STC098-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC098-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00837-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Antonio Devia Lozano contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de La Judicatura, extensiva a la hom\u00f3loga de la seccional Tolima. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abdebido proceso\u2026 a la defensa y\u2026 acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, que estima vulnerados por la autoridad judicial convocada dentro del proceso 2016-01120 <\/p>\n
2. Dice que, producto de una queja formulada en su contra por Martha Cecilia Tique, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Tolima dio apertura a un proceso de dicha naturaleza en el que se emiti\u00f3 sentencia sancion\u00e1ndolo con suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por un a\u00f1o, al haberlo hallado responsable de la falta descrita en los art\u00edculos 29-4 y 39 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Afirma que contra dicha determinaci\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n que fue resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior el 11 de marzo de 2020, confirmando la declaratoria de responsabilidad y la sanci\u00f3n irrogada. <\/p>\n
3. El actor hace recaer la afectaci\u00f3n de sus derechos constitucionales en que, en su sentir, el cuerpo colegiado de segundo grado carec\u00eda de \u00ababsoluta competencia\u00bb para emitir la decisi\u00f3n dado que fue eliminada por el articulo 19 del Acto Legislativo 02 del 1\u00ba de Julio de 2015, am\u00e9n que los Magistrados Julia Emma Garz\u00f3n de G\u00f3mez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, quienes hacen parte de la corporaci\u00f3n, terminaron su per\u00edodo constitucional en el a\u00f1o 2016. <\/p>\n
Se\u00f1ala igualmente que \u00abel fallo\u2026 no re\u00fane los requisitos previstos en el art\u00edculo 54 de la ley 270 de 1996 cuando advierte que todas las decisiones de las Corporaciones Judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerir\u00e1n para su deliberaci\u00f3n y decisi\u00f3n de la asistencia y voto de la mayor\u00eda de los miembros de la Corporaci\u00f3n, sala o secci\u00f3n\u00bb, pues \u00abde los 7 magistrados\u2026 el fallo fue suscrito por 4\u2026 la magistrada Julia Emma Garz\u00f3n de G\u00f3mez\u2026 present\u00f3 salvamento de voto [y] los dos restantes magistrados no firmaron [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior solicita \u00abdeclarar la nulidad de la actuaci\u00f3n surtida en segunda instancia\u2026 dejando sin efecto la decisi\u00f3n de segunda instancia [sic]\u00bb, adicionalmente, aunque insiste en la carencia de competencia de la colegiatura convocada para resolver, contradictoriamente depreca que se le ordene \u00abproferir una nueva decisi\u00f3n de fondo\u00bb declarando la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA <\/p>\n
Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
Hasta el momento de discutir el presente asunto en Sala no se hab\u00eda recibido informe alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 de forma oportuna y, de superarse lo anterior, si la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por el accionante con la emisi\u00f3n de la providencia de 11 de marzo de 2020 en la que, supuestamente, incurri\u00f3 en \u00abdefecto org\u00e1nico\u00bb al carecer de competencia para decidir. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la providencia objeto de reproche data del 11 de marzo de 2020, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 16 de diciembre del mismo a\u00f1o, de acuerdo con el acta anexa en formato digital; es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como prudente para proponer el resguardo. <\/p>\n
Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s exigente en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una decisi\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y, de contera, la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Y aunque el presupuesto aludido no es absoluto, sino que debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo razonable fijado por la jurisprudencia es viable o no sortearlo, en este caso no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo -se itera- superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
Lo anterior, comoquiera que, contrario a lo manifestado en la demanda, la providencia sobre la que recae la queja le fue notificada al quejoso y a su apoderado con los telegramas SJ FRUJ 09733, SJ FRUJ 0734 y SJ FRUJ 09735 de 17 de marzo de 2020, data en la que se considera tuvieron noticia de lo decidido y a partir de la cual se debe contabilizar el semestre tantas veces referido. <\/p>\n
En dicho sentido, esta Corporaci\u00f3n en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, motivo por el cual no es indispensable efectuar an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas que, sin duda, est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone la negativa del amparo porque el gestor tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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