STC147-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC147-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2020-00390-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 26 de noviembre de 2020, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Juan Felipe Madrigal L\u00f3pez contra el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de la misma localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada en un tr\u00e1mite ejecutivo que se adelanta en su contra (radicaci\u00f3n 2020-00073). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que, con auto de 4 de marzo de 2020, el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medell\u00edn libr\u00f3 mandamiento de pago en el compulsivo iniciado por Scotiabank Colpatria S.A., frente al cual interpuso recurso de reposici\u00f3n \u00aby de ser procedente en subsidio apelaci\u00f3n\u00bb, pero al proveer se mantuvo en firme la determinaci\u00f3n y no se concedi\u00f3 la alzada por improcedente. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que \u00abel recurso no solo trataba el tema de la falta de requisitos formales sino tambi\u00e9n trato el tema de la prescripci\u00f3n y la caducidad como excepciones mixtas que se pueden proponer como previas. Con lo anterior se atent[\u00f3] en contra de mi derecho al debido proceso pues la providencia que resolvi\u00f3 el recurso no fue congruente con lo pedido\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abtampoco se abord\u00f3 el tema de la prescripci\u00f3n y caducidad no solo de acciones sino del t[\u00ed]tulo y de los derechos que de [\u00e9]l se derivan[,] (\u2026) [y tampoco se adujo nada en relaci\u00f3n con] la sentencia anticipada, pues se cumplen los presupuestos del Art. 278, numeral 3 del C.G.P., sin que se haga necesario el agotamiento de un dispendioso y molesto proceso judicial\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3 que \u00abse me tutelen los derechos fundamentales invocados (\u2026) revocando la decisi\u00f3n cuestionada y orden\u00e1ndole al Se\u00f1or Juez de conocimiento rehacer la misma conforme a la constituci\u00f3n y la ley (\u2026) y se me tutele (\u2026) en forma definitiva (\u2026) declarando la prosperidad del recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El estrado convocado manifest\u00f3 que \u00abmediante auto del 28 de octubre de 2020, el juzgado niega el recurso de reposici\u00f3n frente al mandamiento de pago y no concede [la] apelaci\u00f3n invocada en subsidio, en acatamiento de la taxatividad de este recurso. [Posteriormente], se corre traslado de las excepciones de m\u00e9rito planteadas por el demandado. El tr\u00e1mite est\u00e1 en oportunidad y a disposici\u00f3n para convocar audiencia concentrada de instrucci\u00f3n y juzgamiento en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, por lo que \u00abel juez respetuosamente se [a]tiene a las providencias legalmente motivadas que constan en el expediente\u00bb. <\/p>\n
2. La representante legal para asuntos judiciales de Scotiabank Colpatria S.A. dijo que \u00abno tenemos conocimiento de una solicitud de nulidad propuesta en el marco del proceso ejecutivo, por lo que nos extra\u00f1an los argumentos propuestos por el accionante ante la presunta vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales que en este momento expone\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Por \u00faltimo, recalc\u00f3 que \u00abiguales argumentos se aplican respecto a lo arg\u00fcido como prescripci\u00f3n y la caducidad, pues si es del caso y dado el panorama probatorio, de ello se ocupar\u00e1 la correspondiente sentencia, sin que pueda el juez constitucional emitir orden para que se proceda con fallo anticipado (art. 278 del C. G. del P.), pues en ello prima la autonom\u00eda e independencia judicial, a lo que se suma que el ejecutado solicit\u00f3 el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas, lo que debe agotarse\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada sentencia reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial, y agregando que \u00abel t[\u00ed]tulo que se pretende hacer efectivo no cumple con los requisitos de Ley para ser t[\u00ed]tulo ejecutivo pues se demostr\u00f3 frente a la falta de prueba en contrario que el mismo fue integrado sin atender la carta de instrucciones y trat\u00e1ndose de un t[\u00ed]tulo compuesto y no cumpliendo con los requisitos de ley, ello es, haberse integrado conforme a la carta de instrucciones, se debi\u00f3 de reponer el mandamiento de pago y no se hizo lo cual se torna en una interpretaci\u00f3n en nuestro concepto errada y arbitraria de las normas procesales citadas como vulneradas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el compulsivo iniciado contra el recurrente (radicaci\u00f3n 2020-00073), en tanto no repuso el auto que libr\u00f3 el mandamiento de pago. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medell\u00edn dispuso no reponer el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago en el ejecutivo que se adelanta contra el accionante, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, en la precitada providencia se reliev\u00f3 sobre las excepciones previas propuestas por el aqu\u00ed inconforme que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el demandado cuestiona los pagar\u00e9s en que se funda el cobro ejecutivo se\u00f1alando que fueron integrados en forma abusiva, no conforme a las cartas de instrucciones, por lo que puede inclusive hablarse de una alteraci\u00f3n de los mismos, por lo que no se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos; tampoco cumplen con el principio de literalidad y no son claros, expresos ni actualmente exigibles. <\/p>\n
El art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso establece que: <\/p>\n
\u201cPueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra \u00e9l, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicci\u00f3n, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de polic\u00eda aprueben liquidaci\u00f3n de costas o se\u00f1alen honorarios de auxiliares de la justicia, y los dem\u00e1s documentos que se\u00f1ale la ley. La confesi\u00f3n hecha en el curso de un proceso no constituye t\u00edtulo ejecutivo, pero s\u00ed la que conste en el interrogatorio previsto en el art\u00edculo 184 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con fundamento en la citada norma, el t\u00edtulo ejecutivo debe reunir unas condiciones formales y sustanciales para generar la orden pretendida. Las primeras, dan cuenta de la existencia de la obligaci\u00f3n y tienen como finalidad demostrar que los documentos o su conjunto: i) son aut\u00e9nticos; y ii) emanan del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o de otra providencia que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, es decir, que tengan entidad de constituir prueba en contra del obligado. <\/p>\n
Por su parte, las condiciones sustanciales se refieren a la verificaci\u00f3n de que las obligaciones que dan lugar a la pretensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n sean expresas, claras y exigibles. De esta manera, la obligaci\u00f3n es expresa cuando aparece manifiesta de la redacci\u00f3n misma del t\u00edtulo, en otras palabas, aquella debe constar en el documento en forma n\u00edtida, es decir, debe contener el cr\u00e9dito del ejecutante y la deuda del obligado, sin necesidad de acudir a elucubraciones o suposiciones. Es clara cuando adem\u00e1s de ser expresa, aparece determinada en el t\u00edtulo, es f\u00e1cilmente inteligible y se entiende en un solo sentido. Finalmente es exigible cuando puede demandarse su cumplimiento por no estar sometida a plazo o condici\u00f3n. <\/p>\n
En este caso, lo que importa pura y simplemente son los t\u00edtulos valores objeto del recaudo ejecutivo. Los requisitos que la ley precisa para que se les pueda tener por tal, de cara al principio de incorporaci\u00f3n, se encuentran satisfechos. <\/p>\n
El tr\u00e1mite establecido por el art\u00edculo 442 del C.G.P. est\u00e1 encaminado a abrir un debate probatorio y procesal que le permita al juez llegar al convencimiento necesario para aceptar o rechazar las pretensiones de la demanda ejecutiva y, a la vez, para evaluar las excepciones presentadas por el ejecutado y decidir acogerlas de ser preciso. Y es precisamente a trav\u00e9s del debate probatorio que el juez adquiere la certeza que se requiere para tomar una decisi\u00f3n que comprenda todos los elementos del debate jur\u00eddico\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Por \u00faltimo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00ablas discrepancias planteadas frente a la obligaci\u00f3n representada en los pagar\u00e9s adjuntos no evidencian falta de requisitos formales. Por el contrario, son aspectos de fondo que ser\u00e1n objeto de debate probatorio en el enjuiciamiento de los hechos en que se fundan las excepciones de m\u00e9rito (\u2026). [Y] ante la taxatividad que rige el recurso de apelaci\u00f3n se niega la apelaci\u00f3n que aqu\u00ed se invoca en subsidio, por cuanto no est\u00e1 legalmente prevista frente al auto que niega la reposici\u00f3n del mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del inconforme no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterios de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus defensas. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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