STC136-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC136-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-00019-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Avgust Colombia S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual se vincularon los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2016-00316. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estim\u00f3 trasgredido con el auto de 30 de noviembre de 2020, mediante el cual el fallador a quo convocado rechaz\u00f3 de plano los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que ella interpuso contra la decisi\u00f3n (adoptada en primera instancia en prove\u00eddo de 11 de marzo de 2019 y confirmada por el tribunal en sede de apelaci\u00f3n el 25 de septiembre del mismo a\u00f1o) de devolver a los ejecutados los dineros que les fueron retenidos en virtud de una medida de embargo que posteriormente se levant\u00f3 por cuanto la hoy accionante no prest\u00f3 la cauci\u00f3n fijada para materializar dicha cautela. <\/p>\n
2. Sin exponer argumento alguno en cuanto a la viabilidad de los recursos de impugnaci\u00f3n que se rechazaron de plano en el auto atacado, la actora se limit\u00f3 a reprochar el levantamiento del embargo dispuesto en prove\u00eddo anterior, para lo cual afirm\u00f3 que con tal determinaci\u00f3n \u00abse eludir\u00eda la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, m\u00e1xime cuando ya \u00abpresent\u00e9 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito para que se le diera tr\u00e1mite y a rengl\u00f3n seguido se cumpliera con la entrega de los dineros a \u00f3rdenes del Despacho a la ejecutante como lo dispone el 447 del CGP\u00bb. <\/p>\n
3. Pide, en consecuencia, que se deje sin efecto la providencia materia de censura y que, en su lugar, se ordene al accionado abstenerse de entregar los dineros que le fueron embargados a los ejecutados. <\/p>\n
4. Una vez admitido el libelo introductor, la actora puso de presente que, debido a un malentendido, la oficina de reparto del Tribunal Superior de Cali (Corporaci\u00f3n donde inicialmente se radic\u00f3 la solicitud de amparo) efectu\u00f3 un doble reparto de la demanda en referencia, a lo que agreg\u00f3 que una de esas dos tramitaciones (la identificada con radicado n\u00b0 2020-00314) s\u00ed fue conocida por la Colegiatura en cita, la cual emiti\u00f3 sentencia de primera instancia el pasado 15 de diciembre, estando pendiente de resolverse ante la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a ese fallo. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y pidi\u00f3 desestimar el resguardo por considerar que no concurren los presupuestos previstos para su viabilidad. <\/p>\n
2. La magistratura accionada manifest\u00f3 que el auto cuya revocatoria reclam\u00f3 la accionante no fue emitido por esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Aunque al inicio de su escrito incoativo la actora manifest\u00f3 que sus pretensiones est\u00e1n orientadas a que \u00abse revoque el auto del pasado 30 de noviembre de 2020, por medio del cual se rechaz\u00f3 de plano el recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n presentado contra el auto que orden\u00f3 la entrega de t\u00edtulos a los ejecutados\u00bb, advierte la Sala que, en realidad, el reproche constitucional que all\u00ed se formula no est\u00e1 dirigido contra esa providencia (de cuya legalidad nada se dijo), sino contra los prove\u00eddos de 11 de marzo y 25 de septiembre de 2019, mediante los cuales los falladores encartados levantaron el embargo inicialmente decretado en su favor; determinaci\u00f3n respecto de la cual la actora censur\u00f3, en forma expresa, que \u00abel Juez accionado (\u2026) se empe\u00f1a en entregarle a los ejecutados los \u00fanicos dineros a disposici\u00f3n del Despacho para el pago, no obstante que, repito, est\u00e1 en firme la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n y no se ha satisfecho ni en una m\u00ednima pate la obligaci\u00f3n cuya ejecuci\u00f3n \u00e9l mismo Juez y el Tribunal ordenaron\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo \u2013en esos t\u00e9rminos formulado- se reclam\u00f3 en forma oportuna y, de superarse lo anterior, si el tribunal convocado lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada en el libelo introductor, al confirmar el levantamiento del embargo que en un comienzo se decret\u00f3 para garantizar la deuda de la que la accionante es acreedora. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que el auto objeto de censura fue dictado el 25 de septiembre de 2019, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 (inicialmente ante el Tribunal accionado, donde se dispuso su remisi\u00f3n, por competencia, a esta Corporaci\u00f3n) el 10 de diciembre de 2020, es decir, m\u00e1s de 14 meses despu\u00e9s. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el eventual afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada. Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
3.2. De otra parte, tampoco se adujo en esta sede una justificaci\u00f3n que conformara alguna de las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, tema sobre el cual en repetidas oportunidades la Corte Constitucional se ha pronunciado, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese contexto, no evidencia la Sala la concurrencia de alguno de los eximentes del presupuesto de inmediatez, por lo que este ser\u00e1 el criterio que se impondr\u00e1 para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, lo cual releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas, pues ello est\u00e1 condicionado a la superaci\u00f3n del referido requisito temporal. <\/p>\n
4. Anotaci\u00f3n final. <\/p>\n
Si bien la parte actora inform\u00f3 sobre el doble reparto al que fue sometida la demanda de tutela en referencia, en esta oportunidad la Corte no adoptar\u00e1 ninguna determinaci\u00f3n a esos respectos, entre otras cosas porque el otro expediente al que se refiri\u00f3 la convocante (2020-00314) a\u00fan no ha sido radicado ante esta Corporaci\u00f3n, lo que impide adoptar una soluci\u00f3n conjunta frente a ambas tramitaciones. Conviene resaltar, en todo caso, que en esa segunda radicaci\u00f3n tambi\u00e9n ya se tom\u00f3 en cuenta la doble asignaci\u00f3n informada por la parte actora y justamente con base en ello se dict\u00f3 sentencia desestimatoria de primera instancia. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque la convocante no ejerci\u00f3 oportunamente este mecanismo para cuestionar el pronunciamiento que no comparte y tampoco demostr\u00f3 alguna circunstancia que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito. En caso de no ser impugnado, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC136-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC136-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-00019-00 (Aprobado en Sala de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C, veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Avgust Colombia S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53076","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53076","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53076"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53076\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53076"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53076"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53076"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}