STC137-2021 <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC137-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00245-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con las decisiones tomadas al interior de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra una de las sucursales del Banco Caja Social BCSC S.A., con radicado No. 2015-00570-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de la citada prerrogativa, que se ordene a la Juez Tercera Civil del Circuito de Pereira i) \u00ababrir incidente de desacato (\u2026) y fallarlo en 10 d\u00edas\u00bb; ii) \u00absiempre que notifique en estado enviar el link donde est\u00e1 la acci\u00f3n popular\u00bb; y, iii) \u00abdigitalizar la a. popular\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones se limit\u00f3 a se\u00f1alar, que la sede judicial criticada \u00abse niega a abrir incidente de desacato\u00bb, circunstancia que, asegura, lesiona su debido proceso. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, inform\u00f3 que a trav\u00e9s del prove\u00eddo adiado 14 de octubre pasado, \u00abdio respuesta al Derecho de petici\u00f3n\u00bb elevado por el se\u00f1or Arias. <\/p>\n
b. El apoderado general del Banco Caja Social S.A., relacion\u00f3 hechos ajenos al presente asunto. <\/p>\n
c. El Defensor del Pueblo Regional Risaralda, aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no ha lesionado prerrogativa superior alguna del inconforme. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor replic\u00f3 el anterior fallo, solicitando que \u00abse aplique decreto 2591 de 1991, ya que la tutelada NOOO respondi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente caso observa la Corte, que lo pretendido concretamente en esta oportunidad por el ciudadano Javier El\u00edas, es que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, digitalizar la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida frente a una de las sucursales del Banco Caja Social BCSC S.A. con el fin de poder dar inicio, supuestamente, al respectivo incidente por desacato. <\/p>\n
3. Sin embargo, del examen del asunto en comento no cabe duda para la Sala acerca de la improcedencia de la protecci\u00f3n reclamada, si en cuenta se tiene que, a diferencia de lo considerado por el gestor, el Juzgado del Circuito convocado ha ajustado sus decisiones a las previsiones de las normas que le son aplicables, y precisamente en respuesta a la petici\u00f3n que el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga elev\u00f3 en el marco de la citada acci\u00f3n, el Despacho aludido en prove\u00eddo del 14 de octubre pasado le puso de presente a \u00e9ste, que la acci\u00f3n constitucional criticada, as\u00ed como otras referidas por aqu\u00e9l, \u00abse encuentran archivadas y para realizar las gestiones de desarchivo y suministrar el link para su respectiva consulta, deber\u00e1 pagar la suma de $6.800 por cada una para proceder a la digitalizaci\u00f3n (Acuerdo PSCJA18-11176 del 13 de Diciembre de 2018)\u00bb, en raz\u00f3n a que adem\u00e1s, \u00absolo corresponde digitalizar con recursos internos los procesos en tr\u00e1mite \u201cactivos o en gesti\u00f3n\u201d (anexo 3 gu\u00eda para la digitalizaci\u00f3n o escaneo de expediente Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020- Protocolo para la gesti\u00f3n de documentos electr\u00f3nicos, digitalizaci\u00f3n y conformaci\u00f3n del expediente)\u00bb, argumentos \u00e9stos que de manera alguna se pueden considerar carentes de razonamiento o en su defecto arbitrarios, pues los mismos se apoyaron, se itera, en los acuerdos que rigen la materia, lo que de manera alguna se puede considerar que lesione la prerrogativa superior invocada por el actor. <\/p>\n
4. Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abEl objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 el fallo criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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