STC104-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC104-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00267-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la demora en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra una de las sucursales del Banco Caja Social BCSC S.A. de la ciudad de Pereira, con radicado No. 2019-00154-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de la citada garant\u00eda, que se ordene i) al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, \u00abdigitali[zar] todas [sus] acciones disciplinarias contra la tutelada e informe en derecho cuantos a\u00f1os tardar\u00e1 una soluci\u00f3n [al] respecto\u00bb, y, ii) a la Juez Tercera Civil del Circuito de Pereira, \u00abdeclarar[se] impedida (\u2026) [y] digitalizar la acci\u00f3n popular completa\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones aduce en s\u00edntesis, que pese a lo dispuesto en el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 472 de 1998, la sede judicial criticada \u00abnunca ha aplicado los t\u00e9rminos perentorios de tiempo\u00bb, y tampoco declar\u00f3 \u00absu IMPEDIMENTO DE OFICIO\u00bb para conocer del asunto constitucional referido en l\u00edneas anteriores, circunstancias que, asegura, lesionan la prerrogativa superior invocada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, precis\u00f3 que no conoce de investigaci\u00f3n alguna en contra de la funcionaria convocada por cuenta de la acci\u00f3n popular identificada con el consecutivo No. 2019-00154-00. <\/p>\n
b. La titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de la citada ciudad, remiti\u00f3 el link que contiene el acceso al expediente digital contentivo del asunto constitucional criticado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que la queja tra\u00edda a esta sede especial\u00edsima incumple con el requisito de la subsidiariedad, pues \u00abrevisado el acervo probatorio, se verifica que el interesado ning\u00fan memorial ha presentado en los t\u00e9rminos expuestos en el amparo (Recusaci\u00f3n, digitalizaci\u00f3n expedientes de investigaciones disciplinarias y t\u00e9rmino para decidir)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor replic\u00f3 el anterior fallo, solicitando \u00abAPLICAR el decreto 2591 de 1991, pues la tutelada NO (\u2026) respondi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente caso observa la Corte, que lo pretendido concretamente en esta oportunidad por el se\u00f1or Javier El\u00edas, es que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, digitalizar la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida frente a una de las sucursales del Banco Caja Social BCSC S.A., y exigirle respetar los t\u00e9rminos perentorios de que trata el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
3. Sin embargo, examinado el expediente digital contentivo del asunto en comento, no cabe duda para la Sala acerca de la improcedencia de la protecci\u00f3n reclamada, si en cuenta se tiene que, a diferencia de lo considerado por el actor, la sede judicial convocada ha ajustado sus decisiones a las previsiones de las normas que le son aplicables, y en raz\u00f3n de ello, precisamente en respuesta a la petici\u00f3n que \u00e9ste le elev\u00f3 en el marco de la citada acci\u00f3n, el Juzgado convocado el 31 de julio del a\u00f1o pasado le remiti\u00f3 al correo electr\u00f3nico registrado por aqu\u00e9l, el link de acceso al expediente digitalizado, lo que inexorablemente conlleva a la inexistencia de la vulneraci\u00f3n superior alegada por dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abEl objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
4. Ahora, en relaci\u00f3n con los otros reproches esgrimidos por el gestor del amparo en punto de que la Juez Tercera Civil del Circuito de Pereira debi\u00f3 manifestar su impedimento para conocer del asunto constitucional criticado y respetar los t\u00e9rminos perentorios que rigen la particular materia, observa la Sala que las cuestiones planteadas por el peticionario resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado litigio el actor no ha hecho uso de las herramientas de defensa que tiene a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed solicita, situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues no obra prueba de que el gestor del amparo haya expuesto en el escenario correspondiente, es decir, ante el Juzgado del Circuito convocado, las inconformidades que ahora trae a este mecanismo excepcional\u00edsimo, lo que torna improcedente la tutela, por incumplir con el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb; de manera que, \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (ver recientemente en CSJ STC3986-2020). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 el fallo criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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