STC094-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC094-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01729-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 5 de noviembre de 2020, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la salvaguarda promovida por Federico Joaqu\u00edn Collazos Ch\u00e1vez frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario laboral iniciado por el aqu\u00ed actor contra Unilever Andina Colombia Ltda., con radicaci\u00f3n n\u00ba 2009-00482. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, el gestor exige la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales a la igualdad, trabajo, debido proceso, seguridad social, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otras, presuntamente transgredidas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del libelo y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente resguardo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Federico Joaqu\u00edn Collazos Ch\u00e1vez, interpuso acci\u00f3n de tutela, contra Unilever Andina Colombia LTDA, \u201cpara reclamar su reintegro y la protecci\u00f3n a sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, estabilidad laboral reforzada y al m\u00ednimo vital\u201d; amparo que fue concedido en primera instancia, como mecanismo transitorio, el 6 de noviembre de 2007 por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Cali y confirmado en sede de apelaci\u00f3n el 18 de enero de 2008 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
Posteriormente, el censor promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la referida compa\u00f1\u00eda, solicitando el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales adeudadas entre el 5 de julio de 2006 y el 19 de noviembre de 2007, as\u00ed como la indemnizaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 19971. <\/p>\n
El anotado decurso fue tramitado, en primer grado, por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, autoridad que, en fallo de 28 de septiembre de 2012, accedi\u00f3 a las pretensiones elevadas por el actor; sin embargo, al desatar la \u201cdemanda de reconvenci\u00f3n\u201d presentada por la pasiva extrema, conden\u00f3 a Collazos Ch\u00e1vez a cancelar $83.070.911 a favor de Unilever Andina Colombia LTDA., correspondientes a las \u201ccesant\u00edas e indemnizaci\u00f3n por retiro\u201d, pagadas con ocasi\u00f3n del despido. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, ambas partes presentaron remedio vertical, resuelto el 26 de junio de 2013, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma urbe, quien estableci\u00f3 revocar parcialmente el fallo del a quo, en el sentido de negar \u201clas pretensiones de la demanda principal\u201d y confirmar en lo atinente a \u201clas condenas solicitadas en la demanda de reconvenci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
El censor inco\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n; empero, la Sala especializada en Descongesti\u00f3n, el 5 de mayo de 2020, dispuso no casar la decisi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
Aduce el gestor que la accionada se apart\u00f3 de la jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional, en relaci\u00f3n con el alcance del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 y \u201cla protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los trabajadores en situaci\u00f3n de discapacidad, desvinculados unilateralmente por el empleador\u201d; para sustentar su conclusi\u00f3n, cita las sentencias C-531 de 2000, SU-049 de 2017, C-200 de 2019. <\/p>\n
Esgrime que, con dicha determinaci\u00f3n, se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, por cuanto la colegiatura cuestionada \u201cno valor\u00f3 en debida forma las pruebas que obran en el expediente y dej\u00f3 de apreciar otra cuya valoraci\u00f3n atenta ha debido llevar a conclusiones opuestas a las que arrib\u00f3\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1ala como \u201cpruebas deficientemente apreciadas\u201d, el dictamen de la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de 11 de agosto de 2006 y las sentencias de tutela de primer y segundo grado que otorgaron el amparo otrora por \u00e9l solicitado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sostiene, se configur\u00f3 un \u201cdefecto sustantivo\u201d, pues el estrado confutado profiri\u00f3 la decisi\u00f3n apoyado en una \u201cnorma inexistente\u201d, esto es, el Decreto 2463 de 2001, derogado por el art\u00edculo 61 del Decreto 1352 de 2013. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, dejar sin efectos el pronunciamiento atacado y, en su lugar, emitir uno nuevo accediendo a sus aspiraciones. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La Sala en Descongesti\u00f3n confutada se opuso a la prosperidad de la s\u00faplica. Indic\u00f3 que, el recurrente no cumpli\u00f3 con las reglas adjetivas de t\u00e9cnica que su planteamiento y demostraci\u00f3n requieren, de conformidad con el ordenamiento jur\u00eddico y, tampoco demostr\u00f3 ser acreedor del amparo legal de estabilidad reforzada por sus condiciones de salud. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que, si bien para el momento en el cual se profiri\u00f3 el fallo atacado, hab\u00eda desaparecido de la esfera jur\u00eddica el Decreto 2463 de 2001, el mismo se encontraba vigente para la fecha del despido. <\/p>\n
Por otra parte, respecto a los fallos de tutela que consider\u00f3 el actor como pruebas no valoradas, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) ellas s\u00ed fueron tenidas en cuenta, como en la decisi\u00f3n objeto de acci\u00f3n constitucional se explic\u00f3, pero debe agregarse aqu\u00ed, que solo las decisiones definitivas proferidas por el Juez constitucional son inamovibles, por el contrario, cuando \u00e9ste se\u00f1ala que es el Juez ordinario quien debe determinar la procedencia del derecho no est\u00e1 relevando de actividad probatoria al beneficiario de su decisi\u00f3n, le est\u00e1 brindando un comp\u00e1s de espera para que el derecho conculcado no cause un perjuicio irremediable y un espacio m\u00e1s amplio donde puede desarrollar una mayor actividad en procura de la obtenci\u00f3n de sus derechos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Precis\u00f3 que la labor de esa colegiatura, \u201cse limita a juzgar la sentencia para determinar si se encuentra dentro del marco de la legalidad, por haber aplicado el ad quem las normas requeridas al caso, pero, no tiene competencia para juzgar el pleito y determinar a cu\u00e1l de las partes le asiste la raz\u00f3n, labor limitada a los jueces de instancia\u201d. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal vinculado inform\u00f3 que concedi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n dentro del proceso objeto de controversia y, desatado ese remedio, el expediente regres\u00f3 a esa Corporaci\u00f3n; empero, fue enviado al despacho de origen el 2 de octubre de 2020, por lo tanto, adujo, el mismo no reposa en ese estrado. <\/p>\n
3. El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, luego de rese\u00f1ar las actuaciones adelantadas en el decurso, manifest\u00f3 que, mediante auto de 22 de octubre de 2020, dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el superior; igualmente, consider\u00f3 innecesario pronunciarse frente al escrito tutelar, ya que ninguna de las pretensiones del actor se enfoca respecto de ese despacho. <\/p>\n
4. Unilever Andina de Colombia Ltda., solicit\u00f3 negar el amparo por improcedente. Agreg\u00f3 que el proceso ordinario laboral, se llev\u00f3 a cabo respetando las garant\u00edas legales y constitucionales en todas sus etapas, por tanto, no existi\u00f3 irregularidad alguna que afectara los derechos incoados por el accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, por cuanto no hall\u00f3 arbitrariedad en la gesti\u00f3n censurada. As\u00ed lo expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]e lo expuesto y del estudio de las pruebas allegadas a la tutela, se observa que la providencia censurada no omiti\u00f3 el deber de an\u00e1lisis de las realidades f\u00e1cticas y jur\u00eddicas sometidas al caso y por el contrario, con fundamento en la normativa vigente y la totalidad de los elementos de juicio y argumentaciones ofrecidas por las partes, dentro del marco de autonom\u00eda y competencia que le otorga la Constituci\u00f3n y la Ley, emiti\u00f3 la decisi\u00f3n que en derecho correspond\u00eda, de modo que no le es permitido al juez constitucional entrar a controvertirla so pretexto de no ser compartida por quien formula el reproche (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el censor, sin exponer los argumentos de disenso. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, se resalta que, en el marco de las atribuciones asignadas a las salas de descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 20162, precisa que, si bien \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aquellas, de remitir el juicio a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n
2. El tutelante cuestiona la providencia SL1795 de 5 de mayo de 2020, mediante la cual la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no cas\u00f3 la sentencia de 26 de junio de 2013, emitida por el ad quem, quien revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n adoptada el 28 de septiembre de 2013, por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda principal y confirmar las condenas solicitadas en la \u201cdemanda de reconvenci\u00f3n\u201d, dentro del juicio adelantado por el actor contra Unilever Andina Colombia LTDA. <\/p>\n
3. Examinado el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se zanj\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, interpuesto en el litigio bajo estudio, no emerge irregularidad alguna con fuerza suficiente como para permitir el paso a esta excepcional justicia. <\/p>\n
En efecto, la corporaci\u00f3n criticada, para desestimar las pretensiones del gestor, determin\u00f3 que la censura no cumpl\u00eda con las exigencias m\u00ednimas legales y jurisprudenciales para la sustentaci\u00f3n del cargo primero, circunstancia que imped\u00eda el estudio de fondo de ese remedio extraordinario. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, al dirigirse el ataque por la v\u00eda de los hechos, debi\u00f3 el recurrente, adem\u00e1s de precisar los yerros f\u00e1cticos, acreditar de manera razonada las equivocaciones cometidas por el ad quem en la valoraci\u00f3n y estudio de los elementos demostrativos, pues \u201cpese a que anuncia cuatro pruebas como no valoradas y cuatro como indeficientemente apreciadas, no realiza un an\u00e1lisis juicioso de cada una de ellas y de su contenido\u201d. <\/p>\n
En este punto, se resalta, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es una herramienta para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
4. Posteriormente, la acusada, al referirse a los fallos de tutela de ambas instancias que, seg\u00fan el promotor no hab\u00edan sido tenidos en cuenta, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Contrario a lo dicho por el accionante, el Juzgador s\u00ed hizo referencia a ellos cuando dijo que \u201cel Juez de tutela ampar\u00f3 de manera transitoria los derechos del accionante, (\u2026) , lo que implica que deb\u00eda ser el Juez ordinario quien determine, de manera definitiva si las condiciones del despido fueron o no derivadas de la situaci\u00f3n de discapacidad\u201d y tambi\u00e9n al observar que de las decisiones constitucionales se deriv\u00f3 el derecho al pago de la indemnizaci\u00f3n por despido injusto, por lo que no fueron ignorados y mal puede sustentar su ataque en ese aspecto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Luego, sostuvo que el tribunal acudi\u00f3 a la jurisprudencia de esta Corte, para determinar que el demandante \u201cno se encontraba en los supuestos de la norma que confieren la protecci\u00f3n a que aspiraba\u201d, pues para ello deb\u00eda demostrar que padec\u00eda una limitaci\u00f3n moderada, es decir, una p\u00e9rdida de capacidad laboral entre el 15% y el 25%; sin embargo el demandante no prob\u00f3 esa circunstancia y atribuy\u00f3 su omisi\u00f3n a la administradora de riesgos laborales, quien ten\u00eda a cargo la realizaci\u00f3n del dictamen, con el porcentaje de capacidad de trabajo. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, el juez de tutela elucid\u00f3 lo atinente a la protecci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 y concedi\u00f3 el resguardo de manera transitoria; sin embargo, las conclusiones all\u00ed establecidas, estaban supeditadas a lo probado en el juicio ordinario. Por tanto, \u201cno puede asegurar el recurrente que ya se hab\u00eda estimado la condici\u00f3n de persona en debilidad manifiesta con estabilidad laboral reforzada\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, al estudiar el cargo segundo, la Corporaci\u00f3n fustigada, precis\u00f3 que no eran motivo de disputa, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) que el v\u00ednculo laboral termin\u00f3 por decisi\u00f3n unilateral del empleador; (ii) que al trabajador se le pag\u00f3 indemnizaci\u00f3n por el despido; (iii) que la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez conceptu\u00f3 que la patolog\u00eda asma bronquial que afecta al actor es de origen profesional, pero no cuantific\u00f3 la p\u00e9rdida de capacidad laboral, y (iv) que el juez de tutela concedi\u00f3 transitoriamente la protecci\u00f3n al actor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el recurrente estaba en desacuerdo con la decisi\u00f3n tomada por el tribunal al considerar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) que la demostraci\u00f3n del nexo de causalidad entre la condici\u00f3n de debilidad manifiesta del trabajador y la desvinculaci\u00f3n laboral no corresponde al trabajador, sino al empleador; ii) que al ser despedido sin justa causa con pago de indemnizaci\u00f3n y sin permiso de la oficina de trabajo debe presumirse que el motivo fue su estado de salud y iii) que era al accionado a quien le correspond\u00eda justificar objetiva y razonablemente los motivos de su decisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Al respecto, la accionada acot\u00f3 que, de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Sala permanente, \u201cel despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio, a menos que el empleador demuestre en juicio la ocurrencia real de la causa alegada (CSJ SL1360-2018)\u201d. <\/p>\n
No obstante, aclar\u00f3, tambi\u00e9n se ha reiterado en diferentes ocasiones que para hacerse acreedor de la protecci\u00f3n especial que trata el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, se debe demostrar, al menos, que el trabajador, \u201ctiene una limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial, que se enmarque en los porcentajes de p\u00e9rdida de la capacidad laboral, igual o superior al 15 % (CSJ SL5181-2019)\u201d. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 la necesidad del trabajador de demostrar una limitaci\u00f3n que d\u00e9 lugar a la protecci\u00f3n contemplada en la aludida norma, \u201cmomento en el cual ser\u00e1 obligatorio para el empleador probar que el despido no se dio conforme a la presunci\u00f3n legal\u201d. <\/p>\n
En este punto se hace relevante memorar lo estipulado en el tan debatido canon: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo 26. No discriminaci\u00f3n a Persona en Situaci\u00f3n de Discapacidad. En ning\u00fan caso la discapacidad de una persona, podr\u00e1 ser motivo para obstaculizar una vinculaci\u00f3n laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempe\u00f1ar. As\u00ed mismo, ninguna persona en situaci\u00f3n de discapacidad podr\u00e1 ser despedida o su contrato terminado por raz\u00f3n de su discapacidad, salvo que medie autorizaci\u00f3n de la oficina de Trabajo\u201d. <\/p>\n
\u201cNo obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por raz\u00f3n de su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendr\u00e1n derecho a una indemnizaci\u00f3n equivalente a ciento ochenta d\u00edas del salario, sin perjuicio de las dem\u00e1s prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y dem\u00e1s normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Finalmente, y conforme a lo expuesto, la colegiatura encausada estipul\u00f3 que el ad quem no err\u00f3 al establecer que el empleado no se encontraba amparado por el precepto transcrito, dado que no existi\u00f3 la \u201ccalificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral\u201d, para el momento de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, ni dentro del proceso ordinario. <\/p>\n
5. Aunque el aqu\u00ed inicialista no comparta los anteriores argumentos, ello no convierte esa determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza para permitirle el paso a esta particular justicia, pues dicho pronunciamiento fue adoptado teniendo en cuenta los normativos aplicables al caso concreto. <\/p>\n
6. N\u00f3tese, la Colegiatura tutelada explic\u00f3, por un lado, que el gestor incurri\u00f3 en deficiencias t\u00e9cnicas en la demanda de casaci\u00f3n que imposibilitaban el estudio de ese recurso en su totalidad, y por el otro, sobre la supuesta configuraci\u00f3n del defecto f\u00e1ctico, por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de las pruebas, la Corporaci\u00f3n accionada, motiv\u00f3, con base en la ley y el criterio reiterado de esa Sala, las razones para negar la protecci\u00f3n establecida en la regla 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, respecto al reproche elevado por el promotor, quien adujo que el estrado confutado profiri\u00f3 la decisi\u00f3n basado en una \u201cnorma inexistente\u201d, esto es, el Decreto 2463 de 2001, derogado por el art\u00edculo 61 del Decreto 1352 de 2013, se tiene que la querellada en la respuesta emitida dentro del tr\u00e1mite de la salvaguarda, se\u00f1al\u00f3 que dicha reglamentaci\u00f3n se encontraba vigente, para la fecha del despido. En consecuencia, es falible el \u201cdefecto sustancial\u201d alegado por el libelista. <\/p>\n
Al respecto, la accionada expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tampoco es cierto que no requiriera un porcentaje igual o superior al 15 % para ser cobijado por la protecci\u00f3n constitucional y legal, porque es cierto que al momento de dictar el fallo hab\u00eda desaparecido de la esfera jur\u00eddica el Decreto 2463 de 2001, pero ello se produjo en virtud de la expedici\u00f3n del Decreto 1352 del 26 de junio de 2013, luego se encontraban vigentes en la fecha del despido los criterios para determinar la discapacidad del primer precepto que debe resolverse la situaci\u00f3n, al igual que no se hab\u00eda promulgado la Ley 1618 de 2013, siendo imposible, sin violentar el efecto inmediato que tienen las leyes sociales y el principio de irretroactividad de la ley; si bien en sentencia CSJ SL2586-2020, esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 que era posible de otras fuentes determinar la gravedad de la situaci\u00f3n del trabajador, en ausencia del dictamen que conceptuara el porcentaje de PCL, al considerar que \u00e9ste no es prueba solemne y, por otros medios se pod\u00eda llegar a similar conclusi\u00f3n, habida cuenta el acervo probatorio presentado y denunciado, tal supuesto f\u00e1ctico no se present\u00f3 en el sub lite (\u2026)\u201d (subrayas de esta sala). <\/p>\n
8. As\u00ed las cosas, se descarta la posibilidad de predicar una v\u00eda de hecho en la providencia rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener3, no se advierte un proceder arbitrario y caprichoso por parte del estrado arriba indicado, por tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de este particular amparo, reservado para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la decisi\u00f3n examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta salvaguarda. Seg\u00fan lo ha expresado la Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
9. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
9.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
9.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
10. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb12, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb13; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 ART\u00cdCULO 26. NO DISCRIMINACI\u00d3N A PERSONA EN SITUACI\u00d3N DE DISCAPACIDAD. En ning\u00fan caso la discapacidad de una persona, podr\u00e1 ser motivo para obstaculizar una vinculaci\u00f3n laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempe\u00f1ar. As\u00ed mismo, ninguna persona en situaci\u00f3n de discapacidad podr\u00e1 ser despedida o su contrato terminado por raz\u00f3n de su discapacidad, salvo que medie autorizaci\u00f3n de la oficina de Trabajo. <\/p>\n
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por raz\u00f3n de su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendr\u00e1n derecho a una indemnizaci\u00f3n equivalente a ciento ochenta d\u00edas del salario, sin perjuicio de las dem\u00e1s prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y dem\u00e1s normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. <\/p>\n
2\u0002 Por la cual se modifican los art\u00edculos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, creando con car\u00e1cter transitorio las salas de descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
3\u0002CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; v\u00e9ase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
5\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
12\u0002 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
13\u0002 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
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STC094-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC094-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01729-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 5 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53046","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53046","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53046"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53046\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53046"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53046"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53046"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}