STC161-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC161-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00249-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2020, por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el tutelante frente a Audifarma S.A., radicada bajo el n\u00famero 2016-476. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante procura el amparo de su derecho al debido proceso, presuntamente transgredido por la autoridad jurisdiccional acusada. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
2.1. El impulsor inco\u00f3 la acci\u00f3n popular materia de queja, tramitada ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, quien la instruy\u00f3 bajo el radicado 2016-0476. <\/p>\n
2.2. Asevera el quejoso que, en auto de 16 de octubre de 2020, el estrado judicial \u201c(\u2026) consigna entre otras que cumple el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 472 de 1998 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Implora, en consecuencia, ordenar al juzgado fustigado (i) demuestre en derecho que cumple con el canon 5 \u00eddem; (ii) \u201cconsigne\u201d el tiempo perentorio que le ordena la ley para fallar la \u201cacci\u00f3n popular\u201d cuestionada, ello para \u201c(\u2026) probar que lleva cuatro (4) a\u00f1os y no tiene sentencia (\u2026)\u201d; y, adem\u00e1s, (iii) \u201cdigitalice\u201d el juicio referenciado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial reprochada comparti\u00f3 el link de acceso al expediente criticado. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo, Regional Risaralda y el Procurador Diez Judicial en asuntos Civiles, aseveraron no haber quebrantado las garant\u00edas del accionante e indicaron que el reparo desconoce el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda Distrital de la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 D.C., y Audifarma S.A., advirtieron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y solicitaron su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional determin\u00f3 la improcedencia del resguardo impetrado. Sobre ello, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]st\u00e1 ausente el requisito de la marcada relevancia constitucional (\u2026) el \u00fanico objeto del accionante es que se le d\u00e9 una explicaci\u00f3n por parte del despacho judicial de c\u00f3mo es que se aplica una norma y cu\u00e1les son los tiempos previstos en la Ley 472 para resolver una acci\u00f3n popular, en lo que, francamente, no se ve comprometido derecho fundamental alguno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, deneg\u00f3 la petici\u00f3n dirigida a obtener la digitalizaci\u00f3n del litigio censurado, por cuanto el estrado encausado le comparti\u00f3, tiempo atr\u00e1s, al aqu\u00ed promotor, el link para revisar el respectivo decurso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 el promotor, aduciendo: \u201c(\u2026) [E]xijo en derecho se aplique decreto 2591 de 1991, ya que la tutelada no responde mi acci\u00f3n, curioso fallo de tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la queja y las pruebas adosadas, se establece que el gestor cuestiona el comentado subex\u00e1mine, por cuanto (i) en auto de 16 de octubre de 2020, el estrado judicial afirma el acatamiento de los t\u00e9rminos de la Ley 472 de 1998; y (ii) dada la supuesta tardanza para fallar la \u201cacci\u00f3n popular\u201d cuestionada. <\/p>\n
2. La primera censura no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por desconocer el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
En efecto, a pesar de que el solicitante aduce reprochar el auto del 15 de octubre de 2020, en realidad, como lo advirti\u00f3 funcionaria denunciada, lo censurado es el prove\u00eddo de 27 febrero de 2020, donde se estudiaron los mismos hechos relacionados con la definici\u00f3n pronta del decurso, analiz\u00e1ndose los art\u00edculos 90 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso, para indicarle al censor que el tr\u00e1mite se hab\u00eda cumplido conforme a la ley y la inviabilidad de anular el juicio, al ser inaplicables las preceptivas se\u00f1aladas, determinaci\u00f3n inc\u00f3lume ante el silencio del promotor. <\/p>\n
Por tanto, se advierte el desconocimiento del presupuesto se\u00f1alado, pues entre la emisi\u00f3n del prove\u00eddo donde se defini\u00f3 la solicitud objeto de censura por el accionante -26 de febrero de 2020- y la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo -26 de octubre de 2020-, han trascurrido ocho (8) meses, t\u00e9rmino que supera el de (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, esta Corporaci\u00f3n reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible al estrado atacado y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se resalta, el Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria generada por la \u201cCIVID19\u201d, indic\u00f3 la prevalencia del tr\u00e1mite de las acciones de tutela relacionadas con la vida, la salud y la libertad; empero, ello, sin limitar el derecho a acceder al amparo por otros motivos. <\/p>\n
En efecto, en el art\u00edculo 2\u00b0 del rese\u00f1ado acto administrativo, se indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos. A partir de la fecha las excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos adoptada ser\u00e1n las siguientes: 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dar\u00e1 prelaci\u00f3n en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepci\u00f3n se har\u00e1 mediante correo electr\u00f3nico dispuesto para el efecto y para su tr\u00e1mite y comunicaciones se har\u00e1 uso de las cuentas de correo electr\u00f3nico y herramientas tecnol\u00f3gicas de apoyo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Ahora, debe se\u00f1alarse, la censura del petente sobre la tardanza de la juzgadora denunciada en tramitar el litigio acusado, no sale avante, pues esa autoridad no ha incurrido en una negligencia injustificada. <\/p>\n
En torno a la demora en las actuaciones jurisdiccionales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [U]no de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales [\u2026] (CSJ STC Feb. 15 1995 rad. 1937, reiterada, entre otras, CSJ STC 8 Jun. 2010, rad. 00814-00 y 19 Dic. 2012, rad. 00814-00) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAsimismo, ha expuesto que: <\/p>\n
\u201c[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00; reiterado, entre otros pronunciamientos, en CSJ STC, 25 feb. 2013, rad. 00003-01) (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
En efecto, la demanda se present\u00f3 el 10 de noviembre de 2016, admiti\u00e9ndose el libelo el 21 de noviembre de siguiente. Posteriormente, el 6 de diciembre de 2016, el estrado encausado les comunic\u00f3 del escrito genitor a la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 D.C., a la Defensor\u00eda del Pueblo de la misma Ciudad y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
El 23 de enero de 2017, la juez agreg\u00f3 al expediente, el oficio procedente de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Delegada para Asuntos Civiles. <\/p>\n
En auto del 30 de mayo de 2017, la titular de juzgado neg\u00f3 el desistimiento presentado por el impulsor, decisi\u00f3n confirmada, al desatar el recurso de reposici\u00f3n, el 25 de julio de 2017. <\/p>\n
En prove\u00eddo del 4 de septiembre de 2019, el despacho impuls\u00f3 oficiosamente el tr\u00e1mite de acuerdo a la nueva doctrina de esta Corporaci\u00f3n3 y orden\u00f3 la publicaci\u00f3n del aviso informativo a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web asignada recientemente a ese estrado judicial. De igual manera, por secretar\u00eda, dispuso la obtenci\u00f3n de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de la pasiva. <\/p>\n
Seguidamente, el 2 de octubre posterior, se public\u00f3 el aviso en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial y, el 8 de octubre de 2019, se notific\u00f3 el libelo, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, a la demandada Audifarma S.A. <\/p>\n
El tutelante, el 12 de diciembre de 2019, reclam\u00f3 la aplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones 90 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso y el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 472 de 1998, desestim\u00e1ndose su pedimento el 27 de febrero siguiente, sin hallarse excesivo el plazo en la resoluci\u00f3n de tal solicitud, si en cuenta se tiene el tiempo de vacancia judicial. <\/p>\n
La diligencia de pacto de cumplimiento no se adelant\u00f3 en la data programada, ante la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales, por causa de la pandemia producida por el \u201cCodiv-19\u201d, interrupci\u00f3n iniciada el 16 de marzo de 2020 y levantada el 1\u00b0 de julio del presente a\u00f1o. Posteriormente, el despacho, de manera diligente, fij\u00f3 el 7 de septiembre de 2020 para surtir la mencionada etapa, oportunidad donde no se hizo presente el aqu\u00ed actor. <\/p>\n
Como antes se expuso, ante la petici\u00f3n del censor requiriendo el cumplimiento de los t\u00e9rminos legales, el juzgado, el 15 de octubre de 2020, le indic\u00f3 que deb\u00eda estarse al prove\u00eddo del 27 de febrero anterior, donde estudi\u00f3 los mismos hechos. <\/p>\n
El 18 de octubre de 2020, Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez Jaramillo pidi\u00f3 ser reconocido como coadyuvante y, en la misma fecha, el petente requiri\u00f3 al estrado enjuiciado para que se declarara impedido, por haber presentado denuncia disciplinaria en su contra. <\/p>\n
El 27 de octubre de 2020, la juzgadora no acogi\u00f3 el impedimento manifestado, por cuanto, para esa data, no hab\u00eda sido enterada de la apertura formal de tal investigaci\u00f3n. <\/p>\n
De la anterior narraci\u00f3n se constata que el despacho ha sido diligente, impulsando las gestiones del caso de manera oficiosa, todo en aras de lograr la finalizaci\u00f3n del juicio; no obstante, han sido las constantes reclamaciones del censor, las que han impedido la emisi\u00f3n de la sentencia correspondiente. <\/p>\n
Por tanto, esta demanda no puede salir avante, dado que, conforme al criterio decantado de esta Corte, las situaciones de dilaci\u00f3n abren paso a este excepcional mecanismo deben carecer de defensa, es decir, ser el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico del juzgado, lo cual no se vislumbra en este caso. <\/p>\n
4. Finalmente, la solicitud de \u201cdigitalizar\u201d la acci\u00f3n popular, no sale avante porque la misma ya se encuentra digitalizada y, desde el 28 de julio de 2020, el juzgado cognoscente remiti\u00f3 el link correspondiente al correo electr\u00f3nico del quejoso, a fin de que tuviera acceso al litigio. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corporaci\u00f3n para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por tanto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante mensaje de datos o comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2 CSJ. STC de 5 de mayo de 2015, exp. 23001-22-14-000-2014-00203-02. <\/p>\n
3 CSJ. STC236-2019, de 21 de enero de 2019, rad 2018-01088-01 reiterada el 23 de octubre. exp. 76111-22-13-000-2020-00125-01 <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
11 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
12 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC161-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente STC161-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00249-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53098","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53098","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53098"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53098\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53098"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53098"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53098"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}