STC099-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC099-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00285-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Alcald\u00eda Municipal y la Personer\u00eda de la misma localidad, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda Regional, y, el Consejo Seccional de la Judicatura, todos de Risaralda, as\u00ed como las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra la Fundaci\u00f3n de la Mujer Colombia S.A.S. identificada con el radicado No. 2015-01202-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, \u00abinmediatamente aplicar [el] art. 121 [el] CGP (\u2026)\u00bb; \u00abdeclarar su impedimento para continuar con la renuente acci\u00f3n popular donde nunca cumple t\u00e9rminos de tiempo perentorios que le manda [la] ley 472 de 1998, ya que ha presentado acciones disciplinarias en su contra\u00bb; y, \u00abaportar copia digital de todas las tutelas donde la CSJ SCC le ha ordenado aplicar art. 121 CGP ante su renuencia\u00bb; de otro lado persigue tambi\u00e9n, que se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, \u00abdigitalizar todas las quejas y acciones disciplinarias que present[\u00f3] contra la tutelada e igualmente informa[r] para cada proceso el estado actual de la acci\u00f3n disciplinaria\u00bb; y adem\u00e1s, que \u00abinforme en qu[\u00e9] acciones populares le ha ordenado [al juzgado accionado] aplicar [el] art. 121 CGP y cu\u00e1l ha sido su actuar en derecho\u00bb <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que dentro del referido asunto constitucional el estrado convocado no cumple los t\u00e9rminos que ordena la Ley 472 de 1998, ni aplica lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a que por tales hechos ha presentado acci\u00f3n disciplinaria, pero \u00abnada se resuelve al respeto ni se declara impedida\u00bb, situaciones que, en su criterio, ameritan la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor, pues, asegura, quebrantan su debido proceso. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
b). La Fundaci\u00f3n de la Mujer Colombia S.A.S., tras se\u00f1alar que el t\u00e9rmino del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abno corre de forma puramente objetiva\u00bb, pidi\u00f3 declarar improcedente la presente acci\u00f3n, comoquiera que no ha vulnerado prerrogativa superior alguna del gestor. <\/p>\n
c.) La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, por intermedio de su Presidente, manifest\u00f3 que no tiene injerencia alguna dentro del decurso cuestionado, ni el aqu\u00ed accionante acredita haber presentado las quejas disciplinarias que menciona; no obstante, consultadas sus bases de datos no encontr\u00f3 las denuncias supuestamente promovidas por \u00e9ste por el presunto incumplimiento del Despacho accionado a lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, aunque precis\u00f3, que s\u00ed est\u00e1 adelantando actualmente otros tr\u00e1mites administrativos, pero por asuntos diferentes, los cuales tienen reserva legal, sin que el actor, al no ser sujeto procesal, pueda obtener copia de los mismos. <\/p>\n
d.) Finalmente, la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda y la Alcald\u00eda Municipal de Pereira, aunque en escritos separados, solicitaron su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo reclamado, porque \u00abseg\u00fan el recuento procesal, con auto del 27-10-2020 la a quo resolvi\u00f3 el ruego del actor, indic\u00f3 que remitir\u00eda copia a las autoridades una vez le fueran requeridas y que en julio del corriente comparti\u00f3 al actor el link de acceso al expediente; y, neg\u00f3 el impedimento, la nulidad y el desistimiento propuestos, entre otras decisiones. Notificado por estado virtual del 28-10-2020, ejecutoriado el 04-11-2020, sin recursos. As\u00ed las cosas, falta la residualidad porque el interesado promovi\u00f3 el amparo (03-11-2020, cuaderno No. 1 documento No. 03) antes del vencimiento del plazo de ejecutoria, en vez de recurrir en reposici\u00f3n (art. 36, Ley 472); v\u00eda ordinaria que ten\u00eda, empero, us\u00f3 esta acci\u00f3n, sin justificaci\u00f3n. La tutela es prematura\u00bb. <\/p>\n
Del mismo modo consider\u00f3, que \u00aben lo que ata\u00f1e a las pretensiones frente a las Salas Disciplinaria y Administrativa del CSJ de Risaralda, tambi\u00e9n es evidente la improcedencia, pero por la ausencia de una conducta reprochable (acci\u00f3n y omisi\u00f3n) porque el interesado no acredit\u00f3 que les haya hecho peticiones en los t\u00e9rminos descritos en el libelo y, en contraste, una de las autoridades inform\u00f3 que no ha recibido solicitud alguna\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el anterior fallo, bajo el argumento que no interpuso recurso porque \u00ab[l]e da miedo reponer, ya que la tutelada resuelve sus reposiciones al mes o a los dos meses despu\u00e9s\u00bb, m\u00e1xime cuando, asegura, debe analizarse que el requisito de reponer \u00abno es absoluto y debe examinarse en cada caso, a punto que (sic) es posible que ceda (sic) cuando se advierte la vulneraci\u00f3n, pues de no concederse el amparo se consumar\u00eda un da\u00f1o irreparable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte al motivo de inconformidad expuesto en el escrito de impugnaci\u00f3n, se observa que el mismo recae, concretamente, en que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira no se declara impedido para seguir conociendo de la acci\u00f3n popular que interpuso frente a la Fundaci\u00f3n de la Mujer SAS, y tampoco aplica a ese decurso lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a que, seg\u00fan sostiene, ha denunciado disciplinariamente al titular del Despacho por ese motivo. <\/p>\n
3. No obstante, para la Sala la decisi\u00f3n constitucional refutada habr\u00e1 de ratificarse, si se tiene en cuenta que el gestor del amparo, en un acto constitutivo de incuria, desaprovech\u00f3 la oportunidad con que cont\u00f3 para hacer valer sus derechos dentro del proceso cuestionado, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Y a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, basta con se\u00f1alarle que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
4. Por otra parte, corresponde precisar que, contrario a lo alegado por el promotor en su impugnaci\u00f3n, en este caso no se aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acci\u00f3n, que ameriten soslayar el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la tutela que viene de comentarse, para en su lugar, analizar el fondo de la decisi\u00f3n previamente citada, pues no est\u00e1 probado que la continuidad del conocimiento del proceso cuestionado por parte del juzgado accionado, implique per se, la consumaci\u00f3n para el actor o la comunidad, de un da\u00f1o de dichas caracter\u00edsticas. <\/p>\n
5. Finalmente, si el gestor estima que dentro de la acci\u00f3n popular endilgada se encuentra vencido el t\u00e9rmino previsto por el legislador en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, le corresponde en principio poner de presente dicha situaci\u00f3n ante el juez cognoscente, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de esta acci\u00f3n especial\u00edsima, ya que, si no se han agotado todos los medios procesales que le brinda el ordenamiento para obtener lo que aqu\u00ed reclama, no puede pretender que a trav\u00e9s de esta herramienta especial\u00edsima se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural a trav\u00e9s del mecanismo correspondiente, pues, \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC849-2020). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00285-01 <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi disenso. <\/p>\n
En el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 improcedente el amparo por la no aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido de que el reclamante no ha elevado solicitud ante el funcionario de conocimiento en ese sentido. <\/p>\n
No obstante, considero que el precepto mencionado no es aplicable en acciones populares por cuanto no armoniza con la naturaleza de este medio de protecci\u00f3n colectiva y con el hecho de que la normativa que la regula contiene t\u00e9rminos espec\u00edficos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema esta Sala se\u00f1al\u00f3 en precedencia: <\/p>\n
\u00abEn juicios como el aqu\u00ed objetado, huelga destacarlo, no es aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque las acciones populares se hallan sometidas a un tr\u00e1mite singular y especial, reglado en las disposiciones tra\u00eddas en la Ley 472 de 1998, la cual prev\u00e9 t\u00e9rminos espec\u00edficos para <\/p>\n
adelantar las m\u00faltiples etapas procedimentales y establece sanciones en caso de su incumplimiento, distintas a las previstas en el Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
Las acciones populares hallan su fuente directamente en la Constituci\u00f3n y difieren del sistema previsto en el C.G. del Proceso. Este, \u00fanicamente, en casos de vac\u00edos, los colmar\u00e1. Adem\u00e1s, la forma como se reglamentan y prev\u00e9 el acceso es diferente, los estatutos son diversos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija escenarios dis\u00edmiles y del mismo modo, su forma de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Desde esta \u00f3ptica, no se muestra descabellada la decisi\u00f3n del estrado querellado de desestimar las peticiones de declaratoria de falta de competencia elevadas por ambos extremos de la litis, pues las normas jur\u00eddicas llamadas a regir el asunto no autorizan tal modo de proceder, el cual, vale decirlo, no se acompasa con la arquitectura propia de esas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador. (CSJ <\/p>\n
STC14340-2018, 2 nov 2018, rad. -2018-00677-01) <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC099-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC099-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00285-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53051","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53051","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53051"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53051\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53051"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53051"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53051"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}