STC154-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC154-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2020-03484-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Al tr\u00e1mite se vincularon a los intervinientes, partes e interesados que act\u00faan en la acci\u00f3n popular No. 66001310300520190016600, incluidos el Banco Pichincha S.A, el Municipio de Pereira, el Procurador Delegado ante los Juzgados Civiles del Circuito, el Juzgado Quinto Civil y el Defensor del Pueblo. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente trasgredida por la autoridad accionada, dentro de la acci\u00f3n popular identificada con radicado 66001310300520190016600. <\/p>\n
2.- De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1.- El 23 de mayo del 2019 el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga present\u00f3 acci\u00f3n popular ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira en contra de Banco Pichincha, en raz\u00f3n a que la mencionada entidad no cuenta con un profesional oficial int\u00e9rprete de la lengua de se\u00f1as, as\u00ed como tampoco dispone de \u00abse\u00f1ales visuales, sonoras ni auditivas\u00bb, como lo precept\u00faa la Ley 982 de 2005 (Expediente digital PDF- primera instancia. 002. Fls.1). <\/p>\n
2.2.- Mediante auto de 28 de mayo posterior, el Juzgado Quinto Civil Circuito de Pereira admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular (Expediente digital PDF primera instancia. 003. Auto admite acci\u00f3n Fls.2-3). <\/p>\n
2.3.- Surtidos los tr\u00e1mites correspondientes, el 25 de noviembre del 2019, se realiz\u00f3 la audiencia especial de pacto de cumplimiento, de conformidad con el art\u00edculo 27 de la Ley 472 de 1998, el 10 de diciembre de 2019 se decretaron pruebas y el 28 de febrero de 2020 se corri\u00f3 traslado para presentar alegatos. <\/p>\n
2.4.- El 13 de julio del 2020 se profiri\u00f3 sentencia de primera instancia, que ampar\u00f3 el derecho colectivo contenido en el literal j del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
2.5.- El 15 de julio del mismo a\u00f1o, el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga present\u00f3 recurso de alzada, en el que solicit\u00f3 adici\u00f3n para resolver lo relativo al art\u00edculo 34 de la Ley 472 de 1998, que se aplique el art\u00edculo 42 de la misma norma, as\u00ed como la nulidad del fallo, entre otros asuntos. El 31 de agosto posterior el estrado enjuiciado concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y resolvi\u00f3 diferentes solicitudes presentadas por el actor (Ver expediente digital- primera instancia. 36. Escrito de recurso Fl.3 pdf., 41. Auto concede). <\/p>\n
2.6.- Mediante auto del 9 de diciembre del 2020, la Sala Unitaria del Tribunal Superior del Distrito de Pereira advirti\u00f3 de una causal de nulidad saneable, por lo que orden\u00f3 notificar a la Procuradur\u00eda Provincial de Pereira y Regional de Risaralda (Ver expediente digital- segunda instancia. 05. Cuaderno N\u00b0 2 Fls.1- 2 pdf). <\/p>\n
2.7.- Seg\u00fan constancia secretarial, surtida la notificaci\u00f3n ordenada y vencido el t\u00e9rmino de ejecutoria correspondiente el 15 de diciembre de 2020, el expediente pasa al despacho, a partir del 18 de enero de 2021 (Ver expediente digital- segunda instancia. 07. Ejecutoria y a despacho Cuaderno N\u00b0 2. pdf). <\/p>\n
3.- En criterio del actor, en el referido proceso no se cumplen los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998. A su juicio, \u00abno existe laguna para aplicar el art del CGP y desconocer la celeridad de la acci\u00f3n\u00bb (Ver expediente digital- escrito de tutela Fls. 1). <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, solicit\u00f3 que se ordene proferir sentencia en un t\u00e9rmino no mayor de 48 horas, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, y cumplir los plazos perentorios contemplados en dicha ley. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Juzgado Quinto Civil de Circuito de Pereira realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso en primera y segunda instancia objeto de estudio constitucional. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab(\u2026) El 31 de agosto de 2020 (archivo 41), se resolvi\u00f3 sobre el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el accionante (archivo 036), el cual se concedi\u00f3 en el efecto devolutivo, asimismo le fue negada una solicitud de cesi\u00f3n de costas (archivo 038) (\u2026) En la actualidad el expediente se encuentra pendiente de dictar auto fijando costas, no obstante se advierte que de los dineros que el actor popular pueda percibir dentro de cualquier tr\u00e1mite se encuentran embargados por cuenta del proceso ejecutivo radicado 2017-00326 tramitado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta localidad\u00bb. <\/p>\n
2.- La Defensor\u00eda del Pueblo adujo que \u00aben cumplimiento de su mandato legal adelanta contra el accionante proceso ejecutivo singular de menor cuant\u00eda, sin embargo en audiencias p\u00fablicas virtuales adelantadas por su Sala dentro de acciones populares como la presidida por el doctor DUBERNEY GRISALES HERRERA Acci\u00f3n Popular 66682-31-03-001-2019-00326-01 y estas \u00faltimas presididas por el doctor JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 66082-31-13-001-2016-00615-03 66082-31-03-001-2016-00639, el accionante manifiesta que renuncia a las costas procesales, acci\u00f3n a nuestro criterio bastante maliciosa a sabiendas del embargo que existe sobre las mismas. Dicho lo anterior, es de se\u00f1alar que la Ley 472 de 2008, art\u00edculo 27, le asigna determinadas funciones en materia de acciones populares al Ministerio P\u00fablico, donde vale anotar que estas son ejercidas por el Procurador General de la Naci\u00f3n a trav\u00e9s de sus Procuradores Delegados y donde desconocemos los motivos de la no actuaci\u00f3n de la accionada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluye que \u00abno siendo el organismo competente para adelantar las pretensiones del accionante se solicita con todo el respeto DESVINCULAR de la presente acci\u00f3n la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda y anotando que la presente acci\u00f3n de tutela debe ser declarada improcedente, ya que el accionante cuenta con otros medios diferentes para garantizar su derecho\u00bb (Respuesta Defensor\u00eda del Pueblo PDF). <\/p>\n
3.- El apoderado judicial de la Secretar\u00eda Jur\u00eddica del Municipio de Pereira se\u00f1al\u00f3 con respecto a los hechos y pretensiones que \u00abNo le consta a esta entidad, es deber de la administraci\u00f3n de justicia el asegurar el debido proceso, las garant\u00edas procesales y el equilibrio entre las partes, adem\u00e1s de decidir en derecho. El municipio de Pereira considera que en la presente no es un accionado directo, sino que act\u00faa en car\u00e1cter de tercero interviniente (vinculado) y por su deber legal, se atiene a lo probado por su honorable despacho judicial y para los fines destinados dentro de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el gestor se duele de la vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular 2019-00166-01, con ocasi\u00f3n a la inaplicabilidad del art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, pues, en su criterio, no se cumplen los t\u00e9rminos all\u00ed contemplados ni se falla con celeridad. <\/p>\n
2.- La Sala advierte la improcedencia del ruego incoado, por cuanto resulta prematuro. Ello toda vez que del escrito inicial y de los medios de convicci\u00f3n allegados a esta tramitaci\u00f3n, se evidencia que el juicio rebatido se encuentra en curso. <\/p>\n
En efecto, proferida la sentencia de primera instancia, el tutelante present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n que fue concedido y enviado al Tribunal acusado. El expediente fue sometido a reparto el 22 de noviembre de 2020 e ingres\u00f3 al despacho del ponente el 30 de noviembre del mismo a\u00f1o; el 9 de diciembre siguiente se profiri\u00f3 auto ordenando realizar unas notificaciones, surtidas \u00e9stas y vencido, el 15 de diciembre de 2020, el t\u00e9rmino de ejecutoria correspondiente, el proceso entr\u00f3 nuevamente al despacho para lo pertinente, por tanto, en el mismo a\u00fan no se ha adoptado determinaci\u00f3n definitiva. <\/p>\n
3.- Adicionalmente, ha de se\u00f1alarse que es ante el juez de conocimiento que el actor debe manifestar las peticiones y reparos ahora tra\u00eddos en la acci\u00f3n tuitiva, pues es ese el escenario propicio para ello, de manera que no es posible pretender que el fallador constitucional se pronuncie sobre un t\u00f3pico que le corresponde decidir al estrado judicial requerido, por cuanto, admitir esa facultad implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios a trav\u00e9s de los cuales se puede buscar la protecci\u00f3n de las prerrogativas presuntamente vulneradas, am\u00e9n que, la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como un escenario paralelo a las actuaciones judiciales, dado su car\u00e1cter eminentemente residual. <\/p>\n
En el presente caso, los motivos invocados por el tutelante no justifican acudir directamente a este mecanismo eminentemente subsidiario, m\u00e1xime cuando no se advierte que ante dicho despacho se haya formulado la reclamaci\u00f3n concreta que se presenta en sede de tutela. <\/p>\n
Sobre el particular, en asuntos de similar connotaci\u00f3n, la Sala ha sostenido que: \u00abes palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar [\u2026] para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente [\u2026] para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en la STC801, 5 feb. 2015, reiterada STC061 de 17 de enero de 2018, Rad. 03535-00). <\/p>\n
En ese orden de ideas, al encontrarse en tr\u00e1mite el recurso de alzada, existen herramientas jur\u00eddicas dentro del respectivo proceso que pueden ser utilizadas por el demandante para lograr la protecci\u00f3n de los derechos que se estimen vulnerados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como lo pretendido por el gestor es que se ordene al Tribunal acusado que decida, en un t\u00e9rmino de 48 horas, el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida el 13 de julio del 2020 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, es evidente que dicho requerimiento debe ser alegado ante el juez de instancia, lo cual impide que en sede constitucional se emita pronunciamiento alguno, so pena de invadir terrenos que no le corresponden. <\/p>\n
4. Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC154-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC154-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2020-03484-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53091","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53091","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53091"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53091\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53091"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53091"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53091"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}