STC141-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC141-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-005-2020-00171-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Hern\u00e1ndez Copete contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Comisar\u00eda de Familia Turno No. 3 de esa localidad, as\u00ed como la parte demandada dentro del tr\u00e1mite especial a que alude el escrito inaugural. <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, por haber rechazado el mecanismo vertical formulado frente a la resoluci\u00f3n dictada en primera instancia dentro del tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n promovido por Diana Alejandra G\u00f3mez L\u00f3pez contra Diego Fernando Quiceno Giraldo. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, que se ordene al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira, \u00abadmitir el recurso de apelaci\u00f3n, oportuna y legalmente interpuesto, en contra de la resoluci\u00f3n (\u2026) de fecha 20 de julio de 2020, emanada por la Comisar\u00eda de Familia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que dentro del asunto referido mediante la resoluci\u00f3n del 20 de julio del a\u00f1o pasado, la Comisar\u00eda de Familia de Turno No. 3 de Palmira dict\u00f3 medida de protecci\u00f3n definitiva a favor de Diana Alejandra G\u00f3mez L\u00f3pez, ordenando al se\u00f1or Diego Fernando Quiceno Giraldo abstenerse de \u00abrealizar cualquier acto de agresi\u00f3n f\u00edsica, verbal o psicol\u00f3gica\u00bb en contra de aqu\u00e9lla; as\u00ed mismo, se pronunci\u00f3 frente a la custodia, cuota provisional de alimentos, y, regulaci\u00f3n de visitas de los menores X y YYY <\/p>\n
Manifiesta que aunque en su condici\u00f3n de apoderado judicial del denunciado, formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n frente a la anterior determinaci\u00f3n, en prove\u00eddo del 3 de septiembre pasado el Juzgado accionado lo rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neo, determinaci\u00f3n frente a la cual solicit\u00f3 que se declarara la ilegalidad, pero en auto del d\u00eda 28 del mes y a\u00f1o citados ese pedimento fue desestimado, incurriendo as\u00ed, dice, en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que formul\u00f3 dentro del plazo legal el citado recurso contra la medida de protecci\u00f3n definitiva, si en cuenta se tiene que lo determinado fue notificado por \u00abaviso\u00bb a su mandante el 24 de julio de 2020, por lo que, asegura, en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo General del Proceso, el t\u00e9rmino para recurrir finiquitaba el d\u00eda 30 siguiente, fecha en la cual present\u00f3 la alzada; adem\u00e1s, se fij\u00f3 cuota alimentaria a favor de los hijos de su cliente y a cargo de \u00e9ste, sin apreciar la necesidad de los alimentistas y la capacidad econ\u00f3mica del alimentante; si su poderdante no pudo asistir a la audiencia en la que se impuso la medida de protecci\u00f3n, ello fue debido a que se encontraba gozando de vacaciones, y pese a que puso en conocimiento ese hecho con antelaci\u00f3n ante la Comisar\u00eda de Familia y pidi\u00f3 el aplazamiento de esa diligencia, \u00e9sta se llev\u00f3 acabo. <\/p>\n
Finalmente asevera, que el se\u00f1or Diego Fernando Quiceno Giraldo no quiso conferirle mandato judicial para instaurar el presente amparo por su desempe\u00f1o en el tr\u00e1mite censurado, motivo por el que acude directamente con el fin de proteger su \u00abbuen nombre\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Comisar\u00eda de Familia Turno No. 3 de Palmira, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas al interior del tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n cuestionado, se\u00f1alando que no ha quebrantado garant\u00eda esencial alguna del gestor del amparo. <\/p>\n
b). Diana Alejandra G\u00f3mez L\u00f3pez, en calidad de denunciante dentro del asunto censurado, adujo que las decisiones all\u00ed proferidas se encuentran ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico, por lo que la solicitud de protecci\u00f3n no puede prosperar. <\/p>\n
c). La Procuradur\u00eda Novena Judicial II de Familia de Buga refiri\u00f3, que \u00absi el presunto violentado en su derecho al debido proceso no quiso otorgar poder siendo una persona que goza de todas sus facultades mentales es porque seguramente no le interesa que se amparen sus derechos, decisi\u00f3n completamente valida y no puede el hoy accionante actuar como agente oficioso por no colmarse los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional Colombiano\u00bb. <\/p>\n
d). Finalmente, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, para lo cual indic\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada est\u00e1 acorde con el ordenamiento jur\u00eddico, pues, \u00abexiste prueba de la fecha en que se recepcion\u00f3 la notificaci\u00f3n por aviso, esto es 24 de julio de 2020 y as\u00ed lo admite el accionante en los memoriales allegados al despacho y que fueron objeto de pronunciamiento y es a partir del d\u00eda siguiente h\u00e1bil que se contabiliza el termino de ejecutoria, el cual como ya se indic\u00f3 corresponde a los d\u00edas 27,28 y 29 de julio de la presente anualidad, que a la postre no es otro que el t\u00e9rmino que ten\u00eda el recurrente para sustentar su recurso, en raz\u00f3n a ello como el recurso se radic\u00f3 el 30 de julio de 2020, este se declar\u00f3 extempor\u00e1neo\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que \u00abel accionante carece de legitimaci\u00f3n para interponer la presente solicitud de resguardo constitucional en cuanto propende por dejar sin efectos las actuaciones judiciales del juzgado accionado, toda vez que, aquel no fue parte dentro del proceso objeto de censura; no cuenta con poder especial otorgado para el efecto por alguna de ellas, ni manifest\u00f3 haber obrado en calidad de agente oficioso; por el contrario, al ser requerido para que subsanara dicha falencia, el actor fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que su otrora poderdante y afectado directo, se neg\u00f3 categ\u00f3ricamente a ser su representado, tras las resultas del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n, de ah\u00ed que ninguna duda merece la ausencia de legitimidad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor replic\u00f3 el anterior fallo, para lo cual utiliz\u00f3 argumentos iguales a los planteados en la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que, \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C. C. ST-878 de 2007). <\/p>\n
3. En el presente asunto el accionante, aduciendo la condici\u00f3n de apoderado judicial de Diego Fernando Quiceno Giraldo dentro del tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n censurado, cuestiona a trav\u00e9s de este mecanismo especial, el auto del 3 de septiembre de 2020, mediante el cual el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neo, el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la resoluci\u00f3n dictada el 20 de julio de esa misma anualidad por la Comisar\u00eda de Familia de Turno No. 3 de Palmira, a trav\u00e9s de la que se le impuso a \u00e9ste medida de protecci\u00f3n definitiva a favor de Diana Alejandra G\u00f3mez L\u00f3pez. <\/p>\n
4. Sin embargo, y pese a que en la primera instancia se requiri\u00f3 al abogado Jaime Hern\u00e1ndez Copete, aqu\u00ed tutelante, para que aportara el respectivo poder especial que lo habilitara para agenciar en este escenario los derechos de que es solamente titular el se\u00f1or Diego Fernando Quiceno Giraldo, ello no ocurri\u00f3, por lo que, entonces, no cabe duda que el reclamante carece de mandato para formular el amparo, dado que no es parte ni tercero reconocido en el tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n por esta v\u00eda criticado, pues cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garant\u00edas que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado, y no a sus apoderados o representantes. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, \u00abDentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala se\u00f1ala que el mismo es (i) un acto jur\u00eddico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) Se concreta en un escrito llamado poder que se presume aut\u00e9ntico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial. (iv) El poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso, no se entiende conferido para la promoci\u00f3n de procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento, s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional\u00bb (CSJ STC1707-2020). <\/p>\n
5. Ahora, cabe precisar que, si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o que se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa; pero como aqu\u00ed el mismo abogado accionante se\u00f1al\u00f3 que actuaba en representaci\u00f3n del se\u00f1or Diego Fernando Quiceno Giraldo, con base en el mandato conferido para la promoci\u00f3n y defensa de los intereses de \u00e9ste en la citada actuaci\u00f3n, el mismo no se entiende conferido para la promoci\u00f3n de otros asuntos, entre ellas, la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed los hechos que le den fundamento a la solicitud de amparo tengan origen en aqu\u00e9llos. <\/p>\n
En ese sentido esta Sala ha precisado que, \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada\u00bb (ib). <\/p>\n
6. Por otro lado, cabe arg\u00fcir, como bien lo destac\u00f3 el a quo constitucional, que el aqu\u00ed interesado tampoco esgrimi\u00f3 acudir al presente tr\u00e1mite en calidad de agente oficioso del se\u00f1or Diego Fernando Quiceno Giraldo, pues, como antes se acentu\u00f3, nada dijo al respecto en el libelo genitor, circunstancia que le cierra toda posibilidad al estudio de fondo del amparo rogado. <\/p>\n
7. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentran involucrados menores de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar sus nombres, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dichas identidades. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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