STC138-2021<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-01658-01 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
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STC138-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01658-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 27 de octubre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ra\u00fal S\u00e1nchez Ram\u00edrez contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n, su hom\u00f3loga del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de la misma localidad y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones. <\/p>\n
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1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad social y habeas data \u00aben cuanto al RECONOCIMIENTO de mi facultad de gozar de una PENSI\u00d3N DE VEJEZ, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 [de 1993] y el Decreto 758 de 1990\u00bb, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
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2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que naci\u00f3 el 9 de octubre de 1944, fue v\u00edctima del terremoto de Armero y trabaja en la Fundaci\u00f3n Universitaria Tecnol\u00f3gica Antonio de Ar\u00e9valo desde el 2004, en tanto no ha podido obtener la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
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Refiri\u00f3 que, \u00aben la historia laboral con fecha del mes de enero de 2003, ten\u00eda 299.85 semanas cotizadas, seg\u00fan impresi\u00f3n expedida por el antiguo ISS en la cual se evidencia que la \u00faltima cotizaci\u00f3n fue el mes de febrero de 1992. Desde el 04 de abril de 2003, solicit\u00e9 ante la entidad accionada la correcci\u00f3n de mi historia laboral, por errores e imprecisiones en la misma, puesto que no labor\u00e9 hasta 1992 sino hasta diciembre de 1994\u00bb. <\/p>\n
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Agreg\u00f3 que \u00abel 16 de mayo de 2003 nuevamente requer\u00ed al entonces Seguro Social para que respondiera de fondo mi petici\u00f3n de correcci\u00f3n de historia laboral. El 24 de mayo de 2003, recib\u00ed una respuesta que no satisfizo de fondo la correcci\u00f3n de mi historia laboral, puesto que solo me certificaron el n\u00famero patronal de mi empleador desde la fecha de mi afiliaci\u00f3n a la entidad, entre otros conceptos, diferentes a la historia laboral requerida\u00bb. <\/p>\n
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Arguy\u00f3 que \u00abrecib\u00ed historia laboral con fecha de mes de junio de 2003, pero se refleja igualmente un total de 299,85 semanas cotizadas, reportando como \u00faltimo periodo cotizado el mes de febrero de 1992. El 8 de marzo de 2004 solicit\u00e9 correcci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de mi historia laboral, desde mayo de 1982 hasta diciembre de 1994, as\u00ed como el env\u00edo de la historia laboral correspondiente. El 24 de marzo de 2004 me contestan la petici\u00f3n anterior y a trav\u00e9s de ella me enviaron historia laboral actualizada. En ese documento se observa igualmente un total de 299.85 semanas cotizadas\u00bb. <\/p>\n
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Se\u00f1al\u00f3 que, inconforme, nuevamente \u00abopt\u00e9 por recurrir a la solicitud de correcci\u00f3n (\u2026) y en mi historia laboral con corte al mes de enero del a\u00f1o 2005, aparece en mi reporte (hasta el mes de diciembre de 1994) un total de 447,85, diferentes a las 299,85 que aparec\u00edan en los reportes narrados en los hechos 7, 12 y 15 de esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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Sin embargo, tras persistir la inconformidad con el reporte \u00abya que he estado activo laboralmente desde el a\u00f1o 1977 (\u2026) solicit\u00e9 nuevamente informaci\u00f3n, (\u2026) Sin embargo, en historia laboral con fecha de expedici\u00f3n de mes de junio de 2008, me aparece un reporte de 560,42 semanas cotizadas, pero hasta el mes de febrero de 1992. Quiere decir lo anterior que, a pesar de aumentar el reporte de semanas cotizadas en ese a\u00f1o, disminuyeron los periodos de cotizaci\u00f3n, ya que se eliminaron los periodos cotizados entre marzo y diciembre de 1994\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Recalc\u00f3 que, \u00abpese a que tampoco aparecieran las semanas que cotic\u00e9 y pagu\u00e9 entre 1992 y 1994, con esa historia laboral de 2008 se acreditaban los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n bajo el r\u00e9gimen de transici\u00f3n. Lo anterior, porque si bien es cierto que el acto legislativo 01 de 2005 limit\u00f3 ese r\u00e9gimen, yo cumpl\u00ed con los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n desde el 09 de octubre del a\u00f1o 2004, pues me era aplicable el r\u00e9gimen pensional anterior a la ley 100, esto es, el Decreto 758 de 1990\u00bb, pero su pensi\u00f3n fue negada por Colpensiones. <\/p>\n
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Concluy\u00f3 que \u00abpor esta raz\u00f3n, en 2012 inici\u00e9 un largo litigio contra el ISS y despu\u00e9s COLPENSIONES, para obtener la garant\u00eda judicial ordinaria de mis derechos. Sin embargo, por errores estrictamente achacables a mi gesti\u00f3n judicial, como la formulaci\u00f3n de la demanda, los recursos y dem\u00e1s, perd\u00ed mi caso en Casaci\u00f3n el pasado 6 de agosto de 2020, ante la Corte Suprema de Justicia, por errores formales. Por lo anterior, habiendo agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios que ten\u00eda a disposici\u00f3n para hacer valer mis derechos, acudo ante usted, se\u00f1or\/a Juez Constitucional, para buscar la garant\u00eda de mis derechos\u00bb. <\/p>\n
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3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en resumen, \u00abTUTELAR mis derechos constitucionales fundamentales a la SEGURIDAD SOCIAL y HABEAS DATA, vulnerados por la administradora colombiana de pensiones COLPENSIONES, por la negativa sistem\u00e1tica a reconocer mi facultad de gozar de una PENSI\u00d3N DE VEJEZ, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 36 de la ley 100 y Decreto 758 de 1990\u00bb y \u00abORDENAR a la accionada para que en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, proceda a expedir acto administrativo que reconozca PENSI\u00d3N DE VEJEZ, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 36 de la ley 100 y Decreto 758 de 1990, comoquiera que obtuve los requisitos para pensionarme desde el 08 de octubre del a\u00f1o 2004\u00bb. <\/p>\n
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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
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A la fecha de discusi\u00f3n del asunto, no se allegaron intervenciones de las partes e intervinientes. <\/p>\n
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FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
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El tribunal a quo declar\u00f3 improcedente el amparo deprecado, porque \u00abel accionante cuestiona la informaci\u00f3n reportada por Colpensiones respecto a su historia laboral entre mayo de 1982 y diciembre de 1994, pues a su juicio no corresponde con las semanas realmente cotizadas. Al respecto, conforme a la informaci\u00f3n aportada por el mismo accionante, se tiene que dicha pretensi\u00f3n ya fue analizada y resuelta por el juez de tutela, quien incluso concedi\u00f3 el amparo reclamado. De folio 51 a 58 del escrito de la demanda obra copia \u00edntegra de la sentencia de tutela emitida por el Juzgado 8\u00b0 Administrativo de Cartagena, en virtud de la cual ampar\u00f3 los derechos fundamentales del accionante orden\u00e1ndole al Instituto de Seguros Sociales convalidar y rectificar la informaci\u00f3n correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 1992 y diciembre de 1994, conforme con el pago que efectu\u00f3 la empresa Fumigaciones A\u00e9reas del Litoral Atl\u00e1ntico a favor de RA\u00daL S\u00c1NCHEZ\u00bb y, por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, tambi\u00e9n se estableci\u00f3 su inviabilidad. <\/p>\n
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IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada sentencia reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial, y agregando que \u00abesta tutela se interpone como un mecanismo definitivo, en la medida en que no cuento con otro medio de defensa judicial que permita proteger mis derechos, teniendo en cuenta que agot\u00e9 la v\u00eda judicial ordinaria, y el otro mecanismo con el que cuento, es decir, la reclamaci\u00f3n administrativa, no resulta id\u00f3neo o eficaz, porque la negativa de la entidad demandada respecto de la protecci\u00f3n de mis derechos, resulta evidentemente sistem\u00e1tica, siendo necesario la intervenci\u00f3n de un juez, adem\u00e1s teniendo en cuenta mis circunstancias especiales en el caso, como que soy una persona de la tercera edad, que sufre una condici\u00f3n cardiaca\u00bb. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
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Corresponde a la Corte establecer si las autoridades enjuiciadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite judicial iniciado por el recurrente para reclamar la pensi\u00f3n de vejez, en tanto se habr\u00eda negado la prestaci\u00f3n por las presuntas inconsistencias presentadas en su historia laboral. <\/p>\n
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2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
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Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
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3.1. Preliminarmente, se advierte, en relaci\u00f3n con la providencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n (SL2707-2020, 21 jul.), mediante la cual se ratific\u00f3 la negativa del tribunal ad quem de reconocer la prestaci\u00f3n social reclamada por el accionante, en tanto los errores en la formulaci\u00f3n del reproche en sede extraordinaria impidieron el estudio de fondo del caso, que aquella no constituye un desafuero susceptible de ser corregido en esta senda excepcional, como pasa a explicarse. <\/p>\n
<\/p>\n
N\u00f3tese que, en punto al cargo \u00fanico propuesto por el inconforme frente al fallo de segunda instancia, fundamentado en \u00abno haber dado valor probatorio al reporte de historia laboral del ISS donde figura la mora y el reporte de deuda del empleador moroso\u00bb, la autoridad enjuiciada precis\u00f3 que: <\/p>\n
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\u00abPor sabido se tiene que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n debe reunir unas reglas adjetivas para su planteamiento y posterior demostraci\u00f3n, a efectos de ser estudiada de fondo, siendo necesario, conforme a las normas procesales que la gobiernan, el cumplimiento de ciertos requisitos de t\u00e9cnica que, de no acreditarse, conducen a que el recurso sea infructuoso. <\/p>\n
<\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha dicho, que este medio de impugnaci\u00f3n no le otorga a la Corte competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cu\u00e1l de los litigantes les asiste la raz\u00f3n, puesto que la labor se limita a enjuiciar la sentencia, con la finalidad de establecer si en esta se incurri\u00f3 en alg\u00fan yerro, ya sea jur\u00eddico o f\u00e1ctico, que amerite el quiebre de esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que la acusaci\u00f3n, aun cuando se presenta por la v\u00eda indirecta, no especifica la modalidad de violaci\u00f3n, siendo estas las de infracci\u00f3n directa, interpretaci\u00f3n err\u00f3nea o aplicaci\u00f3n indebida, \u00faltima, por regla general, permitida cuando un cargo se estructura por la senda f\u00e1ctica. <\/p>\n
<\/p>\n
Adicionalmente se resalta que no se se\u00f1ala ninguna norma de car\u00e1cter sustancial que, siendo sost\u00e9n del fallo, o debiendo serlo, fue vulnerado por el Juez de segundo grado, lo que conlleva a determinar, que la acusaci\u00f3n carece de proposici\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
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(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
Por otro lado, al momento de desarrollar el cargo, se hace referencia a cuestiones de derecho ajenas a la senda seleccionada para formular la acusaci\u00f3n, como cuando cita el art\u00edculo 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil e informa que los reportes expedidos por el Instituto de Seguros Sociales, tienen valor probatorio, a pesar de no estar suscritos por la persona que los expidi\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
Debe recordarse, que cuando se escoge la senda directa, la funci\u00f3n del recurrente se debe centrar en rebatir \u00fanicamente las apreciaciones jur\u00eddicas realizadas por el sentenciador, mientras en la de los hechos, el error de la decisi\u00f3n de segundo grado, se origina no por la aplicaci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n de una disposici\u00f3n, sino por abstenerse de revisar determinada prueba o que, de haberlo hecho, se hizo con error, relacionado, eso s\u00ed, con los elementos o supuestos f\u00e1cticos del juicio. <\/p>\n
<\/p>\n
Respecto a la introducci\u00f3n de asuntos de derecho en un cargo dirigido por la v\u00eda indirecta, en la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL1989-2018, se advirti\u00f3: <\/p>\n
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Es as\u00ed que, el impugnante expone un discurso en el plano jur\u00eddico, ajeno a la v\u00eda de los hechos por la que se orient\u00f3 el cargo, sin explicar en debida forma los supuestos errores f\u00e1cticos que le atribuye a la decisi\u00f3n de segundo grado, por lo que el escrito se asimila m\u00e1s a un alegato de instancia, impropio del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual tiene por finalidad la verificaci\u00f3n de la legalidad de la sentencia de segundo grado, y no, definir a cu\u00e1l de las partes le asiste la raz\u00f3n en el juicio, labor que le pertenece a los jueces de primer y segundo grado. En todo caso, si su intenci\u00f3n era realizar un juicio sobre la validez de la prueba, debi\u00f3 enderezar su ataque por la senda de puro derecho y por la violaci\u00f3n medio de las normas procedimentales que gobiernan esos aspectos. <\/p>\n
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Asimismo, se destaca que el recurrente, en su acometida, dej\u00f3 sin cuestionar, que la historia laboral no mostraba que, desde marzo de 1992 a diciembre de 1994, no aparec\u00eda como empelado registrado y que la liquidaci\u00f3n de folio 26 del cuaderno principal, no probaba que fuera una deuda del actor <\/p>\n
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Por manera que, al presentarse serios y evidentes yerros de t\u00e9cnica, el recurso, en verdad, se asemeja m\u00e1s a un alegato de instancia, circunstancia que comporta la inobservancia de presupuestos legales y jurisprudenciales que permiten abordar su estudio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que este espec\u00edfico reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional, por lo que se pasar\u00e1 al an\u00e1lisis del segundo punto, atinente a que Colpensiones corrija su historia laboral y otorgue la prestaci\u00f3n social. <\/p>\n
<\/p>\n
3.2. De la revisi\u00f3n que la Sala efect\u00faa a la queja constitucional, y con observancia en las piezas procesales y la informaci\u00f3n proporcionada en este asunto, especialmente el documento allegado por el memorialista en sede de impugnaci\u00f3n, tambi\u00e9n se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, sin que esta determinaci\u00f3n afecte las prerrogativas ya reconocidas al accionante en otro proceso constitucional, como pasa a explicarse. <\/p>\n
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En efecto, la pretensi\u00f3n principal del amparo se circunscribe a que se conmine a Colpensiones a rectificar la historia laboral del actor y, en consecuencia, se le reconozca la pensi\u00f3n de vejez a la que afirma tener derecho bajo las reglas del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, aspectos que ya fueron definidos en sede constitucional, pues, seg\u00fan se colige de las pruebas aportadas en esta causa, al parecer, por un error en el reparto de la tutela, la misma se asign\u00f3, paralelamente, a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena. <\/p>\n
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\u00abEn cuanto al primer requisito, tenemos que el se\u00f1or RA\u00daL S\u00c1NCHEZ RAM\u00cdREZ, es un sujeto de especial protecci\u00f3n, dado que se encuentra dentro del rango de la tercera edad, ya que en la actualidad cuenta con 75 a\u00f1os de edad, superando la expectativa de vida establecida por el DANE, aunado a ello padece de enfermedad coronaria severa de 3 vasos, raz\u00f3n por la cual tuvo que ser intervenido quir\u00fargicamente (operaci\u00f3n a coraz\u00f3n abierto), teniendo una evoluci\u00f3n de cardiopat\u00eda que no cede seg\u00fan historia cl\u00ednica de calenda 27 de enero de 2020, as\u00ed como cefaleas constantes con diagn\u00f3stico de hemorragia subdural traum\u00e1tica, lo cual lo ubica en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad. <\/p>\n
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En punto al segundo requerimiento, se observa que el actor actualmente se encuentra vinculado a trav\u00e9s de contrato de trabajo a t\u00e9rmino fijo con extremos del 16 de enero de 2020 al 15 de diciembre de 2020, con la Fundaci\u00f3n Universitaria Antonio Arevalo \u2013 Unitecnar, alegando que dicho salario constituye su \u00fanica fuente de ingreso y medio de subsistencia, siendo dicha circunstancia la que no le impide dejar de trabajar, de manera que el reconocimiento de la prestaci\u00f3n pensional constituir\u00eda para \u00e9l el medio de subsistencia que le permitir\u00eda el goce efectivo del descanso que afanosamente persigue ante su mermada fuerza de trabajo productos del avanzada edad y las afecciones de salud que le aquejan. <\/p>\n
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Respecto a las actividades administrativas y judiciales desplegadas, el vasto caudal probatorio da cuenta de la m\u00faltiples solicitudes y acciones promovidas por actor en aras de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, pues de ello da cuenta Peticiones de reconstrucci\u00f3n de Historia Laboral 2003, 2004, 2006, 2008; Resoluci\u00f3n No. 019373 del 26 de septiembre de 2008 del ISS; Resoluci\u00f3n No. 024642 de 2009 del ISS; Comunicaci\u00f3n del ISS del 9 de febrero de 2009; Comunicaci\u00f3n del ISS del 9 de febrero de 2009, entre el Jefe de Departamento Nacional de Cobranzas al Jefe de Departamento Financiero de Bol\u00edvar; Sentencia de Tutela del 6 de marzo de 2009, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena; comunicaci\u00f3n del ISS del 16 de abril de 2009; Comunicaci\u00f3n del ISS del 28 de octubre de 2010, de la Jefe de Departamento Nacional de Cobranzas al Jefe de Departamento Financiero Seccional Bol\u00edvar; Resoluci\u00f3n No. 004859 de 2010 proferida por el ISS; petici\u00f3n del 12 de septiembre de 2012; grabaci\u00f3n de la audiencia de fallo de primera instancia dentro del proceso ordinario laboral promovido por el actor contra COLPENSIONES, del d\u00eda 23 de agosto de 2013; resoluci\u00f3n Rad. No. 2017_6313156 SUB 120690 del 7 de julio de 2017 proferida por COLPENSIONES; y sentencia proferida el 21 de julio de 2020 por parte de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el accionante contra de COLPENSIONES, en consecuencia, este requisito se encuentra suficientemente satisfecho. <\/p>\n
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En cuanto a la acreditaci\u00f3n sumaria de porque los medios ordinarios han resultado ineficaz, huelga puntualizar que el actor ha venido solicitando el reconocimiento de las semanas cotizadas durante el interregno que va desde el a\u00f1o 1992 a 1994, en los que su empleador presente mora por no pago, sobre los cuales acredita haber realizado pago extempor\u00e1neo el 24 de abril de 2000, su empleador Fumigaci\u00f3n A\u00e9rea del Litoral del Litoral Atl\u00e1ntico Ltda., siendo relevante que, mediante sentencia de tutela de fecha 6 de marzo de 2009, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena dispuso ordenar al ISS, que en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo procediera a convalidad al actor la informaci\u00f3n correspondiente a los ciclos 199202 a 199412, en virtud al pago efectuado por la empresa Fumigaciones A\u00e9reas del Litoral Atl\u00e1ntico. <\/p>\n
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En sentencia de calenda 23 de agosto de 2013, proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Cartagena, se manifest\u00f3 que COLPENSIONES no alleg\u00f3 historial laboral del demandante pese a ser requerido, sin embargo, la que obraba en el expediente conten\u00eda un total de 379.28 semanas en los \u00faltimos 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima (entre el 9 de octubre de 1984 al 9 de octubre de 2004), y no pod\u00eda tener en cuenta los pagos realizados entre los ciclos de 1992 a 1994, dado que no se encontraba acreditado que dicho pago lo hubiere realizado el empleador respecto al trabajador, por no existir ning\u00fan tipo de individualizaci\u00f3n de \u00e9ste en dichas documentales de pago, aunado a ello no se alleg\u00f3 prueba alguna que permitiere verificar que durante ese interregno existi\u00f3 la alegada relaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
<\/p>\n
Por su parte la segunda instancia mediante sentencia del 27 de agosto de 2014 manifest\u00f3 que en el reporte de semanas cotizada no se indicaba que durante el lapso de 1992 a 1994, el actor estuviere inscrito con el empleador Fumigaci\u00f3n A\u00e9rea del Atl\u00e1ntico, que dicho lapso correspond\u00eda a una deuda o que fuera como producto de la prestaci\u00f3n del servicio, resolviendo confirmar la sentencia apelada. <\/p>\n
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No obstante lo anterior, en el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n constitucional, en esta segunda instancia, se le solicit\u00f3 a COLPENSIONES suministrar resumen de semanas cotizadas del actor, indic\u00e1ndose en el mismo en el lapso de los ciclos 01\/03\/1992 a 31\/12\/1994, cotizaci\u00f3n con el empleador FUMIG AEREA ATL\u00c1NTICO, con identificaci\u00f3n 18018200628, asignaci\u00f3n b\u00e1sica mensual por $665.070, con observaci\u00f3n de per\u00edodo en mora por parte del empleador, avizor\u00e1ndose elementos nuevos a los establecidos en las instancias judiciales se\u00f1aladas, tal como lo es la introducci\u00f3n del referido periodo del actor en el reporte de semanas cotizadas que permiten advertir razones serias de la procedencia del derecho sustancial del accionante, en tanto y cuando la nueva probanza recaudada, amerita la habilitaci\u00f3n de un nuevo estudio de la situaci\u00f3n pensional del actor, bajo la medida que en materia pensional por tratarse del derecho fundamental a la seguridad social al surgir nuevos elementos nos encontramos ante una ejecutoria formal y no material respecto a las decisiones anteriormente adoptadas. <\/p>\n
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Consecuentemente, en aras de establecer si al demandante le asiste el derecho a la pensi\u00f3n de vejez se entra a analizar lo siguiente: La fecha de nacimiento del se\u00f1or RAUL SANCHEZ RAMIREZ data del 9 de octubre de 1944, de manera que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994), contaba con 49 a\u00f1os de edad, superando la edad m\u00ednima, establecido por el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, para acceder al r\u00e9gimen de transici\u00f3n (40 a\u00f1os de edad), en consecuencia a su situaci\u00f3n pensional le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990, disposici\u00f3n que en su art\u00edculo 12 establece que ser\u00e1n beneficiarios de la pensi\u00f3n de vejez quienes hubieren cumplido los 60 a\u00f1os de edad y hubieren cotizados 500 semanas durante los 20 a\u00f1os inmediatamente anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima o 1.000 semanas en cualquier tiempo. <\/p>\n
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En el caso de marras no existe discusi\u00f3n que el actor alcanz\u00f3 los 60 a\u00f1os de edad el 9 de octubre de 2004, y que durante los \u00faltimos 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de dicha edad, es decir, entre el 9 de octubre de 1984 al 9 de octubre de 2004, cotiz\u00f3 un total de 2.716 d\u00edas o lo que es igual 388 semanas, a las que al adicionarle los 946 d\u00edas (135.14 semanas) que hacen parte del lapso en el que el reporte de semanas cotizadas, indicadas de encontrarse en mora, haciendo acopio de la teor\u00eda de allanamiento a la mora, establecida por la sala de Casaci\u00f3n laboral de la Corte Suprema de Justicia, se tiene un total de 523.14, semanas cotizadas al 9 de octubre de 2004, encontr\u00e1ndose de conformidad a las pruebas recaudadas que el demandante re\u00fane los requisitos establecidos en el r\u00e9gimen de transici\u00f3n y consecuencialmente en el acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
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Por lo se\u00f1alado, se proceder\u00e1 a conceder el presente amparo de forma transitoria, de manera que se ordenar\u00e1 a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES \u2013 COLPENSIONES, que, en el t\u00e9rmino de treinta d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente asunto, reconozca y cancele al se\u00f1or RA\u00daL S\u00c1NCHEZ RAM\u00cdREZ, identificado con CC No. 17.110.983, pensi\u00f3n de vejez a partir de la fecha del presente sentencia de tutela, por el t\u00e9rmino que la autoridad competente emplee para resolver de fondo el asunto, debiendo en todo caso el actor ejercer la correspondiente acci\u00f3n ordinaria laboral en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuatro meses a partir de la fecha del presente prove\u00eddo\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, comoquiera que el asunto objeto de reproche ya fue puesto a consideraci\u00f3n de esta justicia especial, raz\u00f3n por la cual se expidieron pronunciamientos que tienen identidad f\u00e1ctica y jur\u00eddica con el sub ex\u00e1mine, se ratifica la desestimaci\u00f3n del resguardo tramitado bajo el radicado de la referencia, sin que ello tenga incidencia en la protecci\u00f3n ya reconocida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena \u2013en sede constitucional\u2013 al gestor, en observancia de los principios de debido proceso y seguridad jur\u00eddica, cuyo respeto se demanda de todas las autoridades. <\/p>\n
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4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
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As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo desestimatorio del tribunal a quo, por las razones expuestas, pero, en todo caso, se advierte que ello no incide en la salvaguarda otorgada al actor en la causa constitucional rese\u00f1ada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
<\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
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(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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8 <\/p>\n
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