STC097-2021 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC097-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03533-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ligia del Carmen Hern\u00e1ndez P\u00e9rez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 56505 (radicado Corte Suprema de Justicia). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la libertad, \u00abintegridad personal\u00bb, dignidad humana, legalidad, debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que fue procesada y condenada penalmente por el delito de \u00abcohecho impropio\u00bb, en su calidad de Juez Diecis\u00e9is Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Narra que, el proceso penal tuvo su origen en el litigio promovido por la empresa \u00abHyundai Colombia Automotriz S.A.\u00bb contra \u00abGlobal Car World SAS\u00bb consistente en la solicitud de \u00abprueba anticipada de inspecci\u00f3n judicial de documentos de la demandada e intervenci\u00f3n de perito inform\u00e1tico\u00bb, cuyo conocimiento avoc\u00f3 el 1\u00ba de diciembre de 2015 (radicado 205-01679). <\/p>\n
Dentro de dicha causa, refiere, decret\u00f3 \u00abcon sustento en la normativa procesal aplicable \u2013 art\u00edculo 589 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, medidas cautelares dirigidas contra la sociedad incoada, relacionadas con \u00ab(i)abstenerse de comercializar veh\u00edculos de la marca Hyundai en Colombia; (ii) abstenerse de utilizar signos distintivos de la marca Hyundai y (\u2026); (iii) cauci\u00f3n prendaria por un valor de 80 smlmv\u00bb, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n por la empresa afectada con las cautelas. Al pronunciarse frente al recurso horizontal, se sostuvo en lo resuelto, rechaz\u00f3 el incidente de nulidad propuesto por la recurrente, y adem\u00e1s \u00ab(\u2026) aument\u00f3 a 1.500 smlmv la cauci\u00f3n prendaria inicialmente propuesta\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, cuenta que, por intermedio de un oficial mayor de otro despacho, le fue entregado \u00abun presente de cincuenta millones de pesos\u00bb – seg\u00fan el escrito de acusaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda \u2013 que le habr\u00eda enviado Carlos Jos\u00e9 Mattos Barrero, accionista mayoritario de la empresa demandante, \u00abpor haber decretado las medidas cautelares que lo favorec\u00edan en el proceso (\u2026)\u00bb; luego, aduce, desde el 18 de julio de 2017 dej\u00f3 de ser titular de ese juzgado para continuar funciones en el D\u00e9cimo Civil del Circuito de esta capital \u00abpor ende, a partir de ese momento no continu\u00f3 tramitando el proceso\u00bb. <\/p>\n
Destaca que, el 16 de enero de 2019 el ente persecutor le formul\u00f3 imputaci\u00f3n por el delito de \u00abcohecho impropio\u00bb, frente a la cual decidi\u00f3 allanarse; seguidamente, tras la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n, el 16 de septiembre de ese a\u00f1o, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, aval\u00f3 la aceptaci\u00f3n unilateral de cargos y la conden\u00f3 a 25 meses de prisi\u00f3n y multa de 28,69 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio y funciones p\u00fablicas y le neg\u00f3 el otorgamiento de subrogados punitivos, condena que confirm\u00f3 en segunda instancia la Sala de Casaci\u00f3n Penal en providencia del 14 de octubre de 2020 (aunque disminuy\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta). <\/p>\n
Dirige entonces sus cuestionamientos contra la sentencia de la Sala Especializada, la que acusa de incurrir en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, por cuanto, pese a que encontr\u00f3 diversas irregularidades en la imputaci\u00f3n y el escrito de acusaci\u00f3n presentado por la fiscal\u00eda \u00abno se entiende cu\u00e1l es la raz\u00f3n f\u00e1ctica, constitucional para que se avalara los atropellos y violaciones al debido proceso y principio de legalidad [\u2026] cuando [la fiscal\u00eda] no determin\u00f3 de manera clara, precisa y cronol\u00f3gica los hechos en que fund\u00f3 la conclusi\u00f3n persecutoria\u00bb. <\/p>\n
Afirma tambi\u00e9n que el encuadramiento f\u00e1ctico realizado por el ente investigador no se compagina con la conducta t\u00edpica imputada, pues no solo \u00abnunca hubo acuerdo previo [y] recibi\u00f3 el dinero despu\u00e9s de haber tomado las decisiones y resuelto los recursos\u00bb, agrega entonces que, \u00ab(\u2026) para ese momento hab\u00eda perdido todo control sobre el proceso [\u2026] al conceder la apelaci\u00f3n [\u2026] por lo que si los dineros fueron recibidos con posterioridad a estos actos procesales, su comportamiento en manera alguna pod\u00eda tener incidencia o condicionar su labor funcional a un resultado [\u2026] ya no exist\u00eda el elemento normativo del tipo o elemento del mismo, cual seria el tener el asunto a su conocimiento [\u2026] la d\u00e1diva en manera alguna pod\u00eda condicionar o influir en una decisi\u00f3n que ya hab\u00eda sido tomada y por consiguiente, desaparece igualmente la posibilidad cierta de lesionar el bien jur\u00eddico tutelado\u00bb; en suma, asevera que los hechos que le fueron atribuidos son \u00abat\u00edpicos\u00bb, de forma que, la aceptaci\u00f3n de cargos en la diligencia de imputaci\u00f3n carec\u00eda de legalidad. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide se revoque \u00ab(\u2026) la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia de fecha 14 de octubre de 2020, al no existir m\u00e9rito para tal determinaci\u00f3n, por los errores constitutivos de v\u00eda de hecho (\u2026); suspender la ejecuci\u00f3n o materializaci\u00f3n de la captura ordenada en [su] contra [\u2026] el d\u00eda 20 de septiembre de 2019, como medida precautelativa, hasta tanto se resuelva la presente acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Francisco Bernate Ochoa, apoderado de las v\u00edctimas pidi\u00f3 se deniegue el amparo por cuanto, \u00ablo que se observa es la pretensi\u00f3n de abrir un debate propio de las instancias procesales, asunto que es totalmente ajeno a un medio extraordinario de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, como es el amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. Patricia Salazar Cuellar, Magistrada ponente de la providencia cuestionada, sobre la discusi\u00f3n que plantea la actora manifest\u00f3 que, aqu\u00e9lla, quiere dar a entender \u00abque fue condenada porque recibi\u00f3 dinero luego de que el referido caso dej\u00f3 de estar bajo su direcci\u00f3n. Sin embargo, ello es contrario a la realidad, porque [\u2026] el juicio de reproche se redujo a la alta cantidad de dinero que opt\u00f3 por recibir cuando a\u00fan dirig\u00eda el caso, con lo que afect\u00f3 la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal, vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por la peticionaria al confirmar \u2013 sentencia de 14 de octubre de 2020 \u2013 la condena por el delito de \u00abcohecho impropio\u00bb que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, incurriendo con ello en v\u00eda de hecho por, supuestamente, \u00abavalar\u00bb la imputaci\u00f3n de una conducta \u00abat\u00edpica\u00bb y las irregularidades advertidas en el escrito de acusaci\u00f3n radicado por la fiscal\u00eda. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto. La providencia cuestionada <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la decisi\u00f3n de la Sala censurada, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En efecto, ejerciendo como juez ad quem dentro del juicio en cuesti\u00f3n, la Hom\u00f3loga tutelada, contrario a lo alegado por la actora, advirti\u00f3 las irregularidades en que incurri\u00f3 la fiscal\u00eda durante el tr\u00e1mite, esto es, al momento de comunicar la imputaci\u00f3n, y por presentar un escrito de acusaci\u00f3n impertinente, por cuanto se trataba de una aceptaci\u00f3n de cargos por parte de la procesada, pero adem\u00e1s, porque en \u00e9l incluy\u00f3 modificaciones a la delimitaci\u00f3n de los hechos; sin embargo, pese a todo ello, coligi\u00f3 que, de lo recaudado en la actuaci\u00f3n, se lograba deducir la estructuraci\u00f3n de los presupuestos normativos del comportamiento il\u00edcito se\u00f1alado \u2013 art\u00edculo 406 del C\u00f3digo Penal1 \u2013 al respecto precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta claro que la Fiscal\u00eda incurri\u00f3 en m\u00faltiples errores en la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n. Sin embargo, dej\u00f3 en claro lo siguiente: (i) la procesada estuvo a cargo del tr\u00e1mite judicial ya mencionado, en calidad de titular del Juzgado diecis\u00e9is Civil Municipal; (ii) si bien no realiz\u00f3 acuerdos previos a la decisi\u00f3n que deb\u00eda tomar, ni existen razones para concluir que la misma es ilegal, recibi\u00f3 dineros enviados por una de las partes interesadas en ese tr\u00e1mite; (iii) aunque se\u00f1al\u00f3 que la primera entrega se produjo cuando HERN\u00c1NDEZ P\u00c9REZ a\u00fan ten\u00eda la direcci\u00f3n del proceso, no aclar\u00f3 si las entregas posteriores coinciden temporalmente con dicho manejo, y se mostr\u00f3 dubitativo sobre la cuant\u00eda; y (iv) a pesar de lo anterior, finalmente manifest\u00f3 que, sobre estos temas, acog\u00eda la versi\u00f3n suministrada por la procesada cuando rindi\u00f3 interrogatorio, seg\u00fan la cual recibi\u00f3 treinta millones de pesos mientras estuvo a cargo del juzgado y tres entregas posteriores, que suman setenta millones de pesos m\u00e1s, destinadas al pago de su defensa. <\/p>\n
Debe considerarse, adem\u00e1s, que el delito previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 406 tiene una estructura bastante simple, tal y como se indic\u00f3 en el numeral 5.2.4, ya que sanciona al servidor p\u00fablico por el simple hecho de recibir dinero u otra utilidad de parte de una persona interesada en un asunto sometido a su conocimiento. No se requiere que las decisiones emitidas sean ilegales \u2013ello dar\u00eda lugar a un delito mucho m\u00e1s grave-, ni que el servidor p\u00fablico haya acordado previamente el sentido de la decisi\u00f3n \u2013lo que tambi\u00e9n es objeto de un mayor reproche penal-. <\/p>\n
Lo anterior, sin duda, fue comprendido por la procesada, al punto que antes de aceptar los cargos se cuid\u00f3 de reiterar la prevalencia de su versi\u00f3n sobre las cuant\u00edas recibidas (que fue aceptada expresamente por la Fiscal\u00eda ante los requerimientos del delegado del Ministerio P\u00fablico y el defensor). <\/p>\n
En este orden de ideas, la hip\u00f3tesis factual presentada por la Fiscal\u00eda, a la luz de lo previsto en el art\u00edculo 406, inciso segundo, del C\u00f3digo Penal, se redujo a que LIGIA DEL CARMEN HERN\u00c1NDEZ P\u00c9REZ, mientras tuvo a cargo el tr\u00e1mite judicial atr\u00e1s se\u00f1alado, recibi\u00f3 treinta millones de pesos, correspondientes a la primera entrega del dinero remitido por una parte interesada en ese asunto. Ello, por cuanto: (i) expresamente acept\u00f3 la versi\u00f3n dada por la procesada durante el interrogatorio que rindi\u00f3 antes de la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n; (ii) seg\u00fan esa versi\u00f3n, la primera entrega ascendi\u00f3 a dicho monto; (iii) aunque todo indica que hubo otras entregas de dinero, se dio a entender que las mismas ocurrieron luego de que la procesada hab\u00eda perdido el manejo del tr\u00e1mite; y (iv) la Fiscal\u00eda ni siquiera insinu\u00f3 que esas entregas posteriores correspondieran a promesas hechas mientras la procesada tuvo el manejo del caso. <\/p>\n
La relevancia penal de estos hechos no admite discusi\u00f3n. Sobre el particular, no son de recibo los argumentos del impugnante, orientados a demostrar que la procesada, a pesar de que conservaba la direcci\u00f3n del tr\u00e1mite judicial, no ten\u00eda pendiente la adopci\u00f3n de \u201cdecisiones trascendentes\u201d. Ello, por las siguientes razones: (i) la materializaci\u00f3n del delito objeto de an\u00e1lisis no depende de que el servidor p\u00fablico haya emitido o no una determinada decisi\u00f3n, sino del hecho de que reciba dinero o utilidades de una parte interesada; (ii) resulta artificioso decir que para esos efectos solo es relevante la decisi\u00f3n orientada a poner fin a la controversia, pues en medio de la actuaci\u00f3n que deba adelantarse antes y despu\u00e9s de la misma tambi\u00e9n puede afectarse la imagen de la administraci\u00f3n de justicia, por el deterioro de la percepci\u00f3n sobre la imparcialidad del juzgador, m\u00e1xime cuando el mismo recibe de una de las partes una millonaria suma de dinero; y (iii) la inexistencia de requisitos adicionales para la imposici\u00f3n de la pena se explica por qu\u00e9 el delito en menci\u00f3n tiene asignada una sanci\u00f3n significativamente inferior a la prevista para las otras modalidades de cohecho, para el prevaricato, etc\u00e9tera\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que los \u00abyerros\u00bb de la fiscal\u00eda se reflejaron en la decisi\u00f3n adoptada por el tribunal a quo que tom\u00f3 como referencia los hechos plasmados en el escrito de acusaci\u00f3n presentado con importantes variaciones respecto de la imputaci\u00f3n; empero, la declaraci\u00f3n que voluntariamente rindi\u00f3 la procesada, quien, admiti\u00f3 haber recibido dinero de una de las partes del pleito civil (aunque no en la cantidad indicada en la imputaci\u00f3n) resultaba suficiente para establecer la configuraci\u00f3n de la conducta punible, conforme lo explic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Estas irregularidades no deben solucionarse a trav\u00e9s de una nulidad, como lo solicita el impugnante. Para ello resulta suficiente ajustar la premisa f\u00e1ctica del fallo impugnado a los hechos incluidos en la imputaci\u00f3n, que fueron aceptados libre y conscientemente por LIGIA DEL CARMEN HERN\u00c1NDEZ P\u00c9REZ. Lo anterior, bajo el entendido de que el fiscal del caso, a pesar de los m\u00faltiples yerros en que incurri\u00f3, finalmente le imput\u00f3 a la procesada unos hechos que encajan en el art\u00edculo 406 \u2013inciso segundo- del C\u00f3digo Penal, como se explic\u00f3 en precedencia. <\/p>\n
De otro lado, encuentra la Sala que en este caso se cumpli\u00f3 el requisito previsto en el art\u00edculo 327 de la Ley 906 de 2004, como bien lo explic\u00f3 el Tribunal. Lo anterior, bajo el entendido de que el inciso segundo del art\u00edculo 406 del C\u00f3digo Penal consagra una forma atenuada de cohecho, que supone la verificaci\u00f3n de los siguientes aspectos: (i) la calidad de servidor p\u00fablico del sujeto activo, lo que no es objeto de debate; (ii) la recepci\u00f3n de dinero u otra utilidad, lo que tambi\u00e9n se acredit\u00f3 con suficiencia, no solo con las entrevistas de varios testigos, sino adem\u00e1s con el interrogatorio rendido por la procesada; (iii) de parte de una persona interesada en un asunto \u2013en este caso un tr\u00e1mite judicial- sometido a su conocimiento, lo que se prob\u00f3 con amplitud, pues Carlos Mattos Barrero fue quien promovi\u00f3 el tr\u00e1mite y result\u00f3 beneficiado con las decisiones que ella tom\u00f3; y (iv) cuando el asunto, caso o tr\u00e1mite a\u00fan estaba bajo su conocimiento, lo que no admite discusi\u00f3n en lo que concierne a la primera entrega de dinero, tal y como se explic\u00f3 ampliamente en los p\u00e1rrafos precedentes\u00bb (SP3988-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, consider\u00f3 viable refrendar la condena seg\u00fan lo precisado, pero reconoci\u00f3 la rebaja punitiva de hasta el 50% por el allanamiento y el reintegro del dinero recibido de forma il\u00edcita por la encausada, resolviendo en definitiva imponer una pena de 20 meses de prisi\u00f3n y multa de 22,41 smlmv y la suspensi\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 40 meses, ratificando la negativa de concesi\u00f3n de subrogados o beneficios por la expresa prohibici\u00f3n legal cuando se trata de delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia infundada o arbitraria, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se observa es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Sala accionada apreci\u00f3 el contexto jur\u00eddico y concluy\u00f3 que, se configuraban los elementos de tipicidad del il\u00edcito endilgado, al margen de las anomal\u00edas detectadas en la labor de la fiscal\u00eda y, de otro lado, indic\u00f3 que proced\u00eda la disminuci\u00f3n de la sanci\u00f3n tras demostrar la procesada el reintegro del dinero recibido como d\u00e1diva. <\/p>\n
En todo caso, lo all\u00ed establecido no puede ser desaprobado de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Y es que seg\u00fan lo rese\u00f1ado, surge palpable que la pretensi\u00f3n de la gestora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad tutelada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se reitera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
De suerte que, la accionante no puede buscar anteponer su propia interpretaci\u00f3n y utilizar este mecanismo excepcional como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la autoridad aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la demandante. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y adem\u00e1s, lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la Sala Especializada accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 ARTICULO 406. COHECHO IMPROPIO. El servidor p\u00fablico que acepte para s\u00ed o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempe\u00f1o de sus funciones, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de sesenta y cuatro (64) a ciento veintis\u00e9is (126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. <\/p>\n
<\/p>\n
El servidor p\u00fablico que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga inter\u00e9s en asunto sometido a su conocimiento, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de cuarenta (40) a setenta y cinco (75) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por ochenta (80) meses. <\/p>\n
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STC097-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC097-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03533-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ligia del Carmen Hern\u00e1ndez P\u00e9rez contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53049","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53049","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53049"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53049\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53049"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53049"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53049"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}