STC139-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC139-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00264-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, al no haberle notificado la celebraci\u00f3n de la audiencia de pacto de cumplimiento, dentro de la acci\u00f3n popular instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra Almacenes \u00c9xito S.A., con Rad. 2019-00145-00. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de la citada prerrogativa, que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, (i) \u00ab probar q[ue] [lo] cit\u00f3 a la audiencia de pacto de cumplimiento, tal como s\u00ed lo hizo con los dem\u00e1s\u00bb; (ii) \u00ab[decretar la] nulidad de todo lo actuado posterior a la audiencia de pacto, por violaci\u00f3n art 29 CN\u00bb; y, (iii) \u00abdigitalizar toda la acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que no fue citado a la audiencia de pacto de cumplimiento realizada en el marco de la acci\u00f3n popular en comento, por lo que fue quebrantado su debido proceso. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, ya que no es el \u00aborganismo competente para adelantar las pretensiones del accionante y m\u00e1s a\u00fan cuando no se le ha vulnerado derecho alguno\u00bb. <\/p>\n
b.) Por su parte, Almacenes \u00c9xito S.A. puso de presente, que \u00abno ha vulnerado ni ha amenazado violar ning\u00fan derecho fundamental del Accionante\u00bb, toda vez que funge como demandada dentro de la acci\u00f3n popular con radicado 2019-0145; as\u00ed las cosas, precis\u00f3, \u00abno es el facultado para decidir las solicitudes o recursos que interpongan las partes o terceros\u00bb. <\/p>\n
c.) La Procuradur\u00eda Provincial de Pereira adujo que carece de \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, comoquiera que \u00abadolece de la aptitud legal como autoridad llamada a responder por la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental invocado\u00bb. <\/p>\n
d.) El Juzgado Tercero Civil del Circuito de la localidad aludida argument\u00f3, que la vulneraci\u00f3n alegada es inexistente, toda vez que la notificaci\u00f3n de la celebraci\u00f3n de la audiencia de pacto de cumplimiento se envi\u00f3 al e-mail del se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, direcci\u00f3n electr\u00f3nica desde la cual el aqu\u00ed gestor tambi\u00e9n eleva solicitudes, por lo que s\u00ed tuvo conocimiento de la realizaci\u00f3n de la diligencia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que \u00abel se\u00f1or Augusto Becerra ninguna actividad ha desplegado en el tr\u00e1mite en el que encuentra lesionados sus derechos, con el fin de obtener se declare la nulidad de la audiencia de pacto de cumplimiento, por su supuesta falta de citaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga replic\u00f3 el anterior fallo, sin manifestar las razones de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
3. No obstante, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito inicial y sus anexos, se observa sin lugar a duda alguna que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, habida cuenta que, si lo pretendido en el presente tr\u00e1mite es que se invalide la audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 12 de noviembre de 2019 al interior de la acci\u00f3n popular cuestionada, por la falta supuesta de citaci\u00f3n del all\u00e1 coadyuvante, no s\u00f3lo se incumple con el presupuesto de la inmediatez que gobierna este tipo de acciones especial\u00edsimas, si se tiene en cuenta que entre la citada actuaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n del amparo (26 de octubre de 2020), transcurri\u00f3 con largueza el t\u00e9rmino de los 6 meses considerado como prudente y adecuado por la jurisprudencia constitucional para invocar la protecci\u00f3n constitucional, sino que el impugnante, all\u00e1 actor popular, cont\u00f3 con la posibilidad de valerse de otros medios de defensa judicial en el desarrollo de la actuaci\u00f3n cuestionada, a fin de hacer valer las garant\u00edas superiores del coadyuvante, es decir, tuvo la oportunidad de poner de presente la supuesta irregularidad de falta de notificaci\u00f3n en el escenario del tr\u00e1mite cuestionado, es decir, ante el Director del proceso, y sin embargo, guard\u00f3 silencio frente a lo determinado, por lo que no puede ahora pretender acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, \u00abya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC1297-2020). <\/p>\n
En igual sentido ha referido que, \u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ib) <\/p>\n
4. Por otra parte, frente a la pretensi\u00f3n dirigida a que se ordene digitalizar el expediente de la acci\u00f3n popular cuestionada, basta con precisar que dicho asunto ya se encuentra en formato digital, por lo que resulta intrascendente emitir alguna disposici\u00f3n en ese sentido. <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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