STC158-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC158-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2020-00607-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto de la sentencia de 20 de noviembre de 2020, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la salvaguarda promovida por Rosa Adela Varela, como agente oficiosa de su hermana Martha Cecilia Rond\u00f3n Varela, frente al Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1 y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cinterdicci\u00f3n judicial\u201d, propuesto en favor de la agenciada. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, la gestora exige la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida, debido proceso, salud y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
El 5 de febrero de 2018, el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 la demanda de \u201cinterdicci\u00f3n judicial por discapacidad mental absoluta\u201d, incoada en favor de Martha Cecilia Rond\u00f3n Varela y radicada bajo el n\u00famero 2017-0657. <\/p>\n
En el mismo prove\u00eddo, se orden\u00f3 la valoraci\u00f3n m\u00e9dico legal del estado de salud de la agenciada, acto llevado a cabo el 5 de diciembre del mismo a\u00f1o; no obstante, el resultado fue allegado al expediente hasta el 2 de marzo de 2020, luego de los diferentes requerimientos e, incluso, la interposici\u00f3n de otra acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Mediante auto de 25 de septiembre de 2019, la c\u00e9lula judicial fustigada, decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso de \u201cinterdicci\u00f3n\u201d, en virtud del art\u00edculo 55 de la Ley 1996 de 20191. <\/p>\n
Afirma la actora que, a trav\u00e9s de memorial radicado el 21 de febrero de 2020, solicit\u00f3 el levantamiento de la referida medida; empero, el 30 de junio siguiente, la falladora cognoscente indic\u00f3 que, para tal acto jur\u00eddico, se requer\u00eda el nombre de la persona a designarse en calidad de curador principal, as\u00ed como el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del apoyo, de conformidad con lo dispuesto en el canon 38 en concordancia con el precepto 54 ib\u00eddem. <\/p>\n
\u201c(\u2026) los procesos de rehabilitaci\u00f3n de la persona sometida a interdicci\u00f3n, no fueron suspendidos por la Ley 1996 de 2019, pues el art\u00edculo 55 de esta ley s\u00f3lo suspende los procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n en curso, en ese sentido, este proceso contin\u00faa y debe llegar a la sentencia\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed mismo ha de tenerse en cuenta lo siguiente: \u201c(\u2026) En otras palabras, el proceso de rehabilitaci\u00f3n se puede adelantar hasta agosto de 2021. Lo anterior dado que despu\u00e9s inicia el plazo de los procesos de revisi\u00f3n de 36 meses que dispone el mismo art. 56 de la ley 1996 de 2019 para que los jueces de familia citen de oficio a todas las personas con sentencia de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, por lo que la rehabilitaci\u00f3n pierde sentido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Igualmente, indic\u00f3 que la interesada deb\u00eda iniciar el procedimiento judicial de adjudicaci\u00f3n de apoyo transitorio, previsto en los art\u00edculos 37 y 38 de la Ley 1996 de 2019. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, la libelista inco\u00f3 remedio horizontal; sin embargo, el estrado conculcado, en providencia de 10 de noviembre de 2020, mantuvo su decisi\u00f3n. <\/p>\n
La impulsora asegura que la omisi\u00f3n, por parte de las accionadas, afecta los derechos de su hermana, ya que, debido a su condici\u00f3n, no ha podido reclamar el pago de las mesadas correspondientes a la pensi\u00f3n por invalidez, reconocida por Colpensiones desde el 11 de diciembre de 2017, pues esa \u00faltima entidad no autoriza el cobro de tales emolumentos, hasta tanto no se adelante el \u201cproceso de interdicci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Aduce que han transcurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os y once (11) meses desde la radicaci\u00f3n de la demanda, tiempo en el cual, ella, pese a su cr\u00edtica situaci\u00f3n econ\u00f3mica, se ha hecho cargo del cuidado y manutenci\u00f3n de su prohijada, quien, por su condici\u00f3n m\u00e9dica y avanzada edad, no cuenta con ingresos financieros. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar i) al juzgado confutado, \u201cdesignar representante legal a [su] hermana Martha Cecilia Rond\u00f3n Varea, para poder acceder al cobro y disfrute de su pensi\u00f3n otorgada por el Estado, por invalidez\u201d y, ii) a Colpensiones, autorizar el cobro de las mesadas, por su parte, en su condici\u00f3n de \u201ccuidadora y hermana\u201d. <\/p>\n
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1. Respuesta de las accionadas. <\/p>\n
1. El Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas, destacando que, mediante auto de 6 de octubre, neg\u00f3 la solicitud de levantamiento de la suspensi\u00f3n del proceso, elevada por la gestora, por no encontrase ajustada a derecho; adem\u00e1s, afirma, se le indic\u00f3 que deb\u00eda iniciar el procedimiento de \u201cadjudicaci\u00f3n de apoyo\u201d como lo establece la Ley 1996 de 2019, decisi\u00f3n recurrida por la actora y confirmada por ese despacho. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que el dictamen de Medicina Legal fue allegado en marzo de 2020, fecha posterior a la promulgaci\u00f3n de la referida norma. <\/p>\n
2. La Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones- expres\u00f3 que esa entidad act\u00faa meramente en calidad de pagador, realizando el giro a la cuenta acreditada por el afiliado al banco determinado y \u00e9ste, a su vez, es quien, directamente, autoriza o solicita documentaci\u00f3n adicional para que otra persona distinta al pensionado pueda reclamar las mesadas pensionales. <\/p>\n
Sostuvo que la accionante cuenta con otros mecanismos judiciales para obtener lo pretendido; adem\u00e1s, no ha demostrado la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo cual se torna improcedente la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
3. El Procurador 169 Judicial II de Familia emiti\u00f3 concepto manifestando que en el asunto se encuentran involucrados no s\u00f3lo derechos de car\u00e1cter patrimonial sino fundamentales como lo son el m\u00ednimo vital, la vida digna, y el debido proceso, este \u00faltimo desconocido, en virtud de la decisi\u00f3n cuestionada, pues la misma no se ajusta al principio de legalidad, ya que \u201cdesecha la aplicaci\u00f3n de una norma art, 55 de la referida ley 1996 de 2019, la cual debe acoger a\u00fan de oficio\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, consider\u00f3, se debe ordenar a la falladora cognoscente proceder, nuevamente, a emitir una decisi\u00f3n ajustada a la norma aplicable. <\/p>\n
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2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo incoado, tras argumentar que, si bien, en principio, el art\u00edculo 55 de la Ley 1996 de 2019, sustenta jur\u00eddicamente la determinaci\u00f3n adoptada por el juzgado accionado al interrumpir el tr\u00e1mite de interdicci\u00f3n iniciado a favor de la agenciada, esa \u201csuspensi\u00f3n\u201d no impide la adopci\u00f3n de \u201capoyos transitorios previstos en la legislaci\u00f3n\u201d, atendiendo las condiciones en las cuales se encuentra la agenciada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en lo dispuesto por esta Sala en sentencia STC3720-2020, en la cual se precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(…) a pesar de que -ope legis- se prohibi\u00f3 la continuidad de los asuntos de \u00abinterdicci\u00f3n\u00bb que hab\u00edan iniciado antes de la Ley 1996 de 2019 y a su entrada en vigor no hab\u00edan finalizado (art. 55), lo cierto es que los funcionarios cognoscentes conservan competencia para reanudarlos con el fin de decretar medidas cautelares \u2013 nominadas e innominadas \u2013 cuando adviertan la necesidad de resguardar los intereses de la \u00abpersona con discapacidad\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso dejar sin efecto la providencia criticada, ordenando al estrado querellado emitir una nueva decisi\u00f3n, conforme a lo dispuesto en ese fallo y, a Colpensiones incluir en la n\u00f3mina de pensionados a Martha Cecilia Rond\u00f3n Varela. <\/p>\n
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3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La Administradora de Pensiones -Colpensiones- la promovi\u00f3, insistiendo en los argumentos expuestos en la contestaci\u00f3n. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, de acceder a las pretensiones de la accionante se estar\u00eda invadiendo la \u00f3rbita del juez ordinario, excediendo las competencias del juez constitucional, por cuanto no se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que torne procedente la protecci\u00f3n de los derechos reclamados. <\/p>\n
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2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La tutelante cuestiona la providencia de 10 de noviembre de 2020, proferida por el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1, mediante la cual resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n de 6 de octubre siguiente, manteniendo la suspensi\u00f3n del proceso de interdicci\u00f3n iniciado en favor de la agenciada, Martha Cecilia Rond\u00f3n Varela; empero, sin designarla como \u201capoyo transitorio\u201d de \u00e9sta. <\/p>\n
2. Es del caso se\u00f1alar que la Ley 1996 de 2019, se inspir\u00f3 en la Convenci\u00f3n Interamericana para la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra las Personas con Discapacidad2, aprobada mediante la Ley 762 de 2002, y la cual tiene por objeto establecer medidas espec\u00edficas para la garant\u00eda del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma. <\/p>\n
El art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1996 de 2019, exige una interpretaci\u00f3n acorde con los instrumentos internacionales aprobados por Colombia. En este contexto es pertinente se\u00f1alar que la Convenci\u00f3n Interamericana para la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra las Personas con Discapacidad, establece: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo I. 1. Discapacidad. El t\u00e9rmino \u2018discapacidad\u2019 significa una deficiencia f\u00edsica, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o m\u00e1s actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno econ\u00f3mico y social (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asimismo, el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de la ONU en su Observaci\u00f3n General No. 5, relativa a los derechos de las personas con discapacidad, impone el deber de proteger y promover dichas prerrogativas a trav\u00e9s de \u201c(\u2026) programas y leyes generales (\u2026) [y] normatividades de finalidad espec\u00edfica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Un deber para los Estados partes del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales -PIDESC-, incorporado en nuestro ordenamiento mediante la Ley 74 de 1968, es lograr la materializaci\u00f3n de las garant\u00edas de toda la poblaci\u00f3n y, por supuesto, de quienes est\u00e1n en condici\u00f3n de discapacidad, para lo cual es necesario impulsar acciones afirmativas tendientes a eliminar las barreras estructurales para aqu\u00e9llos y procurar el efectivo ejercicio de sus derechos sociales, econ\u00f3micos y culturales. <\/p>\n
El Protocolo de San Salvador, ratificado por Colombia mediante la Ley 319 de 1996, tambi\u00e9n consagra distintos compromisos a seguir con el fin de permitir que las personas en circunstancias de discapacidad \u201c(\u2026) alcan[cen] el m\u00e1ximo desarrollo de su personalidad (\u2026)\u201d mediante los programas que se requieran. <\/p>\n
Aunado a lo expuesto, la Corte Constitucional ha estimado que las obligaciones de Colombia para con las personas con diminuci\u00f3n en sus capacidades no se originan s\u00f3lo en los tratados y convenios suscritos, <\/p>\n
\u201c(\u2026) sino en general de las manifestaciones de voluntad de la comunidad internacional con respecto del reconocimiento de sus derechos humanos y de su dignidad humana, principios que adem\u00e1s de regir el orden p\u00fablico internacional, son pilares fundamentales de la constitucionalidad colombiana (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es pertinente destacar que dicha normativa \u2013Ley 1996 de 2019- se rige por los principios, de dignidad, autonom\u00eda, primac\u00eda de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jur\u00eddico, no discriminaci\u00f3n, accesibilidad, igualdad de oportunidades y celeridad, encaminados a garantizar la efectiva realizaci\u00f3n del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad. <\/p>\n
En l\u00edneas generales, el enunciado cuerpo normativo, de conformidad con el art\u00edculo 6\u00b0, contempla la presunci\u00f3n de que todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinci\u00f3n alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos, eliminando as\u00ed la interdicci\u00f3n, debi\u00e9ndose entender como \u201capoyos\u201d, seg\u00fan el canon 3\u00b0, como aquellos tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. <\/p>\n
La referida ley, consta, adem\u00e1s, de nueve cap\u00edtulos, los cuales est\u00e1n divididos as\u00ed: I) disposiciones generales; II) mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos; III) acuerdos de apoyo para la celebraci\u00f3n de actos jur\u00eddicos; IV) directivas anticipadas; V) adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos; VI) personas de apoyo; VII) actos jur\u00eddicos sujetos a registro; VIII) r\u00e9gimen de transici\u00f3n y IX) derogatorias, modificaciones y disposiciones finales. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Examinadas las disposiciones del tratado internacional aprobado mediante la Ley 1346 de 2009, estima la Corte, en primer lugar y de manera general, que todas ellas resultan adecuadas y razonables dentro de un instrumento de esta naturaleza, y son conducentes a su adecuada ejecuci\u00f3n y cumplimiento\u201d. <\/p>\n
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\u201cAhora bien, teniendo en cuenta que en el presente caso se ha establecido, no s\u00f3lo la plena conformidad entre los objetivos cuyo logro persigue esta Convenci\u00f3n y la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, sino incluso la posibilidad de que a partir de la suscripci\u00f3n de este tratado y la ejecuci\u00f3n de sus compromisos se potencie la capacidad del Estado y de la sociedad colombiana para llevar a la pr\u00e1ctica objetivos constitucionales tan importantes como la igualdad real y efectiva entre las personas y la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de aquellas que padecen una discapacidad, resulta v\u00e1lido entender, tambi\u00e9n por esta raz\u00f3n, que el referido clausulado es igualmente exequible\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el caso de la Convenci\u00f3n objeto de revisi\u00f3n debe anotarse que su car\u00e1cter de acci\u00f3n afirmativa es un factor altamente determinante de la exequibilidad de sus disposiciones. Sin embargo, esta circunstancia plantea tambi\u00e9n la necesidad de verificar la razonabilidad de sus medidas, pues no resultar\u00eda constitucionalmente admisible que a partir de ellas se diera lugar a situaciones esencialmente discriminatorias en contra de personas no discapacitadas, ni que en su implementaci\u00f3n se generaran costos excesivos o desproporcionados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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\u201c(\u2026) De otra parte, debe precisarse que si bien algunas de las disposiciones de la Convenci\u00f3n pueden excepcionalmente requerir para su total cumplimiento de la expedici\u00f3n de normas (leyes o actos administrativos seg\u00fan el caso), o de la adopci\u00f3n de otras medidas, la generalidad de tales estipulaciones son ejecutables a partir de la fecha en que el Estado colombiano manifieste su consentimiento frente a los dem\u00e1s signatarios a trav\u00e9s de los cauces establecidos para tal fin en la misma Convenci\u00f3n. En esta medida, resulta posible que la sola vigencia de este tratado implique avances en el nivel de realizaci\u00f3n efectiva de los derechos que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reconoce a las personas discapacitadas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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\u201c(\u2026) Agotado el an\u00e1lisis del instrumento aprobado mediante Ley 1346 de 2009, tanto en su aspecto formal como material, considera la Corte que aqu\u00e9l se ajusta a los preceptos constitucionales\u201d. <\/p>\n
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\u201cEllo es as\u00ed por cuanto, de una parte, se han cumplido los requisitos procedimentales exigidos por la Constituci\u00f3n y la ley para integrar el ordenamiento jur\u00eddico interno. Y de otra, los objetivos y el contenido de la Convenci\u00f3n sometida a control constitucional, que como qued\u00f3 dicho, busca la promoci\u00f3n y efectiva protecci\u00f3n de los derechos de las personas y ciudadanos afectados por alg\u00fan tipo de discapacidad, se avienen sin dificultades al contenido del texto constitucional, y m\u00e1s all\u00e1 de ello, constituyen una oportunidad para el mejor cumplimiento de varios preceptos superiores (\u2026)4\u201d. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto el gobierno expidi\u00f3 la enunciada Ley 1996 de 2019, que seg\u00fan el art\u00edculo 52 empez\u00f3 a regir a partir de su promulgaci\u00f3n, es decir el 26 de agosto de 2019, con excepci\u00f3n de \u201caquellos art\u00edculos que establezcan un plazo para su implementaci\u00f3n y los art\u00edculos contenidos en el Cap\u00edtulo V de la presente ley, los cuales entrar\u00e1n en vigencia veinticuatro (24) meses despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n de la presente ley\u201d. <\/p>\n
3. Revisados los antecedentes del sublite, se advierte que le asiste raz\u00f3n al a quo constitucional al se\u00f1alar que, en lo atinente al proceso que origin\u00f3 el motivo de la queja, se observa una actual vulneraci\u00f3n, por cuanto, si bien la funcionaria convocada actu\u00f3 de la manera comentada ejerciendo las disposiciones de la Ley 1996 de 2019, la falladora excluy\u00f3 la posibilidad de reanudar el decurso, de conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 55 ib\u00eddem5. <\/p>\n
Mem\u00f3rese lo expuesto por el estrado encausado, el 10 de noviembre de 2020, al desatar el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n de 6 de octubre del mismo a\u00f1o, planteado en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]nalizados los argumentos en que se fundamenta el recurso interpuesto, el que se encuentra presentado dentro del t\u00e9rmino legal, se advierte por parte del Juzgado, que no le asiste raz\u00f3n al recurrente frente a los motivos en que funda su inconformidad, toda vez que teniendo en cuenta los \u00faltimos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, contin\u00faa vigente la suspensi\u00f3n de los procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n en curso, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 55 de la Ley 1996 de 2019, debi\u00e9ndose por parte de los interesados iniciar el respectivo proceso de rehabilitaci\u00f3n de las personas sometidas a interdicci\u00f3n o de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 y 38 de la Ley 1996 de 2019\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora bien, frente a la postura del inconforme, con relaci\u00f3n al nuevo proceso a continuarse ante el mismo Despacho y en el mismo proceso, por estar conexo con la interdicci\u00f3n, o en un proceso independiente sometido a reparto, como profesional del derecho, no le compete al Juzgado de instancia en sus providencias, proceder a explicar los procedimientos a seguirse en la presentaci\u00f3n de un nuevo proceso, o el respectivo tr\u00e1mite a seguirse, debiendo estarse a las acciones establecidas en las leyes vigentes, que para el caso prev\u00e9 que la ley 1996 de 2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ciertamente, el canon 53 proh\u00edbe de manera tajante la iniciaci\u00f3n de procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n o solicitar que en dichos tr\u00e1mites se dicte sentencia; empero, en virtud de art\u00edculo 55 ej\u00fasdem, los juicios de tal naturaleza que se hubieren iniciado con anterioridad a la promulgaci\u00f3n de la referida ley, deber\u00e1n ser suspendidos inmediatamente por el juez de conocimiento. <\/p>\n
Sin embargo, de manera excepcional, el funcionario encargado tiene la competencia para decretar el levantamiento de la suspensi\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos de la persona con discapacidad, tal como lo regla el precepto 55 ibidem. <\/p>\n
Frente al primero, es importante anotar que a\u00fan no se encuentra vigente, pues ello ocurrir\u00e1 a partir del a\u00f1o 2021 y, para el designio de tal apoyo, deber\u00e1 contarse con la decisi\u00f3n judicial respectiva, previo agotamiento del procedimiento correspondiente. Diferente, entonces, al segundo mecanismo, el cual es excepcional y est\u00e1 previsto, de manera anticipada, para sujetos absolutamente imposibilitados para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio (subraya propia). <\/p>\n
4. Atendiendo a la situaci\u00f3n de salud padecida por Martha Cecilia Rond\u00f3n Varela, corroborada con la \u201chistoria cl\u00ednica\u201d adosada al plenario, quien fue diagnosticada con \u201cs\u00edndrome demencial\u201d y, su necesidad de recibir la pensi\u00f3n de invalidez reconocida mediante Resoluci\u00f3n SUB285999 del 11 de diciembre de 2017, se resalta la importancia de abrir paso al amparo deprecado. <\/p>\n
5. Para la Corte, en el presente asunto, est\u00e1 acreditada la situaci\u00f3n de debilidad manifiesta de la agenciada, atendiendo a su edad (63 a\u00f1os) y a su discapacidad, siendo un sujeto de especial resguardo y, por ese s\u00f3lo hecho, merece un tratamiento especial en pro de salvaguardar sus intereses. <\/p>\n
El Comit\u00e9 para la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer, efectu\u00f3 en 2010 la \u201cRecomendaci\u00f3n General N\u00ba 27 sobre la protecci\u00f3n de las mujeres mayores y de sus derechos humanos\u201d6. <\/p>\n
En el \u00e1mbito interamericano, el 15 de junio de 2015 se adopt\u00f3 la \u201cConvenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores\u201d, la cual, aun cuando todav\u00eda se encuentra en proceso de ratificaci\u00f3n por el Congreso de la Rep\u00fablica, constituye un instrumento de vital relevancia por su aporte conceptual al tema, pues muestra los derroteros a seguir para desarrollar leyes y pol\u00edticas favorables a esta poblaci\u00f3n. <\/p>\n
El canon 6 de la citada preceptiva reza: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los Estados Parte adoptar\u00e1n todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus d\u00edas, en igualdad de condiciones con otros sectores de la poblaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cLos Estados Parte tomar\u00e1n medidas para que las instituciones p\u00fablicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones f\u00fatiles e in\u00fatiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 17 establece la obligaci\u00f3n de promover \u201c(\u2026) progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a trav\u00e9s de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protecci\u00f3n social (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Finalmente, la regla 31 refiere la obligatoriedad de \u201c(\u2026) asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s, incluso mediante la adopci\u00f3n de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas (\u2026)\u201d, para lo cual, han de \u201c(\u2026) garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitaci\u00f3n, resoluci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de las decisiones en procesos administrativos y judiciales (\u2026)\u201d y, adem\u00e1s, \u201c(\u2026) [l]a actuaci\u00f3n judicial deber\u00e1 ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6. Por otra parte, esta Sala en recientes pronunciamientos respecto a la Ley 1996 de 2019 y su aplicaci\u00f3n, ha expuesto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En ese orden, a pesar de que – ope legis – se prohibi\u00f3 la continuidad de los asuntos de \u00abinterdicci\u00f3n\u00bb que hab\u00edan iniciado antes de la Ley 1996 de 2019 y a su entrada en vigor no hab\u00edan finalizado (art. 55), lo cierto es que los funcionarios cognoscentes conservan competencia para reanudarlos con el fin de decretar medidas cautelares \u2013 nominadas e innominadas \u2013 cuando adviertan la necesidad de resguardar los intereses de la \u00abpersona con discapacidad\u00bb, lo que armoniza con lo dispuesto en el literal f) del numeral 5\u00b0, art\u00edculo 598 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual, \u00aben los asuntos de familia, [el juez] podr\u00e1 actuar de oficio en la adopci\u00f3n de las medidas personales de protecci\u00f3n que requiera (\u2026) el discapacitado mental\u201d(subrayas originales). <\/p>\n
\u201cEsa labor impone que tanto las personas cercanas al entorno del \u00abdiscapacitado\u00bb como el iudex que asumi\u00f3 la \u00abinterdicci\u00f3n\u00bb sean proactivos y flexibles a la hora de determinar las directrices de salvaguardia cuando sea indispensable y conveniente levantar la \u00absuspensi\u00f3n del proceso\u00bb, ya que a la luz del numeral 5\u00b0 del precepto 4\u00b0 ej\u00fasdem en \u00abtodas las actuaciones, se identificar\u00e1n y eliminar\u00e1n aquellos obst\u00e1culos y barreras que imposibiliten o dificulten el acceso a uno o varios de los servicios y derechos consagrados en la presente ley\u00bb (accesibilidad) (\u2026)\u201d.7 <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, debe convalidarse la orden dictada por el tribunal, pues es necesario que la falladora denunciada revise, de nuevo, lo relativo al \u201capoyo transitorio\u201d deprecado por la tutelante, en representaci\u00f3n de su hermana, a fin de lograr la materializaci\u00f3n de los derechos pensionales de \u00e9sta y con ello sus dem\u00e1s prerrogativas sustanciales. Se insiste, nada le impide, c\u00f3mo se\u00f1ala el precedente otrora transcrito, decretar medidas cautelares \u2013nominadas e innominadas\u2013, cuando, como ahora, se \u201c(\u2026) advierta la necesidad de resguardar los intereses de la \u00abpersona con discapacidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, ninguna vocaci\u00f3n de \u00e9xito tiene la impugnaci\u00f3n incoada por Colpensiones, pues la solicitante expuso, en detalle, las circunstancias de vulnerabilidad que atraviesan ella y su prohijada, en la actualidad, por cuenta de la situaci\u00f3n de salud de su hermana y la carencia de medios econ\u00f3micos para satisfacer sus necesidades, negaci\u00f3n indefinida que adem\u00e1s de no ser controvertida por dicha entidad, se presume veraz, dada la formulaci\u00f3n del libelo tutelar bajo juramento. <\/p>\n
8. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19699, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
8.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
8.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
9. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb15, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb16; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 ART\u00cdCULO 55. PROCESOS DE INTERDICCI\u00d3N O INHABILITACI\u00d3N EN CURSO. Aquellos procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgaci\u00f3n de la presente ley deber\u00e1n ser suspendidos de forma inmediata. El juez podr\u00e1 decretar, de manera excepcional, el levantamiento de la suspensi\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad. <\/p>\n
2 suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
3 Corte Constitucional. Sentencia T-884 de 2006 <\/p>\n
4Sentencia C-293\/10, expediente LAT 352. M.P. NILSON PINILLA PINILLA. <\/p>\n
5 \u201cART\u00cdCULO 55. PROCESOS DE INTERDICCI\u00d3N O INHABILITACI\u00d3N EN CURSO. Aquellos procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgaci\u00f3n de la presente ley deber\u00e1n ser suspendidos de forma inmediata. El juez podr\u00e1 decretar, de manera excepcional, el levantamiento de la suspensi\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u201d. <\/p>\n
6 \u201cGeneral recommendation N\u00ba 27 on older women and protection of their human rights\u201d (CEDAW\/C\/2010\/47\/GC.1). <\/p>\n
7 STC3720-2020. Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2020-00019-01 de 11 de junio de 2020. <\/p>\n
8 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
9 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
10 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
11 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
15 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
16 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC158-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC158-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2020-00607-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto de la sentencia de 20 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53095","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53095","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53095"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53095\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53095"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53095"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53095"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}