STC113-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC113-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00284-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de noviembre de 2020 por la Sala de Decisi\u00f3n Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a al Consejo Seccional de la Judicatura, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Risaralda, la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda del Pueblo de Antioquia, la Alcald\u00eda Municipal de Medell\u00edn y Davivienda S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al Juzgado accionado i) \u00abaplicar art 121 CGP tal como lo ha ordenado el tribunal sscf de Pereira y la csj scc; ii) \u00abdeclarar su impedimento para continuar con la renuente acci\u00f3n popular donde nunca cumple t\u00e9rminos\u00bb; y iii). \u00abaportar copia digital de TODAS las tutelas donde la csj scc le ha ordenado aplicar art. 121 CGP ante su renuencia\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, al Consejo Seccional de la Judicatura i). \u00abdigitalizar todas las quejas y acciones disciplinarias que presen[t\u00f3] contra la tutelada e igualmente informar para cada proceso el estado actual de la acci\u00f3n disciplinaria\u00bb; y ii). \u00abinform[ar] en que acciones populares se ha ordenado aplicar art 121 CGP y cual ha sido su actuar en derecho, tal como lo manda [el] art 121 CGP, cuando se pierde competencia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular en contra del Banco Davivienda S.A.1, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado 3\u00b0 Civil del Circuito de Pereira, con radicado 2015-00770; autoridad que, previo conflicto de competencia, el 14 de octubre de 2016 admiti\u00f3 a tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.2. El 15 de octubre de 2020 el estrado judicial indic\u00f3 que la acci\u00f3n popular censurada est\u00e1 digitalizada, asimismo, que la nulidad deprecada fue resuelta y negada con prove\u00eddo de 6 de marzo anterior, donde analiz\u00f3 lo dispuesto en los art\u00edculos 90 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso, adem\u00e1s que el desistimiento pretendido no es procedente por tratarse de derechos colectivos; finalmente, destac\u00f3 que ha dado cumplimiento a los c\u00e1nones 5 y 84 de la Ley 472 de 1998; determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
2.3. El 27 de octubre de este a\u00f1o, el estrado judicial no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de \u00abdeclaratoria de impedimento\u00bb; decisi\u00f3n que no fue recurrida por el gestor. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, que el estrado querellado no cumple los t\u00e9rminos dispuestos para adelantar la acci\u00f3n popular, conforme lo dispuesto en la ley 472 de 1998. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que el despacho se neg\u00f3 a dar aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a que \u00abla acci\u00f3n lleva a\u00f1os y a\u00f1os y a\u00f1os vegetando largos periodos est\u00e9riles\u00bb, por lo que ya perdi\u00f3 competencia para continuar con su conocimiento. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que pese a que denunci\u00f3 disciplinariamente a la titular del juzgado, aquella no \u00abse declara impedida\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Risaralda manifest\u00f3 que al interior de la acci\u00f3n popular criticada (2015-00770) no ha tenido ninguna participaci\u00f3n; que consultada la base de datos no encontr\u00f3 ning\u00fan proceso disciplinario contra la Juez Tercera Civil del Circuito de Pereira \u00aben virtud de queja formulada por\u2026 Javier El\u00edas Arias, que haya tenido como fundamento el tr\u00e1mite procesal surtido frente a un eventual impedimento o aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del CGP dentro de la acci\u00f3n popular bajo el No. 2015-01223-00\u00bb, por lo que, al ser inexistente, no puede remitir copia de las quejas o solicitudes que haya formulado el accionante; aclar\u00f3 que esa Sala \u00abs\u00ed ha tramitado las quejas que formalmente el aqu\u00ed accionante ha formulado\u2026 en contra de la Juez Tercera Civil del Circuito de Pereira, garantiz\u00e1ndole el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Incluso en el a\u00f1o 2019 (agosto), el ahora actor present\u00f3 formalmente 67 quejas en contra de dicha funcionaria, procesos que est\u00e1n en curso (debidamente escaneados) y sin decisi\u00f3n de fondo hasta el momento\u00bb; que las actuaciones gozan de reserva legal, por lo que el actor, al no ser sujeto en el proceso, no puede tener copia de las mismas; que no tiene injerencia con la p\u00e9rdida de competencia dispuesta en el canon 121 del Estatuto Procesal.<\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda anot\u00f3 que respecto de la acci\u00f3n popular 2015-00770 el gestor no ha formulado ninguna vigilancia judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado 3\u00b0 Civil del Circuito de Pereira indic\u00f3 que en relaci\u00f3n a la acci\u00f3n popular 2015-00770 el accionante formul\u00f3 las acciones de tutela 2020-00220 y 2020-00248; remiti\u00f3 el link a fin de consultar la acci\u00f3n popular criticada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 la salvaguarda al encontrar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, pues contra las prove\u00eddos de 16 y 27 de octubre 2020 por medio de los cuales el estrado, de un lado, despach\u00f3 desfavorablemente la solicitud de p\u00e9rdida de competencia conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, adem\u00e1s, explic\u00f3 el cumplimiento de los art\u00edculos 5\u00b0 y 84 de la Ley 472 de 1998; y, por otra parte, neg\u00f3 la solicitud de declarar impedimento para continuar con el conocimiento del proceso, Javier El\u00edas no formul\u00f3 ning\u00fan recurso; destacando que en el t\u00e9rmino de ejecutoria del \u00faltimo auto, el gestor formul\u00f3 la solicitud de amparo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la salvaguarda tambi\u00e9n es improcedente frente al Consejo Seccional de la Judicatura y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Risaralda, pues son inexistentes las peticiones radicadas ante esas entidades, orientadas a que se digitalicen todas quejas que el actor ha formulado contra la funcionaria encausada, se indique su estado actual e informen su proceder en las acciones populares en las que se ha aplicado el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante solicitando \u00abse ordene a la tutelada aplicar art. 121 CGP, ante la renuencia y mora judicial\u00bb, como se dispuso en el precedente jurisprudencial de esta Corte \u00ab11001221300020190059001\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n presentada, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n del Tribunal, pues el gestor no hizo uso del medio id\u00f3neo de defensa con que contaba para exponer sus inconformidades frente al tr\u00e1mite que critica, en efecto, no interpuso el recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda conforme con el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 19982 contra los prove\u00eddos de 16 y 27 de octubre de 2020 que resolvi\u00f3 desfavorablemente la nulidad por p\u00e9rdida de competencia conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, adem\u00e1s, precis\u00f3 el cumplimiento de los c\u00e1nones 5\u00b0 y 84 de la Ley especial que regula la acci\u00f3n popular; y, por otra parte, que neg\u00f3 la declaratoria de impedimento de la funcionaria convocada; por lo que incurri\u00f3 en incuria en cuanto dej\u00f3 de ejercer el instrumento jur\u00eddico de defensa indicado para recurrir aquellos autos. <\/p>\n
En consecuencia, si Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga ten\u00eda el medio de defensa id\u00f3neo para invocar los yerros que se\u00f1ala por esta v\u00eda, la presente demanda constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales acaecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, sumado al hecho que con la radicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial que el actor invoca con la impugnaci\u00f3n formulada (11001221300020190059001) no aparece ning\u00fan registro en esta Corporaci\u00f3n, a m\u00e1s que aport\u00f3 el mismo, ni manifest\u00f3 quienes son las partes en ese asunto lo que imposibilita hacer un an\u00e1lisis f\u00e1ctico del mismo. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC8898-2017, 21 jun. 2017, rad. 2017-00112-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone ratificar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00284-01 <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi disenso. <\/p>\n
En el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 improcedente el amparo por la no aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido de que el reclamante no recurri\u00f3 el auto que neg\u00f3 dicha solicitud. <\/p>\n
No obstante, considero que el precepto mencionado no es aplicable en acciones populares por cuanto no armoniza con la naturaleza de este medio de protecci\u00f3n colectiva y con el hecho de que la normativa que la regula contiene t\u00e9rminos espec\u00edficos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema esta Sala se\u00f1al\u00f3 en precedencia: <\/p>\n
\u00abEn juicios como el aqu\u00ed objetado, huelga destacarlo, no es aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque las acciones populares se hallan sometidas a un tr\u00e1mite singular y especial, reglado en las disposiciones tra\u00eddas en la Ley 472 de 1998, la cual prev\u00e9 t\u00e9rminos espec\u00edficos para adelantar las m\u00faltiples etapas procedimentales y establece sanciones en caso de su incumplimiento, distintas a las previstas en el Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
Las acciones populares hallan su fuente directamente en la Constituci\u00f3n y difieren del sistema previsto en el C.G. del Proceso. Este, \u00fanicamente, en casos de vac\u00edos, los colmar\u00e1. Adem\u00e1s, la forma como se reglamentan y prev\u00e9 el acceso es diferente, los estatutos son diversos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija escenarios dis\u00edmiles y del mismo modo, su forma de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Desde esta \u00f3ptica, no se muestra descabellada la decisi\u00f3n del estrado querellado de desestimar las peticiones de declaratoria de falta de competencia elevadas por ambos extremos de la litis, pues las normas jur\u00eddicas llamadas a regir el asunto no autorizan tal modo de proceder, el cual, vale decirlo, no se acompasa con la arquitectura propia de esas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador. (CSJ STC14340-2018, 2 nov 2018, rad.-2018-00677-01) <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Lugar de vulneraci\u00f3n: sucursal de la Calle 49B n\u00b0 62-05 Medell\u00edn. <\/p>\n
2 Reposici\u00f3n. \u2026Contra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recurso de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 interpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
12 <\/p>\n
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