STC123-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC123-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03509-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por C\u00e9sar Alfonso Ardila Valbuena contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a vivienda digna, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abla suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega programada para el d\u00eda trece (13) de Enero de 2021\u2026, hasta tanto no se tramite y decidan los recursos respecto del control de legalidad e incidente de nulidad propuestos en el proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso de insolvencia promovido por C\u00e9sar Alfonso Ardila Valbuena, el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en prove\u00eddo de 18 de mayo de 2018 rechaz\u00f3 el incidente de nulidad impetrado por el demandante, decisi\u00f3n que tras ser apelada fue confirmada por el Tribunal Superior de esta ciudad en providencia de 21 de febrero de 2019. <\/p>\n
2.2. Mediante auto de 18 de noviembre de 2020 se rechaz\u00f3 la petici\u00f3n de control de legalidad invocada por la parte actora, decisi\u00f3n aclarada en prove\u00eddo de 24 siguiente en el sentido que se rechazaba era la nulidad planteada. Esta determinaci\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que dentro de las obligaciones relacionadas se encuentra el cr\u00e9dito hipotecario de vivienda por valor de $100.000.000, que no $172.000.000, cuyo acreedor inicial fue el Banco Central Hipotecario, quien instaur\u00f3 demanda hipotecaria antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, la que fue tramitada en el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1; que pese a que dicha normatividad orden\u00f3 la terminaci\u00f3n de los procesos ejecutivos hipotecarios para la financiaci\u00f3n de vivienda, el 18 de febrero de 2000 el apoderado del B.C.H. lo notific\u00f3 del mandamiento de pago y pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso con fundamento en el par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 42 de la ley 546 de 1999, cuando lo procedente era aplicar el alivio ordenado en la ley, condonar los intereses de mora y terminar el proceso. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que sin efectuarse la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, los derechos del juicio hipotecario fueron cedidos a Central de Inversiones S.A. \u201cCISA S.A.\u201d, la que a su vez hizo lo propio con la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos, quien le cedi\u00f3 a David Ricardo Guzm\u00e1n Gonz\u00e1lez y Mauricio Reyes, \u00faltimos que como personas naturales no tienen la calidad de instituci\u00f3n financiera autorizada para otorgar cr\u00e9ditos en UPAC hoy UVR. <\/p>\n
2.5. Adujo que el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 ofici\u00f3 a su hom\u00f3logo Quince con miras a que le remitiera el proceso; que el 4 de mayo de 2016 se llev\u00f3 a cabo la audiencia de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, en donde fueron reconocidos: (i) la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital y ii) David Ricardo Guzm\u00e1n y Hern\u00e1n Mauricio Reyes como cesionarios del B.C.H. en relaci\u00f3n con el cr\u00e9dito expresado en UVR. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que dada la calidad de los \u00faltimos cesionarios y la ausencia de restructuraci\u00f3n, los mismos carec\u00edan de legitimaci\u00f3n, pues la obligaci\u00f3n no era exigible; que formul\u00f3 un incidente de nulidad por la ausencia de restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, el que fue rechazado en auto de 18 de mayo de 2018, \u00absin haber realizado el estudio procesal y sustancial obligatorio, acertado y necesario\u00bb, por lo que recurri\u00f3 dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la providencia apelada \u00abbajo un err\u00e1tico argumento, que constituye otra v\u00eda de hecho, en la medida en que bas\u00f3 su decisi\u00f3n en la incapacidad de pago del suscrito, que abri\u00f3 paso al proceso de insolvencia, argumento que desconoce la reiterada jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2.8. Afirm\u00f3 que tambi\u00e9n deprec\u00f3 un control de legalidad en el mismo sentido, este es, la imposibilidad de continuar el tr\u00e1mite de insolvencia hasta tanto no se diera cabal cumplimiento a la ley marco de financiaci\u00f3n de vivienda y los fallos de la Corte Constitucional y Sala Civil de la Corte Suprema, sin embargo, fue rechazado sin motivaci\u00f3n el 18 de noviembre de 2020, providencia aclarada en auto del 24 de noviembre de 2020 \u00aben el sentido de indicar que rechaza incidente de Nulidad, sin motivar el mismo, cuando se estaba pidiendo un control de legalidad\u00bb. <\/p>\n
2.9. Narr\u00f3 que frente a la referida determinaci\u00f3n interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, los que no han sido resueltos a la fecha; que pese a ello, el estrado dio inicio a la diligencia de entrega por petici\u00f3n del liquidador, la que fue ordenada en auto de 24 de noviembre de 2020, \u00faltimo que no fue publicitado en la p\u00e1gina web de la rama judicial, por lo que elev\u00f3 una petici\u00f3n a la auditor\u00eda de los encargados de la p\u00e1gina web de la rama judicial. <\/p>\n
2.10. Manifest\u00f3 que el 18 de noviembre de 2020, el estrado acusado ya hab\u00eda emitido orden de entrega del inmueble a trav\u00e9s de comisi\u00f3n, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria y que no ha sido revocada; que pese a que se dec\u00eda que se dar\u00edan instrucciones de como se evacuar\u00eda la dligencia, las mismas no fueron implementadas; que dicha decisi\u00f3n se emiti\u00f3 sin fundamento, pues no hay adjudicaci\u00f3n del inmueble y se incurre en una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2.11. Puntualiz\u00f3 que el pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n fue diligenciado por $172.000.000 como capital adeudado, cuando el pr\u00e9stamo otorgado fue de $100.000.000, por lo que se configuran los delitos de falsedad y fraude procesal, pues pese a que haya cobrado ejecutoria el mandamiento de pago, jam\u00e1s una anomal\u00eda puede ser fundamento de una providencia legal ni de un proceso. <\/p>\n
2.12. Agreg\u00f3 que si se hubiera agotado el tr\u00e1mite de los incidentes de nulidad y decidido de fondo, la situaci\u00f3n ser\u00eda otra; que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no tuvo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ya ha decantado que el fallador no puede intervenir en las condiciones de la restructuraci\u00f3n, sin embargo, efectu\u00f3 \u00abafirmaciones que [l]e arrebatan esa posibilidad, al cerrar en forma tajante dicha posibilidad sin estar legitimada para ello, lo que es claramente otra v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que se remit\u00eda al contenido de la providencia de 21 de febrero de 2019; y que dicha determinaci\u00f3n fue emitida hace 1 a\u00f1o y 10 meses. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad se\u00f1al\u00f3 que el proceso de insolvencia criticado se encontraba en el tr\u00e1mite posterior a la graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, por lo que en providencia del 27 de febrero de 2020 se autoriz\u00f3 al liquidador para que procediera a la venta de los bienes que conformaban la masa liquidatoria, as\u00ed como la entrega del inmueble a dicho auxiliar, fij\u00e1ndose el 4 de diciembre anterior para su realizaci\u00f3n, la que fue suspendida por acuerdo de las partes; que la petici\u00f3n nulitista no es reciente, sino que viene siendo invocada de vieja data; que se han respetado los derechos, garant\u00edas legales y constitucionales de las partes en el procedimiento adoptado; que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez; que el extremo actor ya hab\u00eda solicitado la nulidad ante el Juzgado Quince Civil del Circuito de esta ciudad, pero le hab\u00eda sido denegada, pues hab\u00eda sido beneficiario del alivio; y que el auto s\u00ed se encuentra publicado en el estado respectivo. <\/p>\n
3. Rafael Guzm\u00e1n Rodr\u00edguez, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de David Ricardo Guzm\u00e1n Gonz\u00e1lez y Mauricio Reyes, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dichos vinculados. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, en la medida en que el gestor interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo de 18 de noviembre de 2020, el que se encuentra pendiente de resolver. <\/p>\n
Luego, se observa que como la actuaci\u00f3n referida est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, por lo cual la tutela resulta prematura. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
3. Ahora bien, es de advertirse que no es procedente disponer la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega por encontrarse en curso los recursos impetrados frente a la decisi\u00f3n criticada, pues adem\u00e1s de que la normatividad no lo dispone, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab\u2026no es dable pretender, ni a\u00fan como mecanismo transitorio, sustituir los instrumentos legales mediante esta acci\u00f3n, porque el juez de tutela no puede actuar como si lo fuera de instancia; como tampoco opera paralelamente con las actuaciones judiciales, en raz\u00f3n a su car\u00e1cter subsidiario y residual\u2019 (sentencia de 29 de agosto de 2011, exp. 2001-00349-01)\u00bb (CSJ STC, 4 jun. 2012, rad. 2012-01300-00). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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