STC121-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC121-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2020-03495-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la tutela que Mar\u00eda Nubia Ram\u00edrez R\u00edos, Mayra Alejandra, Jos\u00e9 Donaldo, Jos\u00e9 Edwin y Jorge Eduardo L\u00f3pez Ram\u00edrez le instauraron a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y al Juzgado Segundo Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los gestores solicitaron la protecci\u00f3n de su derecho al \u00abdebido proceso\u00bb y, por ende, \u00abdejar sin efecto\u00bb la determinaci\u00f3n adoptada en segunda instancia para que, en su lugar, se acogieran los argumentos que expusieron en la apelaci\u00f3n y se incluyera en la declaraci\u00f3n de responsabilidad civil a Tractocarga Ltda. <\/p>\n
Como sustento, narraron que en el mencionado asunto el a quo, entre otras cosas, declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de Tractocarga Ltda. al concluir que no se demostr\u00f3 la vinculaci\u00f3n del cami\u00f3n de placas TBA-117 a esa empresa, por cuanto \u00abdel mero certificado individual No. 39 que Liberty Seguros hab\u00eda expedido a este veh\u00edculo, no pod\u00eda deducirse de ninguna manera el contrato de vinculaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (21 ag. 2019). <\/p>\n
Inconformes con ese punto, apelaron, pero el ad quem lo confirm\u00f3 con reflexiones similares a las del juzgado, agregando solamente que, en el transporte contratado para movilizar el veh\u00edculo de Cali a Pereira, \u00abTractocarga no recibi\u00f3 ning\u00fan beneficio econ\u00f3mico, (\u2026)\u00bb (18 nov. 2020). <\/p>\n
Dijeron que el Tribunal se equivoc\u00f3 al concluir que no hubo beneficio econ\u00f3mico de Tractocarga en la celebraci\u00f3n directa del contrato de transporte con Gerardo Cardona Londo\u00f1o para trasladar un icopor de Cali a Pereira, para lo cual s\u00f3lo apreci\u00f3 lo comunicado por el representante legal de esa entidad y por el propietario del rodante en el interrogatorio de parte, circunstancia contraria al art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso y al hecho de que no es posible otorgar valor probatorio a la declaraci\u00f3n de parte favorable a sus intereses. <\/p>\n
Adujeron que dicho discernimiento es contrario tambi\u00e9n a lo estipulado en el canon 984 del C\u00f3digo de Comercio, que prev\u00e9 que el transporte siempre debe ser contratado por empresas autorizadas, por tanto, el convenio referido \u00abtendr\u00eda una causa il\u00edcita\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 v\u00eda mail el link contentivo de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Permanece invariable la regla de \u00abimprocedencia\u00ab de este instrumento residual y sumario para disentir o revisar las decisiones jurisdiccionales, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando el iudex que dispensa justicia socava o pone en riesgo las garant\u00edas superiores de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, pues no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda e independencia que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les reconoce. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s esta Corte, al advertir que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (ST 7 mar. 2008. Rad. 2007-00514-01), ya que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ST 28 mar. 2012. Rad. 2012-00022-01). <\/p>\n
2.- De antemano se advierte que la Corte restringir\u00e1 su an\u00e1lisis al veredicto emitido el 14 de noviembre de 2020 por el Tribunal de Cali, que ratific\u00f3 el de primer grado, porque pese a que el ataque superlativo se enfil\u00f3 tambi\u00e9n contra el desempe\u00f1o de \u00e9ste, ser\u00eda inane detenerse en la confrontaci\u00f3n de hechos y fundamentos semejantes a los que soportaron la alzada, cuya validez y aptitud claramente fueron \u00absometidas a la controversia que legalmente les corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC14012-2015, reiterada en STC2377-2018). <\/p>\n
3.- As\u00ed, el examen del paginario objetado, muy pronto permite afirmar que el fallo cuestionado no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados de la ley o de la realidad procesal. Por el contrario, lo que se avizora es una razonada labor de verificaci\u00f3n de los elementos demostrativos que sirvieron de soporte al a quo para establecer que era viable declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb a favor de Tractocarga Limitada (21 ag. 2019). <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que al abordar el estudio de la alzada esa sede encontr\u00f3 que en la actuaci\u00f3n no se acredit\u00f3 que entre la sociedad controvertida y Gerardo Cardona Londo\u00f1o, propietario del automotor que gener\u00f3 el deceso de Jhon Fredy L\u00f3pez Ram\u00edrez, existiera un contrato de vinculaci\u00f3n, para ello precis\u00f3 que era: <\/p>\n
(\u2026), necesario delimitar que el tema de prueba para el aspecto concreto de la legitimaci\u00f3n aqu\u00ed examinada, es la existencia de la guarda provecho (Teor\u00eda jurisprudencial explicada de tiempo atr\u00e1s por la CSJ), en cabeza de Tractocarga Ltda., es decir, la gesti\u00f3n prob\u00e1tica hubo de centrarse en acreditar que la actividad peligrosa (Conducci\u00f3n de automotores) le reportaba lucro a la transportadora, y que por tal motivo esta ejerc\u00eda control sobre el veh\u00edculo causante del siniestro al momento del evento nocivo; as\u00ed entonces, se predicar\u00eda coautora o copart\u00edcipe en la producci\u00f3n del da\u00f1o reclamado (Solidaridad directa), que la habilitar\u00eda como codemandada. <\/p>\n
Expone la autorizada y constante doctrina de la CSJ, que no solo es guardi\u00e1n quien tiene dominio f\u00edsico de la actividad, sino tambi\u00e9n cuando en ciertas situaciones jur\u00eddicas, implican su direcci\u00f3n o manejo, es este el sustrato de teor\u00eda de la \u201cguarda compartida\u201d, (\u2026). <\/p>\n
Para determinar que la sociedad transportadora recib\u00eda un beneficio econ\u00f3mico, una opci\u00f3n era demostrar la existencia de un contrato de vinculaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del Decreto No.173 de 2001, reglamentario del servicio p\u00fablico de transporte terrestre automotor de carga, expedido por el Ministerio del Transporte. Seg\u00fan el art\u00edculo 22 de la precitada normativa, es consensual y no solemne, de tal manera que hay libertad probatoria para su acreditaci\u00f3n. <\/p>\n
Por esta senda pareci\u00f3 encaminarse la demanda, cuando refiri\u00f3 en el hecho 5\u00ba, a la transportadora y su objeto social, para luego indicar que tom\u00f3 una p\u00f3liza donde aparece amparado el cami\u00f3n de marras, no obstante, n\u00f3tese como pretermiti\u00f3 alusi\u00f3n alguna al contrato de vinculaci\u00f3n (Art.22, D 173\/2001) y por supuesto al recuento f\u00e1ctico sobre sus elementos esenciales, que son los de todo contrato (El art\u00edculo acabado de citar, remite al derecho privado): prescritos de forma gen\u00e9rica por el art\u00edculo 1502, CC, al ser una modalidad del acto jur\u00eddico: (i) Capacidad, (ii) Consentimiento o voluntad, (iii) Causa; y, (iv) Objeto, l\u00edcitos. Otros son los requisitos de validez y eficacia, etapas distintas del iter negocial, aqu\u00ed inanes. <\/p>\n
Ahora, la falta de contestaci\u00f3n en el CPC produc\u00eda estimar un indicio grave en contra del demandado, hoy los supuestos normativos enunciados en el art\u00edculo 97, CPG, son diferentes, como sus efectos tambi\u00e9n: en el nuevo estatuto es presunci\u00f3n de veracidad. El CPC no exig\u00eda planteamiento de hechos susceptibles de confesi\u00f3n, bastaba preterir la respuesta o un pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones (Art.96); la redacci\u00f3n actual s\u00ed lo hace, por esa raz\u00f3n el fundamento empleado por el fallador, para repeler el planteamiento, es descaminado, en juicio de esta Magistratura. M\u00e1s como adelante se disertar\u00e1, a pesar de esta consideraci\u00f3n, esta raz\u00f3n es precaria para cimentar la conclusi\u00f3n querida por el recurrente. <\/p>\n
El estudio del material suasorio incorporado, hecho por el juez de primer grado respecto a los indicios como insuficiente, se comparte; se construy\u00f3 a partir de los documentos arrimados, como hechos indicadores (oficios, certificados sobre seguros, etc.), empero aprecia la Sala que sin acudir a tales razonamientos, ha de repararse en que la versi\u00f3n testifical del representante legal de la compa\u00f1\u00eda transportadora, tomada como declaraci\u00f3n de parte (Carpeta 1a instancia, cuaderno No.1, parte 2, folio 108), dio cuenta de que al momento del hecho da\u00f1ino, el cami\u00f3n no transportaba mercanc\u00edas para esa empresa, es inexistente para esa fecha manifiesto de carga que as\u00ed lo permita comprender, es decir, ninguna ventaja dineraria le reportaba a su representada. <\/p>\n
La referida exposici\u00f3n fue corroborada por el conductor y poseedor del plurimentado veh\u00edculo, que al ser interrogado sobre los acontecimientos (Carpeta 1a instancia, cuaderno No.1, parte 2, folio 124), prueba comprendida como declaraci\u00f3n de parte, se\u00f1al\u00f3: \u201c(\u2026) Ese d\u00eda 18 de noviembre fui contratado para traer un viaje para un se\u00f1or Carlos de una f\u00e1brica de icopor (Sic), llegu\u00e9 todo el trayecto bien, llegu\u00e9 bien a Pereira, el destino de la mercanc\u00eda era el hospital San Jorge, all\u00ed me esperaba el ingeniero de nombre Carlos Rico, due\u00f1o de la mercanc\u00eda (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ambas narraciones son cre\u00edbles por cuanto se avienen a las pautas valorativas aplicables de anta\u00f1o, fueron responsivos, exactos, completos, expositivos de la ciencia de sus dichos; concordantes, esto es, constantes y coherentes consigo mismas; adem\u00e1s de arm\u00f3nicas con los resultados de otros medios de prueba; estos son los criterios valorativos ense\u00f1ados por la jurisprudencia probatoria de anta\u00f1o (1993), fundadas en el art\u00edculo 218, CPC, conservadas hoy en el canon 221, CGP, acogidas por la doctrina, y a\u00fan vigentes. En adici\u00f3n, tampoco evidencian animadversi\u00f3n alguna sus relatos. <\/p>\n
Para esta Superioridad resulta cardinal y definitivo el hecho remarcado, pues comprende que la inteligencia de la figura mal puede distraerse reparando en la existencia de un aseguramiento y todas sus apreciaciones colaterales (Inter\u00e9s, tomador, etc.). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, explic\u00f3: <\/p>\n
En efecto, en la p\u00f3liza es tomadora la sociedad, mas tambi\u00e9n debe verse que el beneficiario era el se\u00f1or Gerardo Cardona L., como poseedor del bien, am\u00e9n de que en el ramo aseguraticio es admitida la modalidad por cuenta ajena o a\u00fan la concurrencia de intereses asegurables (Art.1039, CCo). Que Tractocarga Ltda. sea tomadora en la p\u00f3liza no traduce incontrastable la existencia del contrato de vinculaci\u00f3n entre esta y el titular del cami\u00f3n. <\/p>\n
Por lo esgrimido, al debate era extra\u00f1o demostrar el inter\u00e9s para tramitar del seguro u otra intervenci\u00f3n en tal negocio, como se dijo l\u00edneas antes, lo que incumb\u00eda era patentizar el beneficio econ\u00f3mico que la actividad peligrosa generaba para la compa\u00f1\u00eda, y entonces as\u00ed subsumir lo acontecido en la teor\u00eda de la guarda provecho como especie de la compartida. Es este el alcance intelectivo que permite colegir la aptitud de la transportadora para resistir los pedimentos resarcitorios invocados en su contra. <\/p>\n
De nuevo el pensamiento del derecho judicial del \u00f3rgano v\u00e9rtice de la especialidad, para iterar la tesis expuesta, con el siguiente pasaje: \u201c(\u2026) como ya se expuso, bajo la concepci\u00f3n de guardi\u00e1n de la actividad con la cual se produce la lesi\u00f3n \u2018ser\u00e1 entonces responsable la persona f\u00edsica o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del da\u00f1o un poder efectivo e independiente de direcci\u00f3n, gobierno o control, sea o no due\u00f1o, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitada para ejercitar ese poder\u2019, (\u2026)\u201d. Subrayado y negrilla de esta Sala. <\/p>\n
Sin embargo, como se ha discernido, si a la base de los hechos reluce que ninguna participaci\u00f3n ten\u00eda la codemandada compa\u00f1\u00eda, ni como guardi\u00e1n material ni jur\u00eddico, fracasa la imputaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, en refutaci\u00f3n al planteamiento de que la normativa sobre el transporte de carga permite inferir la vinculaci\u00f3n en comento, baste indicar que, la naturaleza misma de esas previsiones prescriptivas, su generalidad y grado de abstracci\u00f3n, sumado a la falta de consagraci\u00f3n expresa de presunci\u00f3n alguna, son inid\u00f3neas para lograr la demostraci\u00f3n pretendida por el demandante: el contrato de vinculaci\u00f3n, en un entendido flexible de la causa para pedir. <\/p>\n
La subsunci\u00f3n normativa es un ejercicio intelectual que en el escenario procesal requiere de las probanzas, estipula el art\u00edculo 167, CGP: \u201cIncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen.\u201d, el resaltado es de esta Sala, obviamente est\u00e1n excluidos los consabidos hechos notorios y las manifestaciones indefinidas (Art.167, CGP). <\/p>\n
En suma, ninguna concreci\u00f3n de los hechos alegados sobre el contrato de vinculaci\u00f3n, se hizo mediante los medios de prueba de forma directa, en cambio emerge paladino que, para la fecha de la actividad peligrosa alegada, la compa\u00f1\u00eda ning\u00fan r\u00e9dito percib\u00eda por esa precisa labor de transporte, esto es, estaba desprovista de control o dominio alguno sobre el automotor, entonces carec\u00eda de guarda alguna, en las modalidades ya definidas en este discurso. Todo para deducir razonablemente que faltaba habilitaci\u00f3n legal para soportar los pedimentos indemnizatorios y la decisi\u00f3n del fallo fue acertada, aunque con estribo en motivaciones distintas. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen que se compartan o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, producto como son de una plausible ex\u00e9gesis de la normativa sobre la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido al escrutinio del juez plural, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia \u00abconstitucional\u00bb, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, entre otras). <\/p>\n
4.- Son estas breves razones las que conllevan el fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela incoada por Mar\u00eda Nubia Ram\u00edrez R\u00edos, Mayra Alejandra, Jos\u00e9 Donaldo, Jos\u00e9 Edwin y Jorge Eduardo L\u00f3pez Ram\u00edrez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Segundo Civil del Circuito, ambos de Pereira. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y, si este fallo no es impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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