STC162-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC162-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00296-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2020, por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Paulo C\u00e9sar Lizcano Dur\u00e1n, quien dijo actuar en nombre de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad civil\u201d instaurado por \u00e9ste frente a la Sociedad Publicaciones Semana S.A., radicada bajo el n\u00famero 2019-00274. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, el promotor suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la igualdad, debido proceso, doble instancia y \u201cpublicidad\u201d entre otras, presuntamente transgredidas por la autoridad jurisdiccional acusada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
El accionante afirma que Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga es un l\u00edder social, de descendencia ind\u00edgena, con limitaciones econ\u00f3micas generadas por el \u201cembargo\u201d de los incentivos y costas judiciales concedidas a su favor en distintas acciones populares. <\/p>\n
Asevera que, en nombre de Arias Id\u00e1rraga, tramit\u00f3 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el juicio verbal materia de este amparo, frente a la Sociedad Publicaciones Semana S.A., radicado bajo el No 2019-00274. <\/p>\n
Indica, ambiguamente, que dentro del tr\u00e1mite cuestionado el estrado querellado orden\u00f3 \u201chacer una publicaci\u00f3n que requer\u00eda tener sus datos\u201d, de la cual desconoce el valor a cancelar. <\/p>\n
Esgrime que por \u201cexcesos de dificultades econ\u00f3micas\u201d, en raz\u00f3n de la pandemia generada por el virus denominado \u201cCovid-19\u201d, Arias Id\u00e1rraga no ha recibido ingresos econ\u00f3micos para atender lo ordenado. <\/p>\n
Aduce que no ha podido acceder al expediente, sino por intermedio de las comunicaciones electr\u00f3nicas emitidas a trav\u00e9s de los canales digitales, desconoci\u00e9ndose el inciso segundo del art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio del 20201. <\/p>\n
Advierte que \u201c(\u2026) el 29 de octubre de 2020, se le notific\u00f3 el auto por el que se dio por terminado el proceso (\u2026) y adem\u00e1s, sin aportar copia digital del proceso para su conocimiento (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Implora, en consecuencia, ordenar al juzgado fustigado \u201c(\u2026) elimin[ar] los efectos de una indebida notificaci\u00f3n y las que derivan en una imposibilidad de seguir con el transcurso del mismo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
La c\u00e9lula judicial reprochada inform\u00f3 que, el 28 de octubre de 2020, decret\u00f3 el \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d en el decurso censurado, por cuanto la parte actora incumpli\u00f3 la carga procesal relativa a la notificaci\u00f3n de la demandada Sociedad Publicaciones Semana S.A., igualmente para que preste cauci\u00f3n conforme lo establece el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y, contra esa decisi\u00f3n, el aqu\u00ed quejoso, en calidad de abogado de Arias Id\u00e1rraga, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n y, adem\u00e1s, solicit\u00f3 nulidad de la actuaci\u00f3n, todo lo cual se encuentra pendiente de resolver. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo impetrado por falta de legitimaci\u00f3n de Paulo C\u00e9sar Lizcano Dur\u00e1n, quien dijo actuar como abogado de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, empero no aport\u00f3 el poder para ese efecto, a pesar de que se le requiri\u00f3 con tal fin. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga aduciendo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]ido se ordene cumplir t\u00e9rminos para resolver y no s\u00f3lo para rehusar acciones como lo hace de manera c\u00e9lere el tutelado, curiosos que no haya resuelto los recursos pendientes y se desconozca t\u00e9rminos de la ley para ello, porque no se pronuncian en los t\u00e9rminos de tiempo procesales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1. Si bien, como lo indic\u00f3 el a quo constitucional, Paulo C\u00e9sar Lizcano Dur\u00e1n carece de legitimaci\u00f3n para invocar este auxilio en nombre de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, pues no alleg\u00f3 poder para su representaci\u00f3n ni adujo acudir como su agente oficioso, se proceder\u00e1 a definir, de fondo, el reproche aqu\u00ed aducido, teniendo en cuenta la impugnaci\u00f3n elevada por este \u00faltimo, pues de ello se deriva su connivencia con la demanda tutelar propuesta. <\/p>\n
2. Precisado lo anterior, se observa que el reparo se concreta en establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira transgredi\u00f3 las garant\u00edas de Arias Id\u00e1rraga al decretar el \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d dentro del proceso verbal por \u00e9l propuesto contra Publicaciones Revista Semana S.A., al parecer, por haber incumplido la carga procesal relacionada con la notificaci\u00f3n de la demandada Sociedad Publicaciones Semana S.A., igualmente para que preste cauci\u00f3n conforme lo establece el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, como lo establece el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso2. <\/p>\n
3. La salvaguarda no prospera, por cuanto la actuaci\u00f3n denunciada a\u00fan no ha concluido, hall\u00e1ndose en pleno tr\u00e1mite lo concerniente a los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, interpuestos por Arias Id\u00e1rraga, frente al \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d decretado por el juzgado acusado, mediante prove\u00eddo de 28 de octubre de 2020; por tanto, la queja deviene prematura. <\/p>\n
Con ese entendimiento, el auxilio se torna anticipado, de una parte, porque a\u00fan no ha sido definido el remedio horizontal y, de otra, porque al zanjarse la alzada, el superior deber\u00e1 efectuar un control de legalidad sobre la actuaci\u00f3n surtida -terminaci\u00f3n anticipada del proceso- quedando as\u00ed, en el juez natural, la potestad exclusiva de revisar la licitud de lo acontecido. <\/p>\n
En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que se pretende un pronunciamiento del fallador constitucional, frente a particularidades que deben ser atendidas y solucionadas por el funcionario competente; sin hallar asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Esta jurisdicci\u00f3n tiene vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos asignados al director de la causa, por cuanto no puede arrogarse facultades ajenas. Al respecto, esta Corte manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corporaci\u00f3n para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por tanto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) el Ministerio de Justicia y del Derecho, adopta medidas para implementar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones para las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia en el marco del Estado de Emergencias Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica y en su parte motiva deber ser aplicado tanto a los asuntos en curso como a los nuevos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 317. Desistimiento t\u00e1cito. El desistimiento t\u00e1cito se aplicar\u00e1 en los siguientes eventos:<\/p>\n
1. Cuando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e1 por estado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
11 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
12 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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