STC095-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC095-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2020-03511-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Dagoberto Atuesta Cer\u00f3n y Mar\u00eda del Carmen, Angelmiro y Nelson Cer\u00f3n contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura y a los intervinientes en el declarativo n\u00b0 2011-00106. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante abogado, los actores reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estimaron trasgredido con el fallo de 13 de julio de 2020, con el cual el tribunal revoc\u00f3 la sentencia condenatoria de primera instancia y, en su lugar, desestim\u00f3 el reclamo indemnizatorio por ellos formulado, pese a que, seg\u00fan lo dijeron, las pruebas recaudadas impon\u00edan confirmar lo decidido por el juez a quo. <\/p>\n
2. Piden, en consecuencia, que se deje sin efecto la fustigada providencia y que, en su lugar, se ordene al tribunal confirmar el fallo estimatorio de primer grado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
La magistratura accionada dijo atenerse a los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la fustigada providencia, a los cuales atribuy\u00f3 una seriedad y razonabilidad suficiente para impedir su decaimiento en sede constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal convocado lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada en el libelo introductor, al revocar la prosperidad de la demanda de responsabilidad civil extracontractual formulada por quienes aqu\u00ed accionan. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la magistratura convocada deneg\u00f3 el resarcimiento pretendido por los hoy accionantes, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal decisi\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal inici\u00f3 recordando que \u00aben el presente caso, no hay ninguna duda que el da\u00f1o por el cual la madre y <\/p>\n
los hermanos del finado Jos\u00e9 Evelio Cer\u00f3n demandan la indemnizaci\u00f3n de perjuicios materiales y morales, consiste en el fallecimiento de la v\u00edctima, acaecido el 4 de octubre de 2009, como consecuencia de amputaci\u00f3n traum\u00e1tica de mano derecha, amputaci\u00f3n traum\u00e1tica de ambos pies, p\u00e9rdida de tejidos blandos de mano derecha y pierna derecha, fractura expuesta de tibia y peron\u00e9 bilateral, herida en cuero cabelludo de regi\u00f3n temporoparietal izquierda, m\u00faltiples excoriaciones distribuidas en miembros superiores e inferiores, m\u00faltiples fracturas costales bilateral, fractura de f\u00e9mur derecho. El da\u00f1o antes referenciado fue producto del siniestro ocurrido el mismo d\u00eda, en el kil\u00f3metro 15+400 vereda Citronela, jurisdicci\u00f3n del municipio de Buenaventura, hoy Distrito de Buenaventura, cuando en las primeras horas de la ma\u00f1ana fue hallado el cuerpo sin vida de la v\u00edctima, sobre la l\u00ednea f\u00e9rrea y con m\u00faltiples lesiones conforme se expuso. Seg\u00fan el dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, estudi\u00f3 cad\u00e1ver encontrado en la v\u00eda f\u00e9rrea. Los hallazgos de la necropsia son compatibles con heridas por aplastamiento, en accidente f\u00e9rreo\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 precisando que \u00abdebe resaltarse que -por solicitud de los extremos de la Litis- no se recibieron testimonios de personas que hayan presenciado el siniestro. Sin embargo, de las declaraciones de los testigos Luz Dary Llanos M\u00e1rquez, Henry Adolfo Arcila Laserna y Ofir Giraldo Mapurana, se tiene que todos indican, de manera concordante, que la v\u00edctima, en los fines de semana y festivos, se trasladaba desde el Distrito de Buenaventura hacia la vereda Citronela, en donde la familia del occiso tiene una propiedad ra\u00edz, caminando sobre la l\u00ednea f\u00e9rrea, desde el puente de la citada vereda hasta llegar a su lugar de destino. As\u00ed lo dijo la deponente Giraldo Mapurana: se iba por las ma\u00f1anas hasta el puente de Citronela y de all\u00ed cog\u00eda de la l\u00ednea para la finca a pie por toda la l\u00ednea, porque en ese tiempo no hablan las brujitas con motos\u00bb. <\/p>\n
Sobre el mismo particular, anot\u00f3 que \u00abdel formato de Inspecci\u00f3n t\u00e9cnica a cad\u00e1ver, realizado dentro de la noticia criminal n\u00famero 2009-0080012 del 5 de octubre de 2009- por el agente de tr\u00e1nsito Jeckler Alfredo Mosquera, se tiene que el siniestro se produjo en un lugar adentrado en la selva. Espesa vegetaci\u00f3n, lugar despoblado (…) es una v\u00eda f\u00e9rrea. De la ficha t\u00e9cnica fotogr\u00e1fica y\/o videogr\u00e1fica, realizada por el agente de tr\u00e1nsito citado, se se\u00f1alan como condiciones ambientales del lugar \u201cPOCA VISIBILIDAD, BUENA ILUMINACI\u00d3N, BUEN ESTADO\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, resalt\u00f3 que \u00abde estos precarios elementos de prueba se pueden inferir solo dos conclusiones: la causalidad material de la muerte de le v\u00edctima se halla en la actividad de conducci\u00f3n f\u00e9rrea y el hecho solo se le puede atribuir normativamente al peat\u00f3n, lo cual pasa a explicarse. Por las caracter\u00edsticas de las lesiones y el lugar de ubicaci\u00f3n del cad\u00e1ver, as\u00ed como de las declaraciones de los testigos, es razonable inferir que la muerte se produjo en plena v\u00eda f\u00e9rrea cuando la m\u00e1quina de rieles, que pasaba por el lugar, arroll\u00f3 al peat\u00f3n que por esa misma l\u00ednea se desplazaba. Es que no hay otra hip\u00f3tesis m\u00e1s probable y m\u00e1s razonable que explique los hallazgos del personal de Polic\u00eda Judicial. Empero, es sabido que la causalidad material es insuficiente para estructurar la responsabilidad patrimonial del agente, pues es necesario realizar una imputaci\u00f3n jur\u00eddica en t\u00e9rminos de atribuci\u00f3n normativa, como lo he se\u00f1alado la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Puesto en esa tarea, se\u00f1al\u00f3 que \u00abCuando se trata de lesiones a un peat\u00f3n en el contexto de circulaci\u00f3n vehicular, la culpa exclusiva de la v\u00edctima habr\u00e1 de examinarse de cara a la reglamentaci\u00f3n que existe sobre la materia, como en posterior decisi\u00f3n lo hizo la Corte, en cita, al evaluar que el tr\u00e1nsito del peat\u00f3n sobre la berma no pod\u00eda constituir exposici\u00f3n de la v\u00edctima al da\u00f1o (Sentencia SC665-2019). Es as\u00ed corno no puede pasarse por alto que las v\u00edas f\u00e9rreas son las dise\u00f1adas para el tr\u00e1nsito de veh\u00edculos sobre rieles y tienen prelaci\u00f3n sobre las dem\u00e1s v\u00edas, excepto las dise\u00f1adas para metros urbanas (art. 2, CNTTT). Que no quede duda: ni la presencia de peatones en las v\u00edas o zonas destinadas para ellos le quitan la prioridad que tienen las v\u00edas f\u00e9rreas urbanas o rurales (art. 105, lb.). Por ello, el mismo c\u00f3digo (art. 58) le proh\u00edbe a los peatones transitar sobre el guardav\u00edas del ferrocarril (num.2), ocupar la zona de seguridad y protecci\u00f3n de la v\u00eda f\u00e9rrea, la cual se establece a una distancia no menor de doce metros a lado y lado del eje de la v\u00eda f\u00e9rrea y transitar por los t\u00faneles, puentes y viaductos de las v\u00edas f\u00e9rreas\u00bb. <\/p>\n
Bajo tal escenario, coligi\u00f3 que \u00abcon los pocos elementos de prueba recaudados, no queda m\u00e1s que concluir que la muerte por la que se demanda indemnizaci\u00f3n de perjuicios es atribuible \u00fanica y exclusivamente a la propia v\u00edctima, quien al infringir las prohibiciones que, como peat\u00f3n, le impone la ley de tr\u00e1nsito y transporte terrestre, se expuso al atropellamiento en zona exclusiva para v\u00eda f\u00e9rrea. En la sentencia inicialmente referida, la Corte puntualiz\u00f3: hay culpa exclusiva de la v\u00edctima cuando est\u00e1 cre\u00f3, con imprudencia (o intenci\u00f3n), el riesgo que ocasion\u00f3 el da\u00f1o (art\u00edculo 2311), o particip\u00f3 con culpa (o dolo) en su producci\u00f3n (art\u00edculo 2344). Hay competencia exclusiva de la v\u00edctima cuando \u00e9sta, sin culpa o dolo, cre\u00f3 el riesgo que produjo el da\u00f1o o particip\u00f3 en su creaci\u00f3n. En sendos casos la conducta de la v\u00edctima exime al demandado de responsabilidad (CSJ, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria. Sentencia SC002-2018). En un caso en el que un menor invadi\u00f3 la l\u00ednea del tren para intentar colgarse de un vag\u00f3n, el Consejo de Estado sentenci\u00f3: \u201cse advierte que la actuaci\u00f3n del menor fue la causa determinante en la configuraci\u00f3n del da\u00f1o que sufri\u00f3, pues este se produjo como consecuencia del comportamiento que asum\u00f3 al ver venir el ferrocarril, momento en el que procedi\u00f3 a invadir el carril preferente de la locomotora y pretendi\u00f3 colgarse de uno de sus vagones cuando esta se encontraba en movimiento, cayendo sobre los rieles y siendo arrollado por el tren. Como ya se vio, no influy\u00f3 en el accidente el mal estado de la v\u00eda, la falta de se\u00f1alizaci\u00f3n, ni tampoco la conducta asumida por el conductor del veh\u00edculo, como determinaron las autoridades correspondientes al estudiar su responsabilidad penal (CE, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera Subsecci\u00f3n B. Sentencia del 11 de noviembre de 2016, exp. 34639). Lo anterior lleva necesariamente a concluir que la \u00fanica persona a quien se le puede atribuir normativamente el da\u00f1o es al propio peat\u00f3n, quien al invadir el carril preferente de la v\u00eda f\u00e9rrea se expuso al riesgo de atropellamiento, el cual se concret\u00f3 en su muerte, pues no hay ninguna otra hip\u00f3tesis razonablemente probable que explique el da\u00f1o en las condiciones en que fue hallado el cad\u00e1ver. Bajo estos breves razonamientos, encontramos la suficiente fuerza expositiva para desatar la instancia, quedando definidos cada uno de los reparos formulados y sustentados en esta audiencia\u00bb. <\/p>\n
Ante tales raciocinios, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 a la magistratura encartada. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, la decisi\u00f3n mencionada conlleva un criterio razonable que, al margen de que la Corte lo proh\u00edje, impide el \u00e9xito del amparo, pues \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); a lo que se a\u00f1ade que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00). <\/p>\n
Seg\u00fan lo rese\u00f1ado, surge palpable que la pretensi\u00f3n de los accionantes se circunscribi\u00f3 a un subjetivo disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se itera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00 y STC1558-2015). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por los querellantes es anteponer su propio criterio al de la magistratura convocada, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito. En caso de no ser impugnado, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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