STC093-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC093-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00016-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se procede a decidir la tutela impetrada por el Banco Agrario de Colombia S.A. frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, integrada por los magistrados Jos\u00e9 David Corredor Espitia, Juli\u00e1n Alberto Villegas Perea y Flavio Eduardo C\u00f3rdoba Fuertes, con ocasi\u00f3n del amparo con radicaci\u00f3n n\u00ba 2020-00011, iniciado por Marisol Silva Montilla a la entidad gestora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad peticionaria exige la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso y \u201cdefensa\u201d, presuntamente conculcadas por la corporaci\u00f3n accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Marisol Silva Montilla promovi\u00f3 amparo similar contra la ahora impulsora, por considerar transgredidos sus derechos al debido proceso, \u201cm\u00ednimo vital\u201d, \u201cvida digna\u201d, \u201cestabilidad laboral reforzada\u201d, \u201casociaci\u00f3n sindical\u201d y dem\u00e1s garant\u00edas de los adultos mayores y de su hijo menor de edad, con la decisi\u00f3n de dar por terminado su contrato de trabajo. <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, dirimi\u00f3 adversamente el auxilio, en fallo de 6 de marzo de 2020. <\/p>\n
Al desatar la impugnaci\u00f3n formulada por la all\u00e1 inicialista, el 19 de mayo de 2020, el estrado confutado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de su inferior funcional, al hallar probada la condici\u00f3n de madre cabeza de familia de la entonces precursora, quien, adem\u00e1s, gozaba de fuero circunstancial para la fecha del despido. En consecuencia, otorg\u00f3 la protecci\u00f3n de manera definitiva, ordenando su reintegro sin soluci\u00f3n de continuidad y el consiguiente pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir. <\/p>\n
Para soportar la procedencia del amparo, el colegiado fustigado se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La Corte Constitucional ha considerado que cuando se trata de impugnar el despido desde la perspectiva constitucional, las v\u00edas ordinarias de defensa judicial no resultan id\u00f3neas, y ello torna procedente la acci\u00f3n de tutela para lograr la adecuada protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del trabajador, reiterando que la tutela resulta procedente en aquellos casos en que la protecci\u00f3n que se solicita es de car\u00e1cter esencialmente constitucional y no legal, caso en el cual la soluci\u00f3n corresponde al [j]uez [c]onstitucional. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s de estarse en presencia [de] un perjuicio inminente y grave, el cual debe prevenirse, por lo cual las medidas deben ser urgentes, lo que no ofrece en estos momentos la jurisdicci\u00f3n ordinaria, motivo por el cual la tutela se torna impostergable, pues es la adecuada para reestablecer el orden social justo en toda su integridad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La instituci\u00f3n querellante acude a este mecanismo excepcional, por considerar quebrantadas sus garant\u00edas fundamentales, con la determinaci\u00f3n antes rese\u00f1ada, por cuanto \u201c(\u2026) realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la causa legal y objetiva que dispone el art\u00edculo 47 del Decreto 2127 de 1945 compilado en el Decreto 1083 del 20151\u201d y, por otra parte, <\/p>\n
Basada en ello y en la incursi\u00f3n del tribunal en un defecto f\u00e1ctico, califica de \u201ccontradictoria e ilegal\u201d la determinaci\u00f3n criticada, pues, <\/p>\n
\u201c(\u2026) pese a reconocer la existencia de medios de defensa id\u00f3neos, otorg\u00f3 una protecci\u00f3n de car\u00e1cter definitivo, decisi\u00f3n que a todas luces resulta una extralimitaci\u00f3n, pues conforme qued\u00f3 acreditado, mediante el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n constitucional emiti\u00f3 un pronunciamiento respecto a la legalidad de la terminaci\u00f3n de un contrato de trabajo, tom\u00e1ndose atribuciones propias del [j]uez [o]rdinario competente e impidiendo que sea el [j]uez natural quien tome una decisi\u00f3n de fondo frente a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo de la se\u00f1ora Marisol Silva Montilla (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, por tanto, \u201crevocar\u201d la sentencia del tribunal ad quem o, subsidiariamente, declarar la nulidad de todo lo actuado y ordenarle \u201c(\u2026) dictar el fallo que en derecho corresponde, previo el nuevo tr\u00e1mite procesal correspondiente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino del traslado para contestar, guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En lo atinente a este espec\u00edfico tema, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
2. Con todo, se resalta, la jurisprudencia ha aceptado la viabilidad de auxilios como el presente, cuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en el pronunciamiento SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
\u201c4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (\u2026)\u201d <\/p>\n
3. Se colige el fracaso del amparo porque la inicialista discute lo resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el prove\u00eddo de 19 de mayo de 2020, donde otorg\u00f3 el auxilio rogado por Marisol Silva Montilla, disponiendo su reintegro al cargo desempe\u00f1ado para el momento de la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral y el pago de los salarios y prestaciones sociales correspondientes. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, como en el presente asunto se solicita dejar sin en efecto \u201co invalidar\u201d la sentencia descrita, la cuesti\u00f3n implica reabrir un debate ya dirimido en un decurso de similar linaje al ahora incoado. <\/p>\n
No es procedente, por esta v\u00eda, cuestionar las actuaciones y decisiones proferidas en un asunto de igual naturaleza. La acci\u00f3n de tutela no es instrumento que pueda utilizarse para atacar ese tipo de pronunciamientos; de aceptarse esa conducta, se perder\u00eda su efectividad como herramienta de acceso a la justicia para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
Esta Colegiatura ha desestimado ruegos como \u00e9ste, \u201c(\u2026) puesto que la jurisprudencia constitucional defini\u00f3 de tiempo atr\u00e1s que [aqu\u00ed] resulta inconducente para alegar la configuraci\u00f3n de arbitrariedades en una sentencia de igual talante, pues un an\u00e1lisis distinto desnaturaliza su real objeto (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Ahora bien, de un examen cuidadoso a la actual salvaguarda y a la decisi\u00f3n objeto de reproche, la Corte no advierte hechos constitutivos de fraude ni alegaciones en tal sentido de la entidad, \u00fanico evento capaz de viabilizar la procedencia de este instrumento extraordinario, como qued\u00f3 visto en precedencia. <\/p>\n
5. Adem\u00e1s, la organizaci\u00f3n reclamante tiene a su alcance la revisi\u00f3n del fallo de tutela fustigado e, incluso, cuenta con el mecanismo de insistencia, escenarios eficaces para controvertir los argumentos aducidos por las sedes judiciales, teniendo en cuenta que el expediente con radicaci\u00f3n 2020-00011, fue radicado en la Corte Constitucional, el 10 de diciembre de 20204, hall\u00e1ndose a\u00fan en curso el grado jurisdiccional asignado a esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
La Sala, en un asunto similar sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [H]a de reiterarse la posici\u00f3n de la Sala acerca de la improcedencia de la tutela para cuestionar las actuaciones y decisiones originadas en el marco de otro proceso de id\u00e9ntico linaje constitucional, ya que de lo contrario se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se agrega que, tras revisarse la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional, se encontr\u00f3 que (\u2026) el expediente fue enviado a la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional, estando pendiente de que se decida si va a ser revisado o no. (\u2026) De modo que como el tr\u00e1mite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisi\u00f3n, el hoy accionante puede manifestar all\u00e1 su inconformidad o acudir ante dicha Corporaci\u00f3n \u201ce insistir en su selecci\u00f3n, para que[,] de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u201d (sentencia de 6 de marzo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2008-00489-01) (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por el Banco Agrario de Colombia S.A. frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, integrada por los magistrados Jos\u00e9 David Corredor Espitia, Juli\u00e1n Alberto Villegas Perea y Flavio Eduardo C\u00f3rdoba Fuertes, con ocasi\u00f3n del amparo con radicaci\u00f3n n\u00ba 2020-00011, iniciado por Marisol Silva Montilla a la entidad gestora. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISTO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb13, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb14; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1. Por expiraci\u00f3n del plazo pactado o presuntivo. <\/p>\n
2. Por la realizaci\u00f3n de la obra contratada, aunque el plazo estipulado fuere mayor. <\/p>\n
3. Por la ejecuci\u00f3n del trabajo accidental, ocasional o transitorio. <\/p>\n
4. Por mutuo consentimiento. <\/p>\n
5. Por muerte del asalariado. <\/p>\n
6. Por liquidaci\u00f3n definitiva de la empresa, o por clausura o suspensi\u00f3n total o parcial de sus actividades durante m\u00e1s de ciento veinte d\u00edas, por razones t\u00e9cnicas o econ\u00f3micas, siempre que se haya dado el aviso de que trata el numeral 3. del art\u00edculo 2.2.30.6.8 del presente Decreto, o que se haya pagado un mes de salarios y sin perjuicio de los derechos emanados de contratos a t\u00e9rmino fijo. <\/p>\n
7. Por decisi\u00f3n unilateral, en los casos previstos en los art\u00edculos 2.2.30.6.12 2.2.30.6.13 y 2.2.30.6.14 del presente Decreto. <\/p>\n
8. Por sentencia de autoridad competente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00. <\/p>\n
3 CSJ. STC del 17 de febrero de 2004, exp, No. 2300122130002003-00076-01 y 27 de agosto del mismo a\u00f1o, exp. 470012213000200400306-01, entre muchas otras. <\/p>\n
4https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consultat\/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2019-01-01&date4=2021-01-13&radi=Radicados&palabra=silva+montilla&radi=radicados&todos=%25. <\/p>\n
5 CSJ. STC de 25 de junio de 2012, exp. 5400122130002012-00069-01; reiterada el 16 de agosto de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-01773-00; <\/p>\n
6 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rs. 278 a 308. <\/p>\n
13 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
14 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
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STC093-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC093-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00016-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) Se procede a decidir la tutela impetrada por el Banco […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53045","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53045","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53045"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53045\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53045"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53045"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53045"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}