STC135-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC135-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00262-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito primigenio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, en el marco de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra la empresa Audifarma S.A., radicada con el No. 2016-00490-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de su debido proceso, que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, \u00abaplicar [el] art 121 [del] CGP\u00bb en la citada actuaci\u00f3n1. <\/p>\n
2. En apoyo de tal pretensi\u00f3n se limit\u00f3 a manifestar, que en la actuaci\u00f3n referida l\u00edneas atr\u00e1s, el aludido estrado judicial \u00abse reh\u00fasa a aplicar [el] art 121 [del] CGP de oficio\u00bb, lo que, asegura, lesiona el derecho ius fundamental invocado2. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
b. El Jugado Tercero Civil del Circuito de Pereira. se limit\u00f3 a remitir el enlace donde se puede consultar la actuaci\u00f3n constitucional objeto de controversia, sin realizar manifestaci\u00f3n alguna frente a lo pretendido por el actor4. <\/p>\n
c. El representante legal judicial de Audifarma S.A., a m\u00e1s de solicitar apartar de la actuaci\u00f3n a la sociedad que representa, toda vez que con la queja no se le endilga acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna vulneradora de la garant\u00eda superior invocada por el accionante, requiri\u00f3 negar el amparo rogado por improcedente5. <\/p>\n
d. La Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Personer\u00eda de esta capital pidi\u00f3 desvincular del tr\u00e1mite a dicha entidad, comoquiera que \u00abel se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga no ha radicado peticiones sobre el asunto [que censura]\u00bb6. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia, luego de detallar en qu\u00e9 estado se encuentra la acci\u00f3n popular objeto de la queja acumulada, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada por prematura, con fundamento en que \u00abaunque en el pasado el accionante hab\u00eda formulado peticiones tendientes a que el Juzgado se declarara incompetente en virtud a lo previsto en el art\u00edculo 121 del CGP12, las que hab\u00edan sido respondidas, en la actualidad existe otra petici\u00f3n, radicada el 6 de septiembre del 2020, en la que le exige al Juzgado proceder de ese modo, la cual no ha sido resuelta\u00bb, motivo por el cual la salvaguarda instada resulta improcedente7. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante objet\u00f3 el anterior fallo, tras insistir en las razones con las que sustent\u00f3 la petici\u00f3n que elev\u00f3 con el escrito de tutela8. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo anterior se desprende entonces, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, de entrada se anuncia la ratificaci\u00f3n del fallo refutado, pues, de acuerdo con los soportes adosados a las presentes diligencias, se observa que el resguardo suplicado frente a la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso en la popular por \u00e9l promovida contra la empresa Audifarma S.A., radicada con el No. 2016-00490-00, resulta prematuro, comoquiera que el aqu\u00ed interesado no solo formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo proferido el 20 de agosto hoga\u00f1o, por medio del cual el Jugado Tercero Civil del Circuito de Pereira neg\u00f3 la solicitud de nulidad que \u00e9ste elev\u00f3 el 15 de julio anterior con fundamento en dicho precepto, sino que tambi\u00e9n volvi\u00f3 a radicar el pasado 6 de septiembre otra petici\u00f3n en igual sentido, actuaciones que a\u00fan no han sido resueltas por dicha autoridad, raz\u00f3n por la que el amparo rogado se torna improcedente, ya que no puede acudirse a \u00e9l con \u00e9xito cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, m\u00e1xime cuando, precisamente, la resoluci\u00f3n de los reparos esgrimidos por el tutelante corresponde analizarlos al juez natural, orbita en la que no se puede inmiscuirse el Juez de tutela. <\/p>\n
3. Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, la Sala ha dicho que \u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC838-2020). <\/p>\n
Situaci\u00f3n que ha justificado la Corte, de tiempo atr\u00e1s, con fundamento en que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC6185-2020). <\/p>\n
4. Por consiguiente, como a partir de la sentencia SCT001-2019 la Sala estim\u00f3 que el aludido canon resulta atendible en las acciones populares, y con \u00e9l, las consecuencias de p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia y nulidad de pleno derecho en caso de darse los requisitos que cada una contempla9, de acuerdo con lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia C-443 de 25 de septiembre de 2019, en la que resolvi\u00f3: \u00abPRIMERO: Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d contenida en el inciso sexto del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del resto de este inciso, en el entendido de que la nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 132 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso.\/\/SEGUNDO. Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del inciso segundo (\u2026), en el sentido de que la p\u00e9rdida de competencia del funcionario judicial correspondiente s\u00f3lo ocurre previa solicitud de parte, sin perjuicio de su deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura al d\u00eda siguiente del t\u00e9rmino para fallar, sobre la circunstancia de haber transcurrido dicho t\u00e9rmino sin que se haya proferido sentencia\u00bb (subrayado intencional), hermen\u00e9utica que deber\u00e1 tener en cuenta la juez acusada al momento de resolver lo pertinente frente a lo solicitado, el tutelante deber\u00e1 esperar a que dicha funcionaria se pronuncie, y en caso de quedar inconforme con lo decidido, podr\u00e1 nuevamente acudir a esta acci\u00f3n residual en defensa de las garant\u00edas superiores que considere vulneradas con ello. <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y como al inicio se indic\u00f3, se impone ratificar el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00262-01 <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi disenso. <\/p>\n
En el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 improcedente el amparo por la no aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido de que era prematuro, dado que el reclamante \u00abno solo formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo proferido el 20 de agosto hoga\u00f1o, por medio del cual el Jugado Tercero Civil del Circuito de Pereira neg\u00f3 la solicitud de nulidad que \u00e9ste elev\u00f3 el 15 de julio anterior con fundamento en dicho precepto, sino que tambi\u00e9n volvi\u00f3 a radicar el pasado 6 de septiembre otra petici\u00f3n en igual sentido\u00bb. <\/p>\n
No obstante, considero que el precepto mencionado no es aplicable en acciones populares por cuanto no armoniza con la naturaleza de este medio de protecci\u00f3n colectiva y con el hecho de que la normativa que la regula contiene t\u00e9rminos espec\u00edficos. <\/p>\n
\u00abEn juicios como el aqu\u00ed objetado, huelga destacarlo, no es aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, porque las acciones populares se hallan sometidas a un tr\u00e1mite singular y especial, reglado en las disposiciones tra\u00eddas en la Ley 472 de 1998, la cual prev\u00e9 t\u00e9rminos espec\u00edficos para adelantar las m\u00faltiples etapas procedimentales y establece sanciones en caso de su incumplimiento, distintas a las previstas en el Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
Las acciones populares hallan su fuente directamente en la Constituci\u00f3n y difieren del sistema previsto en el C.G. del Proceso. Este, \u00fanicamente, en casos de vac\u00edos, los colmar\u00e1. Adem\u00e1s, la forma como se reglamentan y prev\u00e9 el acceso es diferente, los estatutos son diversos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija escenarios dis\u00edmiles y del mismo modo, su forma de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Desde esta \u00f3ptica, no se muestra descabellada la decisi\u00f3n del estrado querellado de desestimar las peticiones de declaratoria de falta de competencia elevadas por ambos extremos de la litis, pues las normas jur\u00eddicas llamadas a regir el asunto no autorizan tal modo de proceder, el cual, vale decirlo, no se acompasa con la arquitectura propia de esas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador. (CSJ STC14340-2018, 2 nov 2018, rad.-2018-00677-01) <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela acopiada al expediente en copia digital remitido a esta Corporaci\u00f3n v\u00eda correo institucional. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe remitido por la misma senda a esta Corte. <\/p>\n
4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5 Ob. <\/p>\n
6 Cfr. <\/p>\n
7 Decisi\u00f3n anexa al archivo digital antes comentado. <\/p>\n
8 Cit. <\/p>\n
9 Criterio reiterado en STC1553-2019, STC12483-2019 y STC14865-2019, entre otras. <\/p>\n
<\/p>\n
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