STC143-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC143-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2020-00447-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Inversiones Hern\u00e1ndez & CIA S. En C. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n del proceso reivindicatorio que instaur\u00f3 contra Miguel \u00c1ngel Rubio M\u00e9ndez (q.e.p.d.). <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja, \u00abrevo[car] el auto de fecha 04 de Noviembre de 2020, para que en su lugar (\u2026) proferir nuevo prove\u00eddo que consulte el material probatorio acopiado en el expediente, y en especial el contenido del numeral 2 del auto de fecha 24 de agosto de la presente anualidad que fue sobre el cual debe centrarse el estudio frente al recurso de reposici\u00f3n interpuesto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que adelant\u00f3 el juicio referido en l\u00edneas anteriores, con el fin de obtener la reivindicaci\u00f3n del predio rural denominado \u2018La Tenaza\u2019, situado en el corregimiento \u2018El Llanito\u2019 del municipio de Barrancabermeja (Santander), e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 303-32993, pretensi\u00f3n a la que accedi\u00f3 el Despacho accionado en sentencia del 25 de octubre de 2019, y en la que se conden\u00f3 al demandado a pagar \u00ab$179\u2019738.025\u00bb por concepto de frutos civiles. <\/p>\n
Asegura que una vez ejecutoriada la anterior determinaci\u00f3n, solicit\u00f3 que se librara orden de apremio por la suma memorada, al tenor de lo establecido en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso; sin embargo, en auto del 15 de enero de 2020, el Despacho querellado dispuso la interrupci\u00f3n del pleito, tras advertir que el demandado falleci\u00f3 el 6 de mayo de 2016, as\u00ed que le orden\u00f3 notificar \u00abpor aviso\u00bb a los herederos del difunto, seg\u00fan lo previsto en el canon 160 de la misma Obra. <\/p>\n
Manifiesta que frente a ese panorama, pidi\u00f3, entonces, que se oficiara a la Alcald\u00eda Municipal de Barrancabermeja (Santander), para que adelantara la entrega del fundo objeto de la acci\u00f3n reivindicatoria; empero, en prove\u00eddo del 24 de agosto del a\u00f1o pasado, el estrado atacado desestim\u00f3 ese pedimento, determinaci\u00f3n frente a la cual el apoderado judicial de los \u00abherederos\u00bb del demandado formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, con sustento en que el litigio se encontraba interrumpido, por lo que no era procedente exigir el cumplimiento de la sentencia, mecanismo que fue favorable a los intereses de \u00e9stos, pues en providencia del 4 de noviembre siguiente, el Despacho acusado dejo sin valor ni efecto la comisi\u00f3n de la diligencia de entrega. <\/p>\n
Tras ese relato, sostiene que la autoridad judicial convocada incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que, en primer lugar, no era procedente decretar la interrupci\u00f3n del proceso cuestionado, dado que para la \u00e9poca del fallecimiento del demandado, \u00e9ste se encontraba representado por el abogado Ricardo Useche Bonilla, quien, incluso, defendi\u00f3 los intereses del causante desde la audiencia inicial y durante el desarrollo del juicio reivindicatorio censurado. De otra parte, al desatar el recurso horizontal formulado por los herederos del demandado frente al auto del 24 de agosto de la anterior anualidad, la autoridad judicial convocada se refiri\u00f3 a aspectos ajenos a los planteados en dicho mecanismo; de ah\u00ed que, la providencia del 4 de noviembre siguiente sea \u00abincongruente\u00bb. Finalmente, la diligencia de entrega del inmueble motivo del tr\u00e1mite atacado, \u00abno puede estar supeditada a la interrupci\u00f3n que se\u00f1ala el Juzgado accionado\u00bb, porque, afirma, \u00abse trata de una medida tendiente a asegurar lo dispuesto en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEl ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja se opuso a la prosperidad del amparo, con fundamento en los siguientes argumentos: (i) que la compa\u00f1\u00eda gestora omiti\u00f3 recurrir los prove\u00eddos del 15 de enero y 4 de noviembre de 2020; (ii) que el profesional del derecho Ricardo Useche Bonilla solamente represent\u00f3 al causante Miguel \u00c1ngel Rubio M\u00e9ndez en la audiencia inicial del 24 de octubre de 2013 y no durante el curso del litigio, es m\u00e1s, por esa raz\u00f3n fue que antes de dictarse la correspondiente sentencia reivindicatoria se hab\u00eda decretado la interrupci\u00f3n del asunto declarativo; (iii) que la nueva interrupci\u00f3n del tr\u00e1mite se fundament\u00f3 en la muerte del demandado, decisi\u00f3n que cobija \u00ablas actuaciones que se deriven de la sentencia\u00bb, motivo por el que \u00abcon auto del 04 de noviembre de los corrientes, y ante la advertencia de la materializaci\u00f3n de la diligencia de entrega que se hab\u00eda comisionado, se dej[\u00f3] sin efectos la misma\u00bb; y, (iv) que los herederos del fallecido formularon \u00abincidente de nulidad\u00bb dentro de la controversia atacada, \u00aben el que se resolver\u00e1n sobre los reclamos del accionante, referente a la representaci\u00f3n judicial de la parte demanda, y dem\u00e1s que aqu\u00ed en este escenario constitucional se interponen\u00bb. <\/p>\n
b). Los herederos del demandado dentro del juicio cuestionado, alegaron que la compa\u00f1\u00eda accionante \u00abprefiri\u00f3 acudir a la tutela en reemplazo del recurso de reposici\u00f3n contra el auto que pretende revocar en esta instancia\u00bb. <\/p>\n
c). Mar\u00eda Alexandra Villabona Oliveros, en calidad de curadora ad-l\u00edtem de los \u00abdem\u00e1s intervinientes en el proceso reivindicatorio [censurado]\u00bb, adujo que se atiene a lo que \u00abresulte probado dentro de tr\u00e1mite tutelar, en el que deben protegerse los derechos fundamentales de las partes e intervinientes, en la medida en que estos resulten afectados\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que \u00abRealizada una inspecci\u00f3n judicial al expediente 2012-00210, se observa que en auto de data 15 de julio de 2019 el Juzgado encartado al resolver el recurso de reposici\u00f3n formulado por la demandante, se\u00f1al\u00f3 que el poder conferido por el demandado al profesional del derecho RICARDO USECHE BONILLA en la vista p\u00fablica del 23 de octubre de 2014, lo fue \u00fanicamente para que asistiera a esa diligencia y no para que lo representara en el curso del proceso; y que fue en esos t\u00e9rminos en los que se le reconoci\u00f3 personer\u00eda para actuar, lo que quiere decir que la fuente de inconformidad de la tutelista surgi\u00f3, como m\u00ednimo, desde el 15 de julio de la pasada anualidad, calenda desde la que ha trascurrido m\u00e1s de un a\u00f1o y que deja al descubierto que la acci\u00f3n fue interpuesta intempestivamente\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, \u00ablas dolamas del accionante, referidas al alcance del fen\u00f3meno de la interrupci\u00f3n decretada al interior del proceso reivindicatorio; y la validez de la diligencia de entrega realizada el reciente 28 de octubre, son cuestiones que debe resolver el cognoscente al interior del proceso, al pronunciarse sobre el incidente de nulidad formulado por los herederos del demandado. All\u00ed el Juez ordinario deber\u00e1 dilucidar si en realidad existen vicios que afectan la validez de lo actuado en el proceso y desde qu\u00e9 calenda, teniendo en cuenta la fecha del deceso del demandado y la exclusi\u00f3n de la profesi\u00f3n de quien otrora fue su procurador; 6 de mayo de 2016 y 17 de febrero de 2017\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La sociedad gestora replic\u00f3 el anterior fallo, para lo cual utiliz\u00f3 argumentos iguales a los planteados en la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
3. Con el prop\u00f3sito de brindar soluci\u00f3n a la controversia memorada, para la Corte resulta necesario verificar los documentos allegados electr\u00f3nicamente al presente tr\u00e1mite, los cuales permiten apreciar lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Mediante sentencia del 25 de octubre de 2019, el Juzgado accionado declar\u00f3 que le \u00abpertenece el dominio pleno y absoluto\u00bb a la sociedad Inversiones Hern\u00e1ndez & CIA S. en C., aqu\u00ed interesada, del predio rural denominado \u2018La Tenaza\u2019, situado en el corregimiento \u2018El Llanito\u2019 del municipio de Barrancabermeja (Santander) e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 303-32993, y en consecuencia, orden\u00f3 la entrega material de \u00e9ste y conden\u00f3 a la parte demandada a pagar a favor de la compa\u00f1\u00eda demandante \u00ab$179\u2019738.025\u00bb por concepto de frutos civiles. <\/p>\n
3.2. Frente a la anterior decisi\u00f3n, el extremo pasivo guard\u00f3 silencio, raz\u00f3n por la que en auto del 27 de noviembre siguiente el Despacho convocado comision\u00f3 a la Alcald\u00eda Municipal de Barrancabermeja a fin de realizar la diligencia de entrega del inmueble aludido. <\/p>\n
3.3. En escrito del 3 de diciembre subsiguiente, Jos\u00e9 Esay y Jimmy Rubio Le\u00f3n, en calidad de \u00abherederos\u00bb de Miguel \u00c1ngel Rubio M\u00e9ndez (q.e.p.d.), formularon incidente para que se invalidara las actuaciones del juicio declarativo desde el 6 de mayo de 2016, fecha en la cual falleci\u00f3 el demandado, pretensi\u00f3n que se edific\u00f3 en la causal 3\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan la cual es nulo el proceso, en todo o en parte, \u00abCuando se adelanta despu\u00e9s de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupci\u00f3n o de suspensi\u00f3n, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida\u00bb. <\/p>\n
3.4. Simult\u00e1neamente con lo anterior, la sociedad demandante, ac\u00e1 gestora, pidi\u00f3 que se librara orden de apremio con el fin de obtener el recaudo de la condena por concepto de frutos; no obstante, en auto del 15 de enero de 2020, el estrado judicial acusado decret\u00f3 la interrupci\u00f3n del pleito con base en lo dispuesto en el numeral 1\u00ba del canon 159 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, tras advertir que el demandado hab\u00eda fallecido el 6 de mayo de 2016, motivo por el que, \u00abprevio a dar tr\u00e1mite a la ejecuci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 306 [ib\u00eddem]\u00bb, dispuso notificar por aviso a los herederos de aqu\u00e9l. <\/p>\n
3.5. La compa\u00f1\u00eda demandante, ahora gestora, no recurri\u00f3 la antedicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
3.6. Posteriormente, la sociedad aqu\u00ed interesada pidi\u00f3 que se adelantara la entrega del fundo objeto del proceso reivindicatorio censurado; no obstante, en auto del 24 de agosto pasado, la autoridad judicial criticada no accedi\u00f3 a ello, dado que a\u00fan no se hab\u00eda notificado a los herederos del demandado. <\/p>\n
3.7. Contra dicha decisi\u00f3n, los herederos del causante formularon recurso de reposici\u00f3n, con sustento en que el pleito cuestionado se encontraba interrumpido, raz\u00f3n por la que no pod\u00eda cumplirse con lo dispuesto en la sentencia dictada dentro de ese asunto. <\/p>\n
3.8. En prove\u00eddo del 4 de noviembre siguiente, el Juzgado accionado, luego de realizar un control de legalidad, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 132 ejusdem, resolvi\u00f3 dejar sin valor ni efecto la orden de entrega del predio objeto de la acci\u00f3n reivindicatoria atacada, tras advertir que tanto el pleito declarativo como el de ejecuci\u00f3n iniciado a continuaci\u00f3n de \u00e9ste, se encontraban interrumpidos por la muerte del demandado. De otro lado, tuvo por notificados por conducta concluyente a los herederos del causante Miguel \u00c1ngel Rubio M\u00e9ndez. <\/p>\n
3.9. Frente a este \u00faltimo pronunciamiento, la compa\u00f1\u00eda demandada, ahora accionante, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
4. Con vista en lo anterior, para la Corte la demanda de amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por las siguientes razones: <\/p>\n
4.1. En primer lugar, si la queja del gestor es en \u00faltimas porque el Juzgado accionado decret\u00f3 la interrupci\u00f3n del proceso cuestionado, sin lugar a duda alguna lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplir con el presupuesto general de procedibilidad de la inmediatez, pues como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n mediante la cual el Juzgado accionado decret\u00f3 la interrupci\u00f3n del tr\u00e1mite data del 15 de enero de 2020, mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 10 de noviembre de ese mismo a\u00f1o (expediente en versi\u00f3n digital), es decir, transcurridos m\u00e1s de nueve (9) meses, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de la compa\u00f1\u00eda accionante es reprochar la conclusi\u00f3n a que se lleg\u00f3 dentro de la precitada determinaci\u00f3n, al ser evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de la misma, queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que sea justificaci\u00f3n suficiente arg\u00fcir, que no pudieron solicitar antes la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales debido a la coyuntura generada por el Covid-19, pues con la emisi\u00f3n del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la judicatura, se modific\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales que para la interposici\u00f3n de acciones de tutela y h\u00e1beas corpus hab\u00eda sido implementada el d\u00eda anterior mediante Acuerdo PCSJA20-11517 del d\u00eda 15 del mismo mes, inici\u00e1ndose adem\u00e1s con la medida de emergencia de \u00abtrabajo en casa\u00bb de los funcionarios judiciales. <\/p>\n
As\u00ed mismo, para el distrito judicial de Bucaramanga, donde se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n que la sociedad promotora estima vulneradora de sus prerrogativas superiores, desde el pasado 20 de marzo el Consejo Superior de la Judicatura habilit\u00f3 para la interposici\u00f3n de las acciones de tutela y h\u00e1beas corpus la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico ofjudsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co lo cual publicit\u00f3 esa autoridad en su p\u00e1gina web1, consultable sin restricci\u00f3n alguna por cualquier interesado; de modo que, desde el inicio de la comentada emergencia, estuvo expedita la v\u00eda para la oportuna interposici\u00f3n de la solicitud de amparo. <\/p>\n
Y es que, aunque no existe en la ley un t\u00e9rmino en el cual fenece la posibilidad de pedir el amparo frente a la actividad de los jueces, \u00abs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u00bb, estableci\u00e9ndose aqu\u00e9l en \u00abseis meses\u00bb contabilizados desde la fecha en que se dict\u00f3 la providencia o actuaci\u00f3n cuestionada, en procura de que la pretensi\u00f3n tutelar \u00abno pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u00ab[v]ista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual\u00bb (CSJ STC826-2020). <\/p>\n
4.2. De otro lado, t\u00e9ngase en cuenta que aun cuando la sociedad accionante cont\u00f3 con la posibilidad de valerse de otros medios de defensa judicial en desarrollo de la actuaci\u00f3n cuestionada, a fin de hacer valer sus garant\u00edas, es decir, el recurso de reposici\u00f3n a los autos del 24 de agosto y 4 de noviembre pasado, mediante los cuales el Juzgado accionado se abstuvo de ordenar la entrega del predio objeto del juicio reivindicatorio criticado y realiz\u00f3 control de legalidad de dicho pleito, respectivamente, mecanismo procedente a voces de lo establecido en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, guard\u00f3 silencio frente a lo determinado, por lo que no puede ahora pretender acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, \u00abya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC1297-2020). <\/p>\n
En igual sentido ha referido que, \u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ib). <\/p>\n
4.3. Ahora bien, en lo tocante con el reparo de la compa\u00f1\u00eda gestora en cuanto a eso de que en el sub-examine no era procedente decretar la interrupci\u00f3n del proceso cuestionado, dado que para la \u00e9poca del fallecimiento del demandado \u00e9ste se encontraba representado por el abogado Ricardo Useche Bonilla, es un aspecto que todav\u00eda est\u00e1 en discusi\u00f3n dentro del asunto censurado. Y es que el incidente de nulidad propuesto por los herederos del demandado, precisamente, busca que se invalide la actuaci\u00f3n con base en la causal 3\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, escenario en cual la aqu\u00ed interesada podr\u00e1 oponerse y ejercer su derecho a la defensa exponiendo los argumentos por lo que considera no se produjo ning\u00fan motivo para interrumpir el proceso reivindicatorio censurado. <\/p>\n
En esas condiciones, como no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite instrumentos ordinarios de defensa, la compa\u00f1\u00eda gestora habr\u00e1 de aguardar a que se pronuncie el juez del conocimiento sobre los reproches planteados, pues \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC838-2020). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n