STC168-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC168-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Bertha Ligia Mar\u00edn Casta\u00f1eda, Edder, Walter Henry, Yofres y Joyce Ellen Duarte Mar\u00edn contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -territoriales Bogot\u00e1 y Meta-, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio y la Sala Civil de esa Especialidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Al tr\u00e1mite de vincul\u00f3 a las partes e interviniente en el proceso de restituci\u00f3n de tierras de radicado 2012-00086-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclaman el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00aba la reparaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n v\u00edctima del desplazamiento\u2026, a la ayuda humanitaria\u00bb y petici\u00f3n, presuntamente trasgredidos por las autoridades acusadas. <\/p>\n
2. Del extenso escrito de tutela, se compendian los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Narran los accionantes, que fueron v\u00edctimas del conflicto armado interno y de \u00abgrupos al margen de la ley, en la vereda tillav\u00e1, municipio de Puerto Gait\u00e1n \u2013 [Meta]; lugar donde por parte de\u2026 las Farc y mas exactamente el frente 39\u2026\u00bb fueron intimidados, sometidos y despojados de sus predios. <\/p>\n
2.2. En raz\u00f3n a esa situaci\u00f3n, en el mes de enero de 2012, acudieron a la oficina de restituci\u00f3n de tierras en la ciudad de Villavicencio, con el fin de exponer y dar a conocer los hechos que tuvieron que afrontar. <\/p>\n
2.3. Manifestan que dicha oficina recepcion\u00f3 5 solicitudes, a la cuales le asign\u00f3 ID y n\u00famero consecutivo diferente para cada una. En ellas, se pretendi\u00f3 la restituci\u00f3n de los siguientes predios: \u00abLos Cedros, La Fortuna, Agua Azul, Agua Linda, Villa Lizeth, Restado San Gil, Casa barrio san Carlos sur Bogot\u00e1, Casa barrio alameda centro Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2.4. Resaltan que el 6 de septiembre de 2013, \u00abla se\u00f1ora Bertha Mar\u00edn se dirigi\u00f3 a la [citada oficina], preocupada e inquieta por las cuantiosas deudas del predio en el barrio alameda centro de Bogot\u00e1 y la imposibilidad de su parte para pagarlas, y al igual que en enero expone su caso para que incluyeran este predio urbano en la solicitud que hab\u00eda hecho\u00bb. Sin embargo, \u00abla territorial Villavicencio\u2026 decidi\u00f3 iniciar una nueva solicitud\u2026 y la remiti\u00f3 a la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2.5. Refieren que la territorial Villavicencio mediante resoluci\u00f3n n\u00ba. 017995 de 10 de octubre de 2012, inscribi\u00f3 a la se\u00f1ora Bertha en el registro \u00fanico de v\u00edctimas (RUV) y \u00abfue reconocida como v\u00edctima y desplazada del conflicto armado en Colombia\u00bb. No obstante, frente a los otros cuatro reclamantes \u00abno les brind\u00f3 la orientaci\u00f3n, ni se les inform\u00f3 de las diligencias respectivas sobre la inscripci\u00f3n de sus nombres en el RUV\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.6. Sostienen que el 30 de ese mismo mes y a\u00f1o, recibieron una llamada de una funcionaria de la oficina referida, cit\u00e1ndolos a una reuni\u00f3n para realizar \u00abun plan jur\u00eddico estrat\u00e9gico, que consist\u00eda en que los se\u00f1ores Edder, Walter, Yofres y Joyce Ellen Duarte Mar\u00edn renunciaran a sus reclamaciones y que solo continuara la sra Bertha Ligia Mar\u00edn, dado que ella en su condici\u00f3n de mujer y adulto mayor, la ley 1448 de 2011 le era mas favorable que a los cuatro se\u00f1ores Duarte Mar\u00edn\u00bb., a lo cual aceptaron y firmaron las actas correspondientes. <\/p>\n
Surtido el tr\u00e1mite de rigor, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 D.C. mediante sentencia del 27 de marzo de 2014, declar\u00f3 <\/p>\n
como v\u00edctimas del conflicto armado interno a los aqu\u00ed actores y les reconoci\u00f3 el derecho a la restituci\u00f3n en los t\u00e9rminos y condiciones all\u00ed expuestos. <\/p>\n
2.8. Aducen que sin entender \u00ablo que hab\u00eda sucedido con sus reclamaciones y sus derechos en este proceso, notaron grandes falencias en dicha sentencia, observando que se encontraba fundamentada en pretensiones diferentes a las inicialmente reclamadas en sus solicitudes\u00bb. <\/p>\n
2.9. Posteriormente, relatan que en el mes de agosto de 2018, lleg\u00f3 a la casa de la se\u00f1ora Bertha \u00abuna citaci\u00f3n enviada por la oficina de restituci\u00f3n de tierras territorial Bogot\u00e1, en la que solicitan su asistencia en lo referente al segundo proceso con el ID: 118567\u2026, [correspondiente] a los bienes de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Al \u00e9sta acudir a dicha oficina, se le hizo entrega de la resoluci\u00f3n RO 0537 del 18 de marzo de 2016, en la que le informaron que \u00absu solicitud fue rechazada por falta de hechos y pruebas que vinculen el predio objeto de restituci\u00f3n, con el conflicto armado en Colombia tal y como lo ordena la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
2.10. Contra dicha determinaci\u00f3n, el 28 de agosto de 20181, aquella interpuso recurso de reposici\u00f3n, sin embargo, a la fecha no ha obtenido respuesta al mismo. Por lo tanto, present\u00f3 el 1\u00ba de febrero de 2019, derecho de petici\u00f3n, el cual, \u00abcon el tiempo le sucedi\u00f3\u2026 lo mismo que al recurso\u2026 y hasta el d\u00eda de hoy no ha habido respuesta\u00bb. <\/p>\n
2.11. Alegan que \u00ablos hechos, decisiones y actos administrativos que se originaron y tuvieron desarrollo en cada una de sus solicitudes, y en una de estas un posterior proceso, fueron una absoluta confusi\u00f3n, porque habiendo hecho las victimas sus respectivas solicitudes con sus pretensiones y objeto a restituir\u2026 no se les brind\u00f3 el pleno conjunto de medidas sociales, econ\u00f3micas, de justicia, asistencia, reparaci\u00f3n y por supuesto de restituci\u00f3n contempladas en la ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Se encuentran inconformes frente a la manera en que la UAEGRTD del Meta adelant\u00f3 el tr\u00e1mite administrativo de restituci\u00f3n de tierras referido y se duelen del mal asesoramiento proporcionado, pues solicitaron la restituci\u00f3n de todo el predio San Gil, junto con otros dos inmuebles ubicados en Bogot\u00e1. Sin embargo, solo se restituy\u00f3 el denominado remanente San Gil, exclusivamente a la se\u00f1ora Bertha Ligia Mar\u00edn. <\/p>\n
3. Pidieron, conforme lo relatado, en s\u00edntesis, se deje sin efecto \u00ablas resoluciones RTR-0013 del 29 de octubre de 2012 y RO-0537 de 18 de marzo de 2016 emitidas por la oficina de restituci\u00f3n de tierras territoriales Meta y Bogot\u00e1 respectivamente por las razones expuestas\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se declare \u00abimpugnado el fallo del tribunal superior del distrito judicial de Bogot\u00e1 emitido el 27 de marzo de 2014\u2026, por cuanto (i) est\u00e1 basado y soportado en la resoluci\u00f3n RTR-0013 del 29 de octubre de 2012, (ii) desconoce la solicitud del 6 de septiembre de 2013 y por lo tanto desconoce el principio non bis in \u00eddem; que enruto a la se\u00f1ora Bertha por el camino de la cosa juzgada\u2026\u00bb, entre otras. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 manifest\u00f3, en relaci\u00f3n con las actuaciones desplegadas en el proceso de radicado 2012-00086-01 que, \u00abno vulner\u00f3 ni puso en amenaza alg\u00fan derecho de rango superior a los accionantes. Por el contrario, sus garant\u00edas fundamentales se respetaron tanto en el tr\u00e1mite judicial como en la sentencia que, finalmente, se adopt\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo, adem\u00e1s, que las eventuales quejas en contra de la decisi\u00f3n adoptada, \u00abcarecen de evidente relevancia constitucional por cuanto sin justificaci\u00f3n alguna, en contra del ordenamiento jur\u00eddico, dejan entrever el mero inter\u00e9s de que, frente a toda la tierra bald\u00eda reclamada, se les restituya m\u00e1s de una UAF. tampoco satisfacen el presupuesto de inmediatez por la providencia se expidi\u00f3 hace seis a\u00f1os\u2026\u00bb2. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio hizo un recuento del transcurrir procesal y solicit\u00f3 se deniegue el amparo. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD solicit\u00f3 se deniegue la salvaguarda ante la inexistencia del hecho vulnerador se\u00f1alado por los accionantes4. <\/p>\n
4. La Agencia Nacional de Hidrocarburos exigi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente amparo, al no tener \u00abninguna clase de relaci\u00f3n directa ni indirecta, jur\u00eddica ni material con las situaciones expuestas por la accionante\u00bb5. <\/p>\n
El Procurador 3 Judicial II de la Delegada de Restituci\u00f3n de Tierras de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, despu\u00e9s de relacionar las actuaciones surtidas, consider\u00f3 que no les asiste fundamento a los accionantes para las peticiones de la acci\u00f3n de tutela6. <\/p>\n
5. El Alcalde de Puerto Gait\u00e1n Meta refiri\u00f3 que \u00abrevisados los hechos y pretensiones enunciados por los accionantes, no se observa vinculaci\u00f3n alguna o vulneraci\u00f3n de derechos por parte de la administraci\u00f3n municipal\u00bb, por lo que manifest\u00f3 que en el marco del proceso debatido se han venido realizando las acciones dentro del mismo de acuerdo a nuestra competencia7. <\/p>\n
6. La Agencia Nacional de Tierras pidi\u00f3 se declare probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que los hechos demandados no versan sobre acciones u omisiones administrativas adelantadas por esta entidad8. <\/p>\n
7. El se\u00f1or Geiner Duarte Castro present\u00f3 \u00absolicitud de texto aclaratorio\u00bb del escrito de tutela9. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los gestores pretenden que: <\/p>\n
i) Sean inscritos en el registro \u00fanico de v\u00edctimas (RUV) de manera titular e independiente con el fin de lograr el completo beneficio contemplado en los art\u00edculos 3\u00ba y 75 de la ley 1448 de 2011. <\/p>\n
ii) Sean desestimadas las renuncias por ellos firmadas, por tratarse de una asesor\u00eda inapropiada y se les reconozca como titulares del derecho a restituci\u00f3n seg\u00fan lo establecido en los c\u00e1nones 3, 75 y 81 de la norma precitada. <\/p>\n
iv) Se dejen sin efecto las resoluciones RTR-0013 del 29 de octubre de 2012 y RO-0537 de 18 de marzo de 2016, emitidas por la oficina de restituci\u00f3n de tierras -territoriales Meta y Bogot\u00e1. <\/p>\n
v) Se declare impugnado el fallo proferido el 27 de marzo de 2014, por del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro del proceso de radicado 2012-00086-01. <\/p>\n
vi) Sean restituidos los \u00abpredios los cedros, la fortuna, agua azul, agua linda, villa lizeth, restado san gil; es decir la conformaci\u00f3n del predio san gil\u2026, ya que, por los procesos y v\u00edas establecidas, dichas pretensiones han sido imposible de alcanzar\u00bb. <\/p>\n
vii) Sea restituido el bien inmueble arrendado situado en la carrera 13 No. 20-88 en el barrio Alameda \u00abde propiedad de Bertha\u00bb. As\u00ed mismo, que el pago de los pasivos de ese inmueble sean parte de un programa de alivio de conformidad con los art\u00edculos 121 y 105 de la ley 1448 de 2011. <\/p>\n
viii) Se declare nulo todo acto jur\u00eddico sobre los bienes objeto de restituci\u00f3n desde que se origin\u00f3 el despojo al cual fueron sometidos hasta la actualidad, con el fin de salvaguardar los intereses y derechos de las v\u00edctimas. <\/p>\n
2. En ese orden de ideas, en relaci\u00f3n a la primera solicitud, es necesario se\u00f1alar que, de los documentos obrantes en el plenario, no se evidencia petici\u00f3n alguna por parte de los actores tendientes a obtener dicha inscripci\u00f3n. Raz\u00f3n por la cual, el amparo no puede prosperar, al no acreditarse el cumplimiento del principio de subsidiariedad. <\/p>\n
3. La misma suerte corren las pretensiones 2, 3, 4, 5 y 6 que guardan relaci\u00f3n con el proceso de restituci\u00f3n de tierras de radicado 2012-00086-01, el cual, culmin\u00f3 con sentencia proferida el 27 de marzo de 2014, por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. De manera que, se resalta la improsperidad del ruego por el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, identificado por la jurisprudencia constitucional como necesario para la procedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Ello a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n definitiva del asunto recriminado, esto es, 27 de marzo de 2014 y, la presentaci\u00f3n del resguardo, el 16 de diciembre de 2020; es decir, que pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse dictado la providencia que finiquito el proceso que por esta v\u00eda se cuestiona10. <\/p>\n
Por ello, los actores no pueden acudir a este medio para se\u00f1alar la afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales, comoquiera que, pese a que no existe plazo de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un intervalo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb. <\/p>\n
De no ser as\u00ed, se desnaturalizar\u00eda su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el amparo inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
Frente al tema la Sala ha expuesto que: <\/p>\n
\u00abEn efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea\u00bb. (\u2026) <\/p>\n
\u00abAquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC3069-2019, citada en CSJ STC1295-2020, Feb 12 de 2020, rad. 2019-00845-01). <\/p>\n
3.2. Cabe precisar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad de la parte accionante para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales del extremo peticionario. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T- 033\/2010, en esta \u00faltima, destac\u00f3: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el caso en concreto tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera flexibilizar el presupuesto de temporalidad del resguardo. <\/p>\n
4. Ahora bien, en lo referente a la petici\u00f3n s\u00e9ptima, es evidente que los recurrentes pretenden se ordene la restituci\u00f3n del predio mencionado y que el pago de los pasivos del mismo sean parte de un programa de alivio conforme lo establecido por la ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Pues bien, analizadas las probanzas obrantes en el plenario, se constata que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (territorial Bogot\u00e1), a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n 0537 del 18 de marzo de 201611, resolvi\u00f3 \u00abnegar el inicio de estudio formal para el ingreso al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente de la solicitud presentada por la se\u00f1ora Bertha Ligia\u2026, respecto del bien ubicado en la carrera 13 No. 21-20 [actual direcci\u00f3n carrera 13 \u00b7 20-88] Bogot\u00e1\u2026\u00bb. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, el 28 de agosto de 2018, Bertha Ligia interpuso recurso de reposici\u00f3n, el cual est\u00e1 pendiente por decidirse. Frente a ello, radic\u00f3 derecho de petici\u00f3n el 1\u00ba de febrero de 2019, con el fin de obtener la resoluci\u00f3n del medio impugnativo. <\/p>\n
Sin embargo, la Territorial Bogot\u00e1 mediante oficio del 27 de febrero siguiente, inform\u00f3 que \u00abactualmente [el recurso] se encuentra en pr\u00e1ctica de pruebas, etapa que fue decretada mediante resoluci\u00f3n del 26 de febrero de 2019. Una vez sea adoptada una decisi\u00f3n de fondo, se requerir\u00e1 de su presencia para proceder a realizar la debida notificaci\u00f3n\u2026\u00bb <\/p>\n
4.1. De lo descrito concluye esta Sala la improcedencia del ruego incoado, por cuanto resulta prematuro. Ello toda vez que lo pretendido por esta v\u00eda, se encuentra en curso y a\u00fan no se ha adoptada determinacion definitiva frente al asunto. <\/p>\n
En esas condiciones, se estructura la causal de improcedencia del amparo establecida en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, pues el estado en que aparece la referida tramitaci\u00f3n administrativa revela que la parte interesada est\u00e1 haciendo uso del mecanismo judicial de defensa que tuvo a su alcance, el cual no puede ser soslayado. De lo contrario, equivaldr\u00eda a sustituir la competencia atribuida a los jueces del proceso para resolver el conflicto planteado. <\/p>\n
En todo caso, los motivos invocados por los tutelantes no justifican acudir directamente a este mecanismo eminentemente subsidiario y residual, m\u00e1xime cuando, se est\u00e1 surtiendo el tr\u00e1mite necesario, ante la jurisdicci\u00f3n competente, con el fin de resolver lo que pretende por esta instancia. <\/p>\n
5. Finalmente, en lo que respecta al \u00faltimo requerimiento, la Sala observa que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 dise\u00f1ada para esa finalidad, pues como se ha dicho insistentemente la misma, tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente del de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata de prerrogativas fundamentales que la Carta reconoce. <\/p>\n
6. De conformidad con lo discurrido, se impone denegar el amparo suplicado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fls. 51-53 del archivo digital \u2013 demanda_13_12_2020\u2026 <\/p>\n
2\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 14 de enero de 2021 <\/p>\n
3\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 14 de enero de 2021 <\/p>\n
4\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 14 de enero de 2021 <\/p>\n
5\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 18 de enero de 2021 <\/p>\n
6\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nica de fecha 18 de enero de 2021 <\/p>\n
7\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 18 de enero de 2021 <\/p>\n
8\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 18 de enero de 2021 <\/p>\n
9\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 19 de enero de 2021 <\/p>\n
10\u0002 Aproximadamente seis (6) a\u00f1os. <\/p>\n
9 <\/p>\n
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STC168-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC168-2021 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Bertha Ligia Mar\u00edn Casta\u00f1eda, Edder, Walter Henry, Yofres […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53101","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53101","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53101"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53101\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53101"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53101"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53101"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}