro lado, no es cierto, como lo pretende hacer ver el tutelante, que la corporaci\u00f3n fustigada haya desconocido el precedente establecido en la sentencia SU-365 de 2015, esto es, haber realizado, al momento de admitir la casaci\u00f3n, un pronunciamiento de fondo frente a los cargos propuestos, por el contrario, el convocado fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que el libelo no pod\u00eda ser admitido por \u201cfalta al principio de sustentaci\u00f3n suficiente y correcci\u00f3n material\u201d, argumento que en nada contradice la postura se\u00f1alada en el referido fallo constitucional. <\/p>\n
Es preciso recordar que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d1. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Camilo Alberto Escobar G\u00f3mez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la Procuradur\u00eda Tercera Delegada para dicha Corporaci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la causa criminal adelantada al aqu\u00ed quejoso por los delitos de \u201cfraude procesal y uso de documento p\u00fablico falso\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb9, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb10; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ SC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012. <\/p>\n
2 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
6 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
9 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
10 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
15 <\/p>\n
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STC091-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC091-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03529-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Camilo Alberto Escobar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53043","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53043","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53043"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53043\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53043"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53043"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53043"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}