STC156-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC156-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2020-01213-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 1\u00b0 de septiembre de 2020, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la acci\u00f3n de tutela promovida por Virginia del Rosario Paba Quintero contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario laboral iniciado por la aqu\u00ed petente frente el Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n, con radicado n\u00b0 79423. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al m\u00ednimo vital, igualdad, debido proceso y seguridad social, presuntamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De lo narrado en el escrito inicial y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada se coligen los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
La actora solicit\u00f3 al Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n la pensi\u00f3n de sobrevivientes, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su compa\u00f1ero permanente V\u00edctor Adriano Gall\u00f3n Ram\u00edrez; petici\u00f3n cuya negativa le fue comunicada el 19 de septiembre de 2014, se\u00f1al\u00e1ndole que deb\u00eda iniciar el proceso de sucesi\u00f3n, por cuanto no hab\u00eda demostrado su calidad de beneficiaria. <\/p>\n
Refiere que, tramitado el juicio de sucesi\u00f3n se le asign\u00f3 el saldo de la cuenta de ahorro individual que ten\u00eda Gall\u00f3n Ram\u00edrez, quien contaba con 1022,14 semanas de cotizaci\u00f3n. <\/p>\n
Inconforme con dicha determinaci\u00f3n, interpuso demanda ordinaria laboral, gestionada por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla, quien, mediante sentencia de 23 de agosto de 2016, acogi\u00f3 las excepciones formuladas por la entidad en menci\u00f3n, absolvi\u00e9ndola del reconocimiento de la citada prestaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
Dicha decisi\u00f3n fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de ese distrito judicial, el 14 de agosto de 2017. En su lugar, conden\u00f3 a Protecci\u00f3n a reconocerle y pagarle la pensi\u00f3n de sobrevivientes en cuant\u00eda inicial de $1.031.474,75, al igual que las mesadas dejadas y el retroactivo correspondiente, descont\u00e1ndole la suma de $76.658.068. <\/p>\n
Inconforme con dicha determinaci\u00f3n, el mencionado fondo inco\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, desatado por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 11 de mayo de 2020, en el sentido de casar el fallo de segundo grado y confirmar el de primera instancia, aduciendo que en el sublite no era aplicable el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
Se\u00f1ala que las decisiones judiciales rese\u00f1adas desconocieron varios precedentes jurisprudenciales referentes a la aplicaci\u00f3n del \u201cprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d en materia de reconocimiento de pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin efecto la sentencia de casaci\u00f3n y, en su lugar, confirmar la determinaci\u00f3n de segunda instancia. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
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1. La Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00b02 defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n remiti\u00e9ndose a los argumentos all\u00ed planteados. Se\u00f1al\u00f3 que la providencia objeto de controversia se emiti\u00f3 con fundamento en las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n y la jurisprudencia de la Sala Laboral permanente de esta Colegiatura, sin vulnerar derecho alguno a la accionante. <\/p>\n
2. El Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n, se opuso a la prosperidad del amparo, aduciendo que la figura jur\u00eddica de la \u201ccondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d, no se encuentra consagrada en nuestra legislaci\u00f3n, s\u00f3lo en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de manera ambigua. <\/p>\n
<\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo tras descartar la vulneraci\u00f3n alegada, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) la decisi\u00f3n con la que culmin\u00f3 el proceso ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer de la accionante que pretende convertir la v\u00eda constitucional en una tercera instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la actora insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito genitor. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el marco de las atribuciones asignadas a las Salas de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 2016, precisa que, aunque \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aquellas, de remitir el asunto a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio, la actora cuestiona la decisi\u00f3n del 11 de mayo de 2020, mediante la cual la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia cas\u00f3 la sentencia emitida el 14 de agosto de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y, en sede de instancia, confirm\u00f3 el fallo de primer grado que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de inexistencia de las obligaciones y absolvi\u00f3 a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A.; pues, en criterio de la tutelante, en dicha determinaci\u00f3n se desconoci\u00f3 la jurisprudencia en materia de aplicaci\u00f3n del \u201cprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d. <\/p>\n
3. Revisada la providencia censurada, se observa que, dada la v\u00eda directa escogida por la censura, la Sala de Descongesti\u00f3n accionada dio por acreditado que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) el causante falleci\u00f3 el 10 de diciembre de 2013; ii) realiz\u00f3 cotizaciones al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida en un total de 853.91 semanas y sumadas las efectuadas en el RAIS, acumul\u00f3 1022.05, siendo su \u00faltima cotizaci\u00f3n la del ciclo de diciembre de 2003; iii) dentro de los 3 a\u00f1os anteriores a la muerte, reuni\u00f3 11 semanas y, iv) acredit\u00f3 26 semanas de cotizaci\u00f3n en toda la vida laboral (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Admitidos dichos supuestos, destac\u00f3 que la normatividad aplicable al sublite, era la vigente al momento del deceso del causante, es decir, el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, el cual exig\u00eda haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 a\u00f1os anteriores al fallecimiento del afiliado, presupuesto que no se cumpl\u00eda en el caso objeto de an\u00e1lisis, dado que V\u00edctor Adriano Gall\u00f3n Ram\u00edrez s\u00f3lo reuni\u00f3 11 semanas. <\/p>\n
Sobre la aplicaci\u00f3n del \u201cprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En cuanto a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, es necesario se\u00f1alar, que ese principio es de construcci\u00f3n jurisprudencial y tiene por finalidad, no permitir que la vigencia de una norma afecte una situaci\u00f3n jur\u00eddica que se ten\u00eda ante una anterior, que a\u00fan no hab\u00eda surtido sus efectos, por estar pendiente el acaecimiento de un infortunio o una contingencia, que \u00e9sta proteg\u00eda y la nueva modific\u00f3, en desmedro de esa particular y concreta situaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cDe ah\u00ed que, aun cuando, por regla general, la disposici\u00f3n llamada a regular la pensi\u00f3n de sobrevivientes es la vigente para la fecha de deceso del afiliado o pensionado, tambi\u00e9n es viable estarse al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pero solo, para acudir a la inmediatamente anterior, sin que habilite para realizar un b\u00fasqueda hist\u00f3rica de normas, a efectos de conseguir la que se acomode a los supuestos de hecho de cada asegurado (al efecto puede consultarse, entre otras, la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL2111-2018). <\/p>\n
\u201cSin embargo, a partir de la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL4650-2017, esta Sala Laboral limit\u00f3 los efectos del principio antes dicho, entre el tr\u00e1nsito legislativo de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, hasta el 29 de enero de 2006 (\u2026). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, anot\u00f3 que como el de cujus no era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, por nacer el 20 de diciembre de 1960 e iniciar su historia laboral desde el 13 de junio de 1985, la normatividad llamada a aplicarse era la Ley 100 de 1993, conforme a la cual, para la fecha del deceso en el a\u00f1o 2013, deb\u00eda reunir 1250 semanas, empero, el causante solo alcanz\u00f3 \u201c(\u2026) 853.91 en el Instituto de Seguros Sociales y 168.14 en el r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad, para un total de 1022.05 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Esbozados los fundamentos sobre los cuales el colegiado accionado no cas\u00f3 la sentencia recurrida por la aqu\u00ed gestora, procede la Sala a efectuar el an\u00e1lisis de la pertinencia de aplicar o no el \u201cprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d en el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
El art\u00edculo 53 de la Carta Pol\u00edtica, establece que la ley laboral deber\u00e1 tener como principio m\u00ednimo fundamental la \u201c(\u2026) situaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador en caso de duda en la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las fuentes formales de derecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El acotado criterio ha sido flexibilizado en materia de pensi\u00f3n de sobrevivientes, por cuanto esa Corporaci\u00f3n acept\u00f3 la posibilidad de acudir a una regla sin vigencia, siempre y cuando sea la inmediatamente anterior al momento de causarse dicha prerrogativa3. <\/p>\n
Bajo esa tesitura, se observa que existe duda sobre el alcance del referido principio cuando lo debatido entra\u00f1a la comentada prestaci\u00f3n social, debiendo el juzgador acudir a la interpretaci\u00f3n m\u00e1s amplia y garantista de acuerdo al postulado universal del \u201cin dubio pro operario\u201d. <\/p>\n
Frente a lo discurrido, la jurisprudencia constitucional en sentencia T-084 de 2017, zanj\u00f3 tal discusi\u00f3n, al exponer: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta [Corte] reconoce que, en efecto, pueden surgir dudas sobre el alcance de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa como extensi\u00f3n del principio de favorabilidad, en particular si se le interpreta de manera conjunta con otros principios constitucionales y legales. As\u00ed, por un lado, en virtud de los principios de legalidad de la legislaci\u00f3n laboral y de seguridad jur\u00eddica, podr\u00eda argumentarse que el mencionado principio de favorabilidad en su extensi\u00f3n a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa debe limitar su aplicaci\u00f3n en el tiempo solo a la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de causarse la pensi\u00f3n. Pero tambi\u00e9n, con fundamento en otros principios constitucionales como el respeto de la confianza leg\u00edtima, solidaridad y buena fe (art\u00edculos 58 y 83 de la Constituci\u00f3n), puede entenderse que el alcance del principio de favorabilidad en la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no limita su aplicaci\u00f3n en el tiempo a la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, esto es, el r\u00e9gimen legal vigente al momento de la muerte del causante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Frente a estas dos interpretaciones, una menos restrictiva que la otra, considera la Corte que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s adecuada frente al principio constitucional de favorabilidad, previsto en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, ser\u00e1 aquella que respete la \u201csituaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador en caso de duda en la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las fuentes formales de derecho\u201d. Como se aprecia, el principio de favorabilidad opera en caso de duda sobre la interpretaci\u00f3n de las \u201cfuentes formales del derecho\u201d, las cuales incluyen no solo las normas legales o infralegales, por lo que debe ser tomado en cuenta para determinar el sentido y alcance de las normas laborales de la propia Constituci\u00f3n. Por lo tanto, cuando una norma constitucional admita dos o m\u00e1s interpretaciones razonables, el int\u00e9rprete debe elegir aquella que sea m\u00e1s favorable al trabajador. De no hacerlo, incurrir\u00eda en violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al presentarse un conflicto de reg\u00edmenes laborales para la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa como extensi\u00f3n del principio de favorabilidad, esta Sala comparte el criterio del Tribunal constitucional al afirmar que la aplicaci\u00f3n de dicho postulado \u201c(\u2026) no se limita en el tiempo a la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, esto es, el r\u00e9gimen legal vigente al momento de la muerte del causante (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. Los derechos laborales tienen un contenido econ\u00f3mico y social que se traducen pecuniariamente como retribuci\u00f3n a favor del trabajador por v\u00eda de los salarios, prestaciones, pensiones, indemnizaciones, auxilios o subsidios de distinta naturaleza, con relaci\u00f3n a la prestaci\u00f3n de un servicio personal, ll\u00e1mese empleado particular u oficial. <\/p>\n
Para lograr cualquiera de estos derechos, esencialmente se debe cumplir con un tiempo de servicio determinado o con un factor econ\u00f3mico que, en el caso de la pensi\u00f3n de cualquier \u00edndole sea de sobrevivientes, vejez o invalidez, el mismo se causa y cumple en el r\u00e9gimen en vigor, previa cotizaci\u00f3n de determinado n\u00famero de semanas; por tanto, reunido ese requisito, o habi\u00e9ndose cumplido con la carga pecuniaria exigida en una \u00e9poca determinada, estando vigente ese r\u00e9gimen prestacional, indiscutiblemente se adquiere el derecho fundamental de aplicaci\u00f3n del respectivo sistema, as\u00ed luego el mismo sea modificado o derogado, pues una ley posterior, de acuerdo al art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Nacional, no lo puede menoscabar. En s\u00edntesis, habi\u00e9ndose cumplido con el n\u00famero de semanas cotizadas, surge indefectible un derecho adquirido al r\u00e9gimen jur\u00eddico vigente, a la saz\u00f3n. <\/p>\n
Si el trabajador ha solventado la densidad de tiempo necesario o ha prestado el tiempo de servicio requerido para ser cobijado con una prestaci\u00f3n social, \u00fanicamente falta la ocurrencia de la condici\u00f3n o plazo para que el respectivo beneficio se torne exigible; por tanto, si en el caso de la accionante, su c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero(a) permanente fallecido(a) ya hab\u00eda alcanzado en vida o cumplido el requisito econ\u00f3mico y le faltaba exclusivamente la condici\u00f3n o el plazo de exigibilidad, incontrovertiblemente el derecho deprecado se cristaliza reclamable. <\/p>\n
6. A continuaci\u00f3n, se presenta un cuadro comparativo de las leyes ya derogadas y de la vigente, al momento del fallecimiento del V\u00edctor Adriano Gall\u00f3n Ram\u00edrez, regulatorias de los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes: <\/p>\n
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Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 <\/p>\n
Ley 100 de 1993 <\/p>\n
Ley 797 de 2003 <\/p>\n
Art. 25. Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habr\u00e1 derecho a pensi\u00f3n de sobrevivientes en los siguientes casos: <\/p>\n
<\/p>\n
a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el n\u00famero y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez por riesgo com\u00fan. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 6o. Requisitos de la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
<\/p>\n
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) a\u00f1os anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier \u00e9poca, con anterioridad al estado de invalidez. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
b) Que, habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintis\u00e9is (26) semanas del a\u00f1o inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 12. El art\u00edculo 46 de la ley 100 de 1993 quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
Art\u00edculo 46. Requisitos para obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes. Tendr\u00e1n derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes: <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando \u00e9ste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os inmediatamente anteriores al fallecimiento (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Par\u00e1grafo 1. Cuando un afiliado haya cotizado el n\u00famero de semanas m\u00ednimo requerido en el r\u00e9gimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez o la devoluci\u00f3n de saldos de que trata el art\u00edculo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este art\u00edculo tendr\u00e1n derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en los t\u00e9rminos de esta ley. <\/p>\n
<\/p>\n
El monto de la pensi\u00f3n para aquellos beneficiarios que, a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este par\u00e1grafo ser\u00e1 del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
En el subex\u00e1mine, es incuestionable, el se\u00f1or V\u00edctor Adriano Gall\u00f3n Ram\u00edrez, compa\u00f1ero permanente de la aqu\u00ed accionante, falleci\u00f3 el d\u00eda 10 de diciembre de 2013, es decir, en vigencia de la Ley 797 de 2003, la cual impon\u00eda como requisito para otorgar la pensi\u00f3n de sobrevivientes a los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que \u201c(\u2026) \u00e9ste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os inmediatamente anteriores al fallecimiento (\u2026)\u201d situaci\u00f3n que no acontece en el sublite, pues durante dicho lapso solo cotiz\u00f3 11 semanas. <\/p>\n
El art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, establece: <\/p>\n
Tendr\u00e1n derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes: (\u2026) <\/p>\n
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos: <\/p>\n
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintis\u00e9is (26) semanas al momento de la muerte; <\/p>\n
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintis\u00e9is (26) semanas del a\u00f1o inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte (\u2026) <\/p>\n
De dicha norma se derivan dos situaciones jur\u00eddicas que dan origen a la prestaci\u00f3n: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Que el afiliado que se encontraba cotizando al sistema al momento del fallecimiento, caso en el cual, debi\u00f3 haber cotizado por lo menos veintis\u00e9is (26) semanas al momento de producirse la muerte, es decir, en cualquier tiempo; y, <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Que el afiliado no se encontrara cotizando al sistema al momento del fallecimiento, en cuyo caso, se exige el haber cotizado por lo menos veintis\u00e9is (26) semanas del a\u00f1o inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte. <\/p>\n
En el sublite, se advierte que, al momento del deceso de V\u00edctor Adriano Gall\u00f3n Ram\u00edrez, \u00e9ste se encontraba como afiliado activo en el sistema general de pensiones, raz\u00f3n por la cual, la aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa ha de analizarse, en la primera situaci\u00f3n jur\u00eddica antes descrita. <\/p>\n
Al respecto, es importante resaltar que en la sentencia SL4650-2017, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral estableci\u00f3 algunos supuestos para identificar si se debe reconocer la pensi\u00f3n de sobrevivientes en desarrollo del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, en el tr\u00e1nsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. <\/p>\n
Dichos presupuestos son: <\/p>\n
\u201c(\u2026) a) Que al 29 de enero de 2003 el afiliado estuviese cotizando. <\/p>\n
b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 29 de enero de 2003. <\/p>\n
c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. <\/p>\n
d) Que al momento del fallecimiento estuviese cotizando, y <\/p>\n
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes del deceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Conforme a las consideraciones precedentes, se evidencia el fracaso del amparo incoado, por cuanto, conforme a las circunstancias f\u00e1cticas descritas, el de cujus no reun\u00eda ninguno de los presupuestos antes se\u00f1alados para acceder a la prestaci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
7. Ahora, recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-005-2018, estableci\u00f3 que en aquellos casos en los cuales, en sede de tutela, el problema jur\u00eddico sustancial sea relativo al estudio del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, para efectos del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, la satisfacci\u00f3n del requisito de subsidiariedad le impone al juez constitucional verificar la acreditaci\u00f3n de las siguientes cinco condiciones, cada una necesaria y en conjunto suficientes, del Test de Procedencia: <\/p>\n
<\/p>\n
Test de Procedencia <\/p>\n
Primera condici\u00f3n <\/p>\n
Segunda condici\u00f3n <\/p>\n
Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacci\u00f3n de sus necesidades b\u00e1sicas, esto es, su m\u00ednimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas. <\/p>\n
Tercera condici\u00f3n <\/p>\n
Debe establecerse que el accionante depend\u00eda econ\u00f3micamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensi\u00f3n de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario. <\/p>\n
Cuarta <\/p>\n
condici\u00f3n <\/p>\n
Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Quinta condici\u00f3n <\/p>\n
Debe establecerse que el accionante tuvo una actuaci\u00f3n diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Proyectadas las anteriores premisas al caso bajo examen, se advierte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, por cuanto la tutelante no acredit\u00f3 las condiciones antes descritas para acceder al beneficio ahora deprecado, pues, conforme a las pruebas aqu\u00ed allegadas, \u00e9sta tiene 36 a\u00f1os y no adujo ninguna circunstancia de vulnerabilidad que le impida garantizar, por s\u00ed misma, su m\u00ednimo vital. <\/p>\n
8. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d,6 impone su observancia irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
8.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
8.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, les permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
9. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ SL de ocho 8 de marzo de 2017, exp. 63724. <\/p>\n
2 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3 CSJ SL sentencias 8332-2016, Radicaci\u00f3n 48260; 7506-2016, Radicaci\u00f3n 49831; 17142-2016, Radicado 53203; 2203-2016, Radicaci\u00f3n 61944, y 1051-2016, Radicaci\u00f3n 42392; 16867-2015, Radicaci\u00f3n 47022, y 16868-2015, Radicaci\u00f3n 54172. <\/p>\n
4 \u00cddem. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
11 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
12 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC156-2021 Magistrado ponente STC156-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2020-01213-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 1\u00b0 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53093","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53093","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53093"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53093\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53093"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53093"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53093"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}