STC159-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
STC159-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2020-00340-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 20 de noviembre de 2020, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Silvia Yagari Tamaniza frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo hipotecario\u201d adelantado por Bancolombia S.A. contra Alex\u00e1nder Mora Y\u00e9pez. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante exige la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso e igualdad, presuntamente transgredidos por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
Bancolombia S.A. inici\u00f3 libelo \u201cejecutivo hipotecario\u201d contra Alex\u00e1nder Mora Y\u00e9pez, con el objeto de cobrar la suma contenida en un pagar\u00e9 por $100\u2019000.000, respaldada en el gravamen constituido en la escritura p\u00fablica \u201cN\u00b0 1382 de 23 de marzo de 2011\u201d de la Notar\u00eda Treinta y Siete del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, sobre la propiedad identificada con matr\u00edcula inmobiliaria \u201cN\u00b0 176-38782\u201d, ubicada en la \u201cCalle 13 # 7-57 del municipio de Tocancip\u00e1\u201d1. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 20 de marzo de 2013, la juez acusada libr\u00f3 mandamiento de pago y, asimismo, orden\u00f3 el \u201cembargo\u201d del predio referido2. <\/p>\n
En auto de 17 de octubre de 2013, la funcionaria enjuiciada dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n3. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1 remiti\u00f3 a la autoridad encausada, los \u201cOficios N\u00b0 2108 de 13 de diciembre de 2013 y N\u00b0 356 de 10 de marzo de 2015\u201d, mediante los cuales le comunic\u00f3 de la medida cautelar decretada en dos (2) juicios compulsivos con radicados N\u00b0 2013-392 y N\u00b0 2015-0049 promovidos por Mar\u00eda Silvia Yagari Tamaniza, aqu\u00ed promotora, en calidad de cesionaria, frente al ejecutado Alex\u00e1nder Mora, consistente en el \u201cembargo\u201d de los remanentes y\/o bienes que llegaren a desembargarse en ese asunto4. <\/p>\n
En veredictos de 3 de abril de 2014 y 13 de mayo de 2015, el despacho accionado resolvi\u00f3 \u201c(\u2026) tener en cuenta (\u2026)\u201d las cautelas referidas en ese tr\u00e1mite, de conformidad con el art\u00edculo 543 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado por el canon 64 de la Ley 795 de 20035. <\/p>\n
Posteriormente, la juez del circuito convocada orden\u00f3 el \u201csecuestro\u201d del fundo cautelado, comisionando, para tal fin, al Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1, quien el 22 de noviembre de 2013, adelant\u00f3 la diligencia6. <\/p>\n
Agotadas las etapas de rigor, el 21 de enero de 2019, la c\u00e9lula atacada efectu\u00f3 el remate del bien, adjudicando el mismo al mejor postor y, en prove\u00eddo de 6 de mayo de 2019, aprob\u00f3 la almoneda7. <\/p>\n
El 6 de marzo de 2020, la servidora censurada requiri\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1 para que allegara la liquidaci\u00f3n definitiva \u201c(\u2026) en firme, debidamente especificada (\u2026)\u201d, del cr\u00e9dito y las respectivas costas cobradas a Alex\u00e1nder Mora, tambi\u00e9n all\u00ed demandado, dentro del ejecutivo de alimentos con radicado N\u00b0 2017-00868. <\/p>\n
Manifiesta la aqu\u00ed gestora, ambiguamente, que el juzgado querellado \u201c(\u2026) no ha resuelto la petici\u00f3n de remisi\u00f3n de los remanentes que de forma anticipada (\u2026)\u201d radic\u00f3, para obtener el pago, en su favor, de lo adeudado por Alex\u00e1nder Mora en los dos (2) juicios ejecutivos singulares, tramitados en el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e19. <\/p>\n
Aduce que es \u201c(\u2026) madre cabeza de familiar, t[iene] a [su] cargo dos hijas [y] actualmente [se] encuentr[a] desempleada (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
Sostiene que \u201c(\u2026) lo m\u00e1s reciente por el juzgado demandado (\u2026) [data del] 14 de julio de 2020 (\u2026)\u201d, inform\u00e1ndole, mediante correo electr\u00f3nico, que en el asunto debatido \u201c(\u2026) se espera respuesta del Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1, proceso 2017-086 a fin de continuar el tr\u00e1mite pertinente (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
Expresa que las actuaciones de la togada accionada vulneran sus derechos fundamentales, pues, en su sentir, aqu\u00e9lla debe dar prelaci\u00f3n a su acreencia, atendiendo \u201c(\u2026) al principio legal y universal, quien es primero en el tiempo es primero en el derecho (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
3. Pide, por tanto, ordenar a la funcionaria fustigada que, \u201cde forma inmediata\u201d, resuelva sobre el \u201cembargo\u201d de remanentes a favor de los compulsivos \u201c(\u2026) con radicados N\u00b0 2013-392 y N\u00b0 2015-0049 (\u2026)\u201d, por ella impulsados13. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado y vinculados. <\/p>\n
1. La autoridad enjuiciada sostuvo que, en el asunto aqu\u00ed debatido, ha tenido en cuenta \u201c(\u2026) varios embargos de remanentes, en total once (\u2026)\u201d, incluidos los compulsivos adelantados por la promotora contra Alex\u00e1nder Mora Y\u00e9pez, identificados con radicados N\u00b0 2013-0392 y N\u00b0 2015-049, los cuales \u201c(\u2026) se encuentran en su orden, en los turnos segundo y noveno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que el ejecutivo hipotecario a su cargo a\u00fan no ha terminado, pues, <\/p>\n
\u201c(\u2026) se encuentra a la fecha, pendiente de obtener respuesta del Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1, (\u2026) de la remisi\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de costas dentro del proceso ejecutivo de alimentos que all\u00ed cursa bajo el radicado N\u00b0 2017-086, cuyo embargo es concurrente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 465 del C.G.P., ello a fin de proceder a la graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y repartir los dineros recaudados, luego, en caso de que el proceso termine, se proceder\u00e1 a trasladar lo sobrante a los distintos procesos, en el orden estricto en que se han recibido las noticias de remanente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Igualmente, precis\u00f3, que el despacho municipal solo envi\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas y, por tal motivo, procedi\u00f3 a requerirlo para que allegara la totalidad de lo pedido. En consecuencia, solicit\u00f3 despachar desfavorablemente las s\u00faplicas del ruego, por cuanto no ha vulnerado las prerrogativas de la inicialista, adem\u00e1s, \u201c(\u2026) existe un cr\u00e9dito privilegiado que debe ser atendido antes de los embargos de remanentes (\u2026)\u201d aqu\u00ed discutidos por la tutelante14. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1 se pronunci\u00f3 frente a los hechos expuestos por la libelista y arguy\u00f3 que la juez encausada le solicit\u00f3 \u201c(\u2026) la liquidaci\u00f3n en firme dentro del proceso ejecutivo de alimentos 2017-00086 (\u2026)\u201d; no obstante, asegur\u00f3, sus instalaciones fueron cerradas por un brote de COVID-19 desde el 10 de agosto y hasta el 31 de agosto de 2020. <\/p>\n
Por lo anterior, expuso, s\u00f3lo hasta el 26 de octubre de 2020, pudo modificar la actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito radicada por la demandante Flor Emilse Forero Camargo, en representaci\u00f3n de su menor hija, en el radicado N\u00b0 2017-00086, remitiendo dicha operaci\u00f3n matem\u00e1tica en \u201cOficio N\u00b0 2034 de 10 de noviembre de 2020\u201d, al juzgado del circuito censurado para lo de su competencia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en esa contienda, al comunicarle al despacho convocado del \u201cembargo\u201d de remanentes, \u201c(\u2026) cit[\u00f3] el art\u00edculo 134 de la Ley 1098 de 2006, [el cual] consagra que los cr\u00e9ditos por alimentos a favor de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes gozan de prelaci\u00f3n sobre todos los dem\u00e1s (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, asever\u00f3 que, en esa judicatura, tambi\u00e9n \u201c(\u2026) cursa m\u00e1s de un proceso (\u2026)\u201d contra el mismo ejecutado Alexander Mora Y\u00e9pez, en cada uno de ellos, ha ordenado el \u201cembargo\u201d de remanentes, lo cual obra en el decurso hipotecario aqu\u00ed cuestionado15. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
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2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio, tras advertir que la funcionaria enjuiciada no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental de la petente porque \u201c(\u2026) ha tramitado el embargo de remanentes decretado dentro de los procesos con radicado No. 2013-392 y 2015-0049, donde la actora es cesionaria del cr\u00e9dito (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aunado, reliev\u00f3 que la autoridad enjuiciada requiri\u00f3 al juzgado municipal de Tocancip\u00e1 <\/p>\n
\u201c(\u2026) para que allegara la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y costas dentro del proceso ejecutivo de alimentos con radicado No. 2017-0086 a fin dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 465 del C.G.P., para proceder a la graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y repartir los dineros recaudados, tal como lo explica en su respuesta al presente reclamo constitucional, por lo que a las resultas de tal petici\u00f3n deber\u00e1 estarse la accionante a fin de hacer efectivo el embargo de remanentes decretado en los procesos con radicado No. 2013-392 y 2015-0049 (\u2026)\u201d16. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la suplicante, sin exponer los argumentos de su inconformismo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La petente censura la actuaci\u00f3n de la juez del circuito convocada, pues, seg\u00fan su afirmaci\u00f3n, ha menoscabado sus garant\u00edas superiores al no adelantar las gestiones para lograr el pago de sus acreencias, cobradas en los compulsivos adelantados contra Alex\u00e1nder Mora Y\u00e9pez, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancip\u00e1, aun cuando existe una \u201corden de embargo de remanentes\u201d, en cada uno, desde los a\u00f1os 2013 y 2015, a su favor, ambas comunicadas en el hipotecario aqu\u00ed censurado. <\/p>\n
2. Examinado el sublite cuestionado, se vislumbra, como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, el fracaso de la salvaguarda reclamada, por ausencia de arbitrariedad en la actividad de la falladora denunciada. <\/p>\n
En efecto, se resalta, la servidora encargada, una vez efectu\u00f3 la almoneda de la heredad identificada con matr\u00edcula inmobiliaria \u201cN\u00b0 176-38782\u201d ubicada en la \u201cCalle 13 # 7-57 del municipio de Tocancip\u00e1\u201d, de propiedad del demandado, requiri\u00f3 al juzgado municipal para que allegara la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y las respectivas costas cobradas a Alex\u00e1nder Mora Y\u00e9pez en el juicio ejecutivo de alimentos con radicado N\u00b0 2017-0086, promovido por Flor Emilse Forero Camargo, en representaci\u00f3n de su menor hija, el cual, tambi\u00e9n posee una medida cautelar de \u201cembargo de remanentes\u201d debidamente notificada. <\/p>\n
Valga aclarar, la actuaci\u00f3n descrita, desplegada por la sede judicial querellada, no entra\u00f1a una irregularidad superlativa que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo antelado, porque la funcionaria convocada resolvi\u00f3 actuar de la manera comentada, en aplicaci\u00f3n del car\u00e1cter prevalente de los derechos de la descendiente menor de edad e, igualmente, reconociendo la naturaleza de la obligaci\u00f3n cobrada por conducto de su progenitora Flor Emilse Forero, cuyos intereses ostentan una protecci\u00f3n superlativa en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como a continuaci\u00f3n pasa a explicarse. <\/p>\n
2.1. Dentro del juicio alimentario, el juez de Tocancip\u00e1 le comunic\u00f3 al estrado judicial reprochado el \u201cembargo de remanentes\u201d al interior del decurso hipotecario debatido, ello, a trav\u00e9s del prove\u00eddo de 30 de marzo de 2017 y el \u201coficio N\u00b0 0669\u201d; por tanto, la togada accionada conoc\u00eda ampliamente la existencia del coercitivo de alimentos frente al demandado Alexander Mora Y\u00e9pez; luego, aqu\u00e9lla no pod\u00eda desconocer la obligaci\u00f3n preferencial en beneficio de la infante. <\/p>\n
Ahora, contrario a lo expuesto por la tutelante, ning\u00fan efecto negativo tiene el hecho de haberse efectuado el enteramiento a la funcionaria cuestionada, de la medida referida, ordenada en el pleito de alimentos, a\u00f1os despu\u00e9s de la inclusi\u00f3n de su acreencia ejecutiva singular, por cuanto el deber de la juzgadora es satisfacer, principalmente, las necesidades de la alimentaria, por ser sujeto de especial protecci\u00f3n, tal como lo dispone el art\u00edculo 134 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, pues \u201clos cr\u00e9ditos por alimentos a favor de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes gozan de prelaci\u00f3n sobre todos los dem\u00e1s\u201d. <\/p>\n
3. Esta Sala en reiterados pronunciamientos17, ha estudiado la distinci\u00f3n entre prelaci\u00f3n de embargos y de cr\u00e9ditos, al decidir un caso de similares contornos, en coherencia con los planteamientos de la Sentencia C-664 de 200618, donde se delimitaron, como rasgos diferenciadores de tales fen\u00f3menos jur\u00eddicos, los siguientes: <\/p>\n
\u201cLa prevalencia de embargos es una figura de car\u00e1cter procesal a ser aplicada por el registrador, que se materializa en el registro de instrumentos p\u00fablicos y atiende la finalidad propia de las medidas cautelares: garantizar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n debida y evitar la insolvencia del deudor. En el registro el principio es el de la prevalencia de los embargos, en consideraci\u00f3n a la jerarqu\u00eda de las acciones en que se originen, y la excepci\u00f3n es la concurrencia de embargos, lo que se refleja en la decisi\u00f3n del legislador de garantizar que s\u00f3lo exista un embargo en el folio \u00fanico de matr\u00edcula inmobiliaria. Por su parte, la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos es de car\u00e1cter sustancial, que consiste en una graduaci\u00f3n de los mismos efectuada por el legislador, que corresponde al juez aplicarla en los procesos judiciales y cuya finalidad es cumplir con el pago efectivo de las obligaciones a cargo del deudor, en el orden de preferencia establecido, de tal suerte que si obligaciones pecuniarias del deudor frente a diferentes acreedores no pueden ser cumplidas con los bienes existentes, se pagar\u00e1n hasta donde sea posible y de acuerdo con el orden fijado por la ley\u00bb(\u2026)19. <\/p>\n
En punto del orden de pagos, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil, adicionado por el art\u00edculo 134 del Decreto 2737 de 1989, estim\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La \u00abprenda general de los acreedores\u00bb est\u00e1 constituida por todos los bienes del deudor, salvo los no embargables, de manera que todos los acreedores tienen derecho a exigir la ejecuci\u00f3n forzada de la obligaci\u00f3n. El art\u00edculo 2488 del C\u00f3digo Civil consagra este derecho as\u00ed: \u00abToda obligaci\u00f3n personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecuci\u00f3n sobre todos los bienes ra\u00edces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptu\u00e1ndose solamente los no embargables designados en el art\u00edculo 1677.\u00bb As\u00ed, el art\u00edculo 2492 del C\u00f3digo Civil establece: \u00ablos acreedores, con las excepciones indicadas en el art\u00edculo 1677 (bienes inembargables), podr\u00e1n exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de sus cr\u00e9ditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga \u00edntegramente, si fueren suficientes los bienes, y en caso de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir ciertos cr\u00e9ditos, seg\u00fan la clasificaci\u00f3n que se sigue.\u00bb <\/p>\n
Con tal fin, el legislador prev\u00e9 un sistema de preferencias, dependiendo de la calidad del cr\u00e9dito. La prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos es pues, el conjunto de reglas que determinan el orden y la forma en que debe pagarse cada uno de ellos. Se trata entonces de una instituci\u00f3n que rompe el principio de igualdad jur\u00eddica de los acreedores, de modo que debe ser interpretada restrictivamente, ya que no hay lugar a decretar preferencias por analog\u00eda; s\u00f3lo existen aquellas expresamente contempladas en la ley (\u2026)\u201d20 <\/p>\n
La distinci\u00f3n que se viene comentando no resulta de poca monta, pues ella guiar\u00e1 el proceder del juez en cada caso. N\u00f3tese, ante el concurso de embargos en coercitivos de diferente jurisdicci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) a pesar de que, conforme la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, los de orden fiscal y los cr\u00e9ditos laboral [y las deudas alimentarias] tienen prelaci\u00f3n para el pago (\u2026) se dispuso que el embargo practicado primeramente por el juez civil quedaba en firme, pero el embargo decretado en el proceso ejecutivo [por alimentos] se acumular\u00eda al proceso ejecutivo civil [con garant\u00eda real], conforme a las siguientes reglas: 1) el auto que decrete el embargo de los bienes dentro del proceso [alimentario] se comunicar\u00e1 por oficio notificatorio al juez que conoce del proceso civil [hipotecario] donde se encuentran embargados los bienes (\u2026)\u201d21. (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Cumplido lo anterior, el juzgador civil: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]delantar\u00e1 [el compulsivo] en todas sus partes hasta el remate; este se llevar\u00e1 a cabo y se har\u00e1n las liquidaciones de los cr\u00e9ditos y de las costas a que hubiere lugar dentro del proceso ejecutivo civil, a fin de que la tramitaci\u00f3n del proceso civil quede lista para entregar el producto del remate a los ejecutantes, o para entregar a los acreedores los dineros embargados o que consign\u00f3 el deudor para pagar los cr\u00e9ditos que se persiguen ejecutivamente (\u2026)\u201d22. <\/p>\n
Agotadas tales fases, emerge la importancia del segundo evento, la jerarquizaci\u00f3n de las acreencias, porque en ese momento afloran los privilegios crediticios otorgados por el legislador, como lo acota Nelson R. Mora G.: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Luego que el juez civil reciba la liquidaci\u00f3n definitiva y en firme del cr\u00e9dito y las costas proferidas contra el ejecutado dentro del proceso ejecutivo [por alimentos] con base en esa liquidaci\u00f3n y mediante auto que dictar\u00e1 el juez del proceso ejecutivo civil, se proceder\u00e1 a hacer la distribuci\u00f3n entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelaci\u00f3n establecida en la ley sustancial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para efectos de la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, el juez aplicar\u00e1 las reglas consignadas en los arts. 2488 a 2511 del C.C. (\u2026)\u201d23. <\/p>\n
Concl\u00fayase de lo anterior, la autonom\u00eda de las dos situaciones jur\u00eddicas, prevalencia de embargos y de cr\u00e9ditos, porque mientras aqu\u00e9lla, la de cautelas, dado su car\u00e1cter netamente procesal, determina cu\u00e1l debe registrarse en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria para la preservaci\u00f3n del bien garant\u00eda de pago. <\/p>\n
La segunda, esto es, la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos es de raigambre sustancial, pauta la preferencia en el orden de los cr\u00e9ditos concurrentes al momento de distribuir los recursos obtenidos por el funcionario ejecutor por raz\u00f3n de su importancia constitucional, sustancial y vital; instituci\u00f3n ligada propiamente con los derechos fundamentales de la persona humana, con la naturaleza, clase e importancia de los cr\u00e9ditos, el car\u00e1cter vital o existencial, p\u00fablico o privado, etc, cual acontece con los alimentos. <\/p>\n
Es precisamente esta \u00faltima, la que enmarca la situaci\u00f3n aqu\u00ed auscultada, por cuanto se encontraba ante la venta forzada del bien cuyo producto estaba destinado a solventar las obligaciones a cargo del ejecutado. <\/p>\n
4. En lo tocante a la preferencia del pago de alimentos frente a las dem\u00e1s acreencias de primera clase, luego de subastado el predio, debe recordarse que, ante la imposibilidad de acumular ejecuciones de dis\u00edmiles especialidades, el funcionario judicial que conozca la ejecuci\u00f3n con garant\u00eda real deber\u00e1 proceder bajo los mandatos imperativos del art\u00edculo 2494 del C\u00f3digo Civil, satisfaciendo, primeramente, los cr\u00e9ditos privilegiados. <\/p>\n
A tal conclusi\u00f3n arrib\u00f3 la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 558 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba numeral 306 del Decreto 2282 de 1989: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El encabezado de este art\u00edculo [542 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil reproducido por el art. 465 del C.G.P.] no es el m\u00e1s afortunado, pues realmente no prev\u00e9 la coexistencia de manera simult\u00e1nea de embargos decretados en distintos procesos, sino que en estricto sentido establece una prelaci\u00f3n de pagos que debe ser aplicada por el juez del proceso civil en el cual se decret\u00f3 el embargo y se perfeccion\u00f3. Empero, a pesar de su denominaci\u00f3n equ\u00edvoca esta es la disposici\u00f3n mediante la cual se asegura el cumplimiento de los \u00f3rdenes establecidos C\u00f3digo Civil para la satisfacci\u00f3n de los cr\u00e9ditos, pues determina a cu\u00e1l acreedor debe pag\u00e1rsele en primer t\u00e9rmino del producto del remate de los bienes embargados, aun cuando subsista la medida cautelar decretada en el proceso ejecutivo con garant\u00eda real que se adelanta ante la jurisdicci\u00f3n civil (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Entonces, a pesar que nuestro ordenamiento procesal no permite la acumulaci\u00f3n de procesos ejecutivos adelantados por distintas jurisdicciones (Art. 541 num. 3), ni establece que los embargos dictados en los procesos ejecutivos que se adelanten para cobrar cr\u00e9ditos privilegiados tengan prelaci\u00f3n, los intereses de los acreedores privilegiados quedan a salvo mediante la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 542 del C. P. C., pues el juez que adelante el proceso ejecutivo para el cobro de un cr\u00e9ditos de esta naturaleza debe oficiar al juez del proceso ejecutivo con garant\u00eda real para que una vez se realice el remate en primer lugar se satisfaga con el producto de este los cr\u00e9ditos que gozan de preferencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) N\u00f3tese entonces que la regulaci\u00f3n del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en definitiva atiende al prop\u00f3sito de la satisfacci\u00f3n efectiva y r\u00e1pida de los acreedores y por ello precisamente privilegia las medidas cautelares que primero se practicaron, sin importar la naturaleza del proceso ejecutivo en el cual fueron decretados. Entonces, si primero se practican las medidas cautelares en el proceso ejecutivo con garant\u00eda real est\u00e1s tendr\u00e1n prelaci\u00f3n sobre las medidas ordenadas en procesos ejecutivos laborales y fiscales, mientras que de ocurrir lo contrario tendr\u00e1n prelaci\u00f3n las medidas cautelares dictadas en las dos \u00faltimas modalidades de procesos ejecutivos. No obstante, los intereses de los acreedores privilegiados quedan siempre a salvo y una vez producido el remate el pago de las deudas se har\u00e1 atendiendo el orden de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Queda, sin embargo, una \u00faltima cuesti\u00f3n por resolver pues el art\u00edculo 542 en comento cuando regula la satisfacci\u00f3n preferente de cr\u00e9ditos privilegiados con el producto del remate de los bienes embargados en el proceso ejecutivo con garant\u00eda real s\u00f3lo hace referencia a los cr\u00e9ditos laborales y a los adeudados al Fisco pero omite referirse a los embargos decretados en los procesos ejecutivos que se adelanten para satisfacer cr\u00e9ditos alimentarios debidos a un menor. Al respecto cabe se\u00f1alar que la doctrina y la jurisprudencia constitucional se han ocupado de la materia y ha entendido que esta disposici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable respecto de los embargos por cr\u00e9ditos privilegiados de alimentos. As\u00ed, en la sentencia T-57 de 2002 se sostuvo: De acuerdo con el contenido de los anteriores preceptos, la medida de embargo de un bien sujeto a registro decretada por el juez de familia en un proceso de alimentos de menores est\u00e1 regulada por lo dispuesto en el art\u00edculo 542 del C. de P. Civil, raz\u00f3n por la cual este funcionario judicial deber\u00e1 dar aplicaci\u00f3n al procedimiento all\u00ed establecido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por lo tanto, el juez de familia, por oficio en el que se indicar\u00e1n el nombre de las partes y los bienes de que se trata, deber\u00e1 comunicar inmediatamente al juez civil de la medida de embargo. Por su parte, el juez civil adelantar\u00e1 el proceso hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, solicitar\u00e1 al juez de familia la liquidaci\u00f3n definitiva y en firme, debidamente especificada, del cr\u00e9dito que ante \u00e9l se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, har\u00e1 la distribuci\u00f3n entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelaci\u00f3n establecida en la ley sustancial (\u2026)\u201d24. (subraya fuera del texto). <\/p>\n
Las disposiciones procesales sobre la materia hoy hallan asiento en los c\u00e1nones 46525 y 46626 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Contrastado tal precedente jurisprudencial con las actuaciones desplegadas estudiadas, sin hesitaci\u00f3n alguna se evidencia el acierto de la juzgadora al anteponer la obligaci\u00f3n cobrada en el pleito de alimentos (rad. 2017-086) porque, si bien formalmente la tutelante present\u00f3 sus cobros compulsivos con cargo al demandado Alexander Mora Y\u00e9pez, solicitando el \u201cembargo\u201d de los remanentes y\/o bienes que llegaren a desembargarse en el asunto hipotecario, la falladora no pod\u00eda dar prelaci\u00f3n a su acreencia, por cuanto ello imped\u00eda la satisfacci\u00f3n del otro cr\u00e9dito que primaba sobre el suyo. <\/p>\n
5. La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica propende por la protecci\u00f3n reforzada de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en la regla 44 y en otras disposiciones, como desarrollo del principio de la supremac\u00eda constitucional. Precisamente consigna el indiscutido apotegma: \u201cLos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u201d (art. 44. C. N.) (negrilla y subrayas nuestras). <\/p>\n
En tal sentido, esta Colegiatura aludi\u00f3 en pret\u00e9rita oportunidad: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado para los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus garant\u00edas respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, (\u2026) lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por intereses superiores (\u2026)\u201d27. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, no puede olvidarse la preeminencia del derecho de alimentos de los menores frente a otras acreencias de car\u00e1cter netamente econ\u00f3mico, dado que aquella es una garant\u00eda fundamental, por guardar estrecha relaci\u00f3n con su m\u00ednimo vital y libre desarrollo. <\/p>\n
Esta obligaci\u00f3n emanada del precepto supralegal reclama su verificaci\u00f3n y cumplimiento tanto de las autoridades p\u00fablicas como de los particulares, porque de ello pende el aseguramiento de las condiciones de vida digna del infante. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb, y por ello debe brind\u00e1rsele al alimentario las garant\u00edas y los beneficios para su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo integral, siendo tal prestaci\u00f3n un elemento esencial en pro de ese objetivo (\u2026)\u201d28. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos29 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196930, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d31, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio32. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia33, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales34; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas35. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante mensaje de datos o correo electr\u00f3nico, lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb36, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb37; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 40 al 44; Cuaderno \u201c12) 01. Ejecutivo Garant\u00eda Real\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Folios 46 al 48; Cuaderno \u201c12) 01. Ejecutivo Garant\u00eda Real\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Folio 69; Cuaderno \u201c12) 01. Ejecutivo Garant\u00eda Real\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Folios 87 y 120; Cuaderno \u201c12) 01. Ejecutivo Garant\u00eda Real\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Folios 94 y 150; Cuaderno \u201c12) 01. Ejecutivo Garant\u00eda Real\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Folio 78; Cuaderno \u201c12) 01. Ejecutivo Garant\u00eda Real\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Folios 348 y 349; Cuaderno \u201c12) 01. Ejecutivo Garant\u00eda Real\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Folio 395; Cuaderno \u201c12) 01. Ejecutivo Garant\u00eda Real\u201d. <\/p>\n
9\u0002 Folio 1; Cuaderno \u201cEscrito de tutela\u201d. <\/p>\n
10\u0002 Ibidem. <\/p>\n
11\u0002 Folio 1 y 2; Cuaderno \u201cEscrito de tutela\u201d. <\/p>\n
12\u0002 Folio 2; Cuaderno \u201cEscrito de tutela\u201d. <\/p>\n
13\u0002 Folio 2; Cuaderno \u201cEscrito de tutela\u201d. <\/p>\n
14\u0002 Folios 1 y 2; Cuaderno \u201c11) Respuesta juez 2 CTO ZIPA\u201d. <\/p>\n
15\u0002 Folios 1 al 22; Cuaderno \u201c9) RTA Juez Prom. Mpal Tocancip\u00e1\u201d. <\/p>\n
16\u0002 Folios 1 al 10; Cuaderno \u201c15) 2020-00340-00\u201d. <\/p>\n
17\u0002 Corte Suprema de Justicia Rad. 02187-01 de 2018 y 00154-01 de 2019. <\/p>\n
18\u0002 Corte Constitucional Sentencia C- 664 de 2006. <\/p>\n
19\u0002 CSJ. STC9907-2015 de 30 de jul. 2015, rad. 2015-00273-01. <\/p>\n
20\u0002 Corte Constitucional Sentencia C-092 de 2002 <\/p>\n
21\u0002 MORA, Nelson G. Procesos de Ejecuci\u00f3n. Tomo II. Bogot\u00e1: Temis, 1973, P\u00e1g. 227. <\/p>\n
22\u0002 \u00eddem <\/p>\n
23\u0002 ib\u00eddem <\/p>\n
24\u0002 Corte Constitucional Sentencia C-664 de 2006 <\/p>\n
25\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 465. Concurrencia de embargos en procesos de diferentes especialidades. Cuando en un proceso ejecutivo laboral, de jurisdicci\u00f3n coactiva o de alimentos se decrete el embargo de bienes embargados en uno civil, la medida se comunicar\u00e1 inmediatamente al juez civil, sin necesidad de auto que lo ordene, por oficio en el que se indicar\u00e1n el nombre de las partes y los bienes de que se trate (\u2026). El proceso civil se adelantar\u00e1 hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, se solicitar\u00e1 al juez laboral, de familia o fiscal la liquidaci\u00f3n definitiva y en firme, debidamente especificada, del cr\u00e9dito que ante \u00e9l se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se har\u00e1 la distribuci\u00f3n entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelaci\u00f3n establecida en la ley sustancial. Dicho auto se comunicar\u00e1 por oficio al juez del proceso laboral, de familia o al funcionario que adelante el de jurisdicci\u00f3n coactiva. Tanto este como los acreedores de origen laboral, fiscal y de familia podr\u00e1n interponer reposici\u00f3n dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al del recibo del oficio. Los gastos hechos para el embargo, secuestro, aval\u00fao y remate de los bienes en el proceso civil, se cancelar\u00e1n con el producto del remate y con preferencia al pago de los cr\u00e9ditos laborales, fiscales y de alimentos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
26\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 466. Persecuci\u00f3n de bienes embargados en otro proceso. Quien pretenda perseguir ejecutivamente bienes embargados en otro proceso y no quiera o no pueda promover la acumulaci\u00f3n, podr\u00e1 pedir el embargo de los que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el del remanente del producto de los embargados (\u2026). Cuando estuviere vigente alguna de las medidas contempladas en el inciso primero, la solicitud para suspender el proceso deber\u00e1 estar suscrita tambi\u00e9n por los acreedores que pidieron aquellas. Los mismos acreedores podr\u00e1n presentar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, solicitar la orden de remate y hacer las publicaciones para el mismo, o pedir la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito y la consecuente terminaci\u00f3n del proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
27\u0002 CSJ. STC18057-2017 de 2 de nov. 2017, rad. 2017-00626-01. <\/p>\n
28\u0002 CSJ. STC8052-2017 de 7 jun. 2017, rad. 2017-00137-01. <\/p>\n
29\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
30\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
31\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
32\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
33\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
34\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
35\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
36\u0002 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
37\u0002 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
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STC159-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA STC159-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2020-00340-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 20 de noviembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53096","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53096","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53096"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53096\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53096"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53096"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53096"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}