STC096-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC096-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2020-03506-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Diego Alexander Paredes Soto contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y los Juzgados Tercero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna, m\u00ednimo vital, salud, vida en condiciones dignas e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que, el 4 de marzo de 2020, dentro del ejecutivo hipotecario que adelant\u00f3 Janer Saavedra L\u00f3pez contra Hernando Garc\u00eda Holgu\u00edn, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali le adjudic\u00f3, mediante remate, dos inmuebles registrados en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de la precitada ciudad. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, con auto de 15 de julio siguiente, ese estrado aprob\u00f3 el remate y lo requiri\u00f3 para que acreditara el pago de los pasivos que recaen sobre los enunciados bienes. Agreg\u00f3 que, con prove\u00eddo de la misma fecha, comision\u00f3 a la Secretar\u00eda de Seguridad y Justicia de Cali para que adelantara la referida diligencia. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, inconforme con esa determinaci\u00f3n, en tanto, en su criterio, desconoce lo dispuesto en el numeral 7 del art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, interpuso reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n, pero el despacho no vari\u00f3 su resoluci\u00f3n, en tanto \u00abde ninguna manera la norma en comento impone al despacho la tarea de cancelar directamente esas obligaciones, m\u00e1xime cuando no existen convenios interinstitucionales que permitan realizar los pagos\u00bb, y no concedi\u00f3 la alzada por improcedente. <\/p>\n
Inconforme, frente a esa decisi\u00f3n ejerci\u00f3 acci\u00f3n de tutela, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la mencionada localidad, quien concedi\u00f3 el amparo deprecado y, en consecuencia, orden\u00f3 \u00abal Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cali\u2026que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes (48) a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos los numerales segundo y sexto del auto interlocutorio No. 453 del 15 de julio de 2020 y sin imponer cargas adicionales, proporcione al se\u00f1or Diego Alexander Paredes Soto los oficios correspondientes para que se materialice la entrega de los bienes inmuebles\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, present\u00f3 impugnaci\u00f3n contra ese fallo, y la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali lo confirm\u00f3, tras colegir que \u00abla autoridad accionada al haber exigido al rematante acreditar el pago de los pasivos que presentan los inmuebles adjudicados, para proceder a efectuar su entrega, pese a que su \u00fanica obligaci\u00f3n es la de acreditar dentro de los diez d\u00edas siguientes a la entrega, el monto de los pagos efectuados por tal concepto a todas luces vulnera su derecho al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, no obstante, se encuentra inconforme con esa conclusi\u00f3n, ya que \u00abla soluci\u00f3n a la cual lleg\u00f3 dicho operador de justicia para confirmar el fallo, es claramente err\u00f3nea, pues de una simple lectura de la jurisprudencia en la cual bas\u00f3 su resuelve, explica claramente que la carga procesal a quien le impone la norma y que su Digna entidad ampara, frente al pago de los pasivos no es de mi persona, como adjudicatario, sino al enajenante\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en resumen, \u00abque se me tutele[n] mis derechos fundamentales aqu\u00ed invocados, y como consecuencia de ello, se ordene al juzgado accionado, proceda a garantizarme la entrega libre de todo gravamen los predios materia de litigio, sin que con ello, se me someta a que sea con mi propio pecunio [que] deba cancelar las deudas que pesan sobre el bien y que dentro del t\u00e9rmino informe al Juzgado\u00bb y \u00abde orden\u00e1rseme que sea yo quien pague dichos emolumentos, solicito se ordene al Juzgado conocedor, se indique qu\u00e9 valores debo pagar o en su defecto, la prelaci\u00f3n que debo seguir para su pago, ya que los pasivos son m\u00e1s grandes que el valor recaudado en la diligencia de remate\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali manifest\u00f3 que se debe declarar la improcedencia del amparo, porque no se advierte la vulneraci\u00f3n deprecada y \u00abse trata de una acci\u00f3n de tutela contra una sentencia constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. La coordinadora de defensa jur\u00eddica de EMCALI \u2013 EICE E.S.P. se\u00f1al\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, y que, en todo caso, \u00abmal hace el aqu\u00ed accionante pretender por un medio residual como es este mecanismo constitucional; pretender un plan de pagos sobre las deudas que afectan el bien inmueble adquirido en remate el pasado 04 de marzo de 2020, dentro de las cuales se encuentran 123 facturas por concepto de servicios p\u00fablicos prestados por EMCALI EIC ESP, sin tener en cuenta la NO exoneraci\u00f3n de servicios p\u00fablicos prestados por la vinculada EMCALI EICE ESP\u00bb. <\/p>\n
3. El hom\u00f3logo Tercero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la mencionada localidad adujo que \u00ablo que pretende el accionante es que este Despacho, realice directamente los pagos a las entidades correspondientes, situaci\u00f3n que adem\u00e1s de no estar consagrada en la norma, es f\u00edsicamente imposible, toda vez que no existen convenios interinstitucionales con las secretarias de hacienda municipal ni departamental, ni con las entidades prestadoras de servicios p\u00fablicos domiciliarios, que permitan hacer transferencias directas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, reliev\u00f3 que, \u00aben cuanto a la entrega del inmueble, desde el 15 de julio de 2020 se libr\u00f3 el despacho comisorio correspondiente, siendo carga del accionante \u2013 rematante, su diligenciamiento. Posteriormente y en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado 2o Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, en el fallo de tutela proferido el 1 de octubre de 2020 se libraron nuevamente los oficios para hacer efectiva la entrega del inmueble, los cuales valga decir, ya hab\u00edan sido reclamados con anterioridad por el accionante\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluy\u00f3, \u00aben cuanto a las peticiones elevadas el 5 de octubre y 19 de noviembre de 2020, [que] las mismas fueron pasadas a Despacho el d\u00eda de hoy por la Oficina de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal a ra\u00edz del requerimiento verbal que se le hiciera en virtud de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb y ya fueron absueltas. <\/p>\n
4. Un magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali explic\u00f3 que, \u00abmediante sentencia de tutela de segunda instancia del nueve (09) de noviembre de 2020, esta Sala confirm\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, a trav\u00e9s de la cual se tutel\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso del accionante contra del Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, a\u00f1adi\u00f3 que \u00absin embargo, una de las pretensiones del actor, consistente en que el Juzgado tomar\u00e1 las sumas reservadas y pagar\u00e1 lo adeudado por el deudor, no recibi\u00f3 amparo, debido a que tal s\u00faplica NO cuenta con respaldo normativo o jurisprudencial, y es una actividad ajena a las tareas para las que han sido dise\u00f1adas las c\u00e9lulas judiciales, raz\u00f3n por la cual el pedimento es manifiestamente infundado\u00bb, por lo que recalc\u00f3 que debe declararse la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades enjuiciadas vulneraron las prerrogativas fundamentales del convocante, en primer lugar, en la acci\u00f3n de tutela iniciada por aquel, y, de otra parte, en el ejecutivo hipotecario en el cual adquiri\u00f3, mediante remate, dos inmuebles. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene. 2018, rad. 00260-02, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Con sujeci\u00f3n a las anteriores premisas, observa la Corte que no se abre paso el amparo propuesto comoquiera que, en esta oportunidad, el querellante pretende quebrantar el fallo proferido en virtud de una acci\u00f3n de tutela y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, ya que, de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (ver, entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en estos casos, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado y constante que debe ser atendido, ya que \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Insiste la Sala en que, para cuestionar lo resuelto en un tr\u00e1mite de tutela, el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y a\u00fan la insistencia en caso de negarse esta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, acogiendo precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abComo no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
3.2. S\u00famese a lo anterior, que no hay prueba de que hubiera concluido el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de all\u00ed que el quejoso a\u00fan cuenta con ese instrumento para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, as\u00ed como tambi\u00e9n con la formulaci\u00f3n de la insistencia en caso de no resultar seleccionada la salvaguarda, por lo que se incumple tambi\u00e9n el requisito de procedibilidad citado. <\/p>\n
Dicho instrumento dise\u00f1ado para la revisi\u00f3n de los fallos de tutela por parte del Tribunal de cierre en materia de derechos fundamentales es eficaz porque, como lo ha sostenido esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que no se diga que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras). <\/p>\n
3.3. De otra parte, se relieva al memorialista que, aunque en principio refuta los fallos proferidos en sede constitucional \u2013que, v\u00e1lgase recordar, le fueron favorables\u2013, si en realidad lo que pretende es su cumplimiento \u2013pues, en el escrito inicial tambi\u00e9n lo enuncia como una posibilidad (fl. 7)\u2013, tiene a su disposici\u00f3n otro medio de defensa, esto es, el incidente de desacato (art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991), el cual no ha ejercido, conforme \u00e9l mismo indic\u00f3. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Por \u00faltimo, esta Corporaci\u00f3n estima oportuno precisar, en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n de que \u00abse proceda a garantizarme la entrega libre de todo gravamen los predios materia de litigio\u00bb y \u00abse indique qu\u00e9 valores debo pagar o en su defecto, la prelaci\u00f3n que debo seguir para su pago\u00bb, que, en el curso de este proceso constitucional, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali refiri\u00f3 que absolvi\u00f3 conjuntamente las peticiones formuladas por el gestor en ese sentido, mediante auto de 13 de enero de 2021, en el cual le indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn escrito que antecede, el adjudicatario del bien rematado solicita la entrega del inmueble, toda vez que hasta la fecha no le ha sido entregado por el secuestre; requiere adem\u00e1s que sea a trav\u00e9s del juzgado que se realicen los pagos de los pasivos que recaen sobre el bien y se le informe si debe cancelar o no el valor para la protocolizaci\u00f3n ante la notaria ya que son actos emitidos por orden judicial y solicita se oficie a la notar\u00eda en tal sentido. <\/p>\n
Al respecto es preciso reiterarle al memorialista que mediante auto de 15 de julio de 2020, se orden\u00f3 comisionar al Secretario de Seguridad y Justicia del Municipio de Santiago de Cali para que realice la entrega de los bienes rematados, despacho comisorio que fue retirado por el peticionario, solo hasta el 23 de septiembre de 2020; posteriormente y dando cumplimiento del fallo de tutela No. 69 del 01 de octubre de 2020 proferido por el Juzgado 2\u00b0 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, este despacho mediante auto de 02 de octubre de 2020 orden\u00f3 la reproducci\u00f3n de los oficios ordenados en el auto aprobatorio el remate, as\u00ed como del despacho comisorio, que fueron retirados nuevamente el 05 de octubre de 2020. <\/p>\n
Es claro entonces, que el adjudicatario debe diligenciar el despacho comisorio ante la autoridad comisionada, quien es la encargada de realizar la diligencia de entrega de los bienes rematados. Ahora bien, en cuanto a los pagos notariales y de registro que deban realizarse para la protocolizaci\u00f3n del remate, hay que decir que este Despacho no tiene injerencia sobre los mismos, toda vez que son de la \u00f3rbita exclusiva de la Oficina de Registro y la Notar\u00eda correspondiente, sin que sea del resorte de este proceso ordenar alguna exoneraci\u00f3n por tales conceptos. <\/p>\n
Solicita adem\u00e1s el adjudicatario, que se le informe la prelaci\u00f3n con que debe cancelar los pasivos del inmueble, toda vez que el valor de los mismos, supera el valor del bien rematado, esto para efectos de la devoluci\u00f3n conforme al art 455 del C.G.P. y agrega que no le ha sido entregada copia del acta del remate. <\/p>\n
En punto de lo anterior, es preciso manifestarle al peticionario que, el inc. 7\u00b0 del Art. 455 del C.G.P., dispone \u201csin embargo del producto del remate el juez deber\u00e1 reservar la suma necesaria para el pago de impuestos, servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n y gastos de parqueo o deposito que se causen hasta la entrega del bien rematado. (\u2026)\u201d En consecuencia, una vez recibido el inmueble, el adjudicatario debe acreditar el pago de todos los pasivos del bien rematado que haya realizado y de los cuales pretenda su devoluci\u00f3n, para que el Despacho le reintegre esa suma, con los dineros que existan por cuenta del remate y hasta el monto de los mismos; se resalta que el Despacho NO devolver\u00e1 sumas superiores a las que existan en el proceso por cuenta del remate del bien. Finalmente, se le informa al peticionario que el Art 115 del C.G.P., permite la expedici\u00f3n de copias sin necesidad de providencia judicial, no obstante se ordenar\u00e1 a costa del interesado la expedici\u00f3n de las piezas procesales que requiera\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, teniendo en cuenta que la autoridad enjuiciada resolvi\u00f3 las solicitudes presentadas por el memorialista, no se advierte la necesidad de hacer ning\u00fan pronunciamiento sobre el particular, toda vez que el hecho aducido como vulnerador \u2013falta de respuesta\u2013 se encuentra actualmente superado. En ese sentido, se ha se\u00f1alado insistentemente que: <\/p>\n
\u00ab(…) ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026) El \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC de 13 mar. 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otras en STC9365 de 11 jul. 2016). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se desestimar\u00e1 el resguardo, en atenci\u00f3n a que no se cumplen las exigencias jurisprudenciales que habilitan la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n adoptada en un tr\u00e1mite de similar naturaleza, aunado a que, las peticiones formuladas por el actor fueron absueltas en el curso del amparo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC096-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC096-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2020-03506-00 (Aprobado en Sala de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Diego Alexander Paredes […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53048","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53048","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53048"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53048\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53048"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53048"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53048"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}