STC173-2021<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC173-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-03422-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Consuelo Duque Mart\u00ednez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta capital y las partes e intervinientes en el juicio penal n\u00ba 55788 (radicado Corte). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abprincipio a la igualdad jur\u00eddica y principio de seguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente <\/p>\n
Refiere que, sin embargo, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala de Extinci\u00f3n de Dominio, el 19 de marzo de 2019 revoc\u00f3 esa absoluci\u00f3n, para en su lugar condenarla a la pena de 300 meses de prisi\u00f3n y a \u00abuna multa exagerada\u00bb. <\/p>\n
Destaca que, inicialmente el tribunal abri\u00f3 la posibilidad de interponer la impugnaci\u00f3n especial por tratarse de una primera condena, oportunidad que aprovech\u00f3, pese a que posteriormente esa autoridad modific\u00f3 la parte resolutiva de la providencia para se\u00f1alar que solo proced\u00eda el extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, avocada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal la impugnaci\u00f3n especial planteada, la resolvi\u00f3 mediante sentencia del 8 de julio de 2020, ratificando la sanci\u00f3n, pero con una sustancial disminuci\u00f3n del quantum punitivo a 159 meses de prisi\u00f3n; empero, indic\u00f3 que contra ese veredicto \u00abno procede ning\u00fan recurso\u00bb, lo que considera representa la afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Alega que, contrario a la dispuesto por la Sala Especializada, correspond\u00eda que se habilitara el recurso de casaci\u00f3n por encontrarse contemplado en la normativa procesal penal. <\/p>\n
Adicionalmente, arguye que la presente demanda se debe resolver con observancia del derecho a la igualdad respecto de quienes, siendo parte de la misma causa penal, acudieron a esta v\u00eda constitucional con la misma pretensi\u00f3n y la Sala de Casaci\u00f3n Civil les concedi\u00f3 el amparo en los recientes fallos de tutela STC10417-2020, STC9509-2020 y en el radicado 2020-2464-00. <\/p>\n
3. Por lo anterior, teniendo en cuenta las referidas sentencias, pide que \u00abse decrete dejar sin efecto la frase \u00abno proceden recursos\u00bb que se viene de censurar dentro del fallo adoptado el 8 de julio de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, para en su lugar disponer la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n a que tengo derecho como mecanismo de mi defensa procesal al resultar finalmente condenada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala de Extinci\u00f3n de Dominio indic\u00f3 que, en efecto, el 18 de marzo de 2019 dicto fallo en segunda instancia en el proceso radicado 2011-00019, en el que hay 25 procesados, conden\u00e1ndolos por el delito de lavado de activos agravado, sin embargo, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite dado que el cuestionamiento de la accionante est\u00e1 dirigido contra la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00aben raz\u00f3n a que neg\u00f3 la posibilidad de acudir en casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Magistrado ponente de la decisi\u00f3n criticada, integrante de la Sala Especializada accionada, manifest\u00f3 respecto de la petici\u00f3n de la actora que \u00abno existe raz\u00f3n para la implementaci\u00f3n de una cadena interminable de recursos; no existe, ni ha existido hist\u00f3ricamente regulaci\u00f3n normativa alguna que autorice el recurso de casaci\u00f3n contra decisi\u00f3n dictadas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de sus otras competencias, ni como juez de \u00fanica instancia ni como juez de segunda instancia\u00bb; agreg\u00f3 que, el recurso de casaci\u00f3n \u00abno es un derecho fundamental\u00bb, pero si que si lo fuera \u00abtodas las normas que introducen limitaciones a su ejercicio en materia penal, civil y laboral contrariar\u00edan su esencia. Es solo un medio de impugnaci\u00f3n m\u00e1s, respecto del cual el legislador goza de libertad de configuraci\u00f3n, por eso coloca barreras e introduce l\u00edmites, siendo algunos de ellos el \u00f3rgano que dicta la decisi\u00f3n, la instancia en que se profiere, la naturaleza del asunto o la cuant\u00eda del inter\u00e9s. De all\u00ed que el referente para determinar su procedencia no pueda ser otro que el marco legal que lo regula\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por la quejosa con el fallo de 8 de julio de 2020 que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial interpuesta contra la sentencia condenatoria dictada en su contra por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; concretamente por incurrir, supuestamente, en v\u00eda de hecho por denegar la procedencia del recurso de casaci\u00f3n frente a esa providencia. <\/p>\n
2. Consideraciones previas \u2013 facultades del juez de tutela. <\/p>\n
Previo abordaje del tema concreto, la Sala tambi\u00e9n considera necesario recordar que los jueces constitucionales est\u00e1n facultados para emitir fallos ultra o extra petita, a efectos de no desconocer los fines esenciales del Estado en los t\u00e9rminos consagrados en el art\u00edculo 2\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, dentro de los cuales est\u00e1n la efectividad de los principios, derechos y deberes all\u00ed estatuidos. <\/p>\n
De ah\u00ed que el precedente constitucional acogido por esta Corte determine que \u00aben sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (CSJ STC 15 mar. 2011, exp. 00003-01, reiterada en STC-1214, 7 feb. 2014, exp. 02652-01, y STC-17652-2017, 27 oct. 2017, rad. 02079-01, entre otras), y que \u00ablos jueces de segunda instancia tienen plena competencia para variar el fallo sometido a su an\u00e1lisis si estiman que contraviene las disposiciones constitucionales (Cfr. sentencias CC T-138\/93, T-231\/94 y T-400\/96) o que est\u00e1n afectados o consagrados derechos fundamentales que no fueron objeto de aqu\u00e9l pero que, a la luz de la Carta Pol\u00edtica, es imperativo tutelar\u00bb (CSJ, STC. 7. oct. 2014, rad. 129-01, reiterada entre otras en STC12865-2015 y STC10085-2017, 12 jul. 2017, rad. 00222-01). <\/p>\n
La postura seg\u00fan la cual se posibilita que los fallos de en materia de tutela puedan ser extra y ultra petita se ha mantenido, e inclusive fue objeto de unificaci\u00f3n por la Corte Constitucional al precisar que el juez excepcional \u00abpuede al momento de resolver el caso concreto conceder el amparo incluso a partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo la informalidad que reviste el amparo\u00bb, y que \u00abconforme a la condici\u00f3n sui generis de esta acci\u00f3n, la labor de la autoridad judicial no puede limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte actora, sino que debe estar encaminada a garantizar el amparo efectivo de los derechos fundamentales\u00bb (CC SU-195\/12). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Esclarecido lo anterior, y a partir del examen de la controversia suscitada analizada desde la perspectiva ius fundamental, la Sala advierte la necesidad de conceder el amparo, pero no en consideraci\u00f3n del derecho a la igualdad que invoca la actora, sino porque, la trascendencia jur\u00eddica del debate, de radical incidencia en el asunto ordinario, amerita un pronunciamiento puntual de la tutelada; luego, la concesi\u00f3n del auxilio estar\u00e1 orientado a que aquella defina y aclare, con especificidad, sobre la viabilidad procesal del recurso extraordinario reclamado. <\/p>\n
Como se indic\u00f3 preliminarmente, el juez de esta v\u00eda excepcional no est\u00e1 condicionado o atado inevitablemente a los contornos argumentales que marque el tutelante en su demanda, pues, su facultad bien puede extenderse a prerrogativas no pedidas o a soluciones no propuestas, siempre y cuando vislumbre, desde un estudio panor\u00e1mico del contexto jur\u00eddico-f\u00e1ctico descrito, la posible conculcaci\u00f3n de garant\u00edas supralegales. <\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n la viabilidad del amparo se pregona desde una perspectiva garantista fundada en el principio pro homine, que explica la jurisprudencia como un pilar o \u00ab(\u2026) criterio hermen\u00e9utico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma m\u00e1s amplia o a la interpretaci\u00f3n m\u00e1s extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretaci\u00f3n m\u00e1s restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensi\u00f3n extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre\u00bb (CC T-284-2006). <\/p>\n
En otra oportunidad, la misma Corte Constitucional, en sede de estudio de constitucionalidad, abord\u00f3 el tema de la preeminencia del principio, para adoctrinar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El Estado colombiano, a trav\u00e9s de los jueces y dem\u00e1s asociados, por estar fundado en el respeto de la dignidad humana (art\u00edculo 1\u00ba de la Constituci\u00f3n) y tener como fines garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes (art\u00edculo 2\u00ba), tiene la obligaci\u00f3n de preferir, cuando existan dos interpretaciones posibles de una disposici\u00f3n, la que m\u00e1s favorezca la dignidad humana. Esta obligaci\u00f3n se ha denominado por la doctrina y la jurisprudencia \u201cprincipio de interpretaci\u00f3n pro homine\u201d o \u201cpro persona\u201d. A este principio se ha referido esta Corporaci\u00f3n en los siguientes t\u00e9rminos: (\u2026). <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l principio de interpretaci\u00f3n <pro homine>, impone aquella interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas que sea m\u00e1s favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretaci\u00f3n que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protecci\u00f3n, garant\u00eda y promoci\u00f3n de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00c9ste es entonces un criterio de interpretaci\u00f3n que se fundamenta en las obligaciones contenidas en los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00ba de la Constituci\u00f3n antes citados y en el art\u00edculo 93, seg\u00fan el cual los derechos y deberes contenidos en la Constituci\u00f3n se deben interpretar de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En lo que tiene que ver con los derechos, los mencionados criterios hermen\u00e9uticos se estipulan en el art\u00edculo 5\u00b0 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y el art\u00edculo 29 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente, se debe afirmar que estos criterios configuran par\u00e1metro de constitucionalidad, pues impiden que de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El principio pro persona, impone que \u201csin excepci\u00f3n, entre dos o m\u00e1s posibles an\u00e1lisis de una situaci\u00f3n, se prefiera [aquella] que resulte m\u00e1s garantista o que permita la aplicaci\u00f3n de forma m\u00e1s amplia del derecho fundamental\u00bb (CC T-085\/12 y C-438\/13) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en virtud de la preponderancia del principio rese\u00f1ado y por estimarse que esta espec\u00edfica discusi\u00f3n y su desarrollo jurisprudencial debe radicarse en quien tiene esa primordial funci\u00f3n en materia penal, que no es otra que la Hom\u00f3loga Especializada accionada, se habilitar\u00e1 la protecci\u00f3n a fin de que sea aqu\u00e9lla, se reitera, la que clarifique lo concerniente y determine en este puntual caso lo pertinente respecto del recurso de casaci\u00f3n frente al fallo que resuelve la impugnaci\u00f3n especial. <\/p>\n
De manera que, al estar claro que existe una situaci\u00f3n que merece corregirse con miras a evitar una denegaci\u00f3n de justicia, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en los t\u00e9rminos ya precisados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por advertirse procedente en consideraci\u00f3n del principio pro homine, se otorgar\u00e1 la salvaguarda y como consecuencia de ello, se dejar\u00e1 sin efecto el inciso \u00faltimo del numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia SP2190-2020 del 8 de julio de 2020 y, se ordenar\u00e1 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal que retome su competencia frente a dicha determinaci\u00f3n, con el \u00fanico fin de que se pronuncie, sobre el tema de la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la providencia que resuelve la doble conformidad, sin que ello comporte imposici\u00f3n alguna del sentido decisorio que deba adoptar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo constitucional deprecado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
PRIMERO: DEJAR sin valor ni efecto el inciso \u00faltimo del numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia SP2190-2020 de 8 de julio de 2020 dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro del juicio penal radicado n\u00ba 55788 (interno de la Corte). <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, retome su competencia frente a la decisi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n especial, y proceda conforme las precisiones de la parte considerativa de esta providencia. <\/p>\n
TERCERO: COMUN\u00cdQUESE por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-03422-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto por las decisiones adoptadas por la Sala, en esta ocasi\u00f3n debo manifestar que comparto la contenida en la sentencia que dirimi\u00f3 en primera instancia la acci\u00f3n de tutela de la referencia, pero me aparto de su motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Ello en cuanto se afirma que la concesi\u00f3n del resguardo tiene como consideraci\u00f3n el principio pro homine, por lo que el \u00ab\u00fanico fin de que [el colegiado querellado] se pronuncie, sobre el tema de la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la providencia que resuelve la doble conformidad, sin que ello comporte imposici\u00f3n alguna del sentido decisorio que deba adoptar\u00bb (negrilla original), situaci\u00f3n que, no se acompasa con los mandatos constitucionales y legales de la all\u00ed condenada, habida cuenta que lo pertinente es disponer que se adopten las pautas necesarias que viabilicen la procedencia de dicho remedio extraordinario. <\/p>\n
Ciertamente, el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que \u00abel debido proceso se aplicar\u00e1 a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podr\u00e1 ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicar\u00e1 de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por \u00e9l, o de oficio, durante la investigaci\u00f3n y el juzgamiento; a un debido proceso p\u00fablico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho\u00bb (subraya y negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Asimismo, el canon 205 de la Ley 600 de 20001 dispone que \u00abla casaci\u00f3n procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan se\u00f1alada pena privativa de la libertad cuyo m\u00e1ximo exceda de ocho a\u00f1os, aun cuando la sanci\u00f3n impuesta haya sido una medida de seguridad\u00bb; de la misma manera, el art\u00edculo 206 siguiente establece que \u00abLa casaci\u00f3n debe tener por fines la efectividad del derecho material y de las garant\u00edas debidas a las personas que intervienen en la actuaci\u00f3n penal, la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia nacional y adem\u00e1s la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a las partes con la sentencia demandada\u00bb \u00bb (subraya y negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Atendiendo los referidos presupuestos legales y constitucionales, se concluye que err\u00f3 el colegiado encausado al establecer que contra la sentencia que resuelve la apelaci\u00f3n especial no proceden recursos, pues al tratarse de una sentencia de \u00faltima instancia, viables resultan, como regla de principio, los extraordinarios de revisi\u00f3n y casaci\u00f3n, de donde la exclusi\u00f3n de este \u00faltimo, como se desprende del inciso final de la providencia cuestionada, implica el desconocimiento del tenor literal de las reglas reguladoras del juicio, no obstante que el canon 27 del C\u00f3digo Civil, aplicable regula que \u00ab[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu.\u00bb; de ah\u00ed que la concesi\u00f3n del amparo debe ser de cara a la viabilidad del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, una hermen\u00e9utica que torne improcedente el remedio extraordinario en raz\u00f3n a que el procesado se vio amparado por la apelaci\u00f3n especial, en desarrollo del principio de la doble conformidad, implica la adopci\u00f3n de una interpretaci\u00f3n restrictiva desde el punto de vista procesal, lo que tampoco es de recibo habida cuenta que \u00ab[e]n materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicar\u00e1 de preferencia a la restrictiva o desfavorable\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, respecto \u00ab[l]a aplicaci\u00f3n de la favorabilidad penal en materia de normas procesales, como excepci\u00f3n al car\u00e1cter de aplicaci\u00f3n inmediata de las mismas, esta Corporaci\u00f3n incluso ha expresado, al referirse a la concordancia del art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887 con el art\u00edculo 29 constitucional, que no es operante la distinci\u00f3n entre normas sustantivas y normas procesales, en tanto el texto constitucional no establece diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales en materia penal. en materia de tr\u00e1nsito de leyes procesales debe concluirse (i) que siendo el proceso una situaci\u00f3n jur\u00eddica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicaci\u00f3n general inmediata en tanto que, como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definici\u00f3n de una situaci\u00f3n jur\u00eddica a trav\u00e9s de una sentencia, en s\u00ed mismo no se erige como una situaci\u00f3n consolidada sino como una situaci\u00f3n en curso; (ii) que en consecuencia de lo anterior las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en tr\u00e1mite tan pronto entran en vigencia, con excepci\u00f3n de aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua; y (iii) que el empleo de las reglamentaciones sobre la aplicaci\u00f3n general inmediata de las normas procesales est\u00e1 limitado por el principio constitucional de la favorabilidad penal.\u00bb (Corte Constitucional, sentencia T-272 de 2005). <\/p>\n
Es que, conforme los precedentes jurisprudenciales aplicables a la materia, el \u00abprincipio de doble conformidad\u00bb debe surtirse como un recurso ordinario -apelaci\u00f3n contra la primera sentencia condenatoria- a fin de garantizar, a trav\u00e9s de un mecanismo flexible y sin rigorismos, la revisi\u00f3n de la determinaci\u00f3n condenatoria, sin que se pueda entender que un recurso desdice del otro. <\/p>\n
Y es que, si bien se dispuso un remedio adicional para garantizar el debido proceso de los condenados, como lo es la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb, no sustituy\u00f3 el remedio extraordinario pues dicho entender ser\u00eda contrario a los principios constitucionales y procesales, en la medida en que a las partes se les cercenar\u00eda de un derecho con el cual contaban dentro del juicio al cual fueron convocados y, por ende, de acceder a la efectividad del derecho material. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de la aplicaci\u00f3n de nuevas instituciones procesales, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[l]os problemas pr\u00e1cticos de la administraci\u00f3n de justicia no pueden solucionarse con el sacrificio de derechos fundamentales de las personas. En caso de presentarse conflicto entre un derecho fundamental e inalienable de la persona humana, y la conveniencia de adecuar una instituci\u00f3n a objetivos pr\u00e1cticos alcanzables de otro modo, sin duda ha de prevalecer la garant\u00eda del primero. Para ambos objetivos pr\u00e1cticos debe haber remedios adecuados que no resulten violatorios de los derechos fundamentales y del ordenamiento superior.\u00bb (Corte Constitucional, C-252\/01). <\/p>\n
Y en esa misma decisi\u00f3n el \u00f3rgano c\u00faspide de la jurisdicci\u00f3n constitucional agreg\u00f3 que \u00ab[l]os intentos de reestructuraci\u00f3n institucional que se traducen en cambios y reformas a los procedimientos judiciales vigentes, no pueden convertirse, so pretexto de dotar a la administraci\u00f3n de justicia de mayor eficiencia, en una forma de desconocer garant\u00edas fundamentales de todos los ciudadanos, representadas en el principio y derecho constitucional al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se destaca que el Congreso de la Rep\u00fablica, a trav\u00e9s del acto legislativo 01 de 2018, reform\u00f3 la competencia constitucional de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, a fin de implementar el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria, al paso el canon 3\u00b0, modificatorio del art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dispuso que\u2026 \u00abson atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 1. Actuar como tribunal de casaci\u00f3n. 2. Conocer del derecho de la impugnaci\u00f3n y del recurso de apelaci\u00f3n en materia penal, conforme lo determine la ley. \u20267. Resolver, a trav\u00e9s de una Sala integrada por tres Magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisi\u00f3n, conforme lo determine la ley, la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena de la sentencia proferida por los restantes Magistrados de dicha Sala en los asuntos a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del presente art\u00edculo, o de los fallos que en esas condiciones profieran los Tribunales Superiores o Militares\u00bb. <\/p>\n
De dicho precepto constitucional se concluye que el legislador prev\u00e9 la conformaci\u00f3n de salas especiales de dicha colegiatura para tramitar la impugnaci\u00f3n especial respecto de las primeras condenas proferidas por los dem\u00e1s magistrados o, que en esas condiciones, profieran los Tribunales Superiores o Militares, sin que con ello se limitara el derecho de hacer uso al recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el amparo debe concederse para que la Sala de Casaci\u00f3n Penal se pronuncie sobre la procedencia del recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia que resuelve la impugnaci\u00f3n espacial, pero para que adopte las pautas necesarias que viabilicen la procedencia de dicho remedio extraordinario, pues, se itera, cercenar dicha procedencia vulnera el debido proceso de la inculpada en la causa penal <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Norma aplicable al caso concreto; que conforme a lo dispuesto en la sentencia SU297\/19 el principio de doble conformidad contemplado en el fallo C-792\/14 tambi\u00e9n es aplicable a las personas procesadas condenadas bajo el procedimiento regulado en la Ley 600\/2000. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC173-2021 }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC173-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-03422-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53102","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53102"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53102\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}