STC133-2021 <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC133-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00292-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinituno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de Bogot\u00e1, la Alcald\u00eda Local de Puente Aranda, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, la Procuradora 8 Judicial II Delegada para Asuntos Civiles, as\u00ed como las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite adelantado dentro de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra Audifarma S.A., identificado con el radicado No. 2016-00465-00. <\/p>\n
Por tal motivo pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, \u00abinmediatamente aplicar [el] art. 121 [el] CGP (\u2026)\u00bb; \u00abdeclarar su impedimento para continuar con la renuente acci\u00f3n popular donde nunca cumple t\u00e9rminos de tiempo perentorios que le manda [la] ley 472 de 1998, ya que ha presentado acciones disciplinarias en su contra\u00bb, y, \u00abaportar copia digital de todas las tutelas donde la CSJ SCC le ha ordenado aplicar art. 121 CGP ante su renuencia\u00bb; de otro lado persigue tambi\u00e9n, que se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, \u00abdigitalizar todas las quejas y acciones disciplinarias que present[\u00f3] contra la tutelada e igualmente informa[r] para cada proceso el estado actual de la acci\u00f3n disciplinaria\u00bb; adem\u00e1s, que \u00abinforme en qu[\u00e9] acciones populares le ha ordenado [al juzgado accionado] aplicar [el] art. 121 CGP y cu\u00e1l ha sido su actuar en derecho\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que dentro del referido proceso el estrado convocado no cumple los t\u00e9rminos que ordena la Ley 472 de 1998, ni aplica lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a que por tales hechos ha presentado acci\u00f3n disciplinaria, pero \u00abnada se resuelve al respecto ni se declara impedida\u00bb, situaciones que, en su criterio, ameritan la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). Audifarma S.A. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, ya que no tuvo relaci\u00f3n en los hechos fundamento de la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
b). El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, por intermedio de su presidenta y de uno de sus Magistrados, precis\u00f3 que no le corresponde interferir en el proceso objeto de cuestionamiento; que respecto del mismo el gestor no ha solicitado vigilancia judicial administrativa; que \u00abno ha sancionado a ning\u00fan juez por haber perdido competencia, por cuanto los Despachos que han incurrido en dicha situaci\u00f3n son despachos congestionados, que se han visto obligados a la p\u00e9rdida de competencia por fuerza mayor y no por mera liberalidad\u00bb; y, que no es de su competencia ordenas a los despachos judiciales que apliquen el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
c). La Directora Distrital de Gesti\u00f3n Judicial de la Secretar\u00eda Jur\u00eddica y el Defensor del Pueblo, ambos de Bogot\u00e1, pidieron en escritos separados, su desvinculaci\u00f3n de este asunto, porque no se les atribuye ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n generadora de la vulneraci\u00f3n superior alegada, precisando la primera, adem\u00e1s, que el demandante abusa del mecanismo de la tutela. <\/p>\n
d). El Procurador Regional de Risaralda manifest\u00f3, que la defensa de los derechos e intereses colectivos ser\u00e1 objeto de verificaci\u00f3n en la correspondiente audiencia de pacto de cumplimiento. <\/p>\n
e). El Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda inform\u00f3, que en sus bases de datos no se registra ning\u00fan proceso disciplinario contra el estrado accionado con ocasi\u00f3n de la referida acci\u00f3n popular, aunque si hay otras quejas formuladas por el aqu\u00ed accionante contra la funcionaria que preside esa sede judicial, a las cuales se les ha dado tr\u00e1mite y pueden ser objeto de revisi\u00f3n en la p\u00e1gina web de la entidad. <\/p>\n
f). El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, por intermedio de su secretar\u00eda, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir la versi\u00f3n digitalizada del decurso objeto de censura. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo reclamado, porque \u00abde las piezas procesales incorporadas al proceso, surge evidente que el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga ninguna actividad ha desplegado en el tr\u00e1mite en el que encuentra lesionados sus derechos, con el fin de obtener se aplique el citado art\u00edculo 121 y se cumplan los t\u00e9rminos procesales\u00bb. Del mismo modo consider\u00f3, que \u00ablas pruebas allegadas al expediente, tambi\u00e9n acreditan que mediante prove\u00eddo del 27 de octubre pasado, la Juez Tercera Civil del Circuito se Pronunci\u00f3 sobre la solicitud que formul\u00f3 el actor para obtener se declare impedida para continuar con el tr\u00e1mite. Esta decisi\u00f3n se notific\u00f3 por estado el 28 siguiente. (\u2026) En efecto, para la fecha en que se promovi\u00f3 el amparo, 3 de noviembre \u00faltimo, ni siquiera hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino de ejecutoria de aquella providencia. En estas condiciones el amparo constitucional solicitado resulta prematuro, pues el actor ha debido formular en el citado lapso los recursos que estimara pertinentes contra la decisi\u00f3n en que encuentra lesionados sus derechos y aguardar que se adoptara una decisi\u00f3n al respecto, y no acudir directamente a este medio subsidiario\u00bb. <\/p>\n
Finalmente puso de presente, que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 concebida para obtener copia de providencias ni la informaci\u00f3n que el gestor exige del Despacho accionado; y que el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda no acredit\u00f3 que el gestor le hubiese solicitado reproducci\u00f3n de las supuestas quejas y acciones que dice haber presentado contra la juez convocada, para as\u00ed habilitar la eventual intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el fallo, reprochando que \u00abnunca la juez tutelada responde y nunca (\u2026) se tiene como allanada a [sus] pretensiones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Javier El\u00edas se queja, concretamente, porque el Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira no se declara impedido para seguir conociendo de la acci\u00f3n popular que \u00e9l interpuso contra Audifarma S.A., y no aplica a ese decurso lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a que, seg\u00fan sostiene, ha denunciado disciplinariamente a la titular de ese Despacho y dicho proceso ha excedido el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n establecido en la precitada norma. <\/p>\n
3. No obstante, para la Sala la decisi\u00f3n constitucional refutada merece ser ratificada, si se tiene en cuenta que el gestor del amparo, en un acto constitutivo de incuria, desaprovech\u00f3 la oportunidad con que cont\u00f3 para hacer valer sus derechos dentro del proceso cuestionado, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior porque el aqu\u00ed interesado omiti\u00f3 interponer el recurso de reposici\u00f3n contra el auto del pasado 27 de octubre, a trav\u00e9s del cual la autoridad judicial criticada resolvi\u00f3, entre otros, \u00abno acceder al impedimento incoado para seguir conociendo\u00bb del referido proceso, conforme posibilita para el proceso el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, oportunidad en la que aqu\u00e9l pudo ventilar las inconformidades expuestas en este escenario, consistentes en que dicho juzgador debi\u00f3 desprenderse del proceso por haber sido sujeto de varias denuncias disciplinarias de su parte, por lo que mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto al respecto. <\/p>\n
De manera invariable ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar esta Corte, que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado interferir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC848-2020). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
4. Por otra parte, corresponde precisar que en este caso no se aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acci\u00f3n, que ameriten soslayar el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la tutela que viene de comentarse, para en su lugar, analizar el fondo de la decisi\u00f3n previamente citada, pues no est\u00e1 probado que la continuidad del conocimiento del proceso cuestionado por parte del juzgado accionado, implique per se la consumaci\u00f3n para el actor, ni para la comunidad, de un da\u00f1o de dichas caracter\u00edsticas. <\/p>\n
5. Ahora, si el gestor estima que dentro del proceso cuestionado debe aplicarse lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, le corresponde primero manifestarlo ante el juez cognoscente, ya que si no ha agotado todos los medios procesales que le brinda el ordenamiento para obtener lo que aqu\u00ed reclama, no puede pretender que a trav\u00e9s de esta herramienta especial\u00edsima se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural a trav\u00e9s del mecanismo correspondiente, pues, \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC849-2020). <\/p>\n
6. Finalmente, frente a la solicitud del actor encaminada a que se le exija al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda \u00abinforma[r] para cada proceso el estado actual de la acci\u00f3n disciplinaria\u00bb, as\u00ed como \u00aben qu[\u00e9] acciones populares le ha ordenado [al juzgado accionado] aplicar [el] art. 121 CGP y cu\u00e1l ha sido su actuar en derecho\u00bb, basta con se\u00f1alar que el presente mecanismo est\u00e1 instituido para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, m\u00e1s no para prop\u00f3sitos informativos como los pretendidos por aqu\u00e9l; y, en cuanto a la solicitud del gestor para que las supuestas quejas por \u00e9l interpuestas se le expida copia, debe precisarse que no obra prueba en el plenario de que \u00e9ste haya elevado primero esa solicitud ante dicha autoridad. <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con salvamento de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00292-01 <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi disenso. <\/p>\n
En el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 improcedente el amparo por la no aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido de que el reclamante no ha elevado solicitud ante el funcionario de conocimiento en ese sentido. <\/p>\n
No obstante, considero que el precepto mencionado no es aplicable en acciones populares por cuanto no armoniza con la naturaleza de este medio de protecci\u00f3n colectiva y con el hecho de que la normativa que la regula contiene t\u00e9rminos espec\u00edficos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema esta Sala se\u00f1al\u00f3 en precedencia: <\/p>\n
\u00abEn juicios como el aqu\u00ed objetado, huelga destacarlo, no es aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque las acciones populares se hallan sometidas a un tr\u00e1mite singular y especial, reglado en las disposiciones tra\u00eddas en la Ley 472 de 1998, la cual prev\u00e9 t\u00e9rminos espec\u00edficos para adelantar las m\u00faltiples etapas procedimentales y establece sanciones en caso de su incumplimiento, distintas a las previstas en el Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
Las acciones populares hallan su fuente directamente en la Constituci\u00f3n y difieren del sistema previsto en el C.G. del Proceso. Este, \u00fanicamente, en casos de vac\u00edos, los colmar\u00e1. Adem\u00e1s, la forma como se reglamentan y prev\u00e9 el acceso es diferente, los estatutos son diversos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija escenarios dis\u00edmiles y del mismo modo, su forma de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Desde esta \u00f3ptica, no se muestra descabellada la decisi\u00f3n del estrado querellado de desestimar las peticiones de declaratoria de falta de competencia elevadas por ambos extremos de la litis, pues las normas jur\u00eddicas llamadas a regir el asunto no autorizan tal modo de proceder, el cual, vale decirlo, no se acompasa con la arquitectura propia de esas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador. (CSJ STC14340-2018, 2 nov 2018, rad.-2018-00677-01) <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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